Un reflejo del miedo vivido en décadas pasadas se ha instaurado en el cuerpo de centenares de periodistas en todo el país. Desde Arauquita, en los bordes con Venezuela en el departamento de Arauca, hasta el sur en Samaniego, Nariño. Las cifras, el modus operandi, los nuevos actores con viejas y crueles tácticas se repiten y los testimonios de los reporteros parecen ahogarse al no encontrar respuesta en el Estado.

Luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC, en las regiones de Colombia donde se ha vivido el conflicto se han venido presentando disputas por parte de los grupos armados en busca del dominio del negocio del narcotráfico y otras economías ilegales.

En medio de esta disputa a sangre y fuego por parte de las estructuras al margen de la ley, la prensa ha quedado acorralada en la confrontación.

En medio de esta disputa a sangre y fuego por parte de las estructuras al margen de la ley, la prensa ha quedado acorralada en la confrontación y esto se ha visto reflejado en el aumento del número de acciones violentas contra periodistas y la consolidación de zonas vedadas para el cubrimiento periodístico, que contribuye a la profundización de la autocensura. Ante esta problemática, la respuesta del Estado tanto en prevención como en protección no ha sido oportuna y las labores de las entidades encargadas de investigar los crímenes contra periodistas se enfocan en desconocer el origen del riesgo y minimizar su responsabilidad de garantizar el ejercicio periodístico en Colombia.

El 9 de mayo de 2019 en el municipio de Arauquita dos desconocidos le dispararon en siete ocasiones al realizador audiovisual Mauricio Lezama, mientras él y su equipo se encontraban desarrollando un casting para su próximo cortometraje que se titularía Mayo. El relato, que no pudo terminarse, quería contar la historia de Mayo Villarreal, una enfermera militante de la Unión Patriótica (UP) en Arauca, quien sobrevivió a un atentado a finales de los ochenta. La convocatoria para la prueba de actuación se había difundido a través de emisoras del departamento y esto, según distintos testimonios, alertó a los asesinos.

Un mes después, el 11 de junio, en el área urbana de Samaniego fue asesinado Libardo Montenegro, reportero comunitario que trabajaba para la emisora Samaniego Stereo y que, luego de la firma del Acuerdo de Paz, informaba sobre su implementación en el departamento. El periodista entrevistó a varias víctimas del conflicto armado en su región y, para los días en los que ocurrió el crimen, se encontraba convocando a una manifestación para rechazar la violencia que se venía presentando en Samaniego. Los mensajes que se difundieron a través de la emisora para invitar a la gente a esta manifestación estaban grabados con la voz de Montenegro. “Sin duda, su voz era inconfundible y era la mejor voz del municipio”, cuenta uno de los colegas del periodista.

El mensaje que enviaron sus asesinos con estos crímenes tuvo un efecto inmediato entre los periodistas y otros colectivos en estas regiones. El asesinato de Montenegro, por ejemplo, profundizó el temor que enfrentan los reporteros del municipio, donde además de la escasa oferta informativa, sienten miedo de hacer reportería en medio de la confrontación de los actores armados por el dominio territorial. “Aquí solo hay dos medios: el canal comunitario y la emisora comunitaria, entonces uno sabe que no puede hacer ninguna denuncia porque inmediatamente van a saber quién fue”, asegura uno de los periodistas del municipio, quien prefirió mantener su nombre en reserva.

En el caso de Lezama, su homicidio desnudó la fragilidad institucional y el control sobre el territorio que tienen los actores armados. El fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la reorganización de las disidencias de las Farc han aumentado las intimidaciones contra la vida de los periodistas: “Desde la capital es más fácil informar, pero los periodistas de los otros seis municipios están más expuestos a esos grupos armados y por eso no se atreven a denunciar”, explica uno de los reporteros de Arauca.

“Los periodistas de la región del Sarare, por ejemplo, publican algunas cosas, pero las denuncias sobre temas de orden público nos la envían a los periodistas de Arauca para que nosotros las difundamos. Eso es normal para sobrevivir”, manifiesta Carmen Rosa Pabón, periodista del departamento. Arauca es uno de los departamentos con el mayor incremento de hechos violentos contra la prensa luego de la firma del Acuerdo de Paz. En el 2017 la FLIP registró nueve ataques contra medios y periodistas; en el 2018 se documentaron 17 casos; y en el 2019 la cifra ascendió a 26.

LA PEOR AMENAZA CONTRA LA PRENSA VUELVE A ATACAR

En los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Valle del Cauca y Chocó las disidencias de las FARC, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Cartel mexicano de Sinaloa se disputan el control de las tierras fértiles para los cultivos de uso ilícito y las rutas para la exportación de base de coca a través de la frontera con Ecuador y el océano Pacífico.

La región sur del país ha sido el rostro de la violencia implacable contra la prensa. De los últimos cinco asesinatos contra periodistas en el país, cuatro ocurrieron en Nariño: en abril de 2018 el Frente Óliver Sinisterra asesinó a tres periodistas del diario El Comercio de Ecuador y en junio de 2019 fue asesinado Libardo Montenegro. “El secuestro y asesinato de los periodistas ecuatorianos representa una fractura para el periodismo en la región porque luego de la firma de los acuerdos de paz los medios querían saber quién era ‘Guacho’, pero ahora nadie quiere hacer cubrimiento porque fue evidente que no hay ninguna fuerza colombiana que pueda garantizar la labor periodística en la zona”, asegura Natalia Cabrera, reportera que tuvo que desplazarse del departamento por amenazas contra su vida y su familia.

Además de los asesinatos, durante 2019 la FLIP registró ocho amenazas y dos hostigamientos contra periodistas en Nariño. Estos ataques ocurrieron como respuesta al cubrimiento de temas de orden público, economías ilegales y las denuncias sobre irregularidades en la campaña electoral.

En los últimos meses del año, Caracol Televisión tomó la decisión de no volver a enviar a sus reporteros y dejar de cubrir lo que ocurría en el norte del Cauca, específicamente en los municipios de Caloto, Santander de Quilichao, Toribío, Corinto y Miranda: “Allá la gente no habla con la prensa porque saben que no pueden exponer su vida y uno como periodista tampoco tiene cómo ofrecerles garantías”, explicó Eduardo Manzano, uno de los reporteros del canal que tuvo que dejar el país por las constantes amenazas en su contra.

Para los periodistas el poder de los grupos armados no se limita al control de algunas regiones que suelen considerarse altamente riesgosas. Por el contrario, consideran que los grupos armados tienen dominio sobre extensos corredores de la geografía colombiana que les permite trasegar entre la producción y las vías estratégicas para el narcotráfico en toda la región del sur y el pacífico colombiano. La denuncia sobre esta problemática ha sido la principal razón para censurar a la prensa: “El Cartel de Sinaloa, por ejemplo, aterriza en Tumaco pero su accionar llega hasta el Cauca y el sur del Valle del Cauca porque para los grupos armados los límites territoriales como nosotros los entendemos no existen (...) las conexiones entre departamentos muchas veces las hacen a través de las montañas”, aseguró Cabrera. Por su parte, Manzano considera que la disputa de los territorios por parte de los grupos armados en esta región es estratégica para llegar al pacífico por el Valle del Cauca: “Jamundí comunica con el municipio de Suárez en Cauca, que es clave para llegar al Naya y, luego, trasladarse vía fluvial hasta Buenaventura para controlar el tráfico de droga y de armas”.

La extensión del dominio para controlar estos corredores estratégicos llega, incluso, a regiones de Putumayo que se encuentran en la frontera con Ecuador: “Aquí en el departamento ya hay cristalizaderos de cocaína y la dejan lista para exportar. Cuando no la pueden enviar por Tumaco, la sacan por Puerto Asís a través de trochas, vía fluvial o por las mismas vías terrestres nacionales y luego la sacan por la frontera con Ecuador”, cuenta uno de los periodistas de Putumayo, quien también conoce bien vivir bajo amenazas.

LA SOSPECHOSA DISMINUCIÓN DE LOS ATAQUES CONTRA LA PRENSA: EL PRINCIPAL SÍNTOMA DE LA AUTOCENSURA

En muchas regiones de Colombia, donde los reporteros han sido víctimas de fuertes intimidaciones o han sido testigos de violencia contra sus colegas, la autocensura se convierte en una alternativa para sobrevivir. Los periodistas reconocen cuáles son los temas que los pueden poner en riesgo a ellos y a sus familias y deciden no abordarlos. Al ser un fenómeno silencioso que se adquiere como un hábito resulta difícil identificarlo y cuantificarlo. Sin embargo, existen indicios que dejan en evidencia este fenómeno.

La primera señal se presenta en regiones donde hay fuertes disputas territoriales por parte de actores armados y no se reportan ataques contra la prensa con frecuencia. Estos lugares son los más propensos para que los periodistas opten por el silencio para sobrevivir en medio de la confrontación, como es el caso de Chocó. Trece ataques en cuatro años, una cifra que resulta engañosa. Jairo Rivas, periodista del departamento, explica esta problemática: “Un ejemplo es el caso de Bojayá. Al ser una zona tan peligrosa, los periodistas llegan a ese lugar sólo cuando el presidente va, de resto informan sobre algunos hechos a la distancia y sin profundizar en otros temas más riesgosos”, y agrega: “donde hay violencia, siempre habrá restricciones para hacer periodismo”.

Situación similar, se presenta en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. En 2019 sólo se registró una amenaza contra la prensa en esta zona, donde sus habitantes viven en medio de la disputa constante por parte de las AGC y la banda de los Caparrapos por el control de las rutas del narcotráfico. Andrea Aldana, periodista antioqueña que ha hecho investigaciones en la región, explica la situación: “Los periodistas allá informan sobre hechos que son noticia, pero no hacen investigaciones a profundidad. Es una región completamente amordazada”. Luego de la última crónica que publicó la reportera sobre la sangrienta lucha de las dos organizaciones armadas por dominar el territorio, el mensaje fue claro: “mis fuentes me dijeron que por allá no me podía volver a aparecer. No necesita uno que lo amenacen directamente para saber que lo van a matar”.

El segundo escenario de la autocensura se presenta cuando hay fuertes periodos de violencia contra la prensa, pero posteriormente disminuyen drásticamente las acciones de censura sin que haya una explicación aparente o un cambio estructural determinante. En este tipo de regiones la autocensura se convierte en una lección aprendida.

En el Catatumbo, Norte de Santander, únicamente se presentaron dos ataques contra periodistas locales en 2019. Esta sospechosa disminución tiene un antecedente importante relacionado con las intimidaciones que recibieron varias emisoras locales en la región. En abril de 2018, emisoras de cinco de los once municipios que están ubicados en el Catatumbo recibieron amenazas para emitir un comunicado del EPL sobre el paro armado que pretendía imponer este grupo ilegal en la región.

Lejos de pensar que las condiciones para ejercer la labor periodística han mejorado, la razón principal por la que no se presentan ataques es que los periodistas evitan el cubrimiento de ciertos temas: “uno se abstiene de hablar sobre temas de orden público por temor. Si uno transmite alguna información sobre el EPL, inmediatamente el ELN viene a presionarlo y viceversa. Lo mismo pasa con la fuerza pública. A mí me citaron a la Fiscalía por apología a la guerrilla porque yo tuve que transmitir un comunicado del EPL”, cuenta uno de los periodistas de la región.

En regiones de Colombia, donde los reporteros han sido víctimas de intimidación o testigos de violencia contra sus colegas, la autocensura se convierte en una alternativa para sobrevivir.

LOS MENSAJES “PREGRABADOS” DEL ESTADO FRENTE A SU RESPONSABILIDAD DE PROTEGER Y GARANTIZAR JUSTICIA PARA LA PRENSA

Ante esta realidad, la respuesta de las autoridades es lenta, displicente y su discurso parece ser un guión perfectamente practicado e interiorizado por los funcionarios públicos: “A mí la UNP me notificó sobre mis medidas cuando yo ya estaba exiliado.

Además un chaleco y un botón de apoyo no eran suficientes para el nivel de riesgo que yo enfrentaba”, afirma Manzano sobre la atención del Estado frente al riesgo que enfrentaba en la región del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. (Ver el capítulo Casos destacados).

El caso de Manzano y el de los demás corresponsales de Caracol Televisión en Cali son parte de las 26 solicitudes de protección que la FLIP hizo ante la UNP para implementar medidas de protección por trámite de emergencia. A pesar de la inminencia del riesgo que la Fundación expuso en las solicitudes, la UNP únicamente hizo la implementación inmediata en tres de estas situaciones. Sin embargo, el foco del problema está en los casos que se estudian por trámite ordinario: “El Estado ha creado la instancia para valorar nuestro riesgo, pero las decisiones que se toman desde el nivel central no parecen tener relación con la necesidad urgente de proteger la vida de los periodistas”, argumenta Carmen Rosa Pabón sobre la situación en Arauca.

Luego del asesinato de Mauricio Lezama y de las denuncias sobre las múltiples acciones de violencia por parte de los grupos Armados contra defensores de derechos humanos en Arauca, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana No. 029-19, en la que el organismo solicitó “[a] la Unidad Nacional de Protección –UNP- y la Policía Nacional, revisar los esquemas de protección asignados a los líderes sociales, comunitarios, defensores de DH, dirigentes políticos, periodistas y otras personas protegidas; así mismo, verificar si las medidas asignadas son procedentes de acuerdo con la labor y actividades que ejercen, teniendo en cuenta las dinámicas del conflicto armado y la geografía del territorio”. A pesar de la inminencia de riesgo que identificó la Defensoría, los reporteros que cuentan con esquemas de protección aseguran que la UNP no cumplió con esta directriz.

Para el caso puntual de los periodistas de Caracol en Valle del Cauca y Cauca, la UNP le asignó a la Policía Metropolitana de Cali la responsabilidad de hacer rondas preventivas para mitigar su riesgo. Sin embargo, en una reunión que se realizó el 22 de septiembre de 2019 en las instalaciones de la Policía de Cali, a la que además asistieron funcionarios de la UNP y de la Defensoría del Pueblo, los periodistas afectados manifestaron que los uniformados no estaban cumpliendo con las visitas: “ellos hicieron unas primeras rondas preventivas, pero de un tiempo para acá dejaron de hacerlas y ahí sí nos sentimos completamente desprotegidos”, agrega Eduardo Manzano.

Para Natalia Cabrera la falta de diligencia por parte de los miembros de la Policía va más allá: “Las denuncias que hacen los periodistas frente a las amenazas son tomadas por la Policía como si uno se las hubiera buscado y en otras ocasiones las desestiman porque dicen que no son veraces o que están relacionadas con temas personales”.

Esta última fue precisamente la postura que asumió la institución frente al asesinato de Libardo Montenegro. Según Jhon William Peña, coronel de la Policía encargado del Comando Operativo de Seguridad Ciudadana de Nariño, el comunicador era tan sólo un locutor que se dedicaba a labores de perifoneo y descartó la labor informativa que Montenegro adelantaba en la emisora comunitaria.

Una decisión de esta naturaleza resulta contraria a la Directiva 002 de 2017 de la Fiscalía General de la Nación, que establece que, en los casos de crímenes contra defensores de derechos humanos, la entidad debe asumir como hipótesis principal de los hechos la relación con su actividad social. En este caso el reconocimiento de la actividad periodística.

En la investigación sobre el caso de Montenegro, la Fiscalía, sin mayores elementos probatorios, aseguró lo siguiente: “es factible mencionar la existencia de indicios relevantes, que infieren que las motivaciones de la conducta punible, pueden corresponder a problemas personales que ostentaba la víctima”. Para el caso de Mauricio Lezama, la situación es aún más preocupante, debido a que la Fiscalía descartó la relación del homicidio con sus tareas de difusión de información de interés general por no tener la condición de periodista: “no se maneja como hipótesis que el homicidio esté relacionado con la actividad periodística, pues la víctima no era periodista”, se lee en el escrito de la Fiscalía.

Varios periodistas no dudan en soltar frases lapidarias sobre cómo enfrentar este tipo de situaciones: “hay días en los que uno se levanta con ganas de dejar este trabajo y no exponerse más”.

 

 

MAURICIO LEZAMA

Cali, Valle del Cauca.

Mauricio Lezama era un realizador audiovisual y gestor cultural, nacido en Cali. Luego de graduarse del colegio se fue a vivir con su padre a Arauca. Sus familiares coinciden en que el gusto por el arte lo heredó de su madre y, por esta razón, desde muy joven se involucró en diferentes proyectos creativos.

Al llegar a Arauca, Lezama impulsó procesos de formación en actuación, pintura y fotografía para niños, jóvenes y comunidades indígenas de diferentes municipios del departamento. Luego, desde sus labores como gestor cultural, Lezama se convirtió en Consejero Departamental de Cine y en 2015 lideró la primera versión del Festival de Cine de la Frontera.

Además de las actividades de formación, Lezama dedicaba su tiempo de trabajo a la realización de proyectos audiovisuales de ficción como “El corazón en la guerra” o “Los Ángeles”, cortometrajes que contaban historias de niños y jóvenes que a diario sufren el flagelo de la guerra en el departamento.

El día del asesinato, Lezama se encontraba en el corregimiento de La Esmeralda en Arauquita haciendo el casting para el cortometraje “Mayo”, en el que participaba como productor general. A través de este cortometraje, Lezama y su equipo querían contar la historia de Mayo Villarreal, una enfermera, militante de la Unión Patriótica (UP) en Arauca, quien sobrevivió a un atentado en el que estuvo a punto de perder su vida.

El impacto de la ausencia de Lezama es palpable en el recuento de los proyectos que se quedaron por hacer, así como en los niños y jóvenes que se quedaron sin la posibilidad de ser formados y capacitados por él en teatro, fotografía o pintura.

 

 

LIBARDO MONTENEGRO

Samaniego, Nariño.

Libardo Montenegro era un periodista comunitario muy reconocido en su municipio por la participación permanente en la parrilla de programación de la emisora Samaniego Stereo. El reportero hizo parte de la emisora desde que era niño cuando su abuelo, Segundo Montenegro, la fundó en 1997. Para el momento de su asesinato, el comunicador estaba al aire todos los días de ocho a diez de la mañana para presentar el informativo “Café al día” y de dos a cuatro de la tarde conducía un programa musical llamado “La Rocola”.

Uno de los familiares de Montenegro cuenta que durante los últimos años el interés periodístico del reportero estuvo enfocado en informar sobre temas relacionados con la defensa de los derechos humanos y el posconflicto. Por esta razón, en 2017, Montenegro hizo parte del proyecto “Así suena la paz en los territorios”, una iniciativa de varios medios comunitarios en el país que buscaba narrar los hechos vividos durante el conflicto armado y desde allí apostarle a informar sobre la implementación de los acuerdos en los territorios. Según cuenta uno de los trabajadores de la emisora, a través de este espacio, Montenegro entrevistó a víctimas del conflicto armado en la región para que el municipio conociera sus historias y en varias ocasiones alertó a las autoridades sobre irregularidades frente a los compromisos del gobierno con respecto a los acuerdos firmados en La Habana.

Durante los últimos días que Montenegro estuvo al aire promovió la “Marcha por la paz y la vida de Samaniego” que se realizó el 14 de junio de 2019 en Pasto, tres días después de su asesinato. Previo a la movilización, el reportero grabó una cuña para invitar a las personas del municipio a que participaran en la manifestación paraexigirle a los violentos el respeto por la vida y exigirles a las autoridades mayor responsabilidad frente a la protección de los derechos humanos en el municipio.