La alianza entre grupos armados ilegales, la minería ilegal, el micro tráfico y la corrupción política, son algunos de los temas que los periodistas locales reconocen que no están cubriendo por temor a las reacciones violentas.

El informe resalta que de todas formas se siguen presentado ataques directos contra periodistas, especial atención merece la situación en los departamentos de Antioquia, Cauca, Cesar y Magdalena. En 2011 fue asesinado el periodista Luis Eduardo Gómez en Arboletes, en el Urabá antioqueño. Gómez era un reconocido y crítico periodista en una región con alta presencia de bandas criminales. 

Además, la FLIP documentó 94 casos de amenazas a periodistas en todo el país, la cifra más alta de los últimos cinco años; el exilio de dos reporteros; y el atentado a dos medios de comunicación. Desde el 2002, la FLIP ha registrado 1261 agresiones contra periodistas.[1] 

Siendo el 2011 un año electoral, se presentaron varias agresiones relacionadas con el cubrimiento electoral. Los políticos y los militantes activos de los partidos fueron los segundos agresores de la prensa, después de los agresores no identificados. Además, se dio el cierre arbitrario de cuatro emisoras locales durante el proceso electoral. 

Las bandas criminales fueron el actor armado que más intimidó a la prensa en 2011, con 17 amenazas. Se teme que en 2012 la situación empeore, pues en lo que va de este año, las bandas criminales ya han amenazado a cinco periodistas en distintas regiones del país. 

La impunidad sigue siendo uno de los temas más preocupantes. En 2011 prescribieron 9 casos de periodistas asesinados, en los cuales no se consiguieron resultados judiciales. Se reconocen algunos avances positivos, como el llamamiento a juicio del dirigente  político Ferney Tapasco por el asesinato de Orlando Sierra (Manizales, 2002); la confesión del paramilitar alias “Pedro” del asesinato de Jaime Rengifo (Maicao, 2003), en el marco del proceso de Justicia y Paz; y el llamamiento a indagatoria a ocho ex funcionarios del DAS, por presunta tortura sicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque.

A su vez, en 2011 fue condenado a 20 meses de prisión el periodista Luis Agustín González en Fusagasugá, Cundinamarca, por emitir una opinión sobre la  ex gobernadora, Leonor Serrano de Camargo. El caso está en apelación en el Tribunal Superior de Cundinamarca. 

De cara al 2012, la FLIP le pide a las autoridades prestar especial atención a las condiciones de seguridad de los periodistas durante el cubrimiento de los procesos de reparación a víctimas y restitución de tierras. Al mismo tiempo, espera que los periodistas afectados por el conflicto sean reconocidos como víctimas y se beneficien de los programas de reparación.

[1] La FLIP documenta aquellos ataques a periodistas y medios de comunicación, relacionados con el oficio periodístico. Lo hace usando diversas fuentes: la red de 30 corresponsales de la FLIP distribuida en todo el país; los casos denunciados por medios de comunicación, periodistas, organizaciones de prensa, y ante entidades oficiales.