Pronunciamientos

Alcalde y Secretario de Seguridad de Cali desacreditan investigación periodística publicada por El País

Alcalde y Secretario de Seguridad de Cali desacreditan investigación periodística publicada por El País

Alcaldía de Cali

Compartir

Compartir en facebookCompartir en twitter

viernes, 17 noviembre 2023

Alcalde y Secretario de Seguridad de Cali desacreditan investigación periodística publicada por El País

El pasado 12 de noviembre, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el secretario de seguridad, Jimmy Dranguet, publicaron, en sus perfiles de X (Twitter) y en la página oficial de la Alcaldía, varios mensajes estigmatizantes e intimidatorios contra El País, de Cali. Los comentarios de ambos funcionarios dejan en evidencia una estrategia organizada para desacreditar al medio y para acallar las voces críticas sobre su administración.

En el artículo, El País cuestiona si las cifras de delitos presentadas por la Secretaría de Seguridad son las correctas o si, presuntamente, la Alcaldía de Cali las está “maquillando” o manipulando. Como respuesta, Ospina publicó tres trinos en su perfil, pidiéndole a los “aludidos [con la publicación] de la Secretaría” a que procedan judicialmente contra el medio y señalando a El País de querer generar odio y dañar a la gente. El alcalde también atacó de manera personal al periodista Hugo Mario Cárdenas y aseguró que incurrió en el delito de calumnia, a pesar de que citó a sus fuentes e incluyó documentos que soportan la información. Por su parte, el secretario Dranguet, también publicó un hilo en su cuenta de Twitter en el que pone en duda el trabajo y la reputación del medio, y le acusa de actuar de manera malintencionada.

A su vez, en la página web de la Alcaldía se publicó un comunicado en el que tildan la información presentada por El País como “alegaciones falsas”, “difamatorias e injuriosas”. De igual manera, aprovecharon para realizar una invitación abierta a una mesa de trabajo en la que “se revisen las fuentes de información consultadas” de quienes lleguen a conclusiones diferentes a las publicadas por la administración local, dando a entender que los ejercicios críticos que se realicen sobre su gestión son legítimos en tanto sean previamente verificados por la Alcaldía.

Es preocupante que el alcalde Ospina y el secretario Dranguet hagan uso de sus cuentas personales y de las cuentas oficiales de la administración local para publicar mensajes en contra del medio, especialmente teniendo en cuenta que esta es la tercera vez que el alcalde Ospina estigmatiza a El País durante su gestión. Esto muestra el aprovechamiento de su posición de poder e influencia sobre la opinión pública para tomar represalias contra quienes hacen denuncias que afectan sus intereses, enviando un mensaje de que sus declaraciones son las únicas versiones válidas y creando un escenario en el que es correcto atacar a la prensa crítica, lo que puede significar un riesgo para los y las periodistas que cubren la gestión de la alcaldía.

Es indispensable que el alcalde Ospina y el secretario Dranguet asuman un discurso favorable hacia la prensa, teniendo en cuenta su responsabilidad y deberes como funcionarios públicos, reconociendo el eco y el impacto que pueden tener sus declaraciones sobre otros integrantes de la administración y la ciudadanía. Sobre esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha reiterado que los funcionarios públicos, en naturaleza de sus funciones, “están sujetos a un tipo diferente de protección de su reputación o su honra frente a las demás personas, y deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica”.

En esta misma línea, el alcalde Ospina y el secretario Dranguet deben abstenerse de emitir mensajes irrespetuosos y que estigmaticen o desacrediten la labor de la prensa,evitar incurrir en ataques personales a quienes critican su gestión, y suspender la promoción del acoso judicial contra la prensa y los asuntos de interés público. Contrario a lo ocurrido, como funcionarios públicos tienen el deber de garantizar la protección, seguridad y defensa de los derechos fundamentales de las personas.