Expresamos nuestra preocupación ante el acoso judicial por parte de José Luis Esparza Guerrero, ex candidato vicepresidencial en 2022 y coronel retirado, en contra de la Revista Raya y de su director, Edison Bolaños, en retaliación a la investigación “Los audios del acoso sexual del coronel Esparza, el cerebro de la “Operación Jaque”. En menos de un año, Esparza ha presentado cuatro solicitudes de rectificación improcedentes, dos acciones de tutela y una querella por injuria y calumnia. Esto evidencia un claro intento de censurar y silenciar el trabajo periodístico que el medio ha hecho sobre los casos de acoso sexual y laboral y que, según las fuentes consultadas por el medio, él era el responsable cuando fue Coronel del Ejército Nacional.

Desde un inicio, Esparza ha buscado acceder a todas las fuentes periodísticas utilizadas por el medio, ha solicitado el retiro íntegro de la investigación en todas las redes sociales y plataformas en las que fue publicada y ha ejercido presión para que Revista Raya se abstenga de continuar realizando cualquier publicación que lo involucre. La conducta intimidatoria por parte de Esparza derivó en que la Fiscalía ordenara una inspección judicial de los archivos y fuentes del medio, lo que configura una afectación grave al ejercicio periodístico, la libertad de prensa y la garantía de reserva de la fuente.

En abril de 2023, el Juzgado 7 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá falló en primera instancia a favor del medio y determinó que Esparza no presentó correctamente la solicitud de rectificación ni acreditó la vulneración real de sus derechos fundamentales. Esparza impugnó y hasta noviembre, el expediente llegó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien declaró la nulidad y ordenó que se realizara nuevamente la primera instancia, sin que se afectara la validez de las pruebas. Semanas después, el Juzgado modificó su decisión y le ordenó al medio que rectificara la información, que eliminara de cualquier plataforma y página web la investigación y los mensajes presuntamente difamatorios y se abstuviera de “seguir publicando información carente de veracidad e imparcialidad” que involucrara a Esparza. Si bien el Juzgado puede modificar su decisión, el nuevo fallo no evidencia la argumentación suficiente para explicar el cambio.

Como si fuera poco, luego de que Revista Raya hiciese una publicación sobre la orden de la Fiscalía para inspeccionar archivos y conocer sus fuentes periodísticas y, además, Bolaños, director del medio, diera una entrevista a RTVC Noticias al respecto, Esparza decidió presentar otras dos solicitudes de rectificación que tampoco cumplían con los requisitos que exige la ley para ser procedentes. Con esto, se refleja el deseo de censurar e impedir cualquier información que lo involucre e informe sobre su comportamiento.

Aunque la rectificación es un derecho fundamental garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política, Esparza ha abusado de esta garantía constitucional para incurrir en actos de acoso judicial. A pesar de que el medio de comunicación le ha manifestado a Esparza que sus solicitudes no cumplen con los requisitos legales que permitan un estudio de fondo, el Coronel retirado ha hecho caso omiso de esto y ha actuado de manera sistemática y consciente para censurar a Revista Raya.

Los peligros que el acoso judicial representa para la libertad de expresión ya han sido advertidos por la Corte Constitucional en su sentencia T-452 de 2022. En ella, la Corte identificó que cuando se acude de manera múltiple a la administración de justicia para silenciar asuntos de interés público, se invierten grandes cantidades de dinero en servicios de abogados y se busca imponer medidas desproporcionadas o imposibles de cumplir, “es posible concluir que la persona está abusando de su derecho usando el acceso a la justicia como un mecanismo de acoso y no de búsqueda de la materialización de sus derechos”.

Es usual que el acoso judicial también signifique un desgaste emocional y psicológico para las y los periodistas que enfrentan estas agresiones, además del abandono de su labor periodística para afrontar los litigios. Incluso, algunos periodistas prefieren eliminar las publicaciones o autocensurarse sobre ciertos temas por miedo a los procesos judiciales o para evitar el desgaste que implica su defensa.

Como ex integrante de la Fuerza Pública y ex candidato vicepresidencial, le recordamos a Esparza que está obligado a tener un mayor grado de tolerancia frente a los discursos que critiquen o vigilen su comportamiento, además de estar en la obligación de adoptar un discurso favorable hacia la prensa. Al ser una figura pública, está sometido a un nivel más alto de escrutinio público que el de los demás particulares.

Así mismo, reiteramos que si Esparza se considera afectado por la publicación de información que estime falsa, inexacta, equivocada o desactualizada y quiere solicitar la rectificación, tiene la obligación de presentarla conforme a los requisitos legales que continuamente le ha recordado previamente Revista Raya.

Por último, desde la FLIP hacemos un llamado urgente a las autoridades judiciales, como el Juzgado 7 Penal de Circuito de Conocimiento, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, para que asuman el conocimiento de los procesos bajo los mayores estándares de responsabilidad y rigurosidad que su función les exige. La Corte Constitucional ha sido clara en establecer la obligación que les corresponde de evaluar este tipo de situación conforme a la libertad de expresión, la perspectiva de género y la correcta administración de justicia. Para garantizar esto, la FLIP presentó una solicitud de la Vigilancia Judicial Administrativa ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, además del concepto presentado en el proceso de tutela a favor de Revista Raya.