Demanda por más de $287 millones contra Gabriel Angarita amenaza el control periodístico en Cúcuta

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza de manera contundente la presión judicial contra Gabriel Angarita, director de TV Cúcuta y TV Cúcuta Plus, quien enfrenta una demanda por parte de Israel Bahar Levy, ex presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, por sus publicaciones sobre esta entidad. El demandante reclama $287.617.650 COP y solicita medidas sobre el patrimonio del periodista, el retiro o corrección de contenidos y órdenes sobre sus publicaciones futuras. Estas pretensiones representan un grave riesgo de censura contra quien investiga asuntos de interés público.

Esta situación se remonta a 2024, momento desde el cual se han presentado dos acciones de tutela con las mismas pretensiones. Esta nueva demanda civil incrementa la presión económica y judicial sobre Angarita, pues además de la corrección o eliminación de contenido, solicita indemnización, el embargo y la retención de sus recursos financieros. La acumulación de procesos y la magnitud de estas pretensiones pueden comprometer las condiciones para continuar informando, la existencia misma del medio de comunicación y promueve la autocensura sobre asuntos de interés público.

La demanda presenta expresiones como “mandamás”, “dueño invisible” o “la cámara rompió la alcancía” como evidencia de una afectación a la reputación de Bahar. Esta lectura descontextualiza el lenguaje periodístico y equipara la crítica sobre la gestión y la influencia en una institución con la atribución de conductas delictivas. Igualmente, Bahar cuestiona que Angarita haya denunciado públicamente las acciones judiciales como una estrategia para silenciarlo. Convertir esa denuncia en un nuevo reproche amplía el efecto intimidatorio del proceso y restringe la posibilidad de visibilizar la presión que enfrenta el periodismo en Cúcuta.

También resulta preocupante que se invoque la ausencia de condenas contra Bahar para cuestionar la cobertura que realizó Angarita sobre las acciones dentro de la Cámara de Comercio. La demanda convierte ese argumento en una medida cautelar: pide que, mientras dure el proceso, se le ordene abstenerse de publicar afirmaciones "presentadas como hechos ciertos" que atribuyan a Bahar corrupción, irregularidades electorales, "control indebido de la Cámara de Comercio de Cúcuta" o "cualquier otra conducta ilícita o deshonrosa", salvo que exista una decisión judicial, penal, fiscal o disciplinaria ejecutoriada. De ser concedida por el juez, se configuraría censura previa, aunque la demanda afirme lo contrario.

Informar sobre denuncias y posibles irregularidades en esa institución no puede depender de sentencias o decisiones previas. La prensa tiene derecho a investigar qué ocurre dentro de estas entidades e informar sobre otros asuntos relacionados, como las decisiones de sus órganos de dirección, sus procesos electorales y el manejo de sus recursos. Quienes participan en su dirección deben admitir un mayor escrutinio sobre su actuación institucional.

La Corte Constitucional ha establecido que la responsabilidad civil por publicaciones periodísticas exige un examen riguroso del daño, la culpa y la relación causal, que tenga en cuenta la protección de la información de interés público. En la Sentencia T-454 de 2022 precisó que, sin pruebas suficientes para establecer con certeza que la publicación ocasionó el daño reclamado, debe prevalecer la libertad de expresión. Asimismo, en la C-135 de 2021 advirtió que los mecanismos de responsabilidad civil no pueden promover la autocensura ni obstaculizar la circulación de información.

La FLIP llama a las autoridades judiciales a valorar el interés público de esta cobertura y el efecto de las pretensiones sobre la libertad de prensa. Cualquier medida debe responder a afectaciones concretamente acreditadas y cumplir exigencias estrictas de necesidad y proporcionalidad. Asimismo, la Fundación insta a Bahar a evitar que la defensa de su reputación se traduzca en restricciones desproporcionadas al control periodístico.

En Cúcuta, investigar a quienes ejercen cualquier tipo de poder no puede poner en riesgo la subsistencia de un periodista o de un medio de comunicación. Cuando la presión judicial inhibe estas investigaciones, la ciudadanía también pierde su derecho a estar informada.