Juan Carlos González, juez segundo penal municipal con funciones de conocimiento de Pereira (Risaralda), ordenó arrestar al periodista William Restrepo por supuesto desacato. Esta decisión se dio a pesar de que el periodista había cumplido con emitir una rectificación ordenada en un proceso de tutela iniciado por Sergio Mauricio Vega Lemus, presidente de la Cámara de Comercio de Pereira.

En agosto de 2017, Vega interpuso una tutela en contra del periodista por supuesta violación a su honra y buen nombre. Restrepo había comentado en sus redes sociales que Vega podría tener la intención de apoderarse de la caja de compensación Comfamiliar, que habría vendido los animales del zoológico y que habría pagado por una entrevista en CNN.

La tutela fue concedida en primera y segunda instancia, y se ordenó a Restrepo rectificar y publicar disculpas a través de Facebook, Twitter, un medio radial y un medio escrito de amplia circulación. Esta orden resulta desproporcionada si se tiene en cuenta que las publicaciones hechas por el periodista se hicieron únicamente en Facebook y Twitter.

En cumplimiento de la orden, el periodista publicó en sus redes sociales un texto y un audio presentando disculpas y haciendo una descripción detallada de los señalamientos y las aclaraciones y rectificaciones correspondientes. Además, realizó la rectificación a través de un medio radial e impreso. No obstante, el 12 de enero de 2018, tras el incidente de desacato interpuesto por Vega, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira declaró que William Restrepo incurrió en desacato. El juez señaló que “es evidente que el señor WILLIAM no pretende aclarar ninguno de los puntos, sino que más bien, justifica sus aseveraciones bajo argumentos que de tales apreciaciones surgieron en base a sus propias percepciones”. Como sanción, el juez impuso cinco días de arresto y multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Esta situación preocupa a la FLIP ya que las medidas ordenadas  -en especial la orden de arresto- son desproporcionadas frente a los hechos, especialmente si se tiene en cuenta que el periodista publicó una rectificación de buena fe.

La decisión también genera preocupación a la FLIP ya que Vega Lemus dirige una entidad que maneja dineros públicos y tiene una relevancia en contexto político y social del departamento de Risaralda, y por esta razón debe ser tolerante a la crítica.

Este caso no es el único en el que Vega Lemus utiliza a la justicia para responder a las críticas. Él también interpuso una tutela en contra del periodista Leonel Arbeláez por declaraciones hechas el año pasado en su programa “Café Caliente”. De nuevo, solicitaba el amparo del derecho al buen nombre y la honra. El 31 de agosto, el Juzgado Primero de Pequeñas Causas ordenó al periodista rectificar los señalamientos emitidos en contra de Vega Lemus a través del programa “Café Caliente”. Sin embargo, después de que Arbelaez apelara la decisión, el Juzgado Segundo Civil del Circuito, como segunda instancia, revocó el fallo y denegó la tutela.

Esta situación genera un ambiente adverso a la libertad de prensa. Con la decisión de encarcelar a Restrepo se fomenta un clima de silencio en el ejercicio periodístico. Los reporteros están llamados a hacer críticas a las gestiones de organizaciones como la Cámara de Comercio o las entidades públicas, esto hace parte de la democracia y del derecho de los ciudadanos a acceder a información de relevancia pública.

La Fundación para la Libertad de Prensa rechaza la forma en que el Ministerio del Interior ha desarrollado el proceso de formulación de la política pública de libertad de expresión.  

En 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció la creación de una política pública para garantizar el derecho a la libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo en Colombia. En noviembre de 2017, el Ministerio del Interior envió a organizaciones de la sociedad civil un borrador de esta política. Sin embargo, días después, el Ministro del Interior Guillermo Rivera afirmó en Twitter que ese borrador “se redactó sin q yo autorizara sus contenidos, no será expedido” (sic.).

En su momento la FLIP respaldó la idea inicial de desarrollar la política, esperando que esta contribuyera a atacar los problemas estructurales que afectan la libertad de expresión en el país. Cinco años después, la FLIP tiene hoy serios reparos al texto borrador del decreto que creaba la política.

La formulación de este proyecto de decreto ha implicado una enorme inversión económica. Según la información entregada por el Ministerio del Interior a la FLIP, el diseño y formulación de la política han costado mil dieciocho millones ciento treinta y siete mil quinientos dieciocho pesos ($1.018.137.518). Adicionalmente, el proceso de formulación ha sido injustificablemente largo: desde el 2012 ha pasado por las manos de seis ministros del interior y dos directoras de Derechos Humanos de esa entidad. El borrador no refleja esa cantidad de años de trabajo ni el volumen de recursos públicos invertidos.

Por otro lado, la participación de la sociedad civil en la propuesta ha sido insuficiente. Si bien en ocasiones hubo consultas a organizaciones de la sociedad civil, durante los últimos dos años la información acerca de los avances a las organizaciones de periodismo estuvo restringida. En los 8 meses antes del conocimiento del borrador, la información fue prácticamente inexistente.

Después de este periodo de casi total silencio y opacidad, un funcionario del Ministerio del Interior envió a la FLIP el borrador del decreto que creaba la política solicitando que se enviaran comentarios, pues de manera “pronta” el Ministro adoptaría la política.

Pero más allá de la forma apresurada en que el Ministerio pretendía dar por superada la socialización del proyecto, el borrador no contiene respuestas concretas que contribuyan a superar los obstáculos que impiden el ejercicio de la libertad de expresión. El exceso de capacitaciones e intercambios de experiencias deja entrever la ausencia de acciones contundentes por parte del Estado como garante del derecho.

Ejemplo de lo anterior es un artículo llamado “Capacitación, interlocución y diálogo extracurricular conjunto entre jueces y personas que ejercen la actividad periodística”. En este se propone un intercambio de experiencias entre periodistas y jueces para solucionar el problema de acceso de los medios de comunicación para el cubrimiento de las audiencias públicas judiciales. Esta propuesta podría ser pertinente como ejercicio y/o como parte del diagnóstico del problema pero como política pública deja mucho que desear.

Con todo, el problema central no es que el Ministro del Interior haya desautorizado de manera pública a sus funcionarios. La gravedad está en que estando a pocos meses de terminar su mandato, se ve muy difícil que el gobierno de Juan Manuel Santos logre resolver las deficiencias del borrador del decreto y cree una política pública conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión. Después de más de mil millones de pesos y cinco años de trabajo invertidos, la política pública se ve hoy más lejos que nunca.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena el hurto del que fue víctima Édinson Bolaños, periodista de El Espectador y Colombia 2020, en la ciudad de Ibagué.

Hoy, 13 de enero, Bolaños se encontraba en un restaurante en el sector Alto de Gualanday, Ibagué, en compañía del esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Nacional de Protección. Mientras ellos estaban en el establecimiento, desconocidos rompieron el vidrio de la camioneta en la que se movilizaban y se llevaron un bolso en el que estaba un computador portátil, dos discos duros, libretas de apuntes, una grabadora y el carné del diario. A pesar de que en el vehículo había otras maletas, los delincuentes -según los testigos eran dos hombres- se llevaron únicamente los elementos periodísticos.

Según informó el periodista, días atrás estaba realizando labores de reportería como parte de una investigación del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) “Aldemar Gaitán”. Él, junto a su esquema, se movilizaban del Cauca hacia Bogotá y decidieron detenerse en Ibagué para almorzar. Bolaños no realizó actividades periodísticas en el departamento del Tolima.

La FLIP expresa su preocupación por la gravedad de este ataque. Esta situación pone en riesgo al periodista ya que puede implicar seguimientos de personas interesadas en afectar su seguridad y robar su información. Sumado a lo anterior, estos hechos son de extrema gravedad ya que se pone en riesgo el secreto profesional y la seguridad de las fuentes y del reportero. Según el relato de Bolaños, en los equipos y libretas robadas había información sensible como datos personales de sus fuentes, datos y croquis de las ETCR y de otra investigación acerca de minería en el Cauca.

Este no es el primer ataque en contra de Bolaños por su trabajo periodístico. En noviembre de 2015 fue víctima de amenazas de muerte por una investigación acerca de cómo la minería artesanal en el municipio de Buenos Aires había sido cooptada por una empresa foránea. En ese momento la situación de seguridad de Bolaños empeoró y se vio obligado a dejar el departamento de Cauca. Además, en 2016 la familia del periodista fue víctima de intimidaciones en su lugar de residencia.

La FLIP hace un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a que investiguen con celeridad estos hechos y sancionen a los responsables. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, la Fundación solicita a la UNP que fortalezca las medidas de seguridad necesarias de manera inmediata para salvaguardar al periodista.

De acuerdo a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de principios sobre libertad de expresión dispuso: “(…) la destrucción material [o robo] de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

La Fundación Para la Libertad de Prensa rechaza la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de acceder a todo el material con el que Revista Dinero realizó una investigación periodística.

En 2013, esta revista publicó el artículo “Los pecados de Eike” en el cual se criticaban las inversiones en Colombia del multimillonario brasileño Eike Batista y se cuestionaba a Leyla Rojas Moreno, exviceministra de Aguas del Ministerio de Ambiente y quien entonces trabajaba para la carbonera CCX Colombia, propiedad de Batista.

Luego de la publicación, Leyla Rojas demandó a Publicaciones Semana S.A., dueña de la revista, solicitando como prueba la exhibición de todos los correos electrónicos, comunicaciones y demás documentos que sirvieron como sustento de la nota. La prueba fue negada por el juez de conocimiento. Sin embargo, posteriormente el Tribunal Superior de Bogotá autorizó la solicitud de Rojas.

Publicaciones Semana S.A. interpuso una acción de tutela en contra del Tribunal solicitando dejar sin efecto su decisión. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia la negó argumentando que la exhibición de las comunicaciones es “indispensable (...) a fin de conocer la autenticidad de las afirmaciones efectuadas en el artículo”.

Las decisiones de los magistrados Eluin Guillermo Abreo, del Tribunal Superior, y de Luis Armado Tolosa, de la Corte Suprema, son violatorias de la reserva de la fuente, figura esencial para el ejercicio libre del periodismo, reconocida en el derecho internacional y garantizada por la Constitución que dispone que “el secreto profesional es inviolable”.

No se trata de un hecho aislado. De manera creciente, las autoridades están ordenando la exhibición de documentos protegidos por la reserva de la fuente en una tendencia que la FLIP ha venido registrando desde el año 2017. Durante el año pasado la FLIP tuvo conocimiento de seis casos en los que periodistas independientes o vinculados a medios de comunicación, como RCN Televisión, El Pilón de Valledupar y La Patria de Manizales, recibieron solicitudes de entidades para que entregaran su material. Entre los casos documentados se destacan:

• Las presiones recibidas por la periodista Maritza Aristizábal de RCN Televisión por parte de las Fuerzas Militares para que revelara sus fuentes periodísticas (Ver aquí el comunicado de la FLIP al respecto).

• La solicitud hecha por un fiscal y la autorización dada por un juez para acceder a la cuenta de Facebook del periodista William Solano de la ciudad de Buga, en el marco de una investigación por injuria. La FLIP interpuso una tutela para buscar la protección del periodista la cual fue negada en primera y segunda instancia. Dada la evidente violación de derechos, la Fundación Karisma, el Centro de Estudios de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario, la organización Artículo 19 México, Artículo 19 Brasil y el abogado Carlos Cortés, de la mano con la FLIP, solicitaron infructuosamente a la Corte Constitucional que revisaran este caso.

Preocupa que este tipo de actuaciones sean emuladas por funcionarios judiciales de alto rango encargados de la defensa de la Constitución. La falta de conocimiento existente en la rama judicial sobre el alcance de protección de la libertad de expresión en el ordenamiento constitucional y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es evidente.

La reserva existe para que las personas que tienen hechos que denunciar no se sientan cohibidas por posibles represalias, garantizando su derecho a expresarse y el derecho de la ciudadanía a estar informada¹. Según ha aclarado la Corte Constitucional, la inviolabilidad de la reserva permite que el medio guarde el secreto sobre quién es la fuente de su información, sobre el contenido de la información y la forma en cómo se obtuvo (sentencia T-298 de 2009).

Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los periodistas tienen derecho a negarse a revelar sus fuentes y los productos de su investigación a entidades privadas, terceros y a entidades públicas o judiciales: “el periodista, rinde un servicio público importante al reunir y difundir información que de otra forma, sin guardar el secreto de las fuentes, no podría conocerse. (...) Por lo tanto, la confidencia constituye un elemento esencial en el desarrollo de la labor periodística y en el rol conferido al periodismo por la sociedad de informar sobre asuntos de interés público”².

La sentencia de tutela del magistrado Tolosa será impugnada por Publicaciones Semana S.A. La FLIP hace un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que se aleje de esta tendencia infractora de los estándares internacionales de libertad de expresión y proteja el derecho a la reserva de la fuente de Publicaciones Semana S.A.

¹ "[C]ompeler al periodista a revelar la fuente de su información, conduce a limitar el acceso a los hechos noticiosos, porque quien conoce los hechos desea naturalmente permanecer anónimo, cubierto de cualquier represalia en su contra. Es obvio, que no es sólo el interés particular sino el interés social el que sirve de sustento a la figura del secreto profesional del periodista; su actividad requiere por consiguiente de la confianza que en él depositan los miembros de la comunidad quienes le suministran la información que debe ser difundida en beneficio de la sociedad” (Corte Constitucional, sentencia SU-56 de 1995).

² Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios. Párrafos 36 y 37.

El periodista Carlos Figueroa denunció haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de personas de notoriedad pública en la ciudad de Cartagena.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- informa a la opinión pública acerca de la existencia de una situación generalizada de censura contra la prensa impuesta por el Clan del Golfo en el Urabá antioqueño.

El pasado 27 de noviembre se llevó a cabo el sepelio de uno de los jefes del Clan del Golfo, alias “Inglaterra”, en el municipio de Carepa, Antioquia. En medio de la procesión hacia el cementerio, uno de los hermanos de “Inglaterra” hizo señalamientos en contra de los medios de comunicación. La FLIP conoció un video del momento en que éste arenga a la multitud diciendo: "Este país está como está por los medios de comunicación, porque ellos dicen 'digan esto' 'digan aquello', pero la verdad no la dicen (...) Esto está dirigido a la ley y a los medios”, afirmó.

Si bien estas arengas no constituyen en sí mismas amenazas directas, sí ubican en una situación de riesgo a los trabajadores de medios de comunicación locales. El contexto multitudinario, la fuerte presencia de integrantes del Clan del Golfo en el sepelio y el contexto de violencia, obligan a interpretar las palabras del hermano de “Inglaterra” como un acto para amedrentar a la prensa.

La fuerte presencia y control de organizaciones narcotraficantes y grupos paramilitares en la región imponen la autocensura y prohíben el cubrimiento de temas de relevancia pública. Las arengas lanzadas en el sepelio podrían ser interpretadas como una instigación, una invitación o una autorización a terceros para que ataquen a la prensa en el Urabá.

A la FLIP le preocupa la situación de seguridad de los periodistas que cubren orden público en los municipios de la región, especialmente en estos meses próximos a elecciones parlamentarias. Sumado a esto, no ha existido ninguna respuesta de las autoridades frente a esta grave situación. Han pasado tres semanas desde que se emitieron los señalamientos y aún la Alcaldía de Carepa y la Policía de ese municipio no han rechazado los hechos ni tomado acciones para proteger a los periodistas.

La FLIP hace un llamado a las autoridades a que tomen medidas para garantizar el ejercicio periodístico en el Urabá. La Fundación insta a la Defensoría del Pueblo a que haga un acompañamiento a los reporteros, a la Policía a que garantice la seguridad de los periodistas y especialmente a la Alcaldía a que públicamente condene estos señalamientos y active medidas preventivas ante esta situación para evitar futuras agresiones contra la prensa.  

El Urabá y el silencio

En los últimos años la FLIP ha documentado amenazas, hostigamientos, agresiones físicas y obstrucciones a la prensa en la región del Urabá. Desde el 2010, la Fundación ha registrado 20 agresiones en la región. Una de ellas fue el asesinato del periodista Luis Eduardo Gómez por denunciar nexos paramilitares de políticos y funcionarios del noroccidente del país.

El Urabá ha estado silenciado durante años de conflicto. Según información de la FLIP, el 25% de la población de esa región vive hoy en municipios en silencio, lugares donde no existen medios de comunicación que produzcan noticias locales. Adicionalmente, en el Urabá el narcotráfico ha cooptado instancias de poder político y económico constituyéndose en un poder de facto que obstaculiza el libre flujo de ideas y de información.

Luis Carlos Ortiz, periodista de la emisora comunitaria La Voz de la Inmaculada, denunció haber sido víctima de un atentado por parte de Wilson González Reyes, alcalde del municipio de Rionegro, Santander.

En la madrugada del domingo 17 de diciembre, cuando el periodista estaba llegando a su casa después de trabajar, González, adscrito al Centro Democrático, llegó intempestivamente en su camioneta y –acompañado de un desconocido- lo abordó.

Según relató Ortiz a la FLIP, el mandatario saludó al reportero con cordialidad y luego subió el tono de voz, insultándolo y agrediéndolo físicamente. González tomó al periodista por el cuello e intentó subirlo a su camioneta por la fuerza. Cuenta Ortiz que en medio del forcejeo, el Alcalde le dijo al periodista “lo voy a matar” mientras que le ordenaba a su acompañante “páseme el arma” sin que este le obedeciera.

Ortiz afirma que logró liberarse y comenzó a correr para proteger su vida. Según el relato, el alcalde se bajó de la camioneta y le disparó a Ortiz mientras este huía. “Sentí que la bala pasó muy cerca de mí,” dijo.

Ortiz considera que las amenazas y las agresiones del mandatario están relacionadas con las denuncias periodísticas que él ha hecho sobre presuntas irregularidades de la actual administración. El reportero ha denunciado en redes sociales el mal estado del centro turístico del municipio y el cierre de Centro Vida, un programa que asistía a adultos mayores de escasos recursos, quienes ahora no cuentan con un sustento diario.

Así mismo, Ortiz dijo a la FLIP que en las pasadas elecciones municipales en el año 2015 se acercó al mandatario para mostrarle una denuncia sobre compra de votos en el municipio y le preguntó a González por su responsabilidad en los hechos. Como consecuencia, se habría iniciado una pelea con puños entre el reportero y el ahora alcalde.

En horas de la tarde, la FLIP intentó comunicarse con González para contrastar los hechos denunciados por Ortiz. Sin embargo, este no respondió de manera inmediata a las llamadas de la Fundación.

La FLIP condena estos hechos y le solicita a la Procuraduría General de la Nación que de manera inmediata suspenda al alcalde Wilson González mientras adelanta su investigación disciplinaria. Adicionalmente, La Fundación le pide a la Fiscalía General de la Nación que inicie la investigación penal en contra del alcalde por estos hechos con el fin de determinar su responsabilidad.

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de nivel de riesgo con el fin de determinar las medidas necesarias para proteger la integridad del reportero. La Fundación considera que lo sucedido sitúa a Ortiz en una situación de riesgo inminente y, por esta razón, le hace un llamado a la entidad para que implemente medidas de seguridad por trámite de emergencia con el fin de prevenir un ataque posterior.

Como ya lo denunció la FLIP en días pasados, los funcionarios públicos se sitúan entre los principales agresores a la prensa en el país. De cara a la campaña electoral, es urgente que las autoridades y la ciudadanía exijan más garantías para el periodismo en el país. 

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la estigmatización que el alcalde de Ibagué Guillermo Jaramillo realizó en contra de la prensa local.

El pasado 8 de diciembre, durante la rendición de cuentas de la empresa de acueducto y alcantarillado de Ibagué, IBAL, el alcalde Guillermo Jaramillo señaló a los dueños de los medios locales de ser testaferros de Eduardo Restrepo Victoria, alias "El Socio", un presunto narcotraficante del departamento. “A mí sí me preocupa eso, que los testaferros, los que negociaron con ‘El socio’, son los que ahora tienen la radio, tienen el periódico, tienen la televisión. Y entiende uno perfectamente cómo le tienen que tirar a uno de la manera que le tiran”, afirmó el mandatario.

La FLIP le solicita al alcalde que, en caso de que tenga las pruebas de los delitos a los que hace alusión, individualice los señalamientos y denuncie ante la justicia penal colombiana los hechos. Acusar a medios de comunicación y periodistas de pertenecer a estructuras criminales, sin presentar ningún tipo de pruebas, los puede situar en una situación de riesgo infundado.

La FLIP le recuerda a Jaramillo que los funcionarios están expuestos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y de la prensa. Por esta razón, es reprochable que en la posición de mandatario responda a las críticas de la prensa con señalamientos estigmatizantes que pueden poner en riesgo a los reporteros de ser víctimas de una agresión posterior.

En el evento mencionado, el alcalde, además, leyó una serie de titulares del medio elolfato.com con el fin de acusarlos de criticar al gerente del IBAL como represalia por el retiro de la pauta de la entidad. Las gestiones administrativas son asuntos de interés público y su veeduría hace parte fundamental de la democracia.

La FLIP expresa su preocupación por las declaraciones emitidas por el alcalde de Ibagué, debido a que pueden poner en riego a los reporteros de los medios regionales, descalifican su actividad periodística y generan un clima desfavorable para el desarrollo de la labor que día a día desempeñan los comunicadores. La Fundación lo invita a que exprese sus inconformidades con la prensa de manera responsable. La Constitución de Colombia tiene mecanismos como la rectificación o la solicitud de réplica para que pueda exponer con argumentos sus diferencias frente a contenidos específicos de los medios de comunicación que usted considere que contienen información errónea.

En 2016 la FLIP se comunicó con el alcalde Jaramillo y él se comprometió a respetar la libertad de prensa desde su administración. Sumado a lo anterior, en agosto de este año, la FLIP le envió una comunicación recordándole sus deberes como servidor público y pidiendo garantías para la prensa en Ibagué.

El juez segundo penal especializado de Florencia, Caquetá condenó a Yean Arlex Buenaventura Barreto por el homicidio del periodista Luis Antonio Peralta en hechos ocurridos en febrero de 2015. El sentido del fallo fue conocido el día de ayer 14 de diciembre en audiencia pública celebrada en la misma ciudad.

La Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP), quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, apoyó la teoría del caso presentada por la Fiscalía según la cual Buenaventura obró bajo la modalidad de sicariato y en concurso con otras personas aliadas para silenciar las denuncias periodísticas de Peralta.

Luis Antonio Peralta era un hombre de 63 años, casado y padre de 4 hijos. Se había dedicado por más de 40 años al periodismo. Era un periodista crítico y antes de su asesinato se realizó reportajes e investigaciones sobre temas relacionados con corrupción administrativa, contratación estatal y extracción de petróleo.

Peralta era la voz más escuchada en esa región, era director y periodista de la emisora Linda Stéreo, filial de Caracol en El Doncello, Caquetá, y se había convertido en un asiduo crítico de políticos y gobernantes locales. Allí el micrófono era el medio por el cual denunciaba las ilegalidades de corrupción en la región.

El 14 de Febrero de 2015 dos sicarios que se movilizaban en una moto asesinaron a Luis Antonio Peralta en El Doncello. Sofía Quintero, su esposa, se encontraba con Peralta en ese momento y también fue baleada. Días después, Quintero también murió en el hospital como consecuencia de las heridas.

La FLIP reconoce esta condena como un avance en la lucha contra la impunidad en los crímenes contra la libertad de expresión en Colombia. Así mismo, espera que la decisión del juez contribuya a la identificación y sanción de los demás autores materiales e intelectuales del crimen de Peralta, quienes se encuentran hoy en libertad.

Desde 1977 hasta la fecha han sido asesinados 154 periodistas en Colombia por razones de oficio. Solo en cuatro casos han sido condenados los autores intelectuales de estos crímenes.

Una vez conocido el sentido del fallo, el juez anunció que realizará la lectura de la sentencia condenatoria de Yean Arlex Buenaventura el 28 de enero de 2018.