Aclaraciones de la Comisión de Investigación y Acusación son inconstitucionales y vulneran el derecho a la reserva de la fuente

La Comisión de Investigación y Acusación, CIA, de la Cámara de Representantes emitió una orden hacia los medios y otra específica hacia Revista Semana, para conocer por qué publicaron notas periodísticas sobre la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro, y cómo obtuvieron la información. Estas decisiones vulneran la garantía de las fuentes periodísticas, desconocen el marco legal que protege a la libertad de prensa y cuestionan la pertinencia de las publicaciones sobre un asunto de interés público.

El 6 de diciembre, la Comisión le ordenó al CTI de la Fiscalía recolectar “todas las notas de prensa que existan sobre la presunta financiación ilegal” y que oficiara “a cada uno de los medios para que informen los fundamentos y sustento de cada nota periodística”. También le ordenó a Revista Semana que aportara información que justifique sus publicaciones sobre el mismo tema. Luego, el 11 de diciembre, la Comisión profirió un auto para aclarar que no pretendía que se revelaran las fuentes de información, sino conocer el motivo de las publicaciones y cómo obtuvo los audios. A pesar de esto, el documento aún desconoce la garantía de la reserva de la fuente e interfiere en el quehacer periodístico de quienes han informado sobre la presunta financiación irregular.

Este interés resulta llamativo, pues son los mismos audios y videos los que justifican por qué fueron publicados. Los contenidos informativos relacionados con el presidente Petro se configuran como discursos protegidos al ser asuntos políticos y electorales de alto impacto para la ciudadanía y la democracia. La Comisión Interamericana, CIDH, ha resaltado “que la libertad de expresión otorga, tanto a los directivos de medios de comunicación como a los periodistas que laboran en ellos, el derecho de investigar y difundir por esa vía hechos de interés público”.

Las peticiones de la CIA se dieron en el marco de una investigación que inició en 2022, luego de que una ciudadana radicara una denuncia por delitos electorales en contra del presidente por los “PetroVideos”. Sin embargo, según Alirio Uribe, coordinador del equipo de representantes investigadores, durante este año se han acumulado más de diez denuncias derivadas de la publicación de los audios de WhatsApp de Armando Benedetti y Laura Sarabia. No obstante, es importante aclarar que la investigación de la CIA no abarca el cumplimiento de los deberes de imparcialidad y veracidad que tienen los medios, sino que debe limitarse a indagar la presunta ejecución de delitos electorales.

Frente al tema, la Corte Constitucional ha señalado que “la reserva de la fuente es una garantía constitucional fundamental para asegurar el libre flujo de información, la independencia y libertad de los periodistas”. Además, que las y los comunicadores tienen derecho a no revelar la información relacionada con su trabajo. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “en su labor de brindar información a las personas y satisfacer el derecho de las mismas a recibir información, rinde un servicio público importante al reunir y difundir información que, de otra forma, sin guardar el secreto de las fuentes, no podría conocerse”.

Así mismo, estas órdenes de la CIA pueden entenderse como una herramienta de censura indirecta. Las y los periodistas podrían dejar de publicar investigaciones relevantes para la ciudadanía si no tiene certeza de que la información y quienes la investigan y/o entregan serán protegidas y protegidos mediante el anonimato.

Le hacemos un llamado a la Comisión para que, en el marco de su investigación, se abstenga de emitir órdenes que vulneren la garantía de la fuente y sean inconstitucionales. Así mismo, debe acudir a la colaboración investigativa que otras entidades estatales puedan brindarle, como la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia o el Consejo Nacional Electoral, sin violar las garantías de la prensa.

La publicación del contenido periodístico relacionado con asuntos de interés público es clave para el proceso democrático y la ciudadanía, por lo que la prensa tiene el derecho a divulgar esta información, sin correr el riesgo de tener que revelar sus fuentes y que las y los funcionarios públicos interfieran con su labor de denuncia y veeduría.