El Estado colombiano falla en la búsqueda de verdad y justicia en el asesinato de Abelardo Liz

Tras cumplirse seis años del asesinato del periodista indígena Abelardo Liz Cuetia, el proceso en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral se encuentra sumido en una paralización injustificada. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), como representante judicial de la familia, denuncia que las investigaciones han enfrentado barreras institucionales que configuran un escenario de desprotección e impunidad para el periodismo comunitario.

El 13 de agosto de 2020, Abelardo Liz fue asesinado mientras ejercía su labor periodística cubriendo un operativo de desalojo en el marco de la Liberación de la Madre Tierra en zona rural de Corinto, Cauca. Abelardo conducía el programa radial “El despertar de mi pueblo”, en la emisora comunitaria Nasa Estéreo, y era reportero de la Red de Medios de Comunicación Indígena del Cauca. Su muerte violenta fue un golpe directo a la libertad de prensa, al derecho a la información colectiva del pueblo Nasa y a la construcción de la memoria histórica en un contexto de conflicto.

A pesar de la gravedad de los hechos, las evidencias y la identificación de la unidad militar que estaba en el lugar, los procesos penales en la justicia ordinaria y en la jurisdicción penal militar permanecen bloqueados en etapas incipientes. Eso se suma a la inacción investigativa de examinar quiénes ordenaron y ejecutaron el operativo del 13 de agosto de 2020.

En el caso específico de la justicia penal ordinaria, la investigación muestra una parálisis estructural que impide alcanzar la identificación sobre las responsabilidades individuales. Las indagaciones a cargo de la Fiscalía 09 Especializada de Bogotá se han limitado a investigar a quienes dispararon, pero no evalúan la responsabilidad de los superiores del Batallón de Alta Montaña No. 8 "CR. José María Vezga" que planificaron y dirigieron las acciones. Al mismo tiempo, esta situación se agrava con la indebida intervención del Juzgado 50 de Instrucción Penal Militar, que mantiene abierta una investigación por estos mismos hechos. Tener dos procesos por el mismo hecho contraviene los estándares internacionales que proscriben el fuero militar en casos de ataques contra la prensa y graves violaciones a los derechos humanos.

Por otro lado, en la jurisdicción disciplinaria, se han presentado graves obstáculos de acceso a la información y arbitrariedades procesales que vulneran los derechos fundamentales de las víctimas. El propio Batallón involucrado adelantó una investigación sobre lo ocurrido que mantuvo bajo reserva y les negó información a las víctimas durante años. Finalmente, en 2023, el Batallón archivó el caso de forma definitiva sin notificar a las víctimas, impidiéndoles ejercer su derecho a la defensa. Por este motivo, la Fundación, en representación de las víctimas, interpuso una acción de tutela en protección de sus derechos fundamentales y el proceso fue seleccionado el pasado 31 de julio por la Corte Constitucional. Actualmente, las víctimas se encuentran a la espera de un pronunciamiento por parte de esta Corporación para que restablezca sus derechos y garantice el juzgamiento disciplinario de todos los responsables directos y superiores del crimen.

En el proceso de reparación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, la familia de Abelardo Liz enfrenta una mora judicial injustificada que incumple los estándares internacionales de prontitud. Aunque la demanda fue admitida en octubre de 2022 y el periodo de pruebas finalizó en julio de 2025, el Juzgado 65 Administrativo de Bogotá no ha dictado sentencia de primera instancia. A pesar de los constantes llamados de la FLIP para agilizar el proceso, el expediente lleva más de un año listo para fallo sin que se tome una decisión.

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Puede consultar el informe completo en este enlace

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Frente a esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en exigir a las autoridades estatales un esfuerzo prioritario en la celeridad procesal, entendiendo que la pronta administración de justicia constituye la principal herramienta para prevenir la impunidad y dignificar la memoria de los periodistas asesinados. Las demoras prolongadas e injustificadas configuran por sí mismas una violación autónoma de las garantías judiciales y del debido proceso. En estos casos, le corresponde al Estado justificar por qué ha tardado más del plazo razonable para proferir una decisión definitiva.

Con base en lo anterior, la FLIP le hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación a avanzar en la imputación de cargos contra la cadena de mando superior de la Fuerza Pública y contra quienes obstruyeron la misión médica y omitieron su deber de socorrer a Abelardo Liz y al comunero José Ernesto Rivera, ambos víctimas mortales de este hecho. Así mismo, le solicita a la Jurisdicción Penal Militar remitir de forma perentoria el expediente del Juzgado 50 a la justicia ordinaria, acatando los estándares que prohíben el fuero militar en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

De la misma manera, la Fundación hace un llamado urgente a la Procuraduría General de la Nación a ordenar el desarchivo de la indagación disciplinaria y trasladarla a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, con el fin de garantizar una investigación imparcial contra los comandantes del operativo. Por otro lado, la jurisdicción contencioso-administrativa debe superar la mora judicial y dictar una sentencia que incorpore un enfoque étnico y de censura, reconociendo el daño causado al tejido social del pueblo Nasa y a su red de medios comunitarios. Por último, es indispensable que la Corte Constitucional emita una decisión que proteja de manera reforzada los derechos al debido proceso, la verdad y la administración de justicia de los familiares de Abelardo Liz.

Conozca el caso de Abelardo Liz y el proceso de búsqueda de justicia durante estos seis años en el siguiente informe.