Por lo menos 128 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados desde el inicio de la guerra entre Israel y Palestina, en octubre de 2023. De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists o CPJ, por sus siglas en inglés), este es el conflicto más letal para la prensa jamás documentado por la organización desde que empezó a recopilar información en 1992.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la retención de la que fueron víctimas los periodistas Diego Veloza (Caracol Televisión), Luis Enrique Cárdenas (Noticias Uno), el camarógrafo Neiser Velázquez y el defensor de derechos humanos Jorge Solano, el pasado 16 de febrero por parte de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los periodistas estaban realizando trabajo de reportería en el corregimiento de San Pablo, en la región de Catatumbo, Norte de Santander.

Los periodistas se trasladaron en la mañana del sábado al corregimiento de San Pablo para cubrir los daños ocasionados al río Catatumbo por el derrame de crudo que produjo el atentado del pasado martes contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas. A la salida del corregimiento, un grupo de cuatro hombres armados que se identificaron como miembros del ELN retuvo el vehículo en el que se trasladaban los hombres, los hicieron bajar y les quitaron los equipos periodísticos, los teléfonos celulares, los chalecos de prensa y la camioneta en la que se transportaban.

Los periodistas manifestaron que la retención duró, aproximadamente, veinte minutos y que los dejaron ir una vez escucharon sobrevolar un helicóptero del ejército muy cerca de donde ellos estaban. Finalmente, los periodistas fueron auxiliados por habitantes de la zona y llevados a la base militar de La Esmeralda, en el municipio de Convención.

Tanto la retención de los periodistas como el hurto de sus sus equipos son delitos castigados por la ley penal colombiana, además de una grave violación a la libertad de prensa. Con sus acciones el ELN no sólo impidió que los reporteros informaran sobre un asunto de interés público sino que envía también un mensaje a otros periodistas para que no trabajen informando sobre los asuntos relevantes en la zona.

De acuerdo con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.

El Catatumbo es una de las zonas más difíciles para el cubrimiento periodístico y el Estado colombiano tiene el deber de investigar este tipo de agresiones, de proteger a los periodistas y de prevenir las violaciones a la libertad de prensa. La FLIP hace un llamado a los actores armados para que cesen las intimidaciones, retenciones y demás agresiones. También hace un llamado a la Fiscalía para que investigue estos hechos.