Tras publicar Dejad que los niños vengan a mí, en octubre del 2019, una investigación sobre pederastia en la Iglesia católica en Colombia, el periodista Juan Pablo Barrientos recibió, en una semana, cuatro acciones de tutela y una denuncia penal. Estos recursos fueron interpuestos por cuatro miembros de la Iglesia católica vinculados a delitos sexuales contra menores, e incluían peticiones para que se revelaran los nombres de fuentes periodísticas y se detuviera la circulación del libro. Dos jueces, desconociendo la Constitución, accedieron a las peticiones y ordenaron suspender la reproducción, comercialización y venta del libro.

Meses atrás, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez denunció a la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco, y a los periodistas Julián Martínez y Gonzalo Guillén. Martínez aseguró que las publicaciones en las que ellos se referían a las interceptaciones ilegales a medios de comunicación, y que se habrían realizado desde la Fiscalía que él dirigía, constituían injuria y calumnia.

En ambos casos el objetivo de estas acciones buscaba presionar a los periodistas para que eliminaran lo publicado o para evitar que siguieran denunciando lo que al demandante le incomodaba. En ocasiones, el acoso judicial cuenta con la complicidad de los jueces o fiscales, quienes actúan con extraña celeridad y en contravía de derechos claros establecidos en el marco legal colombiano.

El abogado Abelardo De La Espriella, en los últimos tres años, se ha especializado en mejorar esta ‘receta’ que tiene como objetivo silenciar a quienes lo investigan. Durante el 2019, la FLIP documentó cinco procesos que inició De La Espriella contra periodistas que se refirieron a él de forma pública. Estos se suman a una larga lista de denunciados de años anteriores. En su cuenta de Twitter escribió lo que busca con su ‘receta’ para los periodistas:

El caso de De La Espriella ejemplifica el abuso de algunas herramientas jurídicas. Es claro que cualquier persona que ha sido víctima o conoce de la comisión de un delito tiene derecho a denunciar o presentar una demanda civil para buscar una indemnización. Sin embargo, en los ejemplos antes mencionados, y muchos otros, se trata de personajes públicos que utilizan la denuncia para intimidar a los periodistas con procesos legales.

CENSURA RÁPIDA Y EFICIENTE

A pesar de que las cifras de acoso judicial registradas por la FLIP son un subregistro de todos los casos que se presentan en el país, sí es posible hablar de una tendencia que viene en aumento desde 2017, año en el que la FLIP empezó a registrar esta agresión como una categoría independiente.

Uno de los periodistas que sufrió con más fuerza el acoso judicial fue Gabriel Angarita, director de TV Cúcuta, quien durante 2019 recibió tres denuncias por injuria y calumnia por parte de altos funcionarios de Norte de Santander. Las denuncias contra el periodista se dieron como respuesta a la publicación de opiniones y denuncias relacionadas con temas electorales y corrupción.

Están también los casos en los que se intentó utilizar el acoso judicial, especialmente a través de tutelas, como instrumento para atacar la libertad de expresión. Ejemplo de lo anterior, son las dos tutelas impuestas a Mar Candela, columnista de El Espectador, luego de que denunciara un caso de presunto acoso al interior de la

Asociación de Educadores de Cundinamarca. Este caso es relevante porque las tutelas fueron interpuestas contra la periodista a pesar de que las publicaciones eran fruto de un proceso cuidadoso de reportería y de que ella ya había aclarado la información. Finalmente, ambos procesos fueron fallados a favor de la periodista.

Un fenómeno que resulta significativo es el incremento de denuncias contra medios y periodistas que publican en plataformas digitales. Del total de los casos, 35 corresponden a procesos por publicaciones en páginas web, redes sociales y canales de streaming.

¿Por qué resulta tan atractivo el acoso judicial como forma de censura? En primer lugar, para quien persigue al periodista se trata de un método seguro, económico y legal. Si bien se abusa del sistema judicial con el fin de intimidar o silenciar periodistas, no se realiza ninguna acción ilegal.

Otra razón es que, aunque la probabilidad de que estos procesos lleguen a una condena contra el periodista es mínima, quienes acusan saben que la victoria consiste en que el periodista se vea sometido a costear gastos relacionados con el proceso, lo que le genera desgaste financiero y emocional, y que finalmente el reportero no vuelva a referirse públicamente sobre su acosador.

Desafortunadamente esta carga sí conduce a que en algunos casos los periodistas accedan a cambiar o eliminar publicaciones, a realizar rectificaciones que no corresponden e incluso a dejar de cubrir un tema o fuente.