El 7 de agosto de 2022, en su discurso de posesión, Gustavo Petro prometió que los organismos de inteligencia del Estado dejarían de perseguir a la prensa libre. Fue una declaración con un espíritu reivindicador que, sin embargo, no llegó a lo más concreto del deber estatal de garantizar que la labor informativa se ejerza con seguridad, integridad y sin interferencias. La relación del gobierno con un amplio sector de la prensa estuvo marcada tempranamente por la confrontación pública, señalamientos en redes sociales y descalificaciones dirigidas a periodistas y medios determinados. Junto a esa tensión, convivió también un propósito de reivindicar los compromisos del Estado frente a sectores de medios y periodistas que se nombran desde lo alternativo y lo comunitario.

Cuatro años después, con base en el monitoreo y la documentación de agresiones contra periodistas que realiza la FLIP, el seguimiento a políticas públicas y el análisis de decisiones judiciales nacionales e internacionales, este balance recoge los avances destacados en materia de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado frente a graves crímenes contra periodistas, el manejo de los medios públicos y las iniciativas de política pública que quedaron en el papel.

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También resume la estigmatización presidencial, que persistió pese a la Directiva 007 de 2024, y describe la violencia y el aumento de la censura que, en medio del conflicto, siguió golpeando a la prensa regional y confirmó su estado de desprotección y vulnerabilidad. Durante este periodo, 10 periodistas fueron asesinados y la política de paz del gobierno no contempló las necesidades de protección a la prensa en medio de mesas de diálogo con dispersos actores armados. Así mismo, el Estado aún está en mora de responder adecuadamente a los riesgos para ejercer esta labor y para atender la impunidad generalizada cuando se le agrede.

En el fondo, aunque no hacen parte de este balance, quedan también importantes discusiones alrededor del oficio y las formas e intereses que le rodean. Los tímidos avances institucionales registrados durante el cuatrienio no fueron suficientes para garantizar, de manera efectiva y sostenible, el ejercicio de la libertad de prensa y el panorama general que acá se registra. Es evidente que la protección del periodismo, de la libertad de expresión y de la libertad de prensa continúa siendo una enorme deuda del Estado colombiano. Informar en Colombia sigue siendo, para las y los periodistas, un acto de altísimo riesgo.

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