El gobernador de Magdalena, Rafael Martínez, señaló a varios medios de comunicación locales de ser parte de una campaña “financiada con recursos públicos del distrito en contra del proyecto de la Gobernación del Magdalena (...) para desacreditar y para desdibujar”. Esto ocurrió en dos ruedas de prensa que hizo el mandatario el 16 y 22 de julio a través de sus redes sociales, en las que se refirió al periodismo en general, y también señaló a Seguimiento.co, Opinión Caribe, la emisora Radio Hoy y Caracol Radio.

La Alcaldía de Envigado, en cabeza de Braulio Espinosa, ha gastado más de 7.300 millones de pesos en publicidad oficial entre enero del 2020 y abril del 2023. Esta cifra supera al presupuesto anual invertido por la alcaldía para mejorar la red vial urbana del municipio. La excesiva presencia del alcalde Espinosa en medios de comunicación, la práctica engañosa de presentar contenido como periodístico cuando en realidad es publicidad, la falta de objetividad y transparencia en los contratos celebrados, y la ausencia de control político activan las alarmas sobre el uso de los recursos públicos por parte de esta administración.

La FLIP, en colaboración con el equipo de La Contratopedia Caribe, encontró que desde enero del 2020 hasta septiembre del 2022 la Alcaldía de Barranquilla, en cabeza de Jaime Pumarejo, gastó 94.600 millones de pesos en publicidad oficial. Esta cifra equivale a gastar 94 millones de pesos diarios durante dos años.

La Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Claudia López, ha invertido 81.500 millones de pesos en publicidad oficial entre enero del 2020 y septiembre del 2022. Su principal contratista es la ETB, que ha ejecutado más de 38.000 millones de pesos, es decir el 47% del gasto total de publicidad oficial.

La Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Claudia López, ha invertido 81.500 millones de pesos en publicidad oficial entre enero del 2020 y septiembre del 2022. Su principal contratista es la ETB, que ha ejecutado más de 38.000 millones de pesos, es decir el 47% del gasto total de publicidad oficial. 

Esta información contrasta con el anuncio del pasado 26 de febrero en el que la Alcaldía  indicó que el gasto hecho por la Secretaría General en medios para informar a la ciudadanía sobre inversiones de impuestos y cómo acceder a programas del distrito fue de 18.000 millones de pesos entre 2020 y 2022. No obstante, esta información es engañosa, pues según ha podido constatar la FLIP, en 81 contratos celebrados entre enero del 2020 y septiembre del 2022, la Alcaldía gastó 81.000 millones de pesos en publicidad oficial, un presupuesto que equivale a gastar 74 millones de pesos al día o con el que se podrían construir más de dos megacolegios en la capital. Es decir, a la cifra que reportó la Alcaldía le falta la información del gasto en publicidad oficial hecho por otras dependencias. 

De acuerdo con nuestra investigación, hay tres contratistas que ejecutaron más de la mitad de los recursos disponibles para pauta oficial. Primero está la ETB, que gastó 38.692 millones de pesos, un equivalente al 47% del presupuesto de publicidad oficial, y que además no entregó información de los contratos argumentando una supuesta reserva comercial. En segundo lugar está Canal Capital que celebró contratos por 5.825 millones de pesos, lo que representa un 7,15% del total del dinero destinado para pauta oficial. Luego le sigue la empresa El color de tus ideas, que ejecutó un contrato con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) por un valor de 2.000 millones de pesos, lo que equivale al 2,50% del total de recursos. 

La lista de las entidades que más gastaron dinero la encabezan la Secretaría General y la Consejería de Comunicaciones, con 23.225 millones de pesos. Después, está la Secretaría Distrital de Movilidad que invirtió 14.290 millones de pesos en pauta. Y en tercer lugar está la Secretaría Distrital de Salud que realizó un gasto 6.074 millones de pesos.

De igual forma, encontramos que el distrito no reportó la información completa sobre el gasto de publicidad en las redes sociales, un canal mediante el que cada vez más se comparte pauta oficial. De las 64 entidades que nos entregaron información sólo veinte indicaron un rubro para las redes sociales, las otras 44 omitieron la respuesta. Con los contratos analizados podemos concluir que la Alcaldía ha destinado, al menos, 3,700 millones de pesos en publicidad en redes sociales y la entidad que más presupuesto gastó fue la Consejería de Comunicaciones, con 879 millones de pesos en dos años.

Al realizar esta investigación quedaron en evidencia los problemas de acceso a la información que tiene el distrito. Al hacer solicitudes de información a través de la plataforma “Bogotá Te Escucha” no hubo una respuesta unificada sobre la contratación de publicidad de la Alcaldía, lo que dispersa la entrega de la información. Por ejemplo, si un ciudadano pregunta cuánto dinero gasta la Alcaldía en publicidad, no tendrá una respuesta completa. Cada dependencia podrá enviar una respuesta por separado. Al final, quien esté interesado no podrá identificar si todas las respuestas están consolidadas y mucho menos el monto de toda la operación. La dispersión de las respuestas produce confusión e impide tener un panorama claro de lo que pasa con la publicidad oficial.

La Alcaldía de Claudia López no ha escatimado en el gasto de publicidad oficial y se ha acercado a la misma cantidad de dinero utilizado por los gobiernos anteriores, a quienes criticó en el pasado. Además, su apuesta por un gobierno abierto todavía está lejos de cumplirse, al menos en lo que se refiere a poner a disposición de la ciudadanía la información sobre cuánto les cuesta su estrategia de comunicaciones.

Metodología

Para realizar esta investigación, enviamos derechos de petición a la Alcaldía Mayor de Bogotá entre mayo y septiembre del 2022, en ellos se consultó por la contratación de publicidad oficial en las vigencias 2020, 2021 y 2022. Adicionalmente, buscamos los contratos en las plataformas y sistemas de contratación de las entidades estatales como Secop I, Secop II y Secop Integrado. Además, revisamos las cláusulas de contratación, gastos de inversión, modalidad de contratación e informes de ejecución de los contratos. Finalmente se compilaron los reportes de las 64 entidades de la Alcaldía.

El informe de Pauta Visible se compone por tres secciones: generalidades, contratación por entidades y discriminación de contratos reportados. En la primera se presentan las conclusiones de la presente investigación, luego se compila la información suministrada por las entidades distritales y finalmente se detallan los 81 contratos celebrados por la Alcaldía Mayor de Bogotá para publicidad oficial. 

Desde la FLIP seguiremos investigando cuál es el gasto de la  publicidad oficial en otras entidades públicas. El acceso a este tipo de información es un derecho que contribuye a velar por la transparencia de las instituciones.

Los soportes de nuestra investigación los encuentras acá.

***Actualización 14 de marzo del 2023

A través de una comunicación oficial el 14 de marzo del 2023, el IDRD aclaró que el Contrato IDRD-SG-SASI-010-2020, con el contratista El Color de Tus Ideas, no se ejecutó en su totalidad, dando como resultado liberación de recursos. El IDRD informó que la cuantía pagada en el marco del contrato es de $1.634.222.071. Además, la entidad señaló que el contrato y sus soportes ya está publicado en Secop II.

Conversemos sobre libertad de prensa y de expresión en Colombia

Tendremos una conversación acerca del gasto de publicidad oficial de alcaldías, gobernaciones y otras entidades estatales. Además, les presentaremos el segundo capítulo de La pantalla del presidente: Duque y la pauta. 

Invitamos a Ana Cristina Restrepo, periodista y columnista; Guillermo Franco, estratega en dirección e innovación de medios digitales; María Paula Martínez, coordinadora de la alianza Proyecto Antonio Nariño; y Jonathan Bock Ruiz, subdirector ejecutivo de la FLIP.

Los esperamos el próximo jueves, 10 de septiembre, a las 5:00 p.m..

Nos reuniremos por Zoom Webinar.

Deben registrarse para asistir y participar del conversatorio: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_V0ucfRj9TNyZAj09K3Lw2Q

¡Los esperamos!

Junto a la Misión de Observación electoral hicimos una investigación en la que encontramos que la tendencia de la publicidad oficial de las admistraciones locales es en gran medida de autopromoción.

Por esta razón y teniendo en cuenta la situación actual que atravesamos por el Coronavirus, y la forma en que éste ha afectado a los medios de comunicación, la FLIP hace las siguientes recomendaciones para la probación de piezas publicitarias. 

1. El eslogan de la administración no debe ser el contenido principal de la pieza.

2. El contenido de la campaña debe ser claro, con información de interés y utilidad para la ciudadanía. Por ejemplo: consejos de autoprotección, información sobre ayudas e información actualizada de la pandemia.

3. La campaña debe estar enfocada en mitigar la crisis del Covid-19, no debe hacer mención a ningún funcionario o servidor público. Tampoco debe resaltar a partidos o movimientos afines a la administración.

4. El objetivo es mitigar los efectos del Covid-19, la campaña no debe atacar a voces opositoras del gobierno u otras administraciones.

5. La campaña no debe centrarse en promocionar la la gestión de un gobierno. Esta situación excepcional no debe ser un pretexto para la autopromoción.

En 2018 la violencia contra la prensa recrudeció. Desde que la FLIP lleva un registro amplio de los ataques a la prensa, nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra periodistas. El fenómeno de violencia ha cambiado y aunque cada vez es menos letal, los  ataques van en aumento, este año fueron 477, incluidos tres asesinatos.

Los agresores y las formas de censura son cada vez más diversas: actores ilegales que amenazan, secuestran y asesinan; funcionarios que obstruyen, estigmatizan y usan el aparato judicial para censurar; una fuerza pública que agrede y detiene ilegalmente, particulares que usan las redes sociales para acosar y amenazar; y un Estado que desprotege, no investiga y no garantiza justicia.

El secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del Frente Óliver Sinisterra enlutó al periodismo latinoamericano. Además, dejó en evidencia la indolencia de los Estados colombiano y ecuatoriano frente a un crimen atroz. A pesar de los avances de la Fiscalía colombiana en la captura de algunos implicados, los Estados no han aportado verdad y se han enfocado en evadir responsabilidades.

Las 200 amenazas contra periodistas en el 2018 encendieron las alarmas de la FLIP, de las autoridades nacionales y de embajadas y organizaciones internacionales que se manifestaron públicamente. En regiones como el Catatumbo, Tolima o Putumayo las amenazas incrementaron ostensiblemente y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.  

El programa de protección a periodistas del gobierno ha contribuído a la reducción de asesinatos, sin embargo, muestra sus limitaciones a la hora de implementar esquemas efectivos, preventivos y que tengan en cuenta medidas diferenciales.  El Ministerio del Interior comenzó a implementar su Programa de Acción Oportuna y será el 2019 el año para evaluar los primeros resultados.

AQUÍ PUEDE NAVEGAR POR EL INFORME "PRENSA ACORRALADA: UN JUEGO DE VIOLENTOS Y PODEROSOS"

El 2018 demostró que los funcionarios públicos y los líderes políticos no se han interesado en garantizar un desarrollo del trabajo periodístico. Incluso, hay casos en los que algunos parecen considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un pilar fundamental de la democracia. El discurso público de líderes de filiación política diversa y autoridades en ejercicio han consolidado un clima de permisividad y justificación a los ataques contra la prensa.

En el 2018 se presentaron ocho proyectos de ley que pueden ser restrictivos al derecho a la libertad de expresión: controlar el uso de las redes sociales, revivir la tarjeta profesional, censurar contenido legítimo acusándolo de “íntimo”, bloquear contenidos en internet; establecen más riesgos para un ejercicio del periodismo libre. A esta lista se debe sumar la promoción del proyecto de ley TIC que otorga un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio y castigue a sus operadores.

Por otro lado, es importante destacar algunos avances en asuntos de justicia. Se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad de expresión en Colombia y se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de diez años sin resolverse. Sin embargo, estos avances contrastan con los niveles de impunidad que se mantienen.

La Fiscalía designó a un fiscal especializado para investigar las amenazas en Bogotá y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de algunas amenazas en otras partes del país. Además, implementó una línea telefónica única para la atención de amenazas. Como consecuencia de estos avances, varias personas han sido vinculadas a las investigaciones de la Fiscalía como posibles autores de estos delitos

Sin embargo, algunos de los casos más representativos en cuanto a violencia contra periodistas han sido objeto de dilaciones y retrocesos que obstaculizan seriamente la obtención de justicia. Incluso, se ha dejado en libertad a implicados en crímenes como tortura psicológica y secuestro a periodistas.

Por otra parte, algunas entidades públicas y funcionarios de elección popular han utilizado la pauta oficial para influir directamente en los contenidos de los medios de comunicación. La discreción en la asignación, la injerencia en las líneas editoriales y el autobombo son algunos patrones en el uso de la pauta oficial.

Esta realidad se presenta de cara al aniversario 20 de la muerte de Jaime Garzón. Este año representa grandes retos para que la memoria de Garzón se vea reflejada en una ciudadanía con más herramientas para debatir sobre asuntos de interés público.

En Colombia la mitad de los municipios no tienen medios de comunicación que publiquen informativos locales, lugares donde viven más de nueve millones de personas. Bajo este panorama, las autoridades, la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos un reto muy grande no solo para enfrentar la violencia y la censura que se vive actualmente en el país, sino también para impulsar proyectos periodísticos en esa parte del país que vive en desiertos de información.

Aquí puede descargar el informe en PDF.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- publica esta carta donde hace mención a la metodología utilizada en toda la serie Pauta Visible. Después de la publicación de el capítulo “Fico: el alcalde vanidoso”, han surgido varias preguntas en la ciudadanía y la Alcaldía de Medellín acerca de cómo se llegó a la cifra de 130 mil millones de pesos.

En la carta que puede ver en línea aquí, se detallan los pasos realizados en todas las investigaciones de Pauta Visible. Además, se da explica por qué se incluyeron cifras de eventos y programas institucionales en el capítulo dedicado a la Alcaldía de Medellín.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lleva varios años investigando la inversión de la pauta oficial en distintas entidades públicas del país. La evidencia, luego de entrevistas a periodistas y funcionarios, grupos focales, investigaciones y denuncias, muestra que en muchos casos la publicidad oficial se usa como un mecanismo de censura indirecta que castiga a los críticos y premia a quienes callan.

A los periodistas de la emisora Frontera Stereo de Maicao (La Guajira) se les prohibió pronunciarse de cualquier manera sobre del alcalde del municipio, José Carlos Molina, y sobre los aspirantes a ciertos cargos de elección popular, así como hacer publicaciones negativas sobre entidades estatales (Policía Nacional, Fiscalía, etc.) y sobre algunas empresas de servicios públicos locales. Lo anterior se conoció luego de que se hiciera pública una carta del 13 de junio en la que Edwin Montiel, director artístico de la emisora, informara a Harvey Cuesta, periodista y director informativo, que tales determinaciones habían sido adoptadas por el cuerpo administrativo de la misma emisora.

En concepto de la FLIP, esta prohibición constituye censura. No es aceptable que un medio de comunicación, menos una emisora de interés público, imponga este tipo de restricciones absolutas a sus periodistas. Vetar del debate público personajes o temas que generan controversia y crítica en el municipio no sólo es una vulneración de la libertad de prensa de los periodistas, sino también del derecho de las audiencias a informarse sobre temas del mayor interés público.

La orden resulta aún más alarmante si se considera que en Macaio, un municipio con cerca de doscientos mil habitantes, sólo existen dos emisoras: Frontera, emisora de interés público asignada a la Institución Educativa Rural # 1 de Maicao (sede Limoncito), y Olímpica Estéreo, una emisora comercial dedicada principalmente al entretenimiento. En la práctica, ello llevaría a que se silenciara uno de los pocos espacios de información sobre asuntos locales en Maicao.

La FLIP se comunicó con Edwin Montiel, quien dijo que la carta no respondió a que la emisora recibiera ningún tipo de presión. Según Montiel, lo que se busca con la medida es evitar que sus periodistas se involucren en política desde la emisora, ya que las emisoras de interés público tienen prohibido por ley participar en política. Además, buscan que sus periodistas tengan un rol de mediador entre las denuncias de los ciudadanos y las entidades públicas y prestadoras de servicios públicos, más que uno que avive la discusión entre ellos.

Al responderle que no es lo mismo hacer política que informar sobre la política, Montiel reconoció que la emisora había cometido un error en los términos en los que redactó la comunicación.

Es importante resaltar que las denuncias relacionadas con las acciones de los funcionarios locales, como el alcalde Molina, o con la prestación del servicio de energía, son asuntos de interés público que han sido considerados tanto por la Corte Constitucional como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como discursos especialmente protegidos¹.

Es por esto que la FLIP hace una llamado a los directivos de Frontera Stereo para que reconozcan públicamente este error y para que levanten el veto que afecta la libre circulación de información de interés público, teniendo en cuenta su función como garante de la libertad de expresión y la responsabilidad social que le asigna la constitución. Además, pide que no se tomen medidas contra ningún periodista de la emisora, en represalia por haber hecho estas legítimas denuncias.

¹ "_{Dentro del rango de tipos de discursos protegidos por la libertad de expresión en sentido estricto, el mayor grado de protección se provee al discurso político, al debate sobre asuntos de interés público, y a los discursos que constituyen un ejercicio directo e inmediato de derechos fundamentales adicionales que se vinculan necesariamente a la libertad de expresión para poder materializarse. Las expresiones de contenido político, o que contribuyen al debate abierto sobre asuntos de interés público o general, reciben –y han recibido tradicionalmente- un nivel especialmente alto de protección constitucional frente a todo tipo de regulación". (Corte Constitucional, sentencia T-391 de 2007).}

El Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la FLIP anuncia el lanzamiento de Pautavisible.org, una herramienta para facilitar el acceso a información sobre los contratos que celebran las entidades públicas con los medios de comunicación.

Como punto de partida, el portal ofrecerá información de más de 427 contratos que en su conjunto tienen un valor superior a los ciento cuarenta mil millones de pesos; suscritos por 41 entidades públicas a nivel nacional y local, a lo largo del 2016 y el primer semestre del 2017. Pauta Visible hace el seguimiento a los objetos de los contratos, así como quienes lo celebran y los criterios de selección, entre otros datos.

Este micrositio se suma al trabajo que adelanta la FLIP hace más de diez años, cuando la Fundación inició las primeras investigaciones sobre el tema y se empezaban a discutir las presiones de entidades estatales sobre los medios a partir de la pauta como un mecanismo de censura indirecta. A lo largo de esta década hemos documentado y alertado sobre la forma en la que las entidades públicas adjudican los contratos de publicidad oficial en Colombia y su impacto en la libertad de expresión a nivel nacional y local.

Vea el libro País lejano y silenciado

Vea el multimedia Fuera del aire

Este fenómeno ha desnaturalizado el propósito esencial de este tipo de publicidad: servir de canal de comunicación entre los organismos públicos y la ciudadanía sobre asuntos que a ésta última le interesan, como emergencias, campañas, subsidios o el acceso a derechos y servicios.

Los excesos y abusos que se cometen en la asignación de la publicidad oficial afectan a la libertad de prensa de manera generalizada en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. En 2003, esta problemática fue denunciada como una forma de censura indirecta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Desde entonces, organizaciones de libertad de prensa han reclamado atención pública sobre este asunto y han adelantado propuestas para revertir el efecto que esto tiene sobre el trabajo periodístico y el derecho a la información de los ciudadanos. Al respecto, un importante hito ocurrió en México días atrás, cuando La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto con el que se obliga al Congreso mexicano a regular la publicidad oficial para evitar restricciones indirectas en el ejercicio periodístico.

Infortunadamente, el marco normativo y las prácticas colombianas en la asignación de publicidad privilegian la discresionalidad del sector público. Esta tradición no contempla principios de Libertad de Expresión, ni cuenta con mecanismos de denuncia cuando se presentan presiones ilegales y de censura en los contenidos.

El análisis de la información recogida por Pauta Visible permite establecer, al menos, seis patrones que contaminan la adjudicación de la pauta:

1) Existe un incumplimiento generalizado por parte de las entidades públicas frente a las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2) En la amplia mayoría de los casos no existen criterios específicos y técnicos para la selección de contratistas.

3) Los objetos de los contratos no corresponden al objeto natural de la publicidad oficial.

4) Las entidades de Control no tienen herramientas para establecer si la asignación de publicidad oficial vulnera los estándares de libertad de expresión.

5) Los recursos de la publicidad oficial se ejecutan en buena medida por intermediarios, aumentando los costos para las entidades y generando opacidad sobre estos contratos.

6) La presión de estos contratos genera un impacto indirecto: la cultura de la autocensura.

La FLIP hace un llamado al Gobierno colombiano y a las entidades de control para que en materia de libertad de expresión prioricen esta problemática, a partir de un amplio debate nacional con los distintos actores del sector.

Este es un desafío de la democracia en Colombia que nos compete a todos, muestra de ello es que sectores tan opuestos en la deliberación pública coincidan en que debe ser abordado. Durante la pasada legislatura cursó un proyecto de ley del Centro Democrático que finalmente se archivó. El próximo escenario de discusión parece ser la implementación del punto 2 del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC donde se plantea la regulación de la publicidad oficial. Con Pautavisible.org la FLIP espera aportar insumos para impedir que la publicidad oficial sea utilizada como un mecanismo de censura.