Defender la libertad de expresión en línea
Collage Gabriel Linares con ilustración de Angie Pik
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martes, 08 febrero 2022
Defender la libertad de expresión en línea
Las empresas de Internet se han convertido en intermediarios fundamentales para la democratización del debate público. Al mismo tiempo, han acelerado problemas como pérdida de la calidad de la información, amplificación de acciones violentas, desinformación, entre otros. ¿Cómo conciliar entre la libertad de expresión y las preocupaciones por el derecho a la privacidad y la seguridad nacional?
En esta “batalla” entre los Estados y las empresas de tecnología, el principal riesgo es limitar los derechos de las y los usuarios de Internet, reconocidos como derechos fundamentales. Según el reporte de Freedom House, publicado en 2021, uno de cada cuatro gobiernos del mundo ha trabajado en nuevas reglas para que las empresas tecnológicas regulen el contenido de los usuarios en los últimos años, y buena parte de estas normas entrañan riesgos para la libertad de expresión y ejercen una presión considerable sobre las empresas para que tomen medidas restrictivas.
En Colombia, cabe mencionar dos ejemplos de intentos de regulación que suponen un riesgo de censura. En medio del paro nacional de 2021, el Ministerio de Defensa lanzó la campaña #ColombiaEsMiVerdad que fue justificada para combatir las noticias falsas que circulan en Internet. Se basó en la creación de un enemigo: las y los usuarios de redes sociales que criticaron o cuestionaron el accionar de la fuerza pública. La campaña tachaba de falsas sus publicaciones y así inauguró una vigilancia sin aclarar el procedimiento que se lleva a cabo para identificar los contenidos ni los criterios usados para definir la veracidad de los mismos que, al parecer, terminan siendo insumo para investigaciones penales o disciplinarias en contra de las y los usuarios de Internet.
Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.
También vale la pena mencionar la consulta pública que hizo la Secretaría de Transparencia en octubre de 2021 sobre este tema, que incluyó preguntas como: “¿Estaría de acuerdo con la regulación de las redes sociales con el fin de evitar la desinformación, el debilitamiento de las democracias, los discursos de odio y la propaganda deshonesta?”, una forma de reducir una discusión compleja que puede fácilmente convertirse en otra herramienta para que el Estado silencie voces críticas.
De igual manera, es importante anotar el rol de los Estados frente a las plataformas. Estos tienen la obligación de velar por que las entidades privadas no interfieran con la libertad de opinión y de expresión. Ante el amplio poder de las grandes organizaciones para moldear el debate público en línea y la opacidad en el funcionamiento de sus algoritmos de moderación de contenidos, también hace falta mayor claridad y transparencia. En medio de movilizaciones sociales en septiembre de 2020, Facebook decidió bloquear temporalmente la etiqueta #ACAB (All Cops Are Bastards) y, en 2021, Twitter hizo lo mismo con las cuentas del periodista Gustavo Gómez por supuestamente incumplir las normas de Twitter y de la columnista Ana Bejarano por vestir una camiseta con la frase “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”. La eliminación de contenido de forma automática lleva consigo el riesgo de que aparezcan nuevas formas de censura que ya amenazan los esfuerzos creativos en el contexto de los derechos de autor.
Cuando la regulación ataca la libertad de expresión
- El 2021 fue el año en el que se registró el mayor número de arrestos a usuarios por expresar contenido sobre asuntos de discurso político, social o religioso.
- Veinte países suspendieron el acceso a Internet y veintiún estados bloquearon el acceso a las plataformas de redes sociales.
- Organizaciones internacionales sospechan que las autoridades de al menos 45 países obtienen software espía sofisticado o tecnología de extracción de datos de proveedores privados.
- A finales de 2020, en Nicaragua entró en vigencia la Ley Especial de Ciberdelitos que castiga con penas de cárcel a quienes difundan “noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia”. Esta ley ha sido utilizada por el Gobierno para perseguir a periodistas y personas críticas del presidente Daniel Ortega.
- En por lo menos 38 países del mundo, los gobiernos están trabajando en reformas legales sobre la gestión de los datos personales que recopilan las grandes compañías de sus usuarios. El problema es que algunas de estas medidas no apuntan a proteger la privacidad de las y los usuarios, sino a darles facilidad a los Estados para solicitarles a las plataformas dicha información, lo que abre la puerta a perfilamientos y vigilancia minuciosa por parte del Estado hacia la ciudadanía.
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martes, 09 febrero 2021
Perfilamientos ilegales: un año de silencios
Ha pasado un año desde que Revista Semana reveló que el Ejército hizo uso de sus recursos de inteligencia para vigilar y perfilar a más de treinta periodistas nacionales e internacionales. Las carpetas contenían datos personales, laborales, familiares, de amigos y colegas. Después de la denuncia de Semana, en la FLIP conocimos catorce casos más. A pesar del revuelo que causó la noticia, hoy es poco lo que sabemos sobre el contenido de esas carpetas.
A esto se suma la falta de consenso entre la Procuraduría y la Fiscalía sobre la lista y el número de personas allí incluidas, pues la primera identificó como víctimas a 29 personas y a los miembros de cuatro organizaciones y un medio de comunicación; mientras que la Fiscalía aseguró que tan solo veinte personas habían sido las víctimas. Tampoco se sabe cuál fue la formulación de cargos hecha por la Procuraduría General de la Nación hacia los trece militares que habrían hecho uso ilegal de la inteligencia informática del Ejército para realizar estos seguimientos.
Desde la FLIP, tuvimos acceso a los testimonios de algunos de los periodistas víctimas de estos perfilamientos ilegales, para conocer el impacto individual y colectivo que generaron estas acciones de intimidación y estigmatización a la labor periodística.
Entérense de lo que se conoce de este caso en la página 9 del PDF de Páginas para la libertad de expresión. Puede acceder al documento PDF o descargarlo aquí.
martes, 09 febrero 2021
Las voces que Colombia perdió en el 2020
Los periodistas Abelardo Liz y Felipe Guevara fueron asesinados durante el 2020. Sus casos dejaron al descubierto la violencia cruda que se siguen enfrentando los periodistas, tanto por parte de la fuerza pública como de bandas criminales.
martes, 08 febrero 2022
Un año de obstáculos para ejercer el periodismo en Colombia
La mayoría de las agresiones a la prensa durante el 2021 fueron perpetradas por miembros de la fuerza pública durante las jornadas de protestas sociales. En otros momentos la presión vino por parte del acoso judicial, las amenazas y las restricciones de acceso a la información impuestas sin razón por funcionarios e instituciones estatales. Las siguientes son las estadísticas de agresiones que registró la FLIP el año pasado.
Total agresiones*: 684
Total víctimas: 768
*En un solo episodio de agresión puede haber más de un periodista víctima.
1. 172 amenazas
La amenaza ha sido por muchos años una de las formas predilectas para atacar a la prensa. En el 2021 hubo un incremento de casos con respecto al año anterior, cuando registramos 152. Las amenazas tienen diferentes consecuencias: desde la autocensura, hasta el abandono del ejercicio periodístico.
¿Quiénes amenazan a la prensa?
Fuerza pública: 18 casos.
Particulares: 52 casos.
Desconocidos: 56 casos.
2. 168 agresiones físicas
El 93% de las agresiones físicas a la prensa sucedieron durante el cubrimiento de las jornadas de manifestaciones, entre mayo y julio. Los periodistas fueron empujados, golpeados con puños, piedras, escudos y patadas e incluso algunos fueron apuñalados. En el 2021 registramos un gran incremento en los casos de agresión física, comparado con el 2020, cuando documentamos 30 casos.
3. 65 hostigamientos.
4. 57 obstrucciones al trabajo periodístico.
5. 4 atentados.
6. 1 asesinato.
7. 1 secuestro.
8. 43 obstrucciones de acceso a la información
El acceso a la información pública es un derecho fundamental de la ciudadanía y vital para el ejercicio de la prensa. Todos los días los periodistas solicitan datos e información a entidades del Estado para realizar veeduría sobre temas de alto interés público. Obstaculizar este derecho nos afecta como sociedad, pues tenemos menos insumos para tomar decisiones informadas.
En el 2021 registramos 42 casos en los que servidores públicos faltaron a su deber constitucional y se negaron a brindar información sobre temas como la gestión de la pandemia, de las manifestaciones sociales, contratación pública y administraciones locales.
9. 36 casos de acoso judicial
Esta es una forma menos violenta físicamente de intimidar a la prensa, pero igual de efectiva y perjudicial. El acoso judicial impacta a los y las periodistas emocional, económica y socialmente. Les obliga a dejar de cubrir ciertos temas, por lo que se pierde veeduría en asuntos de alto interés público.
¿Quiénes acosan judicialmente a la prensa?
Funcionarios públicos: 10
Particulares: 24
10. 137 agresiones de otras formas.
Los seis departamentos con más agresiones a la prensa:
- Bogotá: 197
- Antioquia: 90
- Valle del Cauca: 81
- Santander: 37
- Cauca: 30
- Tolima: 24
En la FLIP nos preocupa, especialmente, la situación de la prensa en Arauca y Norte de Santander. Allí, las agresiones a periodistas han aumentado sin que haya medidas de prevención y protección articuladas, diferenciadas y adaptadas a los diferentes contextos. En el 2020 la FLIP registró 13 agresiones contra la prensa en Arauca y otras 13 en Norte de Santander. Para el 2021 se registraron 21 casos en cada departamento.
Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.
Manifestaciones sociales
Total agresiones: 359*
Total víctimas: 408
*Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Solo entre abril y julio registramos 304 agresiones.
Las seis agresiones más frecuentes:
- 155 agresiones físicas.
- 58 amenazas.
- 33 casos de obstrucción al trabajo periodístico.
- 28 hostigamientos.
- 19 robos o eliminación del material periodístico.
- 16 detenciones ilegales.
La fuerza pública fue el mayor agresor de la prensa durante las jornadas de manifestaciones y se convirtió también en el máximo agresor de la prensa en todo el 2021. Tampoco hubo un respaldo público oportuno de las autoridades a la labor periodística.
Total de agresiones de fuerza pública durante todo el año: 247
Total de agresiones de fuerza pública en contextos de protestas: 227
