En la trigésimo segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la FLIP llevó a cabo varias actividades:

• Stand: Construimos la exposición “Periodismo Roto, una radiografía sobre los medios de comunicación en Colombia”. Se mostraron los resultados de tres años de investigación del proyecto Cartografías de la Información. Estuvimos en el pabellón 8, stand 313, primer piso.

• Agenda propia de conversatorios: Tuvimos 13 charlas alrededor de temas como periodismo y género; pauta oficial y sostenibilidad de los medios; la lucha contra la impunidad en el asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio; y la sátira y el humor político. Los invitamos a revivir los mejores momentos de estas conversaciones en la sección de videos de nuestra página de Facebook.

• Lanzamiento del libro “Periodismo roto: viaje por las grietas de la información en Colombia”: La publicación revela un panorama poco favorable para el ejercicio periodístico en el país: En 666 municipios, donde viven más de diez millones de personas y representa el 60% del país, los habitantes no tienen acceso a contenido local. Por un lado hay municipios que no cuentan con medios de comunicación y por el otro hay municipios en los que aunque existen medios estos no producen contenido local.

• Lanzamiento del cómic de La Liga Contra el Silencio: Junto al ilustrador chileno-ecuatoriano Alberto Montt publicamos el segundo cómic de La Liga Contra el Silencio. El resultado final cuenta varias historias censuradas e identifica a los principales actores que amenazan el desarrollo periodístico en el país.

La FLIP rechaza las intimidaciones en contra de Emiro Goyeneche, director de la emisora Sarare FM Stereo en el municipio de Saravena, Arauca. El nombre del reportero apareció en un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el que lo amenazan de muerte y lo declaran objetivo militar junto con otros dirigentes sociales de sindicatos y movimientos políticos de la región.

El viernes 10 de mayo uno de los líderes que aparece mencionado recibió el sufragio en su casa. Ese mismo día, Goyeneche denunció en la emisora la presunta presencia de paramilitares en el municipio de Saravena y en todo el departamento. Adicionalmente, el periodista hizo un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que investiguen y garanticen la seguridad de los dirigentes sociales y los habitantes de la zona.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y por el ambiente de inseguridad que se vive en el departamento de Arauca y que pone en riesgo la integridad de quienes ejercen la labor periodística. La Fundación ha registrado, desde enero de este año, siete ataques a la prensa en ese departamento, que han afectado a ocho periodistas. El 9 de mayo asesinaron en el municipio de Arauquita a Mauricio Lezama, Consejero Departamental de Cine de Arauca, quien se encontraba adelantando la producción de un cortometraje cinematográfico sobre la vida de una líder social víctima del conflicto. Según las cifras de la FLIP, este homicidio es el número 159 contra reporteros en Colombia por el desarrollo de sus labores informativas.

Adicionalmente, el primero de mayo el periodista Daniel Martínez, corresponsal de RCN en Arauca, tuvo que salir del departamento, luego de recibir una llamada amenazante de una persona que se identificó como miembro del frente Domingo Laín, estructura armada que hace parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La Fundación hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que refuerce el esquema de seguridad del periodista Emiro Goyeneche y garantice la seguridad de los reporteros que se encuentran en riesgo por ejercer su labor en el departamento. Así mismo, la FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes que adelanten las investigaciones pertinentes para identificar y sancionar a los responsables.

La Fundación le solicita a la Defensoría del Pueblo y a la Personería que emitan las alertas oportunas para proteger a quienes se encuentran en riesgo y brinden un acompañamiento permanente a la situación de seguridad de Goyeneche y los demás periodistas que han sido víctimas de intimidaciones en los últimos meses.

El 9 de mayo del 2019, fue asesinado en horas de la tarde en el municipio de Arauquita Mauricio Lezama, Consejero Departamental de Cine de Arauca. Diversas fuentes señalaron que Lezama se encontraba en el municipio adelantando la producción de una corto cinematográfico sobre la vida de una lidereza social víctima del conflicto.

Según información recibida por la FLIP, cuando los hechos ocurrieron, Lezama estaba departiendo en un comercio local con el camarógrafo Ricardo Llain cuando dos hombres que se desplazaban en una moto se acercaron y les dispararon. Tras el ataque, Lezama perdió la vida y Llain resultó herido.

De acuerdo con varios medios de comunicación, el gobernador de Arauca manifestó versiones según las cuales se decía que Lezama era un informante. La FLIP se encuentra documentando los hechos.

La FLIP rechaza este grave ataque en contra de Lezama y Llain y hace un llamado a la Fiscalía para que avance rápidamente en el esclarecimiento de estos hechos. Así mismo, solicita a la Fiscalía que considere también como hipótesis de investigación que las agresiones estuvieron relacionadas con su trabajo en esta producción cinematográfica.

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Actualización

La FLIP reconoce que el asesinato de Mauricio Lezama está relacionado con las labores de producción y de investigación que estaba llevando a cabo para la realización del cortometraje "Mayo". Con este caso, la FLIP ha registrado 159 homicidios contra periodistas en Colombia, por el desarrollo de sus labores informativas. 

En este sentido, la Fundación hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que en la investigación de este homicidio plantee como hipótesis principal que lo motivación está vinculada con las labores relacionadas con el desarrollo del corto que estaba realizando Lezama.

En el 2018 La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y La Liga Contra el Silencio unieron esfuerzos para abrir una convocatoria con el fin de apoyar la creación de 10 proyectos de humor y sátira que sean realizables en audio, video o medios impresos con una intención de generar reflexión y crítica desde nuevos contenidos.

El 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá emitió sentencia condenatoria contra Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera por secuestro, tortura y violencia sexual en contra de la periodista Jineth Bedoya cuando realizaba un cubrimiento periodístico en la cárcel La Modelo de Bogotá el 25 de mayo del año 2000.

Pereira Rivera (alias “Huevoepizca”) fue condenado a 40 años y seis meses de prisión por los delitos de secuestro, tortura y acceso carnal violento. Por su parte a Cárdenas Orozco (alias “JJ”), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de 30 años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

El juzgado confirmó que en el caso de la periodista Jineth Bedoya 'las conductas punibles ejecutadas necesariamente son catalogadas como de ‘Lesa Humanidad’”. En la sentencia, el juez resaltó que “no queda duda de los vejámenes y agresiones físicas y psicológicas contra la señora BEDOYA LIMA, como parte de un plan sistémico y bien estructurado, que incluso, también fue ejecutado contra otros periodistas que igualmente fueron amenazados de muerte, por las investigaciones periodísticas que realizaban, a raíz de los hechos de corrupción que, entre otros, venían suscitándose en la Cárcel Modelo de esta ciudad, con responsabilidad de grupos de Autodefensas y funcionarios de la Fuerza Pública”.

La decisión reconoce que las amenazas que la periodista Jineth Bedoya recibió con anterioridad al secuestro -y que eran de conocimiento de las autoridades- se cumplieron y advierte que a partir de las pruebas allegadas al proceso se puede evidenciar la posible responsabilidad penal de terceras personas, especialmente de servidores públicos. Por lo tanto compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelante una investigación en contra del General (r) José Leonardo Gallego.

La FLIP, que desde el año 2011 obra como representante judicial de Jineth Bedoya, reconoce esta decisión como un avance en el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, advierte enfáticamente que esta sentencia no puede entenderse como la superación de la impunidad en el caso. Lejos de ser un punto de llegada, la justicia ha tomado casi 19 años en condenar a dos de los autores materiales. Esta es una contribución valiosa pero ínfima y tardía, sobre todo si se tiene en cuenta que en el marco de la investigación se han mencionado a por lo menos 25 personas -incluyendo funcionarios públicos- que podrían estar involucrados en los hechos. Sobre la gran mayoría de la cadena criminal no se ha adelantado una investigación eficaz y los autores intelectuales siguen sin responder ante los jueces.

Por este caso el Estado Colombiano está bajo vigilancia por parte de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La sentencia que condena a Cárdenas y Pereira no exime al Estado de su responsabilidad internacional.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza el fallo de segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de tutela iniciado por los periodistas Camila Orozco Becerra, Cesar Augusto Melo Romero, Florencio Sánchez, César Jiménez Lechas, Leonidas Antonio Medina y Juan Carlos Giraldo contra el Juzgado 22 Penal Municipal de Control de Garantías y el Fiscal 23 de la Dirección Especializada, por la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad de expresión y al trabajo. Para la FLIP, esta decisión contradice los estándares constitucionales de libertad de expresión y es peligrosa.

Los hechos que dieron lugar a la tutela son los siguientes. El 30 de enero de 2019, a través de una rueda de prensa y un comunicado público, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer a la opinión pública su investigación en un grave caso de corrupción en las cárceles La Modelo y La Picota de Bogotá conocido como ‘Operación Celdas’. El 31 de enero, varios reporteros acudieron a cubrir las audiencias preliminares del caso, sin embargo, el juez 22 penal municipal les restringió el acceso. El 6 de febrero, día en que se retomó la audiencia, el juez mantuvo su decisión.

Dado que el juez no motivó su decisión, el 7 de febrero, los periodistas enviaron un derecho de petición pidiendo explicaciones. El juez contestó el mismo día diciendo que, previamente al inicio de la audiencia, la Fiscalía - la misma entidad que convocó el día anterior a una rueda de prensa para poner al descubierto el caso - había pedido restringir la difusión de la audiencia debido a que las víctimas podrían estar en riesgo, esto dado el hecho de que se encuentran privadas de la libertad.

El 14 de febrero, los reporteros afectados interpusieron acción de tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para proteger sus derechos y solicitaron que, como medida provisional, se les permitiera el ingreso a la audiencia que no había concluido. Las medidas cautelares fueron negadas inmediatamente y el 27 de febrero, cuando ya las audiencias habían terminado, se negó la tutela por tratarse de un hecho superado. Las audiencias habían culminado el 18 de febrero con la imposición de medidas cautelares privativas de la libertad contra los procesados, sin permitir que los medios y la ciudadanía se enteraran de lo sucedido durante las mismas.

La decisión fue impugnada por los reporteros y llegó a manos de la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad de la jurisdicción penal. Contrario a lo dicho por el tribunal en primera instancia, la Corte consideró que la tutela sí era el medio judicial procedente en este caso. Sin embargo, avaló la decisión de restringir el acceso a las audiencias.

La Corte desconoce el hecho de que la Fiscalía fue quien dio a conocer la investigación. Por otra parte, el argumento de que al encontrarse las víctimas en la cárcel se encuentran en riesgo no es aceptable, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y de las personas privadas de la libertad. En consecuencia, es inadmisible que alegue que no puede cumplir sus obligaciones para limitar el derecho de acceder a información pública y limitar el principio de publicidad de las audiencias.

La FLIP manifiesta su profunda preocupación por las implicaciones de la decisión en el derecho a la libertad de prensa y anuncia que, dada la gravedad del caso, solicitará a la Corte Constitucional que seleccione la tutela para revisión.

*Comunicado de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), miembro del Proyecto Antonio Nariño

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, representantes de los partidos y movimientos políticos se unieron el viernes 3 de mayo para firmar el Pacto por la libertad de prensa y contra la desinformación en elecciones, una iniciativa convocada por el Proyecto Antonio Nariño PAN, del que hacen parte la Asociación Colombiana de Medios de Información Ami, la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano Fnpi y la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung.

Armando Benedetti del Partido de la U, Nubia Estella Martínez y Angela Garzón del Centro Democrático, Ángela María Robledo de Colombia Humana, Jaime Navarro Wolf y Claudia López de la Alianza Verde, Álvaro Argote del Polo Democrático Alternativo y Rodrigo Londoño del Partido FARC fueron algunos de los se suscribieron al pacto que busca reafirmar el compromiso de los líderes políticos en favor de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la protección de los periodistas en las elecciones locales que se llevarán a cabo en octubre de 2019.

Como antesala de la firma, la periodista Camila Zuluaga conversó con Liza Marklund de Suecia y Jorgen Laurving  de Dinamarca sobre el valor que tiene la libertad de prensa durante época de elecciones en una democracia y la importancia de no descalificar a los periodistas que hacen preguntas incómodas para no dañar los ambientes de deliberación política.

Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y exrelatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), destacó el compromiso de los firmantes quienes, dijo, al suscribir el pacto acordando combatir la desinformación y rechazar la generación de noticias falsas, están fortaleciendo las bases democráticas en Colombia.

«En los últimos 5 años no hay una sola investigación que no sostenga que el retroceso democrático en el mundo ha sido grave y que puede ser mucho peor. Y esto se debe a muchos fenómenos pero entre otros, a los fenómenos de desinformación y discursos de odio que parecen estar resolviendo demandas insatisfechas de sectores de la población que quieren escuchar eso», aseguró.

Pidió a los representantes de los partidos adherirse a  los hechos, inclusive cuando estos los lleven a perder.

«Cuando los partidos políticos entiendan que la evidencia está en su contra y prefieran perder a mentir; eso requiere convicciones democráticas profundas», dijo. «El que prefiere construir a partir de mentiras el camino para llegar al gobierno, va a gobernar mal».

En la declaración, los firmantes se comprometieron a respetar el trabajo de los periodistas y medios de información, garantizar la libertad de prensa, rechazar la desinformación y prohibir el uso y promoción de contenidos falsos, evitar discursos de odio contra periodistas, medios de información y contradictores, y finalmente, hacer seguimiento al cumplimiento de estos objetivos.

El Pan entregó a los medios de información colombianos este documento para su apropiación. Con esta expresión se refirió a la oportunidad que brinda esta primera y significativa aproximación a estos compromisos por parte de los involucrados, para continuar buscando la adhesión de todos los demás partidos, movimientos y candidatos que participarán en las elecciones del presente año, así como las razones que los llevan a hacerlo o a abstenerse, como ocurrió con Cambio Radical, el Mira y el Polo Democrático quienes habiendo anunciado su presencia no se presentaron, o con el Partido Liberal, AICO, ASI y UP que nunca confirmaron. Así como al diseño y ejecución de un sistema de monitoreo y reporte periodístico sobre su cumplimiento, como parte sustancial de la información a la que tiene derecho la ciudadanía a propósito del cubrimiento del acontecer político y electoral en esta contienda, en el apogeo de la era de las campañas construidas sobre noticias falsas y desinformación. «Esta es por definición, una misión de los medios de información colombianos; de nuestra parte, con este esfuerzo realizado en nombre de la libertad de prensa y el derecho a la información en su día, los invitamos a liderar con la orientación propuesta una causa colectiva en nombre de este gran pacto por la democracia colombiana y por la credibilidad de nuestros medios y periodistas como garantes de la misma», puntualizó el Pan en la carta dirigida a los medios.

Aquí puede ver el comunicado de AMI.

Aquí puede conocer el pacto firmado.

Aquí puede ver el mensaje de reconocimiento del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

El 1 de mayo, el periodista Daniel Martínez, corresponsal de RCN en Arauca, recibió una llamada amenazante de una persona que se identificó como miembro del frente Domingo Laín, perteneciente a la guerrilla del ELN. Este sujeto advirtió al periodista que tenía hasta las cuatro de la tarde de ese mismo día para irse de Arauca.

En el 2014, el periodista ya había recibido una llamada de un número desconocido en la que un hombre amenazó con matarlo. Y en enero de este año, en una de las ventanas de su carro le escribieron "está advertido".

Martínez, además de ser periodista en RCN, es propietario del portal de noticias El Círculo. En ambos medios de comunicación el periodista ha hecho un amplio cubrimiento de la difícil situación de orden público que se vive en el departamento de Arauca, a causa de la presencia de grupos armados. Otros periodistas del departamento también han recibido llamadas intimidatorias de personas que se identifican como miembros de la guerrilla del ELN y que les exigen que vayan a reuniones con ellos para seguir “instrucciones”.

La FLIP rechaza esta amenaza, expresa su preocupación por estos hechos y advierte sobre un clima intimidante creciente en el departamento de Arauca que puede derivar en autocensura y silenciamiento de medios sobre asuntos de interés público.

Ante la gravedad de los hechos, el Canal RCN y la FLIP han trabajado coordinadamente para apoyar a Martínez. La Fundación resalta la celeridad con la que el medio ha concurrido a la protección del periodista. No obstante lo anterior, la FLIP exige a la UNP que implemente a la brevedad medias de protección de emergencia con el fin de salvaguardar la vida y la integridad del periodista y hace un llamado a la Fiscalía para que investigue con celeridad estos hechos con el fin de juzgar y sancionar ejemplarmente a los responsables.

En 2018, la FLIP registró el número más alto de violaciones a la libertad de prensa; en 2019, la prensa sigue asediada por la violencia y la censura. Por esa razón, los miembros del proyecto Antonio Nariño (PAN), del que hace parte la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), han convocado a todos los partidos políticos y movimientos significativos de ciudadanos a firmar el Pacto por la Libertad de Prensa y contra la desinformación en elecciones.