Este lunes 9 de septiembre, el Gobierno de Colombia presentó el Fondo No es Hora de Callar -Ley 2358 de 2024-, creado para financiar programas municipales, departamentales y nacionales orientados a prevenir, proteger y asistir a las mujeres periodistas y comunicadoras víctimas de violencias, en el marco del cumplimiento de la Sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Jineth Bedoya.

18 de octubre de 2021, Washington, D.C., Bogotá.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió histórica sentencia en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima contra Colombia, donde analiza por primera vez el uso de la violencia sexual como forma de silenciamiento y control en contra de una mujer periodista en el marco del conflicto armado colombiano. 

"El 18 de octubre de 2021 pasa a la historia como el día en que una lucha, que empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de los derechos de miles de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de su vida en su oficio" señaló Jineth Bedoya, periodista, víctima y sobreviviente.

En su sentencia, la Corte declaró al Estado de Colombia responsable por la violación diversos derechos  incluidos el derecho a la integridad personal, libertad personal, honra y dignidad y libertad de pensamiento y expresión de la periodista Jineth Bedoya Lima, como resultado de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando fue interceptada secuestrada y sometida a numerosas agresiones físicas, sexuales y verbales mientras se encontraba cumpliendo labores periodísticas sobre distintos crímenes y violaciones a derechos humanos que ocurrían dentro de la cárcel la Modelo en Bogotá. 

La Corte IDH reconoció la existencia de actos de tortura que tuvieron una clara conexión con su actividad periodística y tenían como fin castigarla, intimidarla y silenciarla. La Corte dio cuenta que las agresiones en contra de la periodista, no solo vulneran su libertad de expresión en el ámbito individual, sino que tuvieron un impacto colectivo, tanto en la sociedad colombiana en su derecho a la información como en otras personas que ejercían el periodismo. Por su parte, en relación con las amenazas que Jineth Bedoya ha recibido al menos desde el año 1999, la Corte resolvió que debido a la falta de investigación estas constituyen actos de tortura.

En su sentencia, la Corte da cuenta de la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los hechos de tortura física, sexual y psicológica en contra de la periodista. La Corte determinó que estos hechos no pudieron llevarse a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia. Esto es aún más grave teniendo en cuenta que Jineth investigaba precisamente delitos cometidos en un contexto de criminalidad organizada con intervención de agentes estatales dentro de la cárcel La Modelo.

Debido al grave clima de impunidad y el uso de estereotipos de género y discriminación dentro de la investigación que ha rodeado el caso de Jineth Bedoya por más de dos décadas, la Corte declaró la responsabilidad internacional de Colombia por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia en las investigaciones.

La sentencia reconoce que en la actualidad persiste en Colombia un contexto grave de amenazas, ataques y asesinatos contra líderes y lideresas sociales, así como contra defensores y defensoras de derechos humanos, dentro de los que se encuentra la categoría de periodistas. 

La Corte ordenó una serie de medidas de reparación incluyendo medidas simbólicas y garantías de no repetición a fin de reparar los daños causados a Jineth Bedoya y a la sociedad en general.

Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte destacamos la obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra la periodista, particularmente tomando en cuenta que la Corte determinó que a la fecha no se ha determinado la autoría intelectual de los hechos ni de otros coautores que pudieran haber participado.

Además, la Corte ordenó al Estado de Colombia  llevar a cabo; “una política integral para la protección de los y las periodistas, la creación del “Centro Investigativo No es Hora de Callar”; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre de violencia de género y sobre amenazas y violencia contra periodistas y defensores/as de derechos humanos; y la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.

La sentencia de la Corte da cuenta de la existencia del uso sistemático de la violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto armado colombiano y del riesgo particular que enfrentan las mujeres periodistas. Además, evidencia la existencia de una impunidad sistemática y generalizada en relación con la violencia sexual durante el conflicto.

Jineth Bedoya lleva más de 20 años buscando justicia incansablemente y se ha convertido en un símbolo y referente en la lucha contra la violencia sexual, particularmente en relación con las mujeres periodistas. Esta decisión de la Corte Interamericana es dignificante no solo para Jineth, sino que representa una esperanza para las miles de victimas de violencia sexual durante el conflicto armado colombiano.

Las organizaciones representantes del caso en el proceso internacional son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 

Rueda de prensa: 

Contacto de prensa:
3103419744 - Andrea Torres Perdomo (FLIP)

 En relación con la carta difundida en redes sociales por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por su director Camilo Gómez, Jineth Bedoya y sus representantes se permiten manifestar lo siguiente: 

1. Los canales escogidos por el director de la Agencia de Defensa del Estado no son los apropiados en el marco de un litigio en curso y denotan las malas prácticas de la defensa del Estado. La audiencia prevista para el día martes 16 de marzo fue suspendida como consecuencia de la solicitud de recusación del Estado. De igual modo, como corresponde en la práctica profesional ética, este tipo de comunicaciones deben ser dirigidas a través de los representantes legales de la parte.
   
   
2. Durante la tarde de hoy, 17 de marzo, la Agencia Jurídica envió una comunicación al  correo personal de Jineth y por distintos conductos buscó forzar una respuesta inmediata. La posterior publicación de esta comunicación privada, por medio de diferentes redes sociales, constituye un acto de hostigamiento y de litigio malicioso, que desde ningún punto de vista responde a la solemnidad y la dignidad del proceso.
   
   
3. Las tácticas de dilación en el proceso, así como la ausencia de justicia por más de veinte años es responsabilidad de la ineficacia y falta de voluntad política del Estado colombiano.
   
   
4. Si el Estado desea aceptar su responsabilidad por las violaciones cometidas y comprometerse a la implementación de las reparaciones requeridas, debe hacerlo ante la Corte Interamericana, en el marco del proceso en curso. Para Jineth Bedoya como para sus representantes la instancia legal y legítima es la Corte IDH.
   
   
5. Quedamos a la espera de la comunicación que la representación estatal remita a la Corte, señalando los hechos y las responsabilidades que acepta y las reparaciones a las que se allana.  

Jineth Bedoya Lima
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Los representantes de Bedoya Lima alertamos sobre la constante negligencia, falta de compromiso e irrespeto hacia la víctima por parte de la Fiscalía General de la Nación.

La FLIP rechaza las intimidaciones contra Alejandra Herrera, periodista de RCN Radio en Neiva, quien denunció la violencia sexual contra una menor de edad en Putumayo. La Fundación les solicita a las autoridades que garanticen la seguridad de la reportera e investiguen a los responsables de estas amenazas.

En columna publicada el pasado 19 de enero la periodista Claudia Morales escribió sobre un hecho de violencia sexual que sufrió hace algunos años en el entorno laboral por parte de su jefe. La publicación generó diferentes reacciones en la opinión pública colombiana, algunas de las cuales revictimizan a la periodista y explican por qué el silencio es una opción para las víctimas de violencia sexual.  

Al respecto, las organizaciones que suscriben esta comunicación, manifiestan su respaldo a la decisión de la periodista de publicar los hechos en los términos que lo hizo, y exigimos a las autoridades garantizar los derechos que le asisten a la periodista. También hacemos una invitación a los medios de comunicación y la sociedad en general a respetar las decisiones de todas las víctimas de violencia sexual y a no revictimizarles.

Según algunos estudios, una mujer víctima tarda un promedio de 12 años en denunciar estos hechos, cuando decide hacerlo. Las víctimas se amparan en el silencio porque conocen las consecuencias de discriminación y violencias que enfrentan quienes hablan. Consideramos que, si bien hay esfuerzos institucionales para promover y garantizar la denuncia por parte de las mujeres, la experiencia diaria da cuenta de trámites revictimizantes. En la práctica, hablar de estos hechos implica una carga desproporcionada para la víctima, como ha venido sucediendo con la periodista Claudia Morales.

Las especulaciones sobre los hechos, la insinuación de posibles responsables, el uso con fines electorales de las voces de las mujeres víctimas y, en especial, la falta de comprensión sobre el llamado al silencio que hace Morales, solo deriva en situaciones revictimizantes, crea un riesgo a la integridad y hace aún más difícil que las mujeres víctimas de hechos similares tomen decisiones libres de presión.

Esperamos que la valiente decisión de Morales contribuya a la reflexión sobre la forma en que la sociedad y el Estado responde los casos de violencia sexual contra las mujeres. Es necesario avanzar en mecanismos de prevención y de cero tolerancia a la violencia contra mujeres en entornos laborales, así como en la autorregulación de los medios que el cubrimiento de estos hechos no derive en acciones de revictimización.

Exigimos al Estado colombiano en su conjunto garantizar los derechos que le asisten a la periodista Claudia Morales, a la seguridad y a la dignidad humana. Pedimos que se respeten los términos y el alcance que ella ha decidido dar a este caso en ejercicio de su plena autonomía.

Firman

Sisma Mujer

Campaña No es Hora de Callar -  Jineth Bedoya Lima

Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz IMP

Ruta Pacífica de las Mujeres

Red Nacional de Mujeres

Women´s Link Worldwide

Iniciativa ProEquidad de Género

Colectivo Nacional de Mujeres Reestableciendo Derechos

Cinco claves

Género en la Paz GPaz

Red Nacional de Defensoras

Federación Democrática Internacional de Mujeres FDIM

Fundación Bien Humano

Observatorio de Asuntos de Género de la U.Rosario

Mesa de economía del Cuidado

Red de Periodistas con Visión de Género

Federación Colombiana de Periodistas - Fecolper

Círculo de Periodistas de Bogotá - CPB

Fundación para la Libertad de Prensa FLIP