En medio del paro agrario se presentan obstrucciones y agresiones contra la prensa
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viernes, 03 junio 2016
En medio del paro agrario se presentan obstrucciones y agresiones contra la prensa
La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – rechaza los ataques físicos y verbales que han sucedido contra varios periodistas durante las manifestaciones del paro agrario en diferentes regiones del país.
El martes 31 de mayo Oswaldo Pérez, editor de fotografía del diario El País, viajó hacia La Agustina, Cauca para cubrir las manifestaciones de la minga indígena. Cuando se encontraba en el lugar de los hechos, algunos manifestantes le impidieron al periodista tomar fotos y lo rociaron con gasolina. Además, el vehículo en el que se transportaba fue apedreado.
Otros tres hechos se presentaron en el occidente de Caldas, Norte de Cauca y en el occidente de Valle del Cauca. En estas regiones los periodistas de diferentes medios de comunicación recibieron agresiones verbales en medio del cubrimiento, se les impidió tomar fotos y realizar entrevistas.
La FLIP expresa su preocupación por los hechos ocurridos durante las últimas manifestaciones y espera que se garantice el derecho a la libertad de prensa en las jornadas de los próximos días. Al respecto, los relatores especiales de libertad de expresión de la ONU y de la CIDH hicieron un llamado a las autoridades en 2013 “El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.”
En 2013 la FLIP registró, en un periodo de 75 días, 44 agresiones contra periodistas que cubrían manifestaciones. La Fundación le hizo un llamado a la Fuerza Pública, responsable del 75% de los ataques, para que brindara las garantías necesarias para el desarrollo del oficio.
En el mismo sentido, la FLIP le recuerda a los manifestantes que el retiro del escenario noticioso, el decomiso de equipos y la obstrucción al cubrimiento periodístico constituyen hechos graves de censura previa, prohibida por la constitución política de Colombia. Es importante tener en cuenta que las manifestaciones sociales representan expresiones de alto interés público sobre las cuales la sociedad necesita estar informada.
La FLIP reconoce la pronta reacción de organizaciones como el Cric y la Onic, quienes rechazaron las agresiones de las que fueron víctimas los reporteros y asumieron el compromiso de no repetición. Sin embargo, considera problemático que se continúen exigiendo credenciales de prensa para hacer cubrimiento. Si bien es razonable sugerir que los periodistas estén identificados, esta no puede ser una condición ni un criterio de exclusión para obstruir el trabajo periodístico.
La FLIP recomienda que durante el cubrimiento de las manifestaciones, los periodistas usen vestimenta que los diferencie de la fuerza pública, respeten los cordones de seguridad dispuestos por las autoridades y procuren mantenerse como observadores de la protesta.
Publicado en Pronunciamientos
Etiquetado como Obstrucción al trabajo periodísticoAgresiones contra la prensa
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viernes, 03 junio 2016
En medio del paro agrario se presentan obstrucciones y agresiones contra la prensa
La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – rechaza los ataques físicos y verbales que han sucedido contra varios periodistas durante las manifestaciones del paro agrario en diferentes regiones del país.
El martes 31 de mayo Oswaldo Pérez, editor de fotografía del diario El País, viajó hacia La Agustina, Cauca para cubrir las manifestaciones de la minga indígena. Cuando se encontraba en el lugar de los hechos, algunos manifestantes le impidieron al periodista tomar fotos y lo rociaron con gasolina. Además, el vehículo en el que se transportaba fue apedreado.
Otros tres hechos se presentaron en el occidente de Caldas, Norte de Cauca y en el occidente de Valle del Cauca. En estas regiones los periodistas de diferentes medios de comunicación recibieron agresiones verbales en medio del cubrimiento, se les impidió tomar fotos y realizar entrevistas.
La FLIP expresa su preocupación por los hechos ocurridos durante las últimas manifestaciones y espera que se garantice el derecho a la libertad de prensa en las jornadas de los próximos días. Al respecto, los relatores especiales de libertad de expresión de la ONU y de la CIDH hicieron un llamado a las autoridades en 2013 “El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.”
En 2013 la FLIP registró, en un periodo de 75 días, 44 agresiones contra periodistas que cubrían manifestaciones. La Fundación le hizo un llamado a la Fuerza Pública, responsable del 75% de los ataques, para que brindara las garantías necesarias para el desarrollo del oficio.
En el mismo sentido, la FLIP le recuerda a los manifestantes que el retiro del escenario noticioso, el decomiso de equipos y la obstrucción al cubrimiento periodístico constituyen hechos graves de censura previa, prohibida por la constitución política de Colombia. Es importante tener en cuenta que las manifestaciones sociales representan expresiones de alto interés público sobre las cuales la sociedad necesita estar informada.
La FLIP reconoce la pronta reacción de organizaciones como el Cric y la Onic, quienes rechazaron las agresiones de las que fueron víctimas los reporteros y asumieron el compromiso de no repetición. Sin embargo, considera problemático que se continúen exigiendo credenciales de prensa para hacer cubrimiento. Si bien es razonable sugerir que los periodistas estén identificados, esta no puede ser una condición ni un criterio de exclusión para obstruir el trabajo periodístico.
La FLIP recomienda que durante el cubrimiento de las manifestaciones, los periodistas usen vestimenta que los diferencie de la fuerza pública, respeten los cordones de seguridad dispuestos por las autoridades y procuren mantenerse como observadores de la protesta.
martes, 26 julio 2016
Carta abierta a las agremiaciones camioneras
Terminó el paro de camioneros y el balance en términos de libertad de prensa no es bueno. La violencia y la censura contra periodistas no se deben repetir en futuras movilizaciones sociales. El director de la FLIP la escribe esta carta abierta a la Asociación Colombiana de Camioneros.
jueves, 12 octubre 2017
El CTI continúa obstaculizando a la prensa en audiencias públicas
La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las constantes restricciones y agresiones a la prensa por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en el cubrimiento de audiencias públicas.
En días pasados, algunos medios de comunicación denunciaron una agresión a la periodista de Caracol Televisión, María Camila Orozco. Estos informaron que un empresario insultó a la reportera y le golpeó la mano, tirándole el micrófono al suelo. Los hechos, que quedaron registrados en video, ocurrieron en los juzgados de Paloquemao el pasado 5 de octubre durante una audiencia en el caso de los Panamá Papers.
En el proceso de documentación de esa agresión, la FLIP también tuvo conocimiento de una serie de intimidaciones por parte de funcionarios del CTI de la Fiscalía en contra de Orozco. La Juez del caso impidió el ingreso de cámaras de televisión a la sala. Cuando finalizó la diligencia, según relata la periodista, cerca de diez funcionarios del CTI la intimidaron y le ordenaron eliminar el material que había grabado con su celular. Además, le advirtieron que si no borraba los videos, no podía continuar en la sala. A pesar de haber eliminado parte del material que había registrado, fue obligada a salir del lugar.
Este escenario no es una excepción. El 15 de agosto, Yeison Rojas y Julieth Jiménez, periodistas de CM& y La Chiva de Urabá, respectivamente, fueron víctimas de una obstrucción por parte de un funcionario del CTI de la Fiscalía en Apartadó, Antioquia. Ese día se llevó a cabo una audiencia por un escándalo de peculado, en el que están involucrados funcionarios y contratistas del ICBF. Un hombre que se identificó como funcionario del CTI prohibió el ingreso de la prensa y no permitió que los periodistas tomaran fotografías o grabaran videos afuera de los juzgados. Al sentirse respaldados por el CTI, los familiares de los acusados agredieron a los periodistas. Un familiar de una de las capturadas insultó a Jiménez y le tiró el celular al piso.
El 17 de junio, una Juez de control de garantías de Bogotá expulsó de la sala de audiencias a periodistas que cubrían un caso de corrupción en la administración de recursos de Montería. La Juez decidió hacer la audiencia a puerta cerrada como respuesta a la solicitud del fiscal, que argumentó el “alto impacto social” del caso, pues vincula a altos funcionarios públicos. Por estos hechos, la FLIP y la Asociación Colombiana de Medios de Información -AMI- (antes Andiarios) expresaron su preocupación.
Para la FLIP, estas situaciones son preocupantes ya que restringen el ejercicio del periodismo. Las constantes obstrucciones de los funcionarios del CTI violan el derecho a acceder a la información. De acuerdo con la Ley 1712 de 2014, toda información en posesión, control o custodia de los servidores públicos es de carácter público y su acceso debe permitirse a todos los ciudadanos.
El carácter público de las audiencias implica que la comunidad, los medios de comunicación y los vinculados al proceso puedan tener acceso a ellas. La publicidad de los procesos es un principio que debe regir cualquier actuación y sólo por excepciones debidamente respaldadas por la Ley, puede limitarse. Los medios de comunicación en las audiencias hacen seguimiento a la correcta administración de justicia y son una garantía al debido proceso.
La FLIP exhorta a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura a que tomen medidas para reducir las cada vez más frecuentes restricciones a la prensa en audiencias públicas. El accionar de los funcionarios del CTI trasgrede la transparencia en los procesos judiciales.
