La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la actitud de Luis Javier Agudelo Guerrero, alcalde de San Cayetano, Norte de Santander, frente a los cuestionamientos del diario Q’hubo. El primer mandatario estigmatizó y amenazó con denunciar penalmente al periodista después de que se hiciera pública una investigación acerca de la posible desaparición de una máquina del municipio.

El pasado sábado 21 de abril, el periódico Q’hubo publicó una nota titulada “Se perdió la retroexcavadora que prevenía desastres en San Cayetano”. En el artículo el periodista Jean Javier García expone la preocupación de la comunidad de este municipio al no conocer el paradero de una retroexcavadora con la que empezó a trabajar la administración en 2010 y valorada en más de 400 millones de pesos.

Como respuesta a la publicación, la secretaria de Planeación, infraestructura y Tic de San Cayetano, Angélica Esteban Acevedo, le envió por chat al periodista una serie de fotografías junto a una retroexcavadora con el fin de mostrar el paradero de la máquina.

En la página web oficial de la alcaldía se publicó, además, una nota titulada “Falsa Noticia Sobre Pérdida De La Retroexcavadora del Municipio de San Cayetano”. A través del artículo institucional, la administración califica como “falsa, incorrecta y deliberadamente manipulada por dicho periódico”, la información difundida por Q’hubo. Según la Alcaldía, la Secretaria se desplazó al taller donde estaría la máquina.  

Adicionalmente, la administración anunció que iniciaría acciones legales en contra del medio de comunicación: “De esta forma se solicitará al periódico amarillista Q’Hubo y al periodista Jean Javier García para que desmienta y haga las correcciones en las publicaciones falsas publicadas en dicho periódico; o de lo contrario se actuará conforme a la ley para estos casos”, se lee en la publicación de la administración municipal.

Luego, el lunes 23 de abril, el periodista se comunicó con el alcalde Agudelo, quien se mostró enojado por la publicación y aseguró que no le iba a dar declaraciones sobre la retroexcavadora. El mandatario, además, le dijo al periodista que lo iba a denunciar por calumnia ante la Fiscalía General de la Nación.  

La FLIP expresa su preocupación por la respuesta de la administración de San Cayetano, debido a que no expresa una postura transparente sobre el paradero de la retroexcavadora sino que se limita a estigmatizar y amedrentar al medio de comunicación. Según conoció la Fundación, la máquina que se ve en las fotografías de la Secretaria no corresponde a la retroexcavadora del municipio ya que tiene un número serial y características físicas diferentes a las que se evidencian en otras fotos del archivo de la comunidad.

La FLIP expresa su preocupación por la respuesta del alcalde, debido a que vulnera los estándares internacionales de libertad de prensa. Las estigmatizaciones van en contra de los deberes de los funcionarios y ponen en riesgo infundado a los reporteros. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH ha sido enfática en declarar que son los funcionarios públicos quienes tienen la obligación de adoptar un discurso público favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

Adicionalmente, la RELE ha dicho que “los funcionarios públicos deben abstenerse de estigmatizar a los periodistas y medios de comunicación (…) eso no significa que no puedan controvertir notas u opiniones con las que disientan. Lo que significa es que tienen que hacerlo de manera respetuosa con la libertad de expresión”.

Sumado a lo anterior, preocupa que el alcalde amenace con tomar acciones penales en contra del periodista, ya que de esta manera busca castigar la crítica a través del sistema judicial. Contrario a lo que se supone que debe ocurrir, el mandatario no pretende aclarar las dudas frente a la problemática. Si el alcalde tiene respuestas frente al caso, una denuncia penal por calumnia no es el camino correcto.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las intimidaciones y amenazas en contra de la emisora Cardenal Stereo de Valledupar, Cesar.

Los señalamientos por parte de funcionarios públicos de Ibagué; las amenazas de bandas criminales y la malversación de recursos de publicidad oficial contaminan el clima de libertad de expresión.

Amenazas, estigmatizaciones y censura ponen en jaque a los periodistas de la región del Catatumbo, Norte de Santander. Algunos decidieron apagar sus emisoras, otros continúan ejerciendo entre la espada y la pared, bajo la vigilancia de los guerrilleros del ELN y el EPL.

Han pasado tres días desde que el presidente ecuatoriano Lenin Moreno confirmó el vil asesinato de los tres trabajadores del Diario El Comercio y los cuerpos no han sido recuperados. Esto a pesar de que las Misiones del Comité de la Cruz Roja Internacional en Quito y Bogotá han manifestado su disposición a activar su acción humanitaria.

Fundamedios y la FLIP han sido enfáticos en que los Gobiernos de Ecuador y Colombia no debían iniciar acciones militares y policiales en los dos lados de la frontera hasta que no se recuperaran los cuerpos. Sin embargo, se han iniciado operativos que han dado con la captura de por lo menos 43 personas acusadas de pertenecer al autodenominado Frente Oliver Sinisterra.

Los familiares de las víctimas tienen derecho a recuperar los cuerpos. Y en este sentido, exigimos al Frente Oliver Sinisterra que ofrezca las facilidades para que la Cruz Roja Internacional actúe.

Adicionalmente, Reporteros Sin Fronteras, Fundamedios y la FLIP, instan a los gobiernos de Ecuador y Colombia para que creen las condiciones necesarias para dicha entrega.

El pasado jueves 12 de abril, la Fiscalía General de la Nación negó la solicitud para declarar el asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal como un crimen de lesa humanidad. La FLIP rechaza esta decisión que pone al borde de la impunidad un delito que hizo mucho daño al periodismo del Huila.

Hoy, 20 años después del asesinato, fecha en que prescribiría el caso, la FLIP presenta una apelación para que la Fiscalía General de la Nación revoque la decisión tomada por la Fiscal del caso.

La solicitud original fue presentada el pasado 26 de marzo por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Robert F. Kennedy for Human Rights y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)ante el riesgo de que prescriba el caso. La SIP y el RFK for Human Rights, además, son los representantes legales de la familia del periodista huilense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde se adelanta un proceso contra el Estado colombiano por sus múltiples omisiones en este caso.

El caso de Nelson Carvajal es un delito de lesa humanidad. Las actividades que desempeñó Carvajal como periodista le significaron amenazas y posteriormente que fuera asesinado. Según la investigación de la Fiscalía y las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el crimen fue planificado y cometido por una alianza entre funcionarios públicos locales, empresarios, sicarios y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-. El homicidio sucedió en un contexto de ataques generalizados contra la prensa y alianzas criminales entre autoridades y grupos armados al margen de la ley.

A juicio de la FLIP, estas son las principales fallas del Estado en el caso Carvajal:

• La época en la que ocurrió el crimen estuvo marcada por una excesiva violencia contra los periodistas. No obstante, el Estado no hizo nada para evitar que esta situación escalara hasta el asesinato de Carvajal. En 1997 asesinaron a 6 periodistas y antes de la muerte de Carvajal ya habían asesinado a otros 2 en 1998.

• Una de las fiscales del caso fue amenazada y un testigo clave para el proceso fue asesinado. Esto ocurrió después de que señalara a reconocidos políticos de la región y a un empresario como autores intelectuales del crimen, con apoyo de integrantes de las FARC.

• Pocos meses después de ese señalamiento, la Fiscalía, sin justificación, precluyó la investigación en contra de uno de estos personajes públicos de Pitalito. Los demás ya se habían beneficiado de absolución o preclusión de la investigación años antes por la negligencia en la investigación.

• El Estado ha culpado a la familia de Carvajal acusándolos de negligentes, sin compadecerse de que estas personas tuvieron que afrontar amenazas y el dolor de la muerte de su ser querido.

• Durante una audiencia en la Corte IDH, los representantes del Estado afirmaron que la situación de violencia contra la prensa es un asunto del pasado en Colombia. Esto sin tener en cuenta los aumentos de amenazas y diferentes ataques a la prensa que ocurren año a año.

• En esa misma audiencia, los representantes del Estado presentaron políticas fallidas como avance en la garantía de la libertad de expresión. Ejemplo de esto es una política pública de libertad de expresión adelantada por el Ministerio del Interior, que después de cinco años de formulación resultó engavetada.

La decisión de la Fiscalía de rechazar la declaratoria de lesa humanidad en este caso da más argumentos a la Corte IDH para condenar al Estado colombiano por su negligencia en la búsqueda de justicia en este crimen.

La FLIP exige a la Fiscalía General de la Nación que revoque su decisión, que declare el crimen de Carvajal como un delito de lesa humanidad y que implemente medidas efectivas para investigar y sancionar a los autores intelectuales.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los señalamientos que emitió un teniente de la Policía en contra de la emisora Manantial Stereo 98.2 de Convención, Norte de Santander.

Ayer, sábado 14 de abril, el gerente de la emisora Manantial recibió constantes llamadas y mensajes por Whatsapp por parte de miembros del Ejército Popular de Liberación (EPL) obligándolo a leer al aire dos comunicados. Debido a las presiones, el director de la emisora decidió leerlos haciendo énfasis en que el grupo ilegal los había obligado. En los dos documentos se habla de un paro armado y se hacen algunas consideraciones por los conflictos entre el ELN y el EPL. 

Además de este medio, otras emisoras de municipios del Catatumbo también se vieron obligadas a leer los comunicados. Otros medios de la región pueden estar en las mismas condiciones de Manantial Stereo.

El director de la emisora  informó a la FLIP que, después de que se leyeran los comunicados, el teniente Quintero -comandante de estación de Convención- lo llamó y le reclamó por lo sucedido. Según el periodista, el teniente le dijo que la emisora estaba haciendo apología a la guerrilla y que eran facilitadores de los grupos armados. Adicionalmente, le reclamó porque, según él, la emisora cerraba las puertas a la Policía pero las abría al delito. 

La FLIP rechaza estos hechos y condena los señalamientos del teniente Quintero. Acusar a un medio de tener vínculos con organizaciones criminales puede generarle riesgos al equipo periodístico. Esto en especial en una región como el Catatumbo, que se ha caracterizado por no tener garantías para el ejercicio periodístico. 

A pesar de que el Mayor William Moyano, comandante del Segundo Distrito de Policía, afirmó a la FLIP que no existen órdenes de estigmatizar a la prensa, para la Fundación estos señalamientos son preocupantes. No es posible que en medio del conflicto entre grupos armados y la fuerza pública, los acusados de delinquir sean los periodistas.

Es tarea de la Policía Nacional garantizar la seguridad de los ciudadanos, en especial en medio del conflicto, y no señalar injustamente a la prensa que cumple su deber de informar. En un Estado democrático se espera que las autoridades tengan en cuenta el contexto del conflicto y sus declaraciones nunca pueden ir en contra de los estándares de libertad de expresión.

La FLIP solicita al área de Derechos Humanos de la Policía Nacional que investigue esta grave situación y tome las sanciones pertinentes. Adicionalmente, la FLIP exige garantías plenas para el ejercicio periodístico en la región del Catatumbo.

Por otro lado, la FLIP rechaza la actitud del EPL a la hora de presionar e incluso amenazar a la prensa para que sus comunicados sean leídos al aire. Los actores armados no pueden poner en riesgo a los reporteros ubicándolos en medio del conflicto.

La Asamblea de la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-, reunida en pleno en Bogotá, condena el cobarde asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del grupo disidente Frente Oliver Sinisterra. Los tres trabajadores fueron secuestrados el pasado 26 de marzo en la frontera de Colombia con Ecuador. En Colombia, desde 1993, con el caso de Danilo Alfonso Baquero, no se presentaba el homicidio de un periodista mientras estuviera privado de su libertad. En Ecuador es el primer caso de este tipo.

Los miembros de la Asamblea de la FLIP (periodistas, investigadores, analistas de los medios de comunicación) se solidarizan con los familiares de las víctimas y envían un mensaje de unión. Más allá de fronteras o formalismos, este es un ataque contra la libertad de prensa en Colombia.

Para la comunidad periodística en Colombia es una vergüenza que una organización armada ilegal, relacionada con Colombia, esté involucrada con este crimen atroz contra la prensa.

El Presidente ecuatoriano confirmó la muerte de los trabajadores de El Comercio en una rueda de prensa. La FLIP expresa su solidaridad con las familias y allegados de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, y los acompaña en su dolor.

El presidente Moreno se refirió en sus declaraciones a la "repatriación" de los cuerpos. Esto demuestra, una vez más, que el manejo de la información por parte de ambos gobiernos ha sido precario. En un comienzo, las autoridades colombianas habían afirmado que los trabajadores de El Comercio estaban en territorio ecuatoriano. 

El asesinato es la forma de censura más extrema. Los integrantes del “Frente Oliver Sinisterra” actuaron en contra de todos los estándares internacionales humanitarios y de libertad de prensa.

La FLIP condena la actuación de los gobiernos de Ecuador y Colombia por su falta de diligencia en proteger la vida de los reporteros. Los gobiernos de Lenin Moreno y Juan Manuel Santos no lograron un trabajo conjunto y eficaz para conseguir la liberación oportuna de los tres trabajadores. Adicionalmente, no se acudió de manera eficiente a organizaciones internacionales humanitarias o a otros posibles mediadores -como la iglesia católica- para que facilitaran la liberación.

Desde que se supo del secuestro, Fundamedios Ecuador, junto a otras 60 organizaciones (entre la que se encontraba la FLIP), insistieron a los presidentes Juan Manuel Santos y Lenin Moreno que trabajaran en conjunto para lograr la liberación de los periodistas.  La gravedad de estos casos exige un actuar más responsable de los Estados en prevención, protección y sanción de los responsables.

El 12 de abril a las 10 de la mañana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los tres periodistas. Esta decisión ordena a los Estados ecuatoriano y colombiano a: (1) adoptar medidas necesarias para salvaguardar la vida de los tres periodistas, (2) garantizar que estos puedan desarrollar sus actividades periodísticas sin intimidación, amenazas u otros hechos de violencia e (3) informar sobre acciones adoptadas para investigar los hechos.

Esta tercera obligación sigue vigente y la FLIP exige a los gobiernos de ambos países que la cumplan sin mayor dilación y a la CIDH solicita que realice un seguimiento detallado de esta.

De igual modo, la FLIP exige a las autoridades colombianas y ecuatorianas trabajar con urgencia para lograr la pronta entrega de los cuerpos a sus familiares. La Fundación insta a los entes judiciales y órganos de control de los dos países a que agoten sus recursos investigativos para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este crimen atroz, además de verificar si se realizaron operativos militares que hubiesen puesto en riesgo la vida de los tres trabajadores de El Comercio. Tras haber superado los años más atroces de violencia contra la prensa, es muy decepcionante que estos crímenes sigan sucediendo.

Firman

Asamblea de la Fundación para la Libertad de Prensa

La Fundación Gabriel García Márquez para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y La Federación Nacional de Medios Comunitarios (FEDEMEDIOS)

A las 9:30 de la mañana, RCN Noticias entregó a la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- un comunicado firmado por “Dirección Frente Oliver Sinisterra” con relación a la situación de los trabajadores de El Comercio secuestrados el 26 de marzo. Una vez recibido, la FLIP hizo entrega del documento al Ministerio de Defensa de Colombia. Fundamedios hizo entrega a la Secretaría de Comunicación y Ministerio del Interior de Ecuador. 

El comunicado recibido por la FLIP afirma que los tres trabajadores de El Comercio están muertos y pide generar condiciones humanitarias para la entrega de los cuerpos. 

Aproximadamente a las 10:30 de la mañana el Ministerio de Defensa de Colombia se comunicó con la FLIP para decir que el gobierno “no ha hecho acciones ofensivas, solo actos de control de territorio”. El Ministerio no dio ninguna confirmación de autenticidad del comunicado. 

Una vez vencido el ultimátum dado por el Presidente Lenin Moreno, los gobiernos colombiano y ecuatoriano no han confirmado la autenticidad de las fotos filtradas el día de ayer. 

La FLIP, Fundamedios y Reporteros sin Fronteras rechazan cualquier acción ofensiva por parte de los gobiernos ecuatoriano y colombiano mientras se mantenga la incertidumbre.

_{Viernes, 13 April 2018 00:02}

Mientras haya incertidumbre, no proceden acciones militares

Fundamedios, FLIP.

Nueve horas después de que los gobiernos de Ecuador y Colombia conocieran tres fotografías explícitas, las declaraciones públicas de las autoridades de ambos países no son concluyentes sobre la situación del equipo periodístico ecuatoriano.

En una rueda de prensa concedida en Ecuador, el presidente Lenin Moreno anunció que daba un plazo de 12 horas para recibir pruebas de supervivencia del equipo de El Comercio secuestrado hace 18 días en la frontera colomboecuatoriana. Luego de ese plazo, anunció “acciones contundentes” contra el grupo ilegal.

Fundamedios y la FLIP advierten a las autoridades de ambos países que hasta que no se confirme que estas personas se encuentran sin vida, iniciar una acción militar va en contra de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En estas circunstancias, un plazo de 12 horas solo expresa incertidumbre y falta de control frente a la situación. Fundamedios y la FLIP lamentan que las autoridades de los dos gobiernos no puedan aportar pruebas contundentes sobre la situación y paradero de los periodistas.

_{Jueves, 12 April 2018 17:21}

FLIP exige al Gobierno pronunciarse sobre fotografías relacionadas con los periodistas ecuatorianos

Hacia la 1:30 pm. de hoy, 12 de abril, Noticias RCN conoció 3 delicadas fotografías de los tres trabajadores de El Comercio secuestrados por disidencias de las Farc y puso ese material en conocimiento de la FLIP. A las 3 de la tarde, la Fundación las entregó al gobierno colombiano. Por su parte, Fundamedios informó al Estado ecuatoriano sobre lo sucedido.

Una hora después de que la FLIP entregara las imágenes, el vicepresidente Óscar Naranjo respondió que se está dando trámite para hacer las verificaciones correspondientes y para establecer contacto con las autoridades ecuatorianas.

A las 5 de la tarde, RCN Noticias hace público su conocimiento de las fotografías. Antes de esto, Fundamedios había entregado el material a los familiares de los tres secuestrados.

Previamente, a las 10 de la mañana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los tres periodistas. Esta decisión ordena a los Estados ecuatoriano y colombiano a: (1) adoptar medidas necesarias para salvaguardar la vida de los tres periodistas, (2) garantizar que estos puedan desarrollar sus actividades periodísticas sin intimidación, amenazas u otros hechos de violencia y (3) informar sobre acciones adoptadas para investigar los hechos.

Según el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

La FLIP condena la actuación de los gobiernos de Ecuador y Colombia por su falta de diligencia en proteger la vida de los reporteros. Los gobiernos de Lenin Moreno y Juan Manuel Santos no han trabajado conjuntamente para conseguir la liberación oportuna de los tres trabajadores. Adicionalmente, no se ha acudido de manera eficiente a organizaciones internacionales humanitarias o a otros posibles mediadores -como la iglesia católica- para facilitar la liberación.

Debido a la gravedad del contenido de las imágenes y al clamor de las familias por conocer la verdad, la FLIP le exige al gobierno colombiano que se pronuncie sobre la veracidad de las mismas. En el mismo sentido, la FLIP enfatiza que los gobiernos ecuatoriano y colombiano deben actuar de forma más diligente, armónica y transparente. La gravedad de los hechos exige acciones más responsables.