Aunque médico de profesión, también se dedicó al periodismo y a la política, oficios a través de los cuales exigió y gestionó mayores recursos para la salud pública y la educación, en vez de que éstos fueran invertidos en la guerra. Lo asesinaron por su labor como activista de derechos humanos y sus constantes denuncias a las injusticias en El Mundo, El Espectador, El Tiempo o en su programa radial Pensando en voz alta en la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. Fue incluido en una ‘lista negra’ de los nacientes grupos paramilitares de la época.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) con gases lacrimógenos en contra de Alexei Castaño, periodista de Caracol Radio y Red + Noticias. La situación ocurrió en la mañana del martes 15 de agosto en Bogotá.

La parodia y la sátira política en Colombia tiene un antes y un después de Jaime Garzón Forero. El protagonista de Zoociedad Tv y ¡Quac! El Noticero, fue un abogado que desde el humor criticó de frente al poder, al narcotráfico, a la sociedad colombiana y hasta al mismo periodismo. 

En este podcast se recuerdan algunas facetas del creador de Heriberto de la Calle.

El juez tercero penal especializado de la ciudad de Neiva condenó a Juan Camilo Ortíz (alias ‘El Loco’) por el homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en el municipio de Pitalito, Huila. En audiencia pública del viernes 11 de agosto se conoció el sentido del fallo y el próximo 8 de septiembre se emitirá la pena en contra de ‘El Loco’. El fiscal de derechos humanos que lidera la investigación del caso solicitó una condena de al menos 50 años por este crimen.

El pasado 8 y 9 de agosto se llevaron a cabo dos actuaciones clave dentro del proceso que se adelanta por el secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000.

Como consecuencia de la orden emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, Álvaro Uribe publicó un trino rectificando sus difamaciones contra de Daniel Samper Ospina quien valoró la retractación del senador y afirmó que continuará ejerciendo la sátira y la crítica política. “Es evidente que el expresidente no tuvo camino distinto al de reconocer que sus difamaciones en mi contra eran mentirosas, irresponsables e insostenibles”, aseguró el periodista.

Para la FLIP la rectificación del senador es un paso significativo y en la dirección correcta para el cumplimiento de su obligación como líder público de contribuir con su discurso a un ambiente favorable para la libertad de expresión. Sin embargo, en estricto sentido, la rectificación cumple con algunos, pero no con todos los requisitos constitucionales.

En su rectificación, Uribe afirma que Samper “no es violador de niños” y que “jurídicamente, según criterio de autoridad, no se ha configurado pornografía infantil”. No obstante, esto es insuficiente ya que no cumple las exigencias desarrolladas por la Corte Constitucional [1] para que la rectificación sea válida, a saber, (i) que tenga un despliegue equivalente al que tuvo la noticia inicial; (ii) que se pueda identificar con facilidad la relación existente entre la rectificación y la publicación que se enmienda; y (iii) que el autor reconozca expresamente que se equivocó, es decir que incurrió en un error o en una falsedad.

En criterio de la FLIP la rectificación no cumple a cabalidad con el tercer requisito, pues no reconoce haber cometido un error en la información transmitida. Por el contrario dijo que el Tribunal no admitió su “juicio de valor” sobre Samper. Uribe insinuó que en lugar de haber estigmatizado a Samper lo que hizo fue ejercer su derecho a opinar y ser crítico acerca de su trabajo. En éste punto el Tribunal fue claro, el senador Uribe no puede pretender que entendamos sus afirmaciones en una “dimensión menos dañina de lo que por sí mismas sugieren las palabras”. La FLIP es consciente de que el reconocimiento del error es un estándar de la rectificación que es evadido con frecuencia por los propios medios de comunicación.                              

Independientemente de las consideraciones de la FLIP en torno al cumplimiento de la sentencia, lo importante de este caso es que más allá de acatar un fallo judicial, como sociedad esperamos que el Senador Uribe incorpore en su actividad política una lección democrática donde las reglas del debate público obligan a los líderes políticos a abstenerse de difamar a quienes les critican. Se trata de un mínimo democrático que deben acatar los políticos sin distinción de ideologías y que cobra especial relevancia en vísperas de las jornadas electorales que tendrán lugar en los próximos meses en Colombia. 

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El 14 de julio Uribe escribió en su cuenta de Twitter: “Federico Escobar protesta por ofensa del violador de niños, Samper Ospina, a Antioquia, ofensa publicada en Semana”. Dos días después afirmó que el periodista “hizo publicaciones pornográficas con menores”. Samper interpuso una acción de tutela en contra del senador por vulnerar su derecho al buen nombre. El pasado 2 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor del periodista.

El Tribunal ordenó al senador que "emita una retractación firme y precisa de la sindicación al accionante de "violador de niños" y de la afirmación acerca de que éste hizo "publicaciones pornográficas", a través del mismo medio en que las expresó, aclarando que esas afirmaciones realizadas anteriormente por él no se basan en evidencias disponibles; por consiguiente, que no es cierto lo afirmado por él respecto del periodista".

El creador de la revista El Marqués, de Armenia, empezó su carrera periodística como locutor y narrador de fútbol. Sin embargo, la falta de una revista de carácter político en el departamento llamó la atención del periodista, por esta razón dedicó el resto de su carrera a la denuncia y la sátira política.

Su especial interés en la narración deportiva hizo que se trasladara a Bogotá para estudiar en una escuela de locución. Regresó a Calarcá y la necesidad de independencia profesional y sus habilidades para los negocios aumentaron el deseo de tener un medio de comunicación propio. “Recuerdo que cuando él regresó al municipio yo le dije que si quería lo metíamos a Radio Reloj, una emisora de Calarcá. Él me respondió: “No, a mí no me gusta depender de alguien, yo quiero ser independiente””, recuerda Álvaro Ortiz periodista y amigo de Márquez.

Márquez empezó narrando partidos de fútbol de manera independiente junto a Ortiz. “Recuerdo que él me decía que nos fuéramos, y con una grabadora mientras él narraba yo le hacía comentarios. El gusto por el deporte, especialmente el fútbol, siempre nos unió”, comenta Ortiz. Pero no fue sino hasta 1985 cuando Márquez decidió poner a circular la revista El Marqués, en compañía de Álvaro Ortiz y Gilberto Montalvo. La rudimentaria y antigua tipografía de su padre se convirtió en el principal aliado del periodista durante el proceso de creación del medio. “Las primeras revistas se hicieron de esa manera, levantando letra por letra. Él se amanecía levantando letra por letra los chibaletes, y después la imprimía de manera manual”, recuerda Gilberto Montalvo, entonces director de El Marqués.

Con el traslado de El Marqués a Armenia, la publicación, que para entonces había tenido un carácter meramente deportivo, empezó a tratar temas relacionados con la política de la región. “Él vio que el departamento del Quindío no tenía una revista política en donde se mostrara lo que pasaba en la región, y fue ahí cuando convirtió la revista en lo que es el día de hoy”, cuanta Marleny Moreno, viuda de Márquez. La revista era reconocida, principalmente, por su naturaleza satírica que denunciaba de forma burlesca irregularidades en la administración pública.

Sin embargo, fue su humor caricaturesco, cínico y directo, el que años más tarde despertaría el odio y la enemistad de integrantes de la clase política de la región. “Él decía lo que sentía, sin muchas veces medir las consecuencias”, recuerda Marleny. Ella cuenta que Márquez había recibido algunas amenazas en su contra, pero sus denuncias fueron en vano. Luego del asesinato, los integrantes de la policía negaron haber recibido algún tipo de petición por parte de Márquez.

Jairo Elías Márquez Gallego fue asesinado el jueves 20 de noviembre, entre las 6:00 y las 6:20 de la tarde, cerca de la calle 22 de Armenia. “Yo digo que a él ya lo estaban siguiendo y decidieron no matarlo delante del niño, porque él estuvo toda la tarde compartiendo con el niño”, recuerda Marleny. Días antes de su asesinato Márquez ya había conseguido el dinero para comprar una rotativa y poner a funcionar un periódico, Ortiz recuerda que le pidió que fuera el director del nuevo proyecto.

Para muchas de las fuentes consultadas por la FLIP, el asesinato de Márquez, y del periodista Ernesto Acero Cadena en Armenia dos años antes, son resultado de los constantes ataques a la crítica por parte de un sector con poder político y económico suficiente  para acallar las voces de denuncia y atacar la libertad de expresión en la región. “Él creía mucho en la libertad de prensa, que los medios de comunicación no debían estar contaminados de nada, de política ni de nada.”, cuenta Marleny. Aunque se ha tenido que enfrentar a muchas dificultades, el Marqués sigue funcionando. Marleny Moreno junto a algunos periodistas que fueron colegas de Márquez han hecho lo posible por mantener viva su memoria y su legado.

Han pasado 20 años y el crimen sigue impune. Este lunes 20 de noviembre del 2017 prescribió el caso sin ningún avance significativo en materia penal.

En respuesta a un derecho de petición enviado por la FLIP sobre este caso, la Fiscalía contestó que tras dos décadas de ocurrido el crimen “la investigación se encuentra en indagación preliminar” y que dentro de la misma “no se han proferido sentencias”. Ya fallecieron o asesinaron a las personas señaladas de participar en el crimen y la Fiscalía no verificó las hipótesis o líneas de investigación que se propusieron en los años siguientes al 20 de noviembre de 1997.

Ya son 78 casos que han prescrito de los 154 periodistas y comunicadores que han sido asesinados en Colombia por causas asociadas a su oficio. Márquez se suma a los 129 crímenes contra periodistas que continúan en completa impunidad y que ponen en duda las garantías para el ejercicio del periodismo en Colombia.

El locutor de Radio Majagual fue baleado en su casa por desconocidos. Realizaba actividades comunitarias o cívicas en defensa de los campesinos. Había sido amenazado por paramilitares, advirtiéndole que cesara en la defensa de los campesinos en la región.

La FLIP expresa su preocupación por la situación en la que resultó afectada la periodista Gina Rojas, a quien las directivas del periódico Extra de Boyacá le solicitaron su renuncia por no hablar bien de la gestión del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.

El pasado 18 de julio, Rojas, para ese momento editora del periódico, publicó una entrevista al precandidato presidencial por el Centro Democrático, Rafael Nieto. La periodista le preguntó cómo calificaba el gobierno de Amaya, a lo que el precandidato respondió: “Malo, porque ofrece y no cumple, porque tiene problemas de corrupción”. Después de la publicación de este artículo, la editora recibió una serie de presiones por parte del medio: le enviaron un memorando con copia a la hoja de vida, solicitaron su renuncia, le hicieron un proceso de descargos y la descendieron de su cargo de editora general a reportera. Rojas, el pasado 29 de julio, envió al medio su renuncia.

En el memorando, firmado por Hernando Suárez Burgos, director del grupo editorial El Periódico, se puede leer: “Se les había manifestado la ayuda total y directa al gobernador Carlos Andrés Amaya (…) por lo tanto debe salir una noticia semanal de todo lo que está haciendo. En ningún momento criticando de él o de su gobernación”. La FLIP se comunicó con las directivas del medio en Boyacá quienes confirmaron todos los hechos.

Con esta decisión el diario El Extra se aparta de los valores de independencia de los medios de comunicación con respecto al Estado e impone una orden que va en contra de la vocación democrática de la libertad de prensa. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca”.

Si bien los medios de comunicación tienen plena libertad de definir sus líneas editoriales, lo sucedido sí es reprochable desde una perspectiva de libertad de prensa por dos razones. La primera es constatar que un medio de comunicación local, en regiones con una oferta de medios limitada, asigne consecuencias graves a sus periodistas en materia laboral como instrumento para proteger la “ayuda total y directa al Gobernador”, como reza el memorando.

La segunda, porque estas instrucciones de favorecer y no criticar a un gobernante deben ser anunciadas con transparencia a las audiencias. Los ciudadanos tienen derecho a conocer que un determinado medio de comunicación ha dado la instrucción de favorecer a un gobernante. Existe un pacto tácito entre medios y audiencias basado en la confianza de los ciudadanos en que tanto los periodistas como los medios proporcionarán de manera imparcial información sobre asuntos de interés público. La decisión de proteger a un gobernante se escapa de la esfera del periodismo y entra en el terreno de la propaganda. Eso es algo que los ciudadanos tienen derecho a saber.

Esta no es una situación exclusiva del Diario El Extra ni limitada al departamento de Boyacá. De manera informal es común que los periodistas comenten que este tipo de situaciones se presenten a nivel nacional. Sin embargo, por los intereses en juego y la estabilidad laboral, no es fácil documentar los casos con detalle. Es en definitiva un asunto autocensurado que afecta el derecho a la información de los ciudadanos.

La FLIP lamenta que el diario El Extra de Boyacá prefiera conservar sus buenas relaciones con el gobernador en perjuicio de la autonomía de sus periodistas y del derecho a la información imparcial de los ciudadanos boyacenses.

Esta situación se agudiza si tenemos en cuenta que el señor Hernando Suárez Burgos es dueño de 23 medios de comunicación en distintas regiones del país. Por esta razón la FLIP invita al señor Suárez Burgos a indicar con cuáles administraciones tiene una afinidad similar a la que defiende con respecto al Gobernador de Boyacá.

Vea abajo el memorando, el proceso de descargos, la notificación del cambio de cargo, la carta que dirigió Rojas al área de personal para pedir explicaciones por el cambio de cargo y la carta de renuncia de la periodista.

*El Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, se pronunció frente a este caso el 1 de agosto. (Vea aquí el comunicado.)