La periodista Claudia Julieta Duque y su hija María Alejandra Gómez demandaron en las últimas horas al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los múltiples ataques de los que han sido víctimas desde el año 2001, entre los que se cuentan un secuestro, graves amenazas, tortura psicológica, persecución y exilios, La mayoría de estos se encuentra en la impunidad, en el marco de juicios e investigaciones ralentizadas contra exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La periodista comenzó a ser perseguida en el año 2001, cuando investigaba el caso del asesinato del también periodista Jaime Garzón Forero. En la petición presentada ante la CIDH durante el período de sesiones que se lleva a cabo a partir de este lunes en Boulder (Colorado, Estados Unidos), se hace un recuento de las violaciones a los derechos humanos infligidas por el DAS contra ambas demandantes entre los años 2001 y 2008, y se menciona la impunidad en que permanecen nuevas amenazas y hostigamientos sufridos por la periodista y su familia a raíz de la batalla por justicia que ha emprendido la periodista Duque en Colombia.

En el expediente penal se llegó a comprobar que existió un plan específico de persecución contra la periodista que fue llevado a cabo desde el DAS. En la actualidad, varios ex funcionarios de esa entidad involucrados en los ataques contra Claudia Julieta Duque continúan ejerciendo cargos públicos, uno está libre por vencimiento de términos y otro por cuenta de irregularidades procesales que la Fiscalía se negó a corregir, mientras otros más que se encuentran en juicio están prófugos de la justicia. El proceso penal –con excepción de tres condenas por aceptación de cargos–  se ha paralizado en los últimos años pese al abundante caudal probatorio.

Los hechos de la petición han sido calificados por las cortes colombianas como tortura psíquica agravada y por la Fiscalía como un crimen de lesa humanidad, por el patrón sistemático de ataques, hostigamientos, seguimientos, actividades de inteligencia y contrainteligencia perpetrados por DAS en contra de la periodista.

La demanda fue presentada en nombre propio y de su madre por la hija de Claudia Julieta, quien hoy es abogada y becaria en una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. Durante más de un año, María Alejandra trabajó en la demanda de su propio caso como una forma de apoyar activamente a la periodista Duque en su lucha por justicia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha acompañado el caso de Claudia Julieta Duque desde hace más de una década, lo que ha llevado a varios de sus miembros a servir como testigos en los procesos judiciales en Colombia. Desde la FLIP esperamos que la Comisión atienda la solicitud de las demandantes en busca de justicia definitiva.

Tanto Duque como Gómez son beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH desde el año 2009, por lo que las demandantes han solicitado darle a su caso un trámite prioritario, o “per saltum”, de conformidad con el reglamento interno de la Comisión.

A propósito de las recientes declaraciones de Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, que contribuyen a generar un ambiente adverso para el desarrollo de la labor periodística en la ciudad, la FLIP hace pública la siguiente carta.

Lea aquí la carta dirigida al alcalde de Ibagué.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lleva varios años investigando la inversión de la pauta oficial en distintas entidades públicas del país. La evidencia, luego de entrevistas a periodistas y funcionarios, grupos focales, investigaciones y denuncias, muestra que en muchos casos la publicidad oficial se usa como un mecanismo de censura indirecta que castiga a los críticos y premia a quienes callan.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condena las agresiones de la Policía Nacional a los periodistas Ernesto Mercado de RT Ruptly.tv, César Melgarejo de El Tiempo, Daniel Garzón y John Hamon, periodistas independientes y a un reportero gráfico de Revista Semana que prefirió mantenerse en el anonimato.

El 13 de septiembre los reporteros se trasladaron a la sede principal de la Universidad Pedagógica en Bogotá para cubrir manifestaciones estudiantiles. Hacia el mediodía empezaron los enfrentamientos entre estudiantes y miembros de la Policía.

En ese momento, el grupo de periodistas se acercó a registrar con sus cámaras las detenciones y los uniformados obstruyeron la labor periodística con sus escudos y arrinconaron a los reporteros contra el muro de un parqueadero. En medio de la agresión, los Policías empujaron al reportero de Revista Semana, lo lesionaron en una de sus rodillas y un dedo de la mano y le rompieron el pantalón. Según conoció la FLIP, la agresión más grave la recibió César Melgarejo, reportero de El Tiempo, quien fue golpeado brutalmente en la espalda por uno de los uniformados con su bastón de mando.

Adicionalmente, los reporteros aseguran que durante la agresión los oficiales de Policía se dirigían a ellos en tono burlesco para provocarlos: “El Policía que agredió al periodista de El Tiempo me hablaba con burla y se reía de nosotros mientras me mandaba besos y me hacía señas de que me iba a agredir con el bastón de mando”, afirmó John Hamon, reportero gráfico de Actualidad RT.

La FLIP le exige a la Policía Nacional apartar inmediatamente a estos funcionarios de sus cargos y suspender al oficial a cargo del operativo. La impunidad en este caso envía un mensaje equivocado a los demás miembros de la Policía sobre la falta de consecuencias que trae violar el derecho de los ciudadanos a informar y ser informados.

Los funcionarios violaron además el mismo Código de Policía que establece que “cualquier ciudadano puede grabar los procedimientos policivos sin que nadie pueda impedirlo”. En reiteradas ocasiones la FLIP ha denunciado que integrantes del ESMAD han atacado a ciudadanos y periodistas por el hecho de estar documentando protestas sociales con cámaras de video o con sus móviles. La opacidad en los procedimientos policivos es incompatible con los valores democráticos de respeto a las libertades civiles.

Durante 2017 y lo corrido de 2018, la Fundación ha registrado 46 ataques contra la prensa por parte de integrantes de la Fuerza Pública, de los cuales 33 de ellos se han presentado en contextos de manifestaciones sociales, operativos e incautaciones.  

En el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno colombiano instruir a los integrantes de la fuerza pública en estándares sobre libertad de expresión. A partir de 2013 la FLIP con apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Comunicación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inició un trabajo de colaboración con la Policía Nacional para contribuir en este proceso con el fin de capacitar uniformados para disminuir las agresiones contra la prensa.

Como parte de ese trabajo, la FLIP está apoyando a la UNESCO en la creación de un curso  de libertad de expresión para cientos de integrantes del cuerpo de Policía de Colombia y otros países de Latinoamérica.

Sin embargo, como consecuencia de los hechos del día de ayer, la FLIP ha decidido suspender su acompañamiento a la Policía Nacional en materia de capacitación a policías hasta tanto no haya un pronunciamiento público que anuncie las medidas sancionatorias por estos hechos y reafirme el alcance de su compromiso con la libertad de prensa. No resulta consecuente que una entidad pública, que busca ser ejemplo regional en materia de respeto a la prensa, permita que su cuerpo antidisturbios agreda de manera colectiva y violenta a un grupo de periodistas y que esto no tenga ninguna sanción.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra periodistas de medios de comunicación alternativos y les exige a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de los periodistas Alberto Castaño y María Lourdes Zimmermann, quienes tuvieron que abandonar el país en junio de este año. La Fundación le hace un llamado a las autoridades colombianas para que atiendan este caso con celeridad y dispongan de las medidas necesarias para proteger a los reporteros.

El 15 de agosto desconocidos robaron un computador del equipo periodístico de Rutas del Conflicto. El equipo contenía información altamente sensible sobre víctimas en actuales procesos de restitución de tierras. Una situación similar se presentó en abril de 2017 en las instalaciones de la Fundación Fahrenheit 451, donde se robaron dos computadores y una tablet. Según los videos de seguridad que registraron lo sucedido en cada lugar, los responsables en ambos casos serían las mismas personas.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra periodistas y medios de comunicación nacionales.

La Fundación para la Libertad de Prensa ha documentado los casos de más de diez periodistas extranjeros a los que Migración Colombia está imponiendo restricciones ilegítimas para el ejercicio de su oficio en el país.

A partir la expedición de la nueva regulación en materia de visas (Resolución 4065 de 2017), la Cancillería empezó a hacer exigencias contrarias a la Constitución: la entidad está solicitando como requisito para la concesión y renovación de visas la presentación de un título universitario en periodismo.

De acuerdo con la Resolución, para solicitar una visa de migrante, los periodistas deben “contar con la cualificación o experticia para ejercer profesión de manera independiente”. Sin embargo, según reportan los periodistas, las autoridades migratorias no están aceptando formas distintas de demostrar la cualificación y experticia que un título universitario. Las solicitudes presentadas por periodistas experimentados sin títulos universitarios en periodismo están siendo rechazadas. También se han negado visas a periodistas con títulos universitarios en otras áreas distintas a la comunicación social/periodismo.

En consecuencia, se está impidiendo a periodistas independientes continuar su trabajo. Dos de ellos ya han tenido que abandonar el país. Los comunicadores son corresponsales y colaboradores de medios como The Guardian, The New York Times, The Washington Post, The Bogota Post, El Tiempo, Colombia Reports y Finance Colombia.

El cambio en los requisitos exigidos constituye una violación del derecho fundamental a la igualdad, ya que pone en condiciones diferentes a los periodistas independientes, en función de si cuentan o no con un título universitario en periodismo. Además, vulnera los estándares constitucionales e interamericanos que protegen la libertad de prensa.

La discusión sobre si los periodistas deben contar o no con un título universitario para ejercer ya ha sido resuelta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva sobre la colegiación obligatoria de periodistas - OC-5/85) y por la Corte Constitucional de Colombia. Ambas han reconocido que el periodismo es un concepto amplio que no está atado a formalismos como el porte de una tarjeta profesional o la pertenencia a determinados colegios profesionales. En la sentencia C-087 de 1998, la Corte Constitucional sostuvo que:

Cuando el artículo 73 de la Constitución protege de modo explícito la actividad del periodista para garantizarle su “libertad e independencia profesional” es claro que lo hace en función de la tarea específica que tal profesional cumple, y no de la simple circunstancia de poseer un documento oficial, consecutivo a una experiencia anterior o al cumplimiento de ciertos requisitos académicos. Resulta, entonces, pertinente afirmar, sin el más leve asomo de ambigüedad, que los derechos, de cualquiera índole, los privilegios (...) y aún los deberes éticos y jurídicos que al periodista incumben, como se indicó más arriba, derivan del ejercicio de su actividad (acreditable por cualquier medio probatorio) y no del hecho contingente de poseer o no una tarjeta expedida por una agencia oficial.

Sorprende entonces que Migración Colombia esté haciendo exigencias de este tipo. La FLIP también ha documentado otra serie de obstrucciones en estos trámites que en la práctica impiden el derecho de los reporteros freelance a informar y afectan el derecho de los ciudadanos a recibir información.

Estos periodistas han buscado el apoyo de la FLIP para denunciar la situación y tramitar ante ante el gobierno una solución. Por tal motivo, la Fundación solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Migración Colombia tomar medidas con carácter urgente para detener estos actos de censura colectiva contra los periodistas extranjeros en Colombia.

En el día de hoy la FLIP radicará un derecho de petición en las mencionadas entidades para solicitar una reunión que contribuya a crear un canal de comunicación que facilite la creación de garantías para la continuidad del cubrimiento periodístico de los periodistas y medios de comunicación extranjeros en Colombia.

*Actualización: 

En la tarde de este 3 de septiembre el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un pronunciamiento en el que aclaró que para estos procedimientos es suficiente una carta de acreditación del medio de comunicación en el que trabaja el periodista. Además, afirmó que Migración Colombia no tiene registros de extranjeros inadmitidos que hayan manifestado ser periodistas.  

La Flip resalta la pronta respuesta del Ministerio y estará al tanto de los detalles para acordar la reunión propuesta en su comunicado.