La periodista Silvia Duzán fue asesinada el 26 de febrero de 1990 en Santander. La Fiscalía reconoció que este crimen hizo parte de un ataque sistemático de grupos paramilitares. Esta declaratoria debe estar acompañada de los esfuerzos de la Fiscalía para investigar el crimen.

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Las personas interesadas deben enviar la propuesta al correo convocatorias@flip.org.co a más tardar el 27 de febrero de 2020 a las 11:59 pm.

Aquí puede conocer las especificaciones de la convocatoria.

• Osma es el director del periódico Construyendo Región y estaba cubriendo un evento organizado por la multinacional Minesa.

• A la salida del evento varios manifestantes, que protestaban contra la multinacional, se toparon con Osma, lo insultaron y golpearon, dejándole dos hematomas. Además, los ataques le detonaron un episodio de taquicardia.

• La FLIP extiende este comunicado a la Policía Nacional, a la Unidad Nacional de Protección y a diferentes movimientos ambientalistas.

La FLIP rechaza la agresión de la que fue víctima el periodista y le solicita a las autoridades competentes que tomen las medidas pertinentes para salvaguardar la vida y la integridad del reportero afectado y garanticen el cubrimiento periodístico en este tipo de reuniones.

El pasado jueves 20 de febrero, Minesa organizó un encuentro en el Club Campestre de Floridablanca con el fin de dar a conocer detalles sobre el proyecto de extracción de oro que se planea adelantar en el páramo de Santurbán. Mientras esto ocurría, varios personas que se oponen a la actividad de explotación hicieron una manifestación a las afueras del lugar donde se desarrollaba el evento. 

Cuando Sergio Andrés Osma, otro de los periodistas de Construyendo Región, llegó a registrar lo que estaba sucediendo, los manifestantes le impidieron ingresar al Club. En ese momento, el director del periódico, Edgar Osma, se acercó a las personas que protestaban para solicitarles que dejaran ingresar a su colega. Entonces, varios de los manifestantes respondieron con insultos y con agresiones físicas contra el reportero, lo cual le ocasionó un episodio de taquicardia y le dejó dos hematomas: uno en la cabeza y otro en una de sus muñecas. 

La FLIP expresa su preocupación por este hecho y le solicita a la Policía Nacional que garantice la labor de la prensa en futuros cubrimientos relacionados con este y otros hechos de alto interés público para la comunidad. También le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que estos nuevos hechos sean tenidos en cuenta en el estudio de riesgo de Edgar Osma para determinar cuáles deben ser las medidas idóneas para salvaguardar la vida y la integridad del reportero y la de su familia. 

Por último, la Fundación le hace un llamado a los diferentes movimientos ambientalistas para que no se conviertan en agresores contra la prensa en este tipo de escenarios. Garantizar el principio de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación en el cubrimiento de temas de alto interés para la ciudadana contribuye a la deliberación abierta, plural y libre que necesita cualquier sociedad democrática. 

La FLIP expresa su preocupación por la difusión de mensajes en redes sociales contra el diario La Nación por parte de seguidores del alcalde y rechaza las intimidaciones a través de llamadas telefónicas que denunciaron las directivas del medio de comunicación.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la medida cautelar que emitió el Juez Séptimo Administrativo Oral de Medellín a favor de José Guillermo Zuluaga Ceballos para que cesen las publicaciones por parte de Morada Noticias, Caracol Televisión y Noticias Caracol sobre una serie de acusaciones de acoso sexual en contra de Zuluaga.

• Un juez impuso orden de arresto y multa en contra del periodista Lucio Torres.
• La orden de arresto se dio después de que el líder religioso Miguel Arrázola y su esposa interpusieran un incidente de desacato.
• Todo el trámite de tutela estuvo atravesado de irregularidades que afectan directamente al periodista.

La FLIP rechaza la orden de arresto por diez días y la multa de diez salarios mínimos impuesta por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena contra el periodista Edison Lucio Torres. La orden del juez fue emitida después de que el periodista se negara a retirar las publicaciones en las que se refiriera a Miguel Arrázola, líder de la iglesia Ríos de Vida, y a su esposa María Paula García Silva.

La orden de arresto se dio después de que Arrázola y su esposa interpusieran un incidente de desacato por el incumplimiento del fallo de tutela. En su decisión, el juez ordenó la eliminación de toda la información publicada en los portales para los que trabaja el periodista y en donde tenga alguna influencia. Además, previno al periodista para que se abstuviera de “incurrir en hechos violatorios de los derechos fundamentales de las personas”. De acuerdo con la entrevista que le concedió al portal Mundo Noticias, en total son ocho publicaciones en las que el periodista se ha referido al líder religioso.

La FLIP tuvo conocimiento de una serie de irregularidades durante el trámite de tutela interpuesto contra el periodista. En primer lugar, pese a que el fallo de tutela fue emitido el 2 de diciembre de 2019, el periodista sólo tuvo acceso a éste hasta el 14 de febrero del 2020. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el desconocimiento del contenido de la sentencia impidió que el periodista pudiera ejercer su derecho a la defensa e impugnar el fallo. Tercero, pese a que el periodista alegó la nulidad del fallo por una evidente violación al derecho fundamental al debido proceso, el Juzgado Trece Civil Municipal de Cartagena, quien tuvo conocimiento de la solicitud de nulidad, rechazó la petición. 

Las órdenes emitidas por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena de eliminar el contenido publicado por el periodista son innecesarias, desproporcionadas y atentan seriamente contra la libertad de expresión y de prensa. En consideración de la FLIP, la decisión del juez desconoce la regulación de la acción de tutela y la jurisprudencia constitucional, las cuales exigen la presentación de una solicitud de rectificación antes de dar trámite a una acción de tutela. Así mismo, cuando exista información desactualizada es posible solicitar la actualización. 

Forzar al periodista a retirar de internet las notas periodísticas y negarle la oportunidad de aportar los documentos que apoyan su reportería, además de violar la libertad de expresión y el debido proceso, también vulneran el derecho que tiene la ciudadanía a estar informada sobre asuntos de alto interés público.  

Resulta aún más preocupante la orden de arresto por diez días emitida por el juez de tutela. Esta es una medida extrema que funciona como un mensaje disuasorio, que genera intimidación en los periodistas e impide el libre ejercicio de su labor.

La FLIP rechaza esta clase de decisiones y hace un llamado a las autoridades judiciales para que sus fallos se adopten a los estándares internacionales de libertad de expresión y garanticen el debido proceso y el derecho de defensa de los periodistas.

• El reportero Wilfer Moreno fue víctima de una amenaza por parte de un hombre que se identificó como comandante del ELN.

• Moreno se vio obligado a dejar inmediatamente el departamento.

• La FLIP le solicita a la UNP que tome las medidas necesarias para proteger al periodista.

La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad del periodista de CNC Noticias, Wilfer Moreno. El reportero fue víctima de una amenaza que lo obligó a desplazarse del municipio de Arauca. La Fundación les solicita a las autoridades que investiguen estos hechos y garanticen la seguridad del periodista.

El pasado jueves 13 de febrero el reportero recibió una llamada en la que un hombre que se identificó como alias “Marcos” lo amedrentó para que suspendiera la transmisión de su espacio informativo durante el paro armado de 72 horas que anunció el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que empieza este 14 de febrero. Cuando Moreno se negó cumplir con la orden, el desconocido lo declaró objetivo militar y le advirtió que tenía que abandonar el departamento en una hora.

Luego de la amenaza, el reportero tuvo que salir de inmediato del municipio para salvaguardar su vida. Esta intimidación se presentó luego de que Moreno cubriera los temas de orden público en el departamento a través de su espacio informativo, en el que denuncia constantemente las acciones delictivas del ELN. El desplazamiento del reportero afecta la pluralidad informativa de los araucanos, debido a que la señal del informativo de CNC llega a los municipios de Fortul, Tame, Saravena, Rondón y Arauca.

La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tome las acciones necesarias para proteger a Wilfer Moreno durante el tiempo que se encuentre fuera de Arauca e implemente las medidas necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Adicionalmente, la FLIP le hace un llamado a la Unidad para que coordine con las autoridades locales la implementación de medidas preventivas con el fin de garantizar el trabajo informativo de los demás reporteros del canal y d otros medios de comunicación.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad estas amenazas con el fin de dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

El club Once Caldas le negó la acreditación a cinco periodistas de La Patria y a dos de RCN Radio.

Estas decisiones afectan la pluralidad de información y opinión.

El jefe de prensa del club afirmó que publicarán un comunicado refiriéndose a la situación.

La FLIP expresa su preocupación por la cancelación de las acreditaciones para cubrir el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) en el primer semestre de 2020 a cinco periodistas del Diario La Patria y a dos más de RCN Radio en Manizales. La decisión la habrían tomado las directivas del club Once Caldas, luego de las críticas que han hecho los reporteros sobre el rendimiento del equipo.

A dos de los cinco periodistas de La Patria les fue negada la acreditación a pesar de que, como lo manifiesta el medio en un derecho de petición que envió al presidente del equipo el 11 de febrero, la acreditación aparece activa ante la Dimayor. La Patria también manifiesta que, dado que a ninguno de sus reporteros gráficos les fue otorgado el permiso para cubrir oficialmente, las posibilidades de tener material gráfico de los encuentros es mucho más reducida, afectando el desarrollo de su labor periodística. 

Una situación similar vive el periodista Mario César Otálvaro, director del programa “Siempre Fútbol”, transmitido por RCN Radio en Manizales. A Otálvaro también le fue negada la acreditación limitando el cubrimiento de los encuentros deportivos en su cabina de radio. El periodista ha sido uno de los críticos sobre el rendimiento del club y en una de sus últimas publicaciones en el periódico La Patria, titulada “El gol extraviado”, el periodista cuestionó la ineficacia y falta de efectividad del equipo. Además, a otro periodista que trabaja como corresponsal de RCN Radio también le fue negada su acreditación luego de portarla durante los últimos tres años. El reportero ha señalando las irregularidades administrativas y deportivas del club.

LaFLIP se comunicó con Julio César Orozco, jefe de prensa del Once Caldas, para conocer las razones por las que el equipo negó las acreditaciones. Sin embargo, Orozco le manifestó a la Fundación que las directivas del Club publicarán un comunicado de prensa refiriéndose a esta situación. En ninguno de los casos en los que se negó la acreditación el club le explicó a los periodistas y medios las razones de esta determinación.

Según Gabriel Fernando Cárdenas, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Caldas (ACORD), después de tener una reunión el presidente del club, Tulio Mario Castrillón, el directivo le confirmó que la decisión de vetar a los periodistas había sido suya y se debía a que los reporteros a los que se les había negado la acreditación, a su juicio, eran mentirosos y que él podía tomar esta determinación porque el equipo es una empresa de su propiedad.

Sobre lo anterior, la FLIP considera que las decisiones de retirar las acreditaciones de los periodistas resultan desproporcionadas. Es necesario recordar que la Corte Constitucional estableció en la sentencia T-498 de 1994 que, “Los clubes deportivos son organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social”. Lo anterior, implica que existe un deber de garantizar acceso y transparencia para la ciudadanía. Es por eso que es problemático que se excluya del cubrimiento de un evento deportivo a un medio, pues se afecta la pluralidad de información y opinión que se debe garantizar toda sociedad democrática.

La FLIP expresa su preocupación por el hecho de que, como se ha planteado en el nuevo reglamento de la Dimayor para el año 2020, sean los equipos de fútbol quienes tengan la potestad de otorgar las acreditaciones cuando son los principales afectados por las críticas de los medios de comunicación. Adicionalmente, la Fundación considera problemático que, ante la potestad que les ha dado Dimayor, los clubes no comuniquen este tipo de decisiones de manera transparente.

La FLIP considera necesario que existan garantías por parte de las directivas del club de fútbol Once Caldas para que los medios de comunicación puedan informar sobre las gestiones de la institución que involucra dineros públicos. El estadio Palogrande, en el que el Once Caldas juega como local, es propiedad de la alcaldía de Manizales y la seguridad en los estadios es responsabilidad de los miembros de la Policía Nacional, quienes desempeñan un rol de funcionarios del Estado. Además, uno de los patrocinadores del equipo es la Industria Licorera de Caldas, que tiene participación de la Gobernación de Caldas. Esta contribución del sector público acentúa la necesidad de cubrimiento y la veeduría que deben hacer los medios de comunicación frente las gestiones de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano y su desempeño en los torneos.  

Colombia es uno de los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo. Entre 1977 y 2026, 170 periodistas fueron asesinados por razones asociadas a su labor informativa. Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hemos buscado reconstruir parte de su trabajo y conocer el estado de sus casos en los estrados judiciales. La tarea no ha sido fácil: de muchos de ellos no hay archivo alguno y, en la mayoría, las investigaciones judiciales han estado marcadas por la negligencia y la impunidad.