Alcalde Federico Gutiérrez estigmatiza y criminaliza espacio académico y promueve censura

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la orden del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de cancelar un conversatorio académico sobre el libro El M-19: de la guerra a la política, del autor Jaime Nieto, programado para el pasado 21 de abril en la Biblioteca Pública Piloto. Esta decisión constituye un acto de censura y una intervención indebida sobre espacios de discusión pública. Además, las declaraciones del alcalde estigmatizan el espacio académico y deslegitiman el debate sobre asuntos de interés público.

El conversatorio fue organizado por la editorial del medio de comunicación Desde Abajo, quienes realizan un cubrimiento enfocado en asuntos relacionados con el conflicto armado y otros temas de interés público. Minutos antes de iniciar, el director de la biblioteca informó a los organizadores del encuentro que, por orden del Área Metropolitana debía cancelarse la actividad. En su cuenta de X, el alcalde Gutiérrez afirmó —sin aportar evidencia—, que se trataba de un evento con “un carácter evidentemente político y ninguna entidad pública puede albergarlo, además, por ley de garantías” y que “En Medellín, nunca tendrá espacio la apología al terrorismo”. Estas afirmaciones, además de descalificar la presentación del libro, criminalizan su publicación y la circulación de ideas en espacios públicos.

Aunque el encuentro se realizó, la intervención previa de la administración distrital y los señalamientos del alcalde Gutiérrez generan un efecto inhibidor sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Estas actuaciones afectan directamente el ejercicio del derecho, promueven la autocensura al disuadir —a través de su discurso— la realización o participación en futuros espacios académicos y debatir asuntos de interés público, y restringen el acceso a la información de la ciudadanía al limitar la circulación de ideas sobre asuntos de interés general.

Los hechos resultan aún más preocupantes teniendo en cuenta que, en reiteradas ocasiones, el alcalde Gutierrez ha impulsado acciones que han censurado manifestaciones artísticas y eventos en el espacio público en la ciudad. El año pasado, la FLIP denunció la eliminación de los murales “Las cuchas tienen razón” y “Nos están matando”. Estos antecedentes evidencian un patrón de restricciones indebidas a la libertad de expresión y resultan graves al venir de un funcionario público como el alcalde de Medellín, pues las autoridades no pueden definir qué discursos son legítimos o no, ni descalificar y criminalizar espacios de debate y conversación por su contenido.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, junto con otros relatores de la ONU, ha señalado que “las personas que ejercen la función pública no deben hacer declaraciones que puedan promover la intolerancia, la discriminación o la desinformación y, en cambio, deben aprovechar sus posiciones de liderazgo para contrarrestar estos daños sociales y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad”. Este deber resulta especialmente exigible al alcalde Federico Gutiérrez, cuyas declaraciones y órdenes tienen un peso institucional capaz de incidir en terceros y desalentar espacios de deliberación pública.

Por otro lado, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la censura previa y dispone que no se puede restringir la libertad de expresión por vías o medios indirectos, ni por cualquier mecanismo encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Esta disposición fue reforzada por el Principio 5 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, que explica que dicha prohibición comprende toda interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, así como la creación de obstáculos al libre flujo informativo.

La FLIP le hace un llamado al alcalde Gutiérrez para que se abstenga de promover o avalar actos de censura en la ciudad, así como de emitir señalamientos que estigmaticen y criminalicen espacios académicos, culturales o periodísticos. Su deber como funcionario es garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión y promover un entorno libre y seguro para el debate público con el fin de fortalecer la democracia.