Para proteger el ejercicio independiente del periodismo es esencial que las autoridades no utilicen sus influencias para presionar las líneas editoriales y excluir a sus críticos, en particular cuando se trata de medios públicos. Es indispensable que el Estado, en todas sus instancias, se abstenga de influir indebidamente en la administración de los medios públicos y se respete su independencia, sin discriminación.

La FLIP expresa su preocupación por la censura indirecta que existe para los y las periodistas que están cubriendo el retorno de los desplazados en el municipio de Ituango, Antioquia. Más de 4.000 personas han sido forzadas a salir de la región, debido a las amenazas e intimidación ejercida por grupos ilegales al margen de la ley. Un problema mayor que señalan los y las periodistas es la falta de acceso a la información en terreno por parte de las autoridades así como un trato hostil por parte de funcionarios públicos. 

Preocupa particularmente que algunos periodistas han señalado obstrucciones al cubrimiento por parte de integrantes del Ejército Nacional, sin que exista alguna  explicación clara sobre los motivos para impedir el registro fotográfico o fílmico por parte de la prensa. Sumado a esto, se ha evidenciado un temor por parte de la comunidad para entregar sus testimonios a periodistas que han estado realizando los cubrimientos por la situación de orden público. 

Al respecto, alertamos que el cubrimiento sobre el desplazamiento en Ituango es de alta relevancia nacional y es prioritario establecer los mecanismos necesarios para fomentar su registro -que servirá de testimonio- y mayor transparencia, en lugar de restringirlo. El cubrimiento en terreno debe ser garantizado porque aporta al debate público, ya que permite visibilizar de primera mano lo que ocurre con aquellos afectados en contraste con lo señalado por la información oficial.  

Periodistas en territorio -cuya identidad protegemos por seguridad- han denunciado que las autoridades locales y la fuerza pública no han implementado medidas de prevención y acompañamiento. Hasta ahora no conocemos que se haya establecido un mecanismo conjunto entre Policía, Defensoría y Procuraduría para hacer el acompañamiento a la prensa en el municipio y proporcionar las condiciones de seguridad necesarias para que se haga el cubrimiento, a pesar de que la Defensoría ha emitido una alerta de seguridad en la zona. Esta articulación es indispensable en un contexto tan complejo, de alto riesgo y vulnerabilidad para los periodistas, quienes deben enfrentar el peligro que supone la presencia de grupos armados y su interés por silenciar lo que está ocurriendo. 

Frente a ello, la Corte IDH y la Corte Constitucional han sido insistentes en el deber que tienen las autoridades estatales de garantizar las condiciones de protección a la vida e integridad de las personas que ejercen el oficio periodístico cuando existe un riesgo especial. Este debe ser evaluado a la luz del contexto existente en el país y puede surgir por factores tales como el tipo de hechos que los periodistas cubren, el interés público de la información que difunden o la zona a la que deben acceder para cumplir con su labor, así como [por] amenazas en relación con la difusión de esa información o por denunciar o impulsar la investigación de violaciones que sufrieron o de las que se enteraron en el ejercicio de su profesión.

Frente a esta situación, la FLIP solicita a:

1. La Alcaldía local que se articule con las demás instituciones locales e incluya a la prensa en las medidas de protección que se discuten en los consejos de seguridad y demás mecanismos dispuestos para atender la crisis.
   
   
2. La Defensoría del Pueblo Regional Antioquia que haga una evaluación integral sobre la situación específica de la prensa en la región y adopte mecanismos especiales de acompañamiento para que se garanticen las condiciones para el cubrimiento en terreno.
   
   
3. Al Ministerio de Defensa y al Comandante del Ejército Nacional emitir una directriz clara sobre las obligación de proteger y garantizar el ejercicio periodístico en el territorio. 
   
   
4. La Procuraduría regional para que investigue los reportes de restricciones a la libertad de prensa por parte de funcionarios públicos en la zona.
   
   
5. La Procuraduría General de la Nación para que promueva la publicidad activa y la garantía del derecho al acceso a la información como estrategia para fomentar mayor transparencia sobre la situación de derechos humanos en Ituango. 

El acoso judicial es una estrategia de censura y desestimulación del ejercicio investigativo que cada vez se vuelve más común en Colombia. Ciertas personas hacen uso injustificado de herramientas jurídicas para intimidar a los periodistas y así silenciarlos. Se trata, por lo general, de denuncias penales por injuria o calumnia, y tutelas. 

Cualquier ciudadano tiene el derecho de denunciar cuando es víctima de algún delito o de interponer una tutela cuando sus derechos fundamentales están siendo violados. El problema ocurre cuando se utilizan estas herramientas con el fin de intimidar a los periodistas para que no investiguen ciertos temas, para evitar que publiquen alguna información o para que eliminen lo publicado.  

El acoso judicial es una forma de intimidación a periodistas que usualmente publican opiniones o información que incomodan a personajes públicos con poder. En estos casos, aunque el periodista sea diligente y las publicaciones respondan a un proceso investigativo, y a los principios de veracidad e imparcialidad, se les acusa de violar el derecho al buen nombre y a la intimidad de individuos públicamente reconocidos.

La victoria en este tipo de estrategias no depende de que las denuncias o tutelas fallen en contra del periodista. Detrás de la búsqueda de un fallo desfavorable para el periodista, lo que pretenden es agotarlo durante el proceso: producirle desgaste emocionalmente y hacer que incurra en un gasto de dinero para pagar un abogado que lo defienda y así desequilibrar su economía personal o familiar.

Otras consecuencias del acoso judicial es que los procesos congestionan la administración de justicia, desincentiva el debate público y afecta la libertad de prensa y el acceso de la información de la ciudadanía. Algunos periodistas por miedo al proceso o para evitar el desgaste que implica su defensa prefieren eliminar las publicaciones y suspender las investigaciones. 

Este fenómeno se ha incrementando con el pasar de los años y con las transformaciones que ha tenido la censura en el país. Si bien las cifras de casos documentados por la FLIP son un subregistro, son útiles para comprender la magnitud de esta forma de ataque a la presa. En 2017 la FLIP documentó 14 casos de acoso judicial, en 2018 la cifra subió a 38 y en 2019 llegó a los 66 casos. En especial los periodistas y medios digitales se han visto enfrentados a esta estrategia de intimidación; de los 66 casos documentados en 2019, 35 corresponden a procesos por publicaciones en páginas web, redes sociales y canales de streaming.

El recurso de rectificación es uno de los primeros pasos que se usan en el acoso judicial. Las personas que se consideren afectadas por la publicación de información que estimen falsa, inexacta, equivocada o desactualizada pueden enviar una solicitud de rectificación al medio para que se corrija lo publicado. Aunque la rectificación es un derecho fundamental garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política, en algunos casos, las solicitudes de rectificación pueden constituir un intento de censura. 

¿Qué puedo hacer si soy víctima de acoso judicial?

La FLIP atiende casos de acoso judicial contra periodistas. Además, la FLIP ha construido dos manuales para que periodistas y abogados conozcan a profundidad las garantías que cobijan al ejercicio periodístico y los pasos que pueden seguir para defenderse. 

En la guía para periodistas sobre solicitudes de rectificación y actualización se explica paso a paso cómo responder, cómo evaluar, y si es pertinente acatar o no una solicitud de rectificación, de acuerdo con las reglas establecidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Así mismo, en el manual Fuera de juicio se explica cómo actuar cuando los periodistas se enfrentan a denuncias por injuria y calumnia, a procesos de responsabilidad civil y a acciones de tutela. 

Acoso judicial desde altas esferas del poder

Uno de los casos más polémicos de acoso judicial durante el 2019 fue el del periodista Juan Pablo Barrientos, con su libro Dejad que los niños vengan a mí. En una semana recibió cuatro acciones de tutela y una denuncia penal por parte de miembros de la Iglesia católica vinculados a delitos sexuales contra menores. Dos jueces accedieron a las peticiones y ordenaron suspender la reproducción, comercialización y venta del libro.

El abogado Abelardo De La Espriella también se ha especializado en esta estrategia. Durante el 2019 se documentaron cinco casos contra periodistas que dieron declaraciones públicas sobre él, y que le incomodaron. 

Si usted está siendo víctima de acoso judicial, no dude en contactar a la FLIP a través de este formulario https://flip.org.co/index.php/es/acoso-judicial o escribiendo por Whatsapp al: +57 320 231 1308

A propósito de las recientes declaraciones de Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, que contribuyen a generar un ambiente adverso para el desarrollo de la labor periodística en la ciudad, la FLIP hace pública la siguiente carta.

Lea aquí la carta dirigida al alcalde de Ibagué.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lleva varios años investigando la inversión de la pauta oficial en distintas entidades públicas del país. La evidencia, luego de entrevistas a periodistas y funcionarios, grupos focales, investigaciones y denuncias, muestra que en muchos casos la publicidad oficial se usa como un mecanismo de censura indirecta que castiga a los críticos y premia a quienes callan.