En las últimas tres semanas, el sitio web de CAMBIO ha sido víctima de al menos cuatro ciberataques que han sacado su contenido de circulación de manera temporal. La plataforma del medio ha sido blanco de hasta 550 millones de solicitudes, desde diez países diferentes, para eliminar información de su página principal y, específicamente, una investigación publicada en julio de 2023 sobre Oncocit, una empresa internacional que estaría estafando a pacientes con cáncer.

El pasado 6 de marzo, la Fiscalía General de la Nación notificó a Cambio sobre una inspección judicial para obtener los datos de la fuente que suministró la información para la nota periodística “Bienes de la SAE fueron entregados a cambio de coimas que se cobraron a nombre de Daniel Rojas y Juan Fernando Petro”. Esta solicitud, no es un incidente aislado por parte de un funcionario como lo manifestó la entidad, se trata de una práctica reiterada de la Fiscalía hacia el medio.

El fiscal general, Francisco Barbosa, ha instaurado una narrativa peligrosa en contra de la prensa. En diversas ocasiones, Barbosa ha estigmatizado, minimizado y ridiculizado a las y los periodistas que escriben artículos en los que cuestionan su gestión. Sus declaraciones son especialmente graves, promueven un clima de autocensura y son irresponsables, pues la entidad que dirige debe procurar justicia en casos de violencia contra la prensa, en un contexto en el que esta se ha recrudecido; en los últimos 3 años en Colombia, se han registrado cinco muertes relacionadas con el oficio periodístico.

Por un lado, en una entrevista para el medio RCN Noticias, minimizó y ridiculizó a quienes reportan sobre él. Barbosa dijo que las investigaciones y artículos que lo cuestionaban le “generan hilaridad” y “eran un chiste de estos personajes” refiriéndose a los y las periodistas, y que “faltaba seriedad” en los temas de reportería sobre la figura del fiscal. Con ello, el fiscal pretende incidir indirectamente en la línea editorial de los medios e influenciar sobre qué temas deben o no publicar.

Por otro lado, Barbosa, en lugar de responder a los cuestionamientos, desvía el foco de la discusión para victimizarse; en una entrevista con la Revista Semana insinuó que los medios que lo critican lo están persiguiendo. Ha llegado a afirmar que las investigaciones periodísticas en su contra son “ataques reputacionales” con fines políticos y pretenden “cercarlo” para apartarlo de su cargo. En ese sentido, se ha referido a dichos artículos periodísticos como “infamias”, “pequeñeces”, “mentiras programadas”, “historias miserables” que harían parte de una “estrategia malsana” y “ataques interesados”. Todo esto sin allegar pruebas de la falta de veracidad de la información publicada.

Adicionalmente, ha sugerido que “se procederá penalmente contra todas las personas que instigaron esa violencia” por contribuir a la generación de riesgo sobre él y por supuestamente exponerlo a través de las publicaciones. Este tipo de declaraciones, por parte de la cabeza del ente investigador, son una advertencia peligrosa que genera autocensura porque criminaliza previamente a las y los comunicadores según su línea editorial: quien publique sobre el Fiscal puede ser sujeto de investigación penal. Esto debe generar alarmas porque responde a una tendencia en Latinoamérica, donde la prensa se enfrenta a un incremento del riesgo de encarcelamiento, según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

En otras ocasiones, Barbosa ha instrumentalizado a la Fiscalía para tramitar sus desacuerdos personales con la prensa. Así, desde las cuentas oficiales de esta entidad se han publicado comunicados que buscan desmentir los contenidos de los medios de comunicación, usualmente acompañados de la etiqueta #NoSeDejeEngañar y de imágenes de los reportajes rotulados como falsos. Esto amplifica el estigma que genera contra determinados medios y periodistas. Si existen imprecisiones o información inexacta en los artículos periodísticos, el fiscal debe hacer uso de la solicitud de rectificación, una herramienta constitucional y menos lesiva para la libertad de prensa. 

En particular, esta animadversión se ha reflejado en las reacciones del fiscal a las publicaciones de la Revista Cambio. Luego de que este medio publicara reportajes y columnas de opinión sobre el uso de bienes públicos en beneficio propio de Barbosa, la Fiscalía ha estigmatizado al medio señalándole de promover noticias falsas; además ha atacado a las fuentes periodísticas para menoscabar la credibilidad de la noticia. 

La FLIP hace un llamado para que el Fiscal Barbosa tramite sus inconformidades con la prensa mediante los mecanismos constitucionales y garantice la imparcialidad de la institución que dirige frente a la población de los y las periodistas. Reiteramos la obligación de los funcionarios de procurar un ambiente óptimo para ejercer periodismo y abstenerse de realizar acciones que generen un efecto amedrentador para el ejercicio libre de la prensa. El Estado de derecho se fortalece con una prensa libre y la imparcialidad de sus instituciones.

La FLIP conoció que el miércoles 29 junio de 2022 la Fiscalía General de la Nación notificó a la Revista Cambio sobre una diligencia de inspección que se realizaría el jueves 30 de junio de 2022 con motivo de la publicación titulada ‘“Esta es la puta guerra”: General reconoce alianza con narcotraficantes para enfrentar disidencias de las Farc’. En este artículo los periodistas hablan sobre presuntas alianzas del general Jorge Hernando Herrera Díaz con la red criminal 'Los Pocillos' para combatir a las disidencias en Cauca.  Según la Fiscalía, la diligencia tenía como propósito “consultar y recolectar el original de la publicación de la Revista Cambio y de ser posible las grabaciones a que hace alusión tal artículo”.

El recaudo de las publicaciones periodísticas en la sede de los medios resulta innecesaria, pues estas son de dominio público. Por otro lado, solicitar o pretender acceder a los documentos de soporte de la publicación pone en serio riesgo el secreto profesional y a las fuentes. Además estas acciones pueden tener un efecto disuasivo y de autocensura para los medios de comunicación y periodistas que informan y opinan sobre asuntos de alto interés público. De acuerdo con el Relator Especial de la ONU “el uso de las facultades administrativas o medios indirectos por parte del estado para intentar censurar o restringir el alcance de los medios de comunicación es inaceptable y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión”.

Por eso, resulta preocupante que desde el 2019 la Fiscalía haya ordenado en tres ocasiones diferentes la inspección de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. En octubre de 2020 la Fiscalía requirió a la FLIP informar una fecha para la realización de una inspección judicial en sus instalaciones, así como “los documentos de control de ingreso y salida de visitantes, durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2018 al 23 de enero de 2019, con el fin de establecer el ingreso de DIANA MARCELA DÍAZ SOTO”. Luego, en diciembre de 2021 la Fiscalía envió notificación a Noticias Uno para realizar inspección a los archivos del medio con el fin de allegar bajo cadena de custodia el audio y/o video de la transmisión realizada por ese noticiero el día 19 de octubre de 2013 en la emisión de la noche.

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Además, la práctica de recaudo de estas pruebas mediante una inspección a los medios de comunicación también genera una carga administrativa desproporcionada aunque se pretenda contribuir con la actividad investigativa a cargo de la entidad.

De ahí que en el reciente caso de la Revista Cambio, para consultar y recolectar publicaciones, la Fiscalía General de la Nación cuenta con otros mecanismos de recolección de pruebas como (i) el acceso público a las notas periodísticas que se encuentran en los sitios web de los medios de comunicación, y (ii) la solicitud de información mediante un derecho de petición en el que se especifique claramente la información requerida y su finalidad.

Propender por utilizar mecanismos menos lesivos para acceder a la información periodística no sólo beneficia al medio de comunicación y la libertad de expresión, también permite a la entidad pública descongestionar el sistema judicial, ya que no requiere todo un operativo ni organización logística de su personal para acceder a dicha información. Entonces, resulta excesivo e innecesario acudir personalmente al medio informativo para consultar una publicación que se encuentra en línea o que puede ser enviada vía electrónica, bajo el principio de la buena fe, por el mismo medio de comunicación.

La FLIP hace un respetuoso llamado para que la Fiscalía fomente en la institución una garantía y respeto por la actividad periodística, de manera que se promuevan buenas prácticas investigativas que no pongan en riesgo los derechos de los y las periodistas y medios de comunicación.