Corte Interamericana condena a Colombia por agresiones contra el periodista Richard Vélez
La Corte considera que Colombia debe seguir capacitando a los miembros de la fuerza pública en temas de libertad de prensa, le pide publicar los apartes más importantes de la sentencia en los principales medios de comunicación impresos y lo obliga a reparar a las víctimas.
Agresión de militares durante cubrimiento
El 29 de agosto de 1996 el periodista Luis Gonzalo Vélez, conocido como Richard Vélez, se encontraba cubriendo para el noticiero Colombia 12:30 las “marchas cocaleras” en el departamento de Caquetá. Durante las manifestaciones se presentaron incidentes entre los campesinos y el Ejército. Vélez registró con su cámara las agresiones de unos militares a un campesino indefenso. Al ver esto, algunos uniformados golpearon al camarógrafo y destruyeron su cámara, aunque no se afectó la cinta, lo que permitió dar a conocer lo sucedido. Posteriormente Vélez fue víctima de amenazas y persecuciones que lo obligaron salir del país.
Aunque se abrieron las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes, no se encontró ni se sancionó a los responsables. El caso fue puesto a consideración del Sistema Interamericano de Derechos Humanos donde Colombia aceptó parcialmente su responsabilidad. En su momento el Estado expresó que “el incidente en el que resultó lesionado el señor Vélez no fue un ataque deliberado sino consecuencia de una confusa situación que derivó en hechos de violencia protagonizados por los marchantes que provocaron una reacción de la Fuerza Pública.”
Sin embargo, para la Corte, Richard Vélez fue agredido “encontrándose indefenso, sin haber actuado de forma alguna que justificara tal agresión, siendo identificable como miembro de la prensa por la cámara de video que cargaba y, más aún, la agresión se dirigió directamente contra él con el objetivo preciso de impedirle continuar grabando los acontecimientos y de impedirle difundir lo que había grabado”
Dijo la Corte que “se trataba de un periodista que buscó y difundió información de interés público que fue agredido por militares cuando estaba obteniendo tal información y que, con posterioridad a ello, estaba siendo objeto de amenazas y hostigamientos”. La falta de justicia y el posterior exilio de Richard Vélez “resultan particularmente graves debido al efecto amedrentador que pueden tener en otros periodistas que cubren noticias de interés público, lo cual incide en la información que finalmente reciben los miembros de la sociedad”.
La Corte reconoce los esfuerzos de Colombia en los últimos años por garantizar la libertad de prensa y lo invita a seguir emprendiendo medidas de prevención y protección a periodistas en riesgo. A su vez, insiste en incluir dentro de sus programas de capacitación en derechos humanos dirigidos a las fuerzas militares un módulo sobre libertad de expresión y relación con la prensa. El Ministerio de Defensa acaba de iniciar un programa piloto de capacitación a la fuerza pública en estos temas.
Conozca el texto completo de la Sentencia y el resumen oficial de la misma aquí
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martes, 28 febrero 2017
Miembros de la Policía Nacional agredieron a un periodista en Santa Marta
La FLIP rechaza las agresiones de las que fue víctima Esteban Peralta, reportero de Campo Televisión que registró en un video a cuatro policías que persiguieron y golpearon con fuerza desmedida a unos jóvenes en el barrio Los Laureles de la capital del Magdalena. Las autoridades arremetieron contra Peralta cuando se dieron cuenta que el periodista los estaba grabando. Los hechos ocurrieron en la mañana del 10 de febrero.
sábado, 25 marzo 2017
La UNP ha ignorado el caso del periodista de Tras la Cola de la Rata por 9 meses
La FLIP rechaza las amenazas de las que ha sido víctima Daniel Silva, periodista de Tras la Cola de la Rata en Pereira - Risaralda. Las intimidaciones son producto de las denuncias que el columnista ha hecho a través del medio.
En la noche del jueves 23 de marzo un desconocido llegó a la casa del reportero, le apuntó con un revolver en la cabeza y le dijo: "vea malparido, no queremos más investigaciones. Queda advertido".
La FLIP expresa su preocupación por las constantes intimidaciones de las que ha sido víctima Silva. Entre 2016 y 2017 la FLIP ha documentado tres amenazas contra el periodista por sus investigaciones y artículos sobre hechos de corrupción en Pereira.
En una de ellas, el columnista denunció a Fernando Pineda por destinación indebida de dineros públicos cuando el funcionario se desempeñaba como presidente del Concejo de Pereira. A partir de esta denuncia, el Consejo de Estado investigó la conducta del concejal y el pasado 16 de febrero ordenó su destitución.
En junio de 2016 la FLIP solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le realizara un estudio de nivel de riesgo, este organismo completa 9 meses sin brindar una respuesta. Una demora que sólo acentúa la responsabilidad del Gobierno en la obligación de brindar protección tras la intimidación con arma de fuego.
La declaración de principios sobre libertad de expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la "intimidación, amenaza a los comunicadores sociales... viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada"
Por lo anterior, la FLIP exige a la UNP asignar medidas de protección de emergencia y solicita a la Fiscalía que investigue los hechos con el fin de sancionar a los responsables.
sábado, 25 marzo 2017
Contratista del DNP agrede verbalmente a periodista de RCN en la Casa de Nariño
La FLIP rechaza la agresión verbal contra Karla Arcila por parte de un contratista del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la Casa de Nariño.
El jueves 23 de marzo la periodista estaba en la Casa de Nariño esperando la autorización para ingresar. En la recepción, el contratista del DNP se acercó a la reportera y, en frente de otros funcionarios y periodistas, le preguntó que si trabajaba para RCN. Cuando Arcila respondió afirmativamente el funcionario le contestó "con razón huele a azufre" y le dio la espalda. La FLIP habló con el contratista, quien confirmó lo ocurrido, lamentó los hechos y reconoció su error.
La situación fue puesta en conocimiento de la jefe de prensa de Casa de Nariño, Marylin López; el director de Casa Militar, el General Maldonado y el Director del DNP, Simón Gaviria, este último indicó que abrirá una investigación interna.
Para la FLIP es grave que personas que trabajan para el Gobierno, o cualquier entidad pública, incurran en calificaciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación. Los estándares internacionales de libertad de prensa imponen obligaciones específicas en cabeza de quienes trabajan para el Estado con el fin de procurar un ambiente favorable a la deliberación pública.
Es positivo que el contratista haya llamado a la periodista para disculparse. La FLIP no advierte que la agresión contra la periodista haya obedecido a una instrucción de directivos del Gobierno, fue un acto motivado desde el fuero personal. Sin embargo, es importante que sus superiores tomen correctivos para que este tipo de episodios no se repitan. Por esto invitamos al Gobierno Nacional a que públicamente instruya a sus funcionarios y contratistas para respetar la libertad de prensa, ser tolerantes a la crítica y abstenerse de restringir o perturbar la labor periodística, especialmente con los medios que formulan críticas al Gobierno.