Agredidos periodistas en marcha contra el TLC
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sábado, 22 mayo 2004
Agredidos periodistas en marcha contra el TLC
El periodista Aníbal Terán y el fotógrafo Oscar Díaz, del diario "El Universal" de Cartagena, fueron agredidos por los policías antimotines al no acceder a entregarles el material fotográfico que habían obtenido sobre la marcha.
Díaz había tomado fotografías de unos policías que le estaban quitando la mercancía a una vendedora ambulante. Otros miembros de la fuerza pública se le acercaron y le exigieron entregar dichas fotos, mientras lo agredían física y verbalmente. Terán intervino en defensa del fotógrafo, aduciendo su calidad de periodistas. Los policías hicieron caso omiso y le apuntaron y dispararon con una de las escopetas de balas de goma. Terán quedó con varios moretones en la pierna izquierda y en el abdomen. También fue herido en su brazo derecho.
Wilfred Arias, corresponsal de "El Heraldo" de Barranquilla, también fue agredido por miembros de la Policía, cuando tomaba algunas fotos de las agresiones que se estaban presentando en contra de los manifestantes. Varios policías intentaron agredirlo físicamente, pero él logró escapar. Los policías comenzaron a disparar balas de goma en su contra, lesionándolo en el tobillo derecho.
En diálogo con la FLIP el comandante de la Policía de Cartagena, Coronel Jesús Antonio Gómez Méndez, señaló que se inició una investigación interna por los excesos de algunos de los miembros de la Policía antimotines hacia los periodistas y los manifestantes, en las marchas del pasado 18 de mayo.
Por otro lado, Ronald Rodríguez, corresponsal de Noticias RCN y su camarógrafo Gerardo Solano, fueron agredidos física y verbalmente por manifestantes en otro lugar de la protesta. Solano fue lesionado y su equipo resultó averiado por algunas piedras lanzadas por los manifestantes. Del mismo modo fueron agredidos el periodista Alberto Julio Ordóñez y el camarógrafo Emiro Flerez del noticiero CM&. A los cuales les averiaron la cámara en un forcejeo, después de grabar la destrucción de los paraderos de buses por parte de los manifestantes. Julio Ordóñez fue atacado con una arma corto punzante, que por suerte no logro atravesar su humanidad.
El corresponsal de la agencia internacional de noticias AP, Javier Galeano, que también hacia el cubrimiento de las manifestaciones, también fue golpeado por una piedra que le pegó en la cabeza.
Arturo Zea, Defensor Regional del Pueblo en Bolívar, sentó su voz de protesta por las agresiones que sufrió la prensa en Cartagena.
Publicado en Pronunciamientos
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martes, 28 febrero 2017
Miembros de la Policía Nacional agredieron a un periodista en Santa Marta
La FLIP rechaza las agresiones de las que fue víctima Esteban Peralta, reportero de Campo Televisión que registró en un video a cuatro policías que persiguieron y golpearon con fuerza desmedida a unos jóvenes en el barrio Los Laureles de la capital del Magdalena. Las autoridades arremetieron contra Peralta cuando se dieron cuenta que el periodista los estaba grabando. Los hechos ocurrieron en la mañana del 10 de febrero.
sábado, 25 marzo 2017
La UNP ha ignorado el caso del periodista de Tras la Cola de la Rata por 9 meses
La FLIP rechaza las amenazas de las que ha sido víctima Daniel Silva, periodista de Tras la Cola de la Rata en Pereira - Risaralda. Las intimidaciones son producto de las denuncias que el columnista ha hecho a través del medio.
En la noche del jueves 23 de marzo un desconocido llegó a la casa del reportero, le apuntó con un revolver en la cabeza y le dijo: "vea malparido, no queremos más investigaciones. Queda advertido".
La FLIP expresa su preocupación por las constantes intimidaciones de las que ha sido víctima Silva. Entre 2016 y 2017 la FLIP ha documentado tres amenazas contra el periodista por sus investigaciones y artículos sobre hechos de corrupción en Pereira.
En una de ellas, el columnista denunció a Fernando Pineda por destinación indebida de dineros públicos cuando el funcionario se desempeñaba como presidente del Concejo de Pereira. A partir de esta denuncia, el Consejo de Estado investigó la conducta del concejal y el pasado 16 de febrero ordenó su destitución.
En junio de 2016 la FLIP solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le realizara un estudio de nivel de riesgo, este organismo completa 9 meses sin brindar una respuesta. Una demora que sólo acentúa la responsabilidad del Gobierno en la obligación de brindar protección tras la intimidación con arma de fuego.
La declaración de principios sobre libertad de expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la "intimidación, amenaza a los comunicadores sociales... viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada"
Por lo anterior, la FLIP exige a la UNP asignar medidas de protección de emergencia y solicita a la Fiscalía que investigue los hechos con el fin de sancionar a los responsables.
sábado, 25 marzo 2017
Contratista del DNP agrede verbalmente a periodista de RCN en la Casa de Nariño
La FLIP rechaza la agresión verbal contra Karla Arcila por parte de un contratista del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la Casa de Nariño.
El jueves 23 de marzo la periodista estaba en la Casa de Nariño esperando la autorización para ingresar. En la recepción, el contratista del DNP se acercó a la reportera y, en frente de otros funcionarios y periodistas, le preguntó que si trabajaba para RCN. Cuando Arcila respondió afirmativamente el funcionario le contestó "con razón huele a azufre" y le dio la espalda. La FLIP habló con el contratista, quien confirmó lo ocurrido, lamentó los hechos y reconoció su error.
La situación fue puesta en conocimiento de la jefe de prensa de Casa de Nariño, Marylin López; el director de Casa Militar, el General Maldonado y el Director del DNP, Simón Gaviria, este último indicó que abrirá una investigación interna.
Para la FLIP es grave que personas que trabajan para el Gobierno, o cualquier entidad pública, incurran en calificaciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación. Los estándares internacionales de libertad de prensa imponen obligaciones específicas en cabeza de quienes trabajan para el Estado con el fin de procurar un ambiente favorable a la deliberación pública.
Es positivo que el contratista haya llamado a la periodista para disculparse. La FLIP no advierte que la agresión contra la periodista haya obedecido a una instrucción de directivos del Gobierno, fue un acto motivado desde el fuero personal. Sin embargo, es importante que sus superiores tomen correctivos para que este tipo de episodios no se repitan. Por esto invitamos al Gobierno Nacional a que públicamente instruya a sus funcionarios y contratistas para respetar la libertad de prensa, ser tolerantes a la crítica y abstenerse de restringir o perturbar la labor periodística, especialmente con los medios que formulan críticas al Gobierno.
