Los 40 días que duró el paro nacional de 2019, que empezó el 21 de noviembre, terminaron con un saldo de 66 periodistas agredidos; fue el escenario más violento de la historia reciente contra la prensa en un contexto de protesta social. La fuerza pública fue el principal agresor y en la mayoría de los casos esto ocurrió como consecuencia del cubrimiento de las irregularidades en los procedimientos policiales y los enfrentamientos con los manifestantes.

Algunos fueron agredidos físicamente y alejados de las zonas de cubrimiento de manera definitiva. En otros casos, los uniformados dañaron el material de los comunicadores y lo revisaron violando su derecho a la reserva de la fuente. En 19 casos la Policía detuvo de manera ilegal a periodistas que cubrían lo que ocurría en las calles. Esto sin dejar de lado que también existieron varios casos en los que encapuchados, y en algunos casos aislados manifestantes, amenazaron y obstruyeron la labor periodística de los reporteros.

El ruido de las agresiones estuvo acompañado por el silencio de las autoridades.

Pero no sólo ocurrieron intimidaciones durante los días de manifestaciones. Quizás el incidente más preocupante frente a la criminalización de la prensa por parte de algunas autoridades ocurrió días antes del inicio de la protesta, cuando fueron allanadas las instalaciones de la revista Cartel Urbano (Ver capítulo Casos destacados). Las irregularidades presentadas durante el proceso, así como el comportamiento de los oficiales que ejecutaron la inspección dejaron muchas dudas sobre los motivos reales y alimentaron fuertes sospechas sobre su legitimidad. Parecía tratarse de actividades de inteligencia encubierta más que de un operativo legalmente soportado.

PROHIBIDO GRABAR

Los testimonios de decenas de periodistas y las estadísticas quedarán como evidencia de que los integrantes de la fuerza pública son responsables de represión, dispersión y limitación del ejercicio periodístico durante las manifestaciones.

Javier Ruiz, periodista independiente, cubría el primer día del paro nacional en la Plaza de Bolívar de Bogotá, cuando miembros del ESMAD lo hostigaron, dañaron sus audífonos y le revisaron el material periodístico que registró con su cámara. “Con algo de calma digo qué pasa, yo soy periodista, estoy haciendo mi trabajo (...) y en ese momento llega otro policía, me arrinconan entre los dos, me suben a la escalera y me empiezan a conducir por los pasillos de la parte exterior de la Alcaldía”, relata Ruiz.

 

Diana Pinzón y Cristian Angarita estaban trabajando en un documental y hacían registro gráfico de la manifestación. Sobre las siete de la noche del 21 de noviembre, los periodistas estaban cerca a la Universidad de los Andes, de regreso a sus casas. Entonces fueron golpeados y detenidos ilegalmente por parte de miembros de la Policía, quienes después desaparecerían la cámara de Angarita.

“Yo tenía el celular afuera cuando estaban pasando los motorizados quienes me intimidaron con el bolillo. Me dijeron perra y me trataron muy mal, con palabras grotescas. Uno de los policías me llamó y me tomó de la chaqueta. Yo alcé las manos y me presenté: soy de prensa, no estamos haciendo nada malo”, recuerda Pinzón.

La periodista advierte que no es fácil relatar lo sucedido, pero continúa: “uno de los policías tomó a mi compañero por la espalda y lo lanzó al suelo. Cuando veo esto me pongo en medio a decirle al policía que no estábamos haciendo nada malo, que éramos comunicadores. Él me empujó y me tomó otro policía quien me da un bolillazo en la cabeza, luego recibo un puño de otro policía, me tiran a las escaleras y vi encima a más de tres o cuatro policías dándome patadas y bolillazos (...) de un momento a otro dejé de reaccionar, quedé inconsciente de los golpes”.

La otra parte de la historia la cuenta Angarita: “un policía llega y me toma por la chaqueta, nosotros nos comunicábamos con ellos con las manos en alto y les decíamos que estábamos grabando y tomando fotos. Un policía me dijo que yo no tenía por qué estar haciendo fotos y de un momento a otro me jaló de la chaqueta, me tiró al piso y me pegó un golpe en la espalda. Lo único que sentí fue un golpe por la parte trasera de la cabeza, quedé muy en shock con ese golpe. Me tomaron dos policías y me llevaron a una patrulla. No sabía lo que estaba pasando con mi compañera (...) Dos policías me quitaron la cámara y me subieron a la patrulla. Me transportaron hacia la estación 17 de La Candelaria”. El periodista fue retenido por cerca de seis horas.

Los periodistas Juan Camilo Gómez y Sofía Rodríguez* (*Este nombre fue cambiado para proteger la identidad de la persona implicada) fueron detenidos ilegalmente mientras cubrían el plantón que se realizó en el aeropuerto El Dorado el 7 de diciembre de 2019. Fueron obligados a subir a un bus de la Policía Nacional y trasladados al Centro de Traslado por Protección (CTP) en Puente Aranda en donde les impusieron un comparendo pedagógico ilegible. Estuvieron detenidos alrededor de siete horas.

“Se me acercan policías, me cogen del pelo, me cogen de la cara y me entran a rastras al bus de la Policía para intentar quitarme el celular”, afirma Rodríguez. “No nos dicen qué va a pasar, por qué nos llevan detenidas, cuáles eran nuestros derechos... no nos dicen absolutamente nada, no hay presencia de Derechos Humanos ni de Personería”.

“Gestores de convivencia se acercaron a decirnos que teníamos quince minutos para salir del aeropuerto o si no la Policía empezaría a intervenir”, cuenta Gómez.

Los particulares también fueron responsables de ataques contra la prensa. Paula Suárez, de Radio Reloj en Cali, fue atacada por unos encapuchados mientras cubría las protestas en el sector del Paso del Comercio: “uno de los encapuchados que estaban en ese sector me empezó a agredir verbalmente, a decirme que yo no tenía nada que hacer ahí, me arrebató mi celular (...) y me hizo borrar el video que yo estaba grabando. Lo que él hizo fue arrancarme el micrófono del equipo de transmisión (...) y arrojarlo a unas llantas con fuego que tenían prendidas. Me dijo que me fuera del lugar, que no querían más periodistas y más medios de comunicación. (...) Me tuve que retirar porque me sentía insegura”.

El ruido de las agresiones estuvo acompañado por el silencio de las autoridades. La FLIP no conoció que el gobierno nacional rechazara o condenara las agresiones contra periodistas. Tampoco se hicieron compromisos públicos claros por parte de las autoridades para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje equivocado hacia los demás miembros de la fuerza pública frente a futuros escenarios de cubrimiento de manifestaciones.

En los detalles de cada testimonio compartido por los periodistas queda explícito que existe una concepción arraigada por parte de algunos policías que considera a la prensa como una amenaza a la “estabilidad de las instituciones democráticas”.

Contrario a este imaginario, y como lo ha asegurado la Relatoría de Libertad de Expresión, los medios de comunicación desempeñan “un papel fundamental en el proceso de rendición de cuentas de hechos de violencia cometidos en protestas sociales al condenar las agresiones, al dar seguimiento sobre los hechos y el estado de las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos como forma de presión para combatir la impunidad”.