La FLIP rechaza la amenaza que recibieron los periodistas Miguel Rojas y Rubén Darío Rojas de Ipiales, Nariño, el pasado 30 de septiembre. Así mismo, la FLIP expresa su preocupación por los señalamientos que han realizado funcionarios públicos de Ipiales contra los medios de comunicación de ese municipio responsabilizando a la prensa del fallecimiento, el 11 de octubre, del gerente de la empresa de obras sanitarias, Empoobando.
La FLIP tuvo conocimiento de que el 30 de septiembre de 2019 hasta las instalaciones de Caracol Radio Ipiales llegó un CD con un video en el que un hombre encapuchado amenaza a Miguel Rojas, periodista de esa emisora, y a su hijo Ruben Dario Rojas, quien trabaja en el sistema radial de Tropicana. La amenaza está relacionada con una serie de debates electorales que han organizado los periodistas en alianza con otros medios del municipio.
En otros hechos, el 11 de octubre, varios funcionarios públicos de Ipiales salieron a marchar contra los medios de comunicación. Según contó a la FLIP uno de los periodistas señalados, quienes protestaron frente a la sede de Caracol les gritaban “asesinos” y los acusaban de propagar el odio contra los funcionarios públicos. Además, algunos funcionarios publicaron a través de sus redes sociales mensajes en los que señalaban que la presión de los medios de comunicación sobre Fernando Rosero, gerente de Empoobando, había causado su muerte. El fallecimiento de Rosero se dio en medio de una grave crisis de desabastecimiento de agua en el municipio que duró un mes, que estaba siendo superada desde hace una semana y que recibió amplio cubrimiento de los medios de comunicación.
La crisis por el desabastecimiento de agua es un tema de alto interés para la comunidad que merece atención de la prensa. Si bien la manifestación pública es un derecho constitucional, a la FLIP le preocupan las estigmatizaciones que un sector de la administración pública de Ipiales hizo contra los periodistas y medios de comunicación al responsabilizarlos de la muerte del señor Rosero. Este tipo de señalamientos, en el contexto como el que vive actualmente el departamento, pueden poner en alto riesgo a los periodistas del municipio.
Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha sido enfática en declarar que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa, aún cuando la información divulgada resulte contraria a sus interes: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.
Varios periodistas consultados por la FLIP manifiestan que incluso el alcalde, en el pasado, ha hecho señalamientos contra la prensa vinculando a los periodistas con intereses políticos.
En relación con estos hechos, la FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de riesgo para los periodistas Miguel Rojas y Ruben Dario Rojas, así como para que evalúe las situación de seguridad de los periodistas en Ipiales en el marco del cubrimiento de las elecciones del 27 de octubre. Adicionalmente, le solicita a la Fiscalía general de la Nación para que investigue la amenaza contra Miguel y Rubén Darío Rojas y sancione a los responsables.
La fundación se comunicó con la Alcaldía Municipal de Ipiales y con la Gobernación de Nariño para obtener sus declaraciones sobre estas situaciones, sin embargo, las dos entidades manifestaron que aún no se pronunciarán al respecto. La FLIP le hace un llamado a alcalde de Ipiales y a todos los funcionarios de esta administración para que se abstengan de estigmatizar a la prensa y sean garantes de la labor periodística.
