Hace casi un año, el periodista Gustavo Chicangana y su esposa, Ana Milena Torres, fueron víctimas de un atentado mientras salían de su vivienda en San José del Guaviare. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) valora la captura de Campo Elías Castañeda Valencia, alias ‘Morocho’, presunto integrante del Bloque Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las Farc, como un paso importante dentro de la investigación. Sin embargo, este avance debe estar acompañado de esfuerzos sostenidos para esclarecer plenamente los hechos, identificar a todos los responsables y garantizar verdad y justicia para las víctimas.

Alias ‘Morocho’ fue detenido el pasado 17 de junio en Villavicencio, señalado de ser la persona que habría planeado, dirigido y coordinado las acciones de vigilancia previas y alertado sobre el momento exacto en que el periodista salía de su casa sin esquema de protección para que le dispararan. A partir de los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías de Villavicencio impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario contra Castañeda Valencia por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir agravado.

Este atentado, ocurrido el 5 de julio de 2025, en el cual Chicangana recibió cuatro impactos de bala, representó un intento directo por silenciar a una voz crítica que visibiliza temas de interés público en una región marcada por la violencia como lo es el Guaviare. Igualmente, fue un golpe directo a la Fundación porque Gustavo no es solo director de Guaviare Estéreo y periodista de Caracol Radio sino corresponsal de la FLIP en ese departamento.

El avance de la investigación sugiere que el atentado podría ser una retaliación por las denuncias realizadas por el periodista en su espacio de opinión 'Es el colmo', de la emisora Guaviare Estéreo. En dicho programa, Chicangana denunció delitos de extorsión contra campesinos y comerciantes, así como el reclutamiento forzado de menores por parte de las disidencias de las Farc, lo que subraya la gravedad de este ataque como una herramienta de censura violenta. Esta captura se suma a otros procesos judiciales que se vienen adelantando contra personas involucradas en el caso.

Ante este panorama, es necesario que la Unidad Nacional de Protección (UNP proteja a Gustavo Chicangana y a todo el equipo de trabajo de Caracol Radio Guaviare, reconociendo que los riesgos en el departamento del Guaviare siguen latentes por la presencia de diversos actores armados. Este avance judicial debe traducirse en garantías reales de no repetición y en el cumplimiento de la obligación del Estado de proteger a las y los periodistas como sujetos de especial protección bajo el Derecho Internacional Humanitario, asegurando un entorno libre y seguro para el ejercicio de la prensa en los territorios más vulnerables del país. Asimismo, la FLIP insta a la Fiscalía General de la Nación para que continúe trabajando en la identificación y captura del resto de involucrados.