Censura, violencia y estigmatización: amenazas a la prensa libre en Colombia
Desde la FLIP reiteramos que la censura, en todas sus formas, representa una vulneración directa y un retroceso para la libertad de expresión y de prensa. La pérdida de voces periodísticas, ya sea por presiones externas, ataques violentos o autocensura, no solo es lamentable sino alarmante: evidencia el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo, empobrece el debate público, limita la información que reciben las audiencias y debilita la democracia. En un contexto marcado por la polarización, la violencia y los señalamientos constantes, es preocupante que, en lugar de garantizar un ejercicio periodístico independiente y libre, se multipliquen los obstáculos que buscan silenciarlo.
Estas diferentes caras de la censura no son hechos aislados, reflejan un problema estructural que amenaza gravemente el periodismo en Colombia. El 2024 marcó un récord negativo: fue el año más violento de la década para la prensa en el país. Documentamos 530 agresiones contra la prensa, que incluyeron 220 amenazas y tres asesinatos de periodistas por razones vinculadas a su oficio. Mientras, este año, entre el 1 de enero y el 4 de agosto de 2025, hemos registrado 285 ataques contra la prensa, en los que se incluye un asesinato y nueve desplazamientos forzados. La violencia más álgida contra la prensa la reciben los y las periodistas locales, quienes se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad y desprotección.
Estas violencias requieren respuestas urgentes, coordinadas y proporcionales por parte del Estado colombiano. Ante esta evidente necesidad de protección, resulta preocupante que, lejos de garantizar el trabajo periodístico, algunas personas de interés público con capacidad de incidencia agredan a la prensa. Desde la FLIP hemos denunciado los constantes ataques, descalificaciones y discursos estigmatizantes que algunos funcionarios han emitido en escenarios físicos y digitales contra periodistas o que cuestionan y desacreditan el rol que tienen los medios de comunicación. En estos tres años de gobierno de Gustavo Petro, el jefe de estado ha sido protagonista de múltiples ataques a medios y periodistas. El presidente ha calificado a la prensa como “periodismo Mossad”, ha llamado “muñecas de la mafia” a las mujeres periodistas y, recientemente, ha comparado el rol de los medios con hechos históricos tan graves como el genocidio de Ruanda o el Holocausto. Por esta, y otras circunstancias de estigmatización reiteradas por parte de los funcionarios del gobierno central en contra de la prensa, en septiembre de 2024 presentamos junto con El Veinte una tutela, con el objetivo de que la Corte Constitucional pueda definir la influencia del Presidente de la República en los discursos estigmatizantes contra la prensa a través de redes sociales.
Es preocupante observar que estos mensajes son replicados por parte de servidores de alto nivel del gobierno, pues evidencia que no se trata de pronunciamientos esporádicos sino de una estrategia para estigmatizar a los medios de comunicación, debilitando el debate democrático y buscando acallar las voces críticas al poder. Por ejemplo, el pasado director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, afirmó en un video que existe una campaña de gobierno de desprestigio en contra de los medios tradicionales o el actual jefe de gabinete, Alfredo Saade, —funcionario que lleva un poco más de un mes en el gobierno—, ha hablado de un “periodismo arrodillado que debe ser controlado” y ha puesto sobre el debate público la necesidad de cerrar medios de comunicación.
Recientemente, el presidente de la República responsabilizó a la prensa de ser generadora de odio y plantea la posibilidad de liquidar contratos de licencia al espectro electromagnético con medios de comunicación que, a su juicio, “violan la Constitución”, evidencia que desde el gobierno se están considerando estrategias que podrían derivar en mecanismos de censura. Estas afirmaciones resultan especialmente preocupantes cuando se insinúa que el ejercicio periodístico puede ser objeto de represalias contractuales por sus líneas editoriales o por cuestionar al poder. La censura indirecta se manifiesta precisamente a través de este tipo de prácticas: regulaciones, controles o medidas que, sin prohibir abiertamente la expresión, generan un entorno que restringe o desincentiva la libre circulación de opiniones y contenidos.
Este ambiente hostil contra la prensa es generalizado y proviene de diversas orillas políticas. Ayer, 4 de agosto, el hijo del expresidente Álvaro Uribe señaló al periodista Daniel Coronell, quien ha dado seguimiento al proceso judicial en contra el ex mandatario, como “jefe de las FARC”, además de acusarlo de intimidar jueces y fiscales. Este tipo de discursos estigmatizantes no solo ponen en riesgo la integridad de los periodistas, sino que buscan deslegitimar investigaciones rigurosas y desincentivar la vigilancia ciudadana sobre el poder político y judicial.
Ante este panorama de agresiones reiteradas, la autocensura se ha convertido en una de las reacciones y mecanismos más comunes de protección que incluso abarcan la renuncia al periodismo. Un ejemplo reciente es el de Paola Herrera quien, hoy 5 de agosto, anunció su retiro del periodismo luego de enfrentar una campaña de estigmatización, hostigamiento sistemático y ataques personales a través de redes sociales, como consecuencia de su labor periodística. Tal decisión confirma los riesgos diferenciales que enfrentan las mujeres periodistas, como lo reconoció la Corte en su sentencia T-087 de 2023, y, a su vez, refleja un profundo desgaste profesional y emocional, derivado por la indiferencia institucional y la falta de medidas efectivas de protección.
Algo similar ocurre en varias regiones del país que son permeadas por la violencia y la ausencia de medidas oportunas y contundentes ante las agresiones. Varias y varios periodistas, que por razones de seguridad prefieren mantener su anonimato, comentan que se han visto obligados a limitar sus agendas informativas, cerrar sus programas o medios y abandonar sus lugares de trabajo. En febrero de este año, denunciamos la situación de seguridad de Edward Fabián Álvarez, de La Chiva de Urabá, quien recibió amenazas de muerte en redes sociales y como consecuencia, tuvo que desplazarse de la subregión del Urabá antioqueño.
La defensa del periodismo no puede construirse desde el silencio. Es un deber colectivo que exige rechazar cualquier forma de censura y garantizar el derecho a una información libre, crítica y plural. Este compromiso inicia con el reconocimiento del valor del periodismo, pero también requiere que el Estado asuma su responsabilidad de manera íntegra: proteja a quienes están en riesgo por su labor informativa, adopte medidas de prevención y no solo de reacción ante las violencias, y se abstenga de estigmatizar, promover y legitimar agresiones contra la prensa.
Proteger el periodismo no es solo una responsabilidad del Estado: es una tarea colectiva que interpela a toda la sociedad. Implica rechazar con contundencia cualquier forma de censura, exigir garantías reales para el ejercicio informativo y reconocer el valor del periodismo en la construcción de una democracia plural y participativa.
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