Directriz presidencial limita el acceso a la información y pone en riesgo el ejercicio libre y crítico del periodismo

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las directrices que habría impartido la Presidencia de la República para el relacionamiento del Gobierno con los medios de comunicación. Las disposiciones contempladas afectan directamente la labor crítica del periodismo en una sociedad democrática: restringen el trabajo de medios y periodistas y afectan la posibilidad de interpelar al poder, exigir explicaciones y contrastar las versiones oficiales de asuntos de interés público.

La medida ordenada por la Presidencia incluye lineamientos como no conceder ruedas de prensa ni entrevistas a medios que no sean considerados “amigos”, limitar las intervenciones de ministros a declaraciones sin preguntas y centralizar buena parte de la información gubernamental a través de la vocería de Presidencia. Si bien el Gobierno tiene autonomía para organizar su estrategia de comunicaciones, coordinar sus mensajes y definir quiénes ejercen sus vocerías, esa facultad no puede ser una barrera para que periodistas accedan a las fuentes oficiales o formulen preguntas.

Recientemente, la FLIP ha documentado varios casos en los que periodistas han intentado acceder a información y que, pese a acudir a los canales y voceros oficiales, no han obtenido respuesta. Esta falta de interlocución ha dificultado el cubrimiento de asuntos de interés público como la evolución del conflicto armado o las consecuencias del reciente terremoto, ya que se ha impedido que los medios contrasten información y recopilen distintas voces institucionales necesarias para ofrecer un análisis completo de los hechos.

Esta preocupación adquiere especial relevancia frente a antecedentes conocidos durante el cubrimiento de la campaña presidencial, especialmente entre la primera y segunda vuelta. La FLIP conoció denuncias, entre ellas la de Camila Zuluaga, según las cuales el entonces candidato Abelardo de la Espriella no otorgó entrevistas a ciertos periodistas, instruyó a su equipo de prensa para no atender a las solicitudes de los medios y limitó su participación a ruedas de prensa en las que conociera previamente las preguntas. Según relató Zuluaga, la decisión estuvo relacionada con el tratamiento periodístico que el candidato anticipaba recibir en esos espacios.

Lo que podía constituir una decisión de relacionamiento con la prensa de una campaña adquiere una dimensión distinta desde la Presidencia de la República. Los funcionarios, canales de información y recursos del Estado no pertenecen al Gobierno de turno y su acceso no puede depender de que un periodista o medio sea considerado cercano o “amigo”. Emplear este tipo de etiquetas puede traducirse en privilegios para quienes no incomodan al poder y restricciones para quienes ejercen una cobertura crítica. Además, pueden profundizar la estigmatización y generar autocensura entre periodistas que teman perder acceso por cuestionar a las autoridades.

Por otro lado, la difusión periódica de información oficial, a criterio del Gobierno, no sustituye la posibilidad de que la prensa interrogue al poder, indague sobre sus decisiones o le solicite explicaciones sobre aquello que omite. El derecho de acceso a la información no se satisface únicamente con lo que el Gobierno decide divulgar: también protege la posibilidad de buscar información para ejercer control democrático. Así lo reiteró la Corte Constitucional en la Sentencia SU-018 de 2026, al reconocer una protección constitucional reforzada al acceso de periodistas a información pública, precisamente por la función que cumple la prensa en el escrutinio del poder.

Por ello, la FLIP insta a la Presidencia de la República a reevaluar la directriz y garantizar que todos los medios y periodistas, sin distinciones, tengan acceso igualitario a las fuentes oficiales y los espacios convocados por el Gobierno. El relacionamiento del Estado con la prensa debe ser a partir de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios; no puede depender de la afinidad o cercanía política de quien ejerce el periodismo.

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