La investigación Chuzadas sin cuartel, publicada por Revista Semana el 11 de enero de 2020, revela que distintas unidades del Ejército Nacional ejecutaron un plan para amenazar y realizar interceptaciones ilegales contra periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados, políticos y otros funcionarios públicos. Esta vigilancia se estaría realizando desde las instalaciones militares, precisamente para blindarse de allanamientos de la justicia y de los medios de comunicación, según el testimonio de un militar citado en la investigación.

El 3 de diciembre de 2019, el fiscal Daniel Hernández contó en entrevista en la W Radio que la periodista Vicky Dávila fue víctima de interceptaciones ilegales, confirmando las denuncias de posible vigilancia ilegal hechas por la periodista en 2015. Este caso se suma a otras denuncias de interceptaciones ilegales por entidades del Estado, reviviendo las preocupaciones por chuzadas a periodistas en Colombia.

En 2015, Dávila denunció que había recibido información a través de correos electrónicos anónimos donde se decía que miembros de la Policía habían ordenado el seguimiento e interceptación de sus comunicaciones privadas y se proporcionaba información muy concreta que demostraba monitoreo a su actividad periodística y personal. Estos correos  llegaron después de que Dávila publicara varias denuncias sobre irregularidades al interior de la Policía Nacional. Más de cuatro años después, el fiscal Hernández confirmó que la periodista fue víctima de interceptaciones y seguimientos ilegales, pero que no fue posible determinar quién las ordenó.

Este caso se suma a los recientes denuncias de vigilancia ilegal por parte de autoridades del Estado, como las expuestas por los periodistas Daniel Coronell y María Jimena Duzán en sus columnas ¿La paz chuzada? y Acabaron con la esperanza, relacionadas con interceptaciones ilegales desde la Fiscalía. Si bien en las denuncias no se habla de interceptaciones a periodistas, sí resultan relevantes por cuanto reviven las preocupaciones por un riesgo del que la FLIP ha alertado en el pasado: la ausencia de controles a la actividad de inteligencia del Estado.

En el caso de los periodistas, las interceptaciones ilegales no sólo generan un riesgo para la seguridad de los reporteros sino la de sus fuentes. En mayo de 2019, el periodista Gonzalo Guillén publicó un artículo en el que agentes del CTI confiesan que desde la Fiscalía se estaba interceptando a los periodistas Daniel Coronell, María Jimena Duzán, Cecilia Orozco, Yohir Akerman y al mismo Guillén, al parecer con el fin de hacer montajes que los desacreditaran. Además, en junio de 2019, en el programa Revelados del periodista Julián Martínez se denunciaron posibles interceptaciones a periodistas desde la misma institución. En el programa, Orozco señala que el ex fiscal Néstor Humberto Martínez habló públicamente sobre el contenido de conversaciones privadas entre periodistas.

Además, en el transcurso de este año la FLIP ha recibido varios reportes de periodistas que manifiestan haber notado irregularidades en el funcionamiento de sus celulares y que asocian a interceptaciones ilegales que tendrían como motivación las denuncias periodísticas que han hecho.

Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha explicado que la interceptación de las comunicaciones tiene un efecto inhibitorio que afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión, diciendo que “sin un espacio privado, libre de injerencias arbitrarias del Estado o de particulares, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no puede ser ejercido plenamente”. La RELE y la Relatoría para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU publicaron en 2013 una Declaración Conjunta en la que sostuvieron que la interceptación ilegal de las comunicaciones debe ser drásticamente sancionada. Lamentablemente, la investigación de estas agresiones en Colombia no muestra grandes avances.

La FLIP rechaza las interceptaciones en contra de la periodista Vicky Dávila que fueron confirmadas esta semana, así como cualquier tipo de vigilancia ilegal de periodistas en Colombia por organismos del Estado. En la actual coyuntura, el país necesita de manera acentuada garantías para una prensa libre. El Estado y las fuerzas de seguridad e inteligencia están llamados a actuar como garantes de la labor periodística. 

Este 11 de septiembre se conoció el fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Jorge Noguera Cotes, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a una pena de 7 años, 10 meses y 15 días de prisión por el escándalo de las “chuzadas”.