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Alerta por obstrucciones a la prensa en el día de las elecciones locales 2019

Alerta por obstrucciones a la prensa en el día de las elecciones locales 2019

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lunes, 28 octubre 2019

Alerta por obstrucciones a la prensa en el día de las elecciones locales 2019

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifiesta su preocupación por los casos de obstrucción al cubrimiento periodístico que ha registrado durante las elecciones locales que se han llevado a cabo desde las 8:00 am de hoy. Con corte a la 1:00 pm, la FLIP ha tenido conocimiento de nueve casos en los que se le ha impedido a la prensa el acceso a los puestos de votación.

En varias regiones, miembros de la Policía Nacional y funcionarios de la Registraduría han impedido el desarrollo del trabajo periodístico. Si bien en algunos casos las obstrucciones se superaron, en otros, como en el puesto de votación de Atalaya en Cúcuta, ante la intransigencia de las autoridades, los reporteros se vieron obligados a retirarse. En este caso, agentes de la Policía obstaculizaron el trabajo de los reporteros Orlando Carvajal y Juan Pablo Cohen con acciones que incluyeron retención de la cédula de ciudadanía por un lapso amplio, impedimento para hacer registros audiovisuales e, incluso, una amenaza de comparendo a Cohen por supuesto irrespeto a la autoridad.  

La FLIP se puso en contacto con el Coronel Palomino de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien sostuvo que no se permitirán grabaciones que violen la intimidad de los votantes. En efecto, los periodistas no pueden hacer registros de los tarjetones, sin embargo, es importante recordar que son libres de entrar a los puestos de votación y cubrir lo que ocurre en los lugares de sufragio. En este caso, el registro fotográfico que realizaban los reporteros correspondía a los rostros de los electores y no a sus decisiones. La decisión del Coronel puede acarrear sanciones ya que se estaría incurriendo en censura. 

En el puesto de votación Claustro de la Encarnación en Popayán una teniente de la Policía Nacional le solicitó al periodista Cristian Cuellar de Unicauca Estéreo una acreditación de prensa expedida por la Registraduría Nacional para dejarlo ingresar a cubrir en el puesto de votación, aun cuando Castellanos iba identificando con los logos del medio de comunicación. En Colombia ninguna norma exige que los periodistas tengan este tipo de credenciales para ejercer su trabajo. Tal exigencia sería una restricción ilegítima a la libertad de prensa.

En Bucaramanga, la periodista Ana León de La Silla Vacía fue víctima de una obstrucción al trabajo periodístico mientras grababa una posible irregularidad electoral ocurrida cerca 200 metros del puesto de votación del Colegio Miraflores en el barrio Morrorrico ubicado en la comuna 14 de Bucaramanga. La periodista fue abordada por varias personas que se encontraban en el lugar y quienes le dijeron que no podía grabar por ser una propiedad privada y llamaron a la Policía. León asegura que los uniformados le dijeron que tenía que borrar los vídeos y amenazaron con capturarla si no lo hacía. Ante la negativa de la periodista para borrar el material, el policía decidió hacer una anotación sobre lo sucedido.  

En otro caso, en San José del Guaviare, funcionarios de la Registraduría impidieron que periodistas de Caracol Radio entrevistaran a votantes y jurados de votación. La FLIP se comunicó con uno de los delegados de la Registraduría en Guaviare, quien dijo que los periodistas sólo estaban autorizados por la entidad para realizar tomas generales y no entrevistas. La FLIP también se comunicó con la Jefe de Prensa de la Registraduría Nacional, quien dijo que los periodistas pueden realizar entrevistas, pero sólo a los votantes. Ambas posiciones son erróneas, ya que la ley no establece ninguna restricción en este sentido.

Es necesario recordar que la jornada electoral que se desarrolla el día de hoy es de absoluto interés público y los periodistas tienen derecho a estar en los puestos de votación; a utilizar sus equipos de registro como teléfonos celulares, cámaras fotográficas y de video siempre y cuando no interfieran con la labor de los testigos electorales y no afecten el derecho de los ciudadanos a ejercer el voto secreto. La obstrucción al cubrimiento periodístico es un hecho grave que se considera como censura previa que puede constituir delitos y faltas disciplinarias. 

Las constantes obstrucciones por parte de funcionarios y fuerza pública son resultado del desorden institucional que han promovido las entidades del Gobierno y el Estado. El Decreto 1924 de 2019, expedido por el MinInterior, limita injustificadamente el ejercicio periodístico y promueve la censura a la prensa. Sumado a lo anterior, existe un desconocimiento generalizado acerca de las garantías internacionales y constitucionales en el ejercicio periodístico. Los servidores públicos deben recibir capacitaciones para no obstaculizar la libertad de prensa y evitar que la ciudadanía no acceda a información relevante. 

La FLIP reitera los llamados que ha hecho a la Policía Nacional y a la Registraduría para que garanticen el libre desarrollo del cubrimiento periodístico de las elecciones locales. De la misma manera, la FLIP solicita a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo que acompañen e investiguen este tipo de hechos para garantizar el derecho a la información de toda la ciudadanía. 

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viernes, 03 junio 2016

En medio del paro agrario se presentan obstrucciones y agresiones contra la prensa

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – rechaza los ataques físicos y verbales que han sucedido contra varios periodistas durante las manifestaciones del paro agrario en diferentes regiones del país.

El martes 31 de mayo Oswaldo Pérez, editor de fotografía del diario El País, viajó hacia La Agustina, Cauca para cubrir las manifestaciones de la minga indígena. Cuando se encontraba en el lugar de los hechos, algunos manifestantes le impidieron al periodista tomar fotos y lo rociaron con gasolina. Además, el vehículo en el que se transportaba fue apedreado.

Otros tres hechos se presentaron en el occidente de Caldas, Norte de Cauca y en el occidente de Valle del Cauca. En estas regiones los periodistas de diferentes medios de comunicación recibieron agresiones verbales en medio del cubrimiento, se les impidió tomar fotos y realizar entrevistas.

La FLIP expresa su preocupación por los hechos ocurridos durante las últimas manifestaciones y espera que se garantice el derecho a la libertad de prensa en las jornadas de los próximos días. Al respecto, los relatores especiales de libertad de expresión de la ONU y de la CIDH hicieron un llamado a las autoridades en 2013 “El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.”

En 2013 la FLIP registró, en un periodo de 75 días, 44 agresiones contra periodistas que cubrían manifestaciones. La Fundación le hizo un llamado a la Fuerza Pública, responsable del 75% de los ataques, para que brindara las garantías necesarias para el desarrollo del oficio.

En el mismo sentido, la FLIP le recuerda a los manifestantes que el retiro del escenario noticioso, el decomiso de equipos y la obstrucción al cubrimiento periodístico constituyen hechos graves de censura previa, prohibida por la constitución política de Colombia. Es importante tener en cuenta que las manifestaciones sociales representan expresiones de alto interés público sobre las cuales la sociedad necesita estar informada.

La FLIP reconoce la pronta reacción de organizaciones como el Cric y la Onic, quienes rechazaron las agresiones de las que fueron víctimas los reporteros y asumieron el compromiso de no repetición. Sin embargo, considera problemático que se continúen exigiendo credenciales de prensa para hacer cubrimiento. Si bien es razonable sugerir que los periodistas estén identificados, esta no puede ser una condición ni un criterio de exclusión para obstruir el trabajo periodístico.

La FLIP recomienda que durante el cubrimiento de las manifestaciones, los periodistas usen vestimenta que los diferencie de la fuerza pública, respeten los cordones de seguridad dispuestos por las autoridades y procuren mantenerse como observadores de la protesta.  

 

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martes, 26 julio 2016

Carta abierta a las agremiaciones camioneras

Terminó el paro de camioneros y el balance en términos de libertad de prensa no es bueno. La violencia y la censura contra periodistas no se deben repetir en futuras movilizaciones sociales. El director de la FLIP la escribe esta carta abierta a la Asociación Colombiana de Camioneros.

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jueves, 12 octubre 2017

El CTI continúa obstaculizando a la prensa en audiencias públicas

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las constantes restricciones y agresiones a la prensa por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en el cubrimiento de audiencias públicas.

En días pasados, algunos medios de comunicación denunciaron una agresión a la periodista de Caracol Televisión, María Camila Orozco. Estos informaron que un empresario insultó a la reportera y le golpeó la mano, tirándole el micrófono al suelo. Los hechos, que quedaron registrados en video, ocurrieron en los juzgados de Paloquemao el pasado 5 de octubre durante una audiencia en el caso de los Panamá Papers. 

En el proceso de documentación de esa agresión, la FLIP también tuvo conocimiento de una serie de intimidaciones por parte de funcionarios del CTI de la Fiscalía en contra de Orozco. La Juez del caso impidió el ingreso de cámaras de televisión a la sala. Cuando finalizó la diligencia, según relata la periodista, cerca de diez funcionarios del CTI la intimidaron y le ordenaron eliminar el material que había grabado con su celular. Además, le advirtieron que si no borraba los videos, no podía continuar en la sala. A pesar de haber eliminado parte del material que había registrado, fue obligada a salir del lugar.

Este escenario no es una excepción. El 15 de agosto, Yeison Rojas y Julieth Jiménez, periodistas de CM& y La Chiva de Urabá, respectivamente, fueron víctimas de una obstrucción por parte de un funcionario del CTI de la Fiscalía en Apartadó, Antioquia. Ese día se llevó a cabo una audiencia por un escándalo de peculado, en el que están involucrados funcionarios y contratistas del ICBF. Un hombre que se identificó como funcionario del CTI prohibió el ingreso de la prensa y no permitió que los periodistas tomaran fotografías o grabaran videos afuera de los juzgados. Al sentirse respaldados por el CTI, los familiares de los acusados agredieron a los periodistas. Un familiar de una de las capturadas insultó a Jiménez y le tiró el celular al piso.

El 17 de junio, una Juez de control de garantías de Bogotá expulsó de la sala de audiencias a periodistas que cubrían un caso de corrupción en la administración de recursos de Montería. La Juez decidió hacer la audiencia a puerta cerrada como respuesta a la solicitud del fiscal, que argumentó el “alto impacto social” del caso, pues vincula a altos funcionarios públicos. Por estos hechos, la FLIP y la Asociación Colombiana de Medios de Información -AMI- (antes Andiarios) expresaron su preocupación

Para la FLIP, estas situaciones son preocupantes ya que restringen el ejercicio del periodismo. Las constantes obstrucciones de los funcionarios del CTI violan el derecho a acceder a la información. De acuerdo con la Ley 1712 de 2014, toda información en posesión, control o custodia de los servidores públicos es de carácter público y su acceso debe permitirse a todos los ciudadanos.

El carácter público de las audiencias implica que la comunidad, los medios de comunicación y los vinculados al proceso puedan tener acceso a ellas. La publicidad de los procesos es un principio que debe regir cualquier actuación y sólo por excepciones debidamente respaldadas por la Ley, puede limitarse.  Los medios de comunicación en las audiencias hacen seguimiento a la correcta administración de justicia y son una garantía al debido proceso.

La FLIP exhorta a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura a que tomen medidas para reducir las cada vez más frecuentes restricciones a la prensa en audiencias públicas. El accionar de los funcionarios del CTI trasgrede la transparencia en los procesos judiciales. 

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