Desde la FLIP vemos con preocupación la carta enviada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a distintos medios de comunicación, mediante la cual formula un requerimiento oficial de información con la advertencia de posibles sanciones administrativas, solicitando documentos internos sobre sus procesos editoriales, como actas, relatorías y manuales. Este tipo de requerimientos, provenientes de una entidad del Estado con funciones de inspección y vigilancia, plantean serias dudas sobre los límites de su competencia y sobre la garantía efectiva de la libertad de prensa.