El 29 de enero de 2019, el Juzgado Cuarto del Circuito de Cartagena confirmó la sanción por desacato de cinco días de arresto y multa de cinco salarios mínimos en contra de Lucio Torres, periodista de Vox Populi. El juzgado confirmó la decisión de desacato del Juez Décimo Penal de Control de Garantías de Cartagena en el proceso de tutela iniciado por el pastor Miguel Arrázola en contra del periodista.

Lucio Torres publicó tres notas entre 2016 y 2017 en las que cuestionó las finanzas del pastor Arrázola y denunció las posteriores intimidaciones del mismo. En aquella ocasión, durante la prédica “Noches de milagro”, el líder evangélico afirmó: “Dale gracias a Dios que soy nacido nuevo. Tengo el Espíritu Santo y Jesucristo en mi corazón, porque hace rato estuvieras en la Ciénaga de la Virgen, metido ahí”, haciendo referencia a un lugar de Cartagena donde frecuentemente se encuentran cuerpos sin vida. Arrázola también sostuvo “yo tengo unos manes tabluos aquí, yo te puedo hacer la vuelta” haciendo referencia a una publicación de Torres en la que hablaba del salario del pastor. A pesar de que el periodista realizó una denuncia formal en la Fiscalía en contra de Arrázola, la investigación no prosperó.

A raíz de las publicaciones del periodista, Arrázola interpuso una acción de tutela alegando la violación de su derecho al buen nombre y a la libertad de culto. La tutela fue fallada a favor del pastor y se ordenó al periodista a rectificar y pedir disculpas. Sin embargo, el periodista se negó a rectificar e impugnó la sentencia, dado que confía en la veracidad de sus publicaciones. Arrázola presentó un incidente de desacato, el cual fue decidido y confirmado antes de la sentencia de segunda instancia, ordenándose la detención del periodista.

A la FLIP le preocupa especialmente que se tomen medidas drásticas como el arresto en contra de periodistas. Esta situación genera un ambiente adverso para la libertad de prensa, pues inhibe a los periodistas de hacer denuncias públicas y crea antecedentes funestos para el derecho a la información y para la democracia.

El periodista Lucio Torres ha enfrentado distintas formas de censura. En 2018 tuvo que cambiar de residencia tras ser víctima del ataque de dos hombres armados y de múltiples amenazas de muerte. Además, solo en 2018, enfrentó ocho procesos judiciales en su contra. La difícil situación del periodista lo llevó a enviar una carta al Defensor del Pueblo, Carlos Negret, en la que anunció que los cinco días que pasará privado de la libertad serán el punto final a su carrera de 38 años como periodista.

Esta situación de continuas presiones externas, sumada a la orden de un juez de sancionarlo con cinco días en prisión, llevaron a Lucio Torres a tomar la decisión de dejar de ejercer su derecho a la libertad de expresión. En esta ocasión el acoso judicial y la violencia silenciaron a un periodista colombiano.

La FLIP hace un llamado a las autoridades judiciales del país para que respeten los estándares interamericanos de libertad de expresión y a las figuras públicas para que asuman con responsabilidad sus deber de especial tolerancia respecto a la crítica y la veeduría de medios y ciudadanía.

El pasado 1 de febrero, el Fiscal 6 Especializado contra Violaciones a los Derechos Humanos, a cargo de la investigación por los homicidios de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, decidió hacer apertura de instrucción y llamado a indagatoria a Nicolás Rodríguez Bautista (alias “Gabino”), Israel Ramírez Pineda (alias “Pablo Beltrán”) y Eliécer Herlinto Chamorro (alias “Antonio García”), miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Igualmente, se emitió orden de captura en su contra, con el fin de que comparezcan al proceso.

La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazamos de manera enfática las detenciones arbitrarias a periodistas en Venezuela dentro de los cuales se registran los reporteros colombianos, Leonardo Muñoz y Maurén Barriga, el reportero Español Gonzalo Domínguez, los periodistas chilenos Rodrigo Perez y Gonzálo Barahona, los periodistas franceses Pierre Caillé y Baptiste des Monstiers, y los venezolanos Rolando Rodríguez y  José Salas. Ante la gravedad de los hechos hacemos saber a la opinión pública que:

• Estas detenciones constituyen graves violaciones a la libertad de prensa en contra de los reporteros y periodistas que afectan el derecho a la libertad de información en el desarrollo de hechos de alto interés público en Venezuela.  

• La falta de información provocada por sus captores y la incertidumbre sobre sus condiciones de detención configuran un tratamiento arbitrario, contrario a todos los compromisos internacionales y convenciones sobre derechos humanos. A los periodistas se les ha impedido tener asistencia de abogados y contacto con representantes de los medios para los cuales trabajan y esto es un tratamiento inadmisible.

• Nos sumamos a las voces de rechazo de las distintas Cancillerías y pedimos la activación de todas las acciones diplomáticas posibles que conduzcan a que esta situación irregular y arbitraria tenga como desenlace la libertad de los periodistas y el respeto a su integridad personal. Hacemos un llamado especial a la Cancillería colombiana para que siga brindando apoyo a los periodistas colombianos que trabajan en ese país, lo anterior tomando en cuenta que el respeto por la libertad de prensa es un requisito imprescindible y prioritario en curso las relaciones internacionales.

• Ante la gravedad de los hechos hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que active mecanismos de protección cautelar para los periodistas detenidos de manera arbitraria.

• El sistemático desprecio del régimen venezolano por la libertad de prensa restringe el derecho a la información y aumenta las condiciones de riesgo de los periodistas que trabajan en este país. A pesar del que el régimen desconoce sus obligaciones de respeto a la prensa a partir de acciones autoritarias, nos corresponde  insistir en la exigencia de los valores democráticos.

• Manifestamos nuestra solidaridad y disponibilidad de apoyo a los familiares y medios de comunicación afectados.

• Convocamos al periodismo de las américas a sumar esfuerzos solidarios y de unión con el fin de mantener a la comunidad internacional informada sobre lo que sucede en Venezuela. 

Actualización:

Al mediodía de este 31 de enero, la Cancillería emitió un comunicado en el que anunció que los periodistas de Agencia EFE fueron liberados y que se encuentran en buenas condiciones de salud. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el atentado del que fue víctima la periodista Tana Montoya, el pasado 24 de enero, en la vía que conduce del municipio de Anzá (Antioquia) a la ciudad de Medellín.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por la falta de diligencia del Juzgado Segundo Penal Especializado del circuito de Bogotá, que en los últimos seis meses ha dejado en libertad a tres exagentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) investigados por su presunta responsabilidad en los seguimientos, interceptaciones y tortura psicológica en contra de la periodista Claudia Julieta Duque.

Con las recientes decisiones del juzgado y de la Fiscalía General de la Nación, de los ocho funcionarios del DAS implicados en el caso de violencia contra la reportera, cuatro se encuentran en libertad por vencimiento de términos, dos están prófugos y otros dos se encuentran detenidos cumpliendo su condena por otros procesos.

El pasado 18 de enero, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá ordenó por vencimiento de términos la libertad de William Merchán, exfuncionario del DAS que está siendo procesado por el delito de tortura agravada en contra de la periodista. La decisión la tomó el juez luego de que el 11 de enero de este año el acusado presentara una solicitud de libertad amparada en la Ley 1786 de 2016, que estipula que, luego de la audiencia preparatoria, el juzgado tiene 240 días para dar inicio a la audiencia pública de juicio oral. Al momento de la petición, Merchán había estado 243 días detenido sin que se iniciara esta diligencia.

Situación similar se presentó con otros tres exfuncionarios del DAS que están vinculados al proceso. En 2018 Ronal Rivera y Emiro Rojas, presuntos responsables del delito de tortura agravada contra Duque, también fueron dejados en libertad luego de que se vencieran los términos para emitir sentencia en sus respectivos procesos. En los casos de Rivera y Rojas, el juez sustituyó la medida de aseguramiento en establecimiento intramural para que los acusados queden en libertad cumpliendo las siguientes condiciones: presentarse ante el juez cuando sean requeridos, no cambiar de domicilio ni abandonar el país y no acercarse a la periodista. En el caso de William Merchán el juez ordenó la libertad sin condiciones para sustituir la medida de aseguramiento.

El otro sindicado que había sido puesto en libertad en el proceso de la periodista fue Néstor Javier Pachón. El exagente del DAS fue capturado en noviembre de 2016 por los delitos de tortura agravada y concierto para delinquir y estuvo detenido por un año mientras se adelantaba el proceso en su contra. El 4 de diciembre de 2017 su defensor solicitó la libertad por vencimiento de términos y la fiscal asignada al caso, Gilma Amparo Duarte, negó la petición y prorrogó el tiempo de detención. Sin embargo, el 27 de diciembre del 2017, Catherine Naranjo Sierra, Fiscal 53 de Apoyo de la Unidad especializada contra violaciones a los derechos humanos, revocó la decisión anterior y lo dejó en libertad por vencimiento de términos.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le hace un llamado al Juez Segundo Penal Especializado de Bogotá para que los procesos avancen con diligencia y, de esta manera, evitar que se prolongue la impunidad en el caso de tortura contra la periodista. La Fundación rechaza, además, las actuaciones de la Fiscalía al conceder la libertad de los sindicados, debido a que este tipo de decisiones ponen en riesgo el sometimiento de los acusados a la justicia y contribuye a la revictimización de la afectada

Washington, D.C. y Bogotá, 29 de enero, 2019 - Luego de casi 19 años del secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista Jineth Bedoya Lima, el 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista el 25 de mayo de 2000 que, hasta la fecha, permanecen en la impunidad. Sobre este particular la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) transmiten a la opinión pública lo siguiente:

1. Este informe concluye el análisis del caso ante la CIDH como primera instancia internacional en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y abre la puerta para que el Estado colombiano pueda ser juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en Costa Rica. En este supuesto, la evaluación por parte de la Corte sería una valiosa oportunidad para revisar el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Colombia en cuanto a la garantía de los derechos de los periodistas en Colombia y, particularmente, implicaría que por primera vez este tribunal internacional se pronuncie sobre la situación de las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado.

2. La emisión de este informe representa un paso muy importante en la incansable lucha que la periodista Jineth Bedoya ha librado por la justicia y la verdad en su caso. El mismo también tiene el potencial de poner freno a las dinámicas de impunidad generalizada en casos de violencias contra la mujer y de restricciones de hecho a la libertad de prensa.

3. Si bien los hechos denunciados acaecieron durante gobiernos anteriores, esperamos que el gobierno actual, en representación del Estado, cumpla con lo decidido por la CIDH a fin de garantizar los derechos de Jineth Bedoya y evitar la repetición de hechos de violencia contra las mujeres y su impunidad. Recordamos así mismo que este caso tiene un enorme potencial de brindar justicia no solo a nuestra representada sino a otras víctimas de violencia basada en género en el marco del conflicto armado en Colombia.

4. Una vez la CIDH corra traslado del informe a la víctima y sus representantes, daremos respuesta a los requerimientos de la Comisión de acuerdo con la normativa interamericana, la cual requiere que presentemos nuestra posición sobre el envío a la Corte.

5. Para la FLIP y CEJIL es un honor poder acompañar a Jineth Bedoya desde el apoyo judicial en su lucha que también es nuestra. Llamamos a la comunidad internacional, que siempre ha estado acompañando el caso, a que continúe su observancia del mismo. Esperamos que la veeduría internacional de este proceso emblemático sirva para vigilar la respuesta estatal y mejor abordar los desafíos que el caso revela. 

Aquí puede leer el informe de fondo completo.

Contacto de prensa

Como es de conocimiento público, el pasado 6 de diciembre RTVC retiró las repeticiones del programa “Los Puros Criollos” de la parrilla de programación del canal público Señal Colombia. Esto ocurrió poco después de que su presentador, Santiago Rivas, expresara en La Pulla de El Espectador críticas frente al proyecto de Ley de Modernización  TIC. Sobre el particular, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) –que inició y agotó un minucioso proceso de documentación– manifiesta lo siguiente:

1.   Bajo la garantía de la reserva de la fuente, en la FLIP recibimos una grabación que hacemos pública en este comunicado. El audio corresponde a una reunión realizada el día 6 de diciembre de 2018 en RTVC donde se tomaron decisiones sobre el programa “Los Puros Criollos”.

2. El audio prueba que el objeto de la reunión era decidir qué hacer con el periodista y presentador de Los Puros Criollos, Santiago Rivas, y qué hacer para que que no apareciera más en los productos de RTVC. Tras serias descalificaciones en boca de directivos del Sistema de Medios Públicos contra el periodista, el Gerente imparte dos órdenes: i) retirar desde ese mismo día la emisión del programa y ii) alterar los planes de lanzamiento de la quinta temporada –prevista para enero en horario prime– degradándola al horario de las dos de la madrugada a finales de marzo. Lo anterior dado que el 31 de marzo era la fecha perentoria fijada por la ANTV para el lanzamiento de la nueva temporada.

3.   El audio prueba que el Gerente de RTVC imparte estas órdenes a raíz del malestar que a él y a sus asesores le provocaron las opiniones públicas de Rivas sobre el proyecto de Ley de modernización TIC y especialmente su aparición en La Pulla de El Espectador.

4. La decisión de retirar de la parrilla el programa en diciembre se mantuvo y el Gerente intentó justificarla bajo el argumento de que se trataba de repeticiones de temporadas ya difundidas en su totalidad y disponibles en internet.

5. Contrario a la voluntad expresada en el audio por el Gerente de RTVC –de degradar el lanzamiento de la quinta temporada a marzo en horario de madrugada– los nuevos episodios se empezaron a emitir el pasado 16 de enero en horario prime. Este hecho, debe ser entendido como una consecuencia forzada por la controversia pública que se desató en diciembre con respecto al programa y no desvirtúa la gravedad del horizonte de censura que la gerencia anticipaba para la temporada a estrenar.

6. El Gerente de RTVC Juan Pablo Bieri advirtió públicamente en al menos 9 ocasiones que sus decisiones no obedecían a tintes políticos ni a las opiniones de Rivas frente al Gobierno. “Me parece que hila muy delgado en pensar que, porque él habla en contra o a favor del gobierno entonces yo tomo decisiones de parrilla”, dijo el 10 de diciembre en una entrevista radial. Bieri también calificó de noticias falsas los señalamientos de censura en su contra y firmó un documento oficial de RTVC señalando que en la actual Gerencia “no se imparten órdenes inminentes… se toman decisiones concertadas y de acuerdo a las recomendaciones de las diferentes áreas”.

7. Lo cierto es que el audio que damos a conocer refleja: la terquedad de la gerencia frente a los argumentos técnicos de la directora de Señal Colombia que advertían que se estaba tomando un camino equivocado; las graves inconsistencias en las explicaciones públicas ofrecidas por el Gerente de RTVC; y lo que es más grave, confirma que la opinión de Rivas sobre el proyecto de LeyTIC sí pesó en la decisión de censurar el programa del cual Santiago Rivas es presentador.

8. El 24 de diciembre de 2018 la Ministra Sylvia Constaín convocó a sesión de la Junta Directiva de RTVC. Este cuerpo colegiado, diseñado para asegurar que el Sistema de Medios Públicos cumpla con su mandato, tuvo oportunidad de activar los mecanismos de control interno sobre hechos de restricción en la difusión del programa e indicios de censura que eran de conocimiento público. En un comunicado firmado por la Junta, publicado el 26 de diciembre, el poder ejecutivo se desprendió de su papel en la controversia invitando a la Procuraduría General de la Nación a que abriera una investigación disciplinaria sobre lo que la Junta consideró “supuestos actos de censura”. Siguiendo la ruta trazada por la Junta de RTVC corresponde a la FLIP remitir sus hallazgos a este organismo de control.

9. En aras del equilibrio y la transparencia la FLIP informó a la ministra Sylvia Constaín apartes de esta grabación previo a la publicación de este comunicado. En conversación telefónica con el director de la FLIP, la ministra resaltó la responsabilidad de su cargo ante un asunto delicado donde debe velar por el cumplimiento del marco legal. Así mismo manifestó que existe total disponibilidad del Ministerio y del Gobierno para evaluar el alcance de la denuncia de la FLIP y reiteró el compromiso irrestricto del Gobierno Nacional con la garantía del derecho a la libertad de expresión. La Ministra dispuso de un espacio en su agenda el jueves 24 de enero -en Manizales- para reunirse con la FLIP.

10. El gerente de RTVC lideró un plan de retaliación contra Rivas con el propósito de censurar opiniones alternativas a las del Gobierno en el curso de deliberaciones sobre asuntos de alto interés público como la reforma al sector de telecomunicaciones que actualmente impulsa el MinTic. Con esta información sobre la mesa, en la FLIP no encontramos cómo sustentar que Juan Pablo Bieri cumpla con las credenciales necesarias para gerenciar el sistema de medios públicos de Colombia.

11. El 26 de diciembre la junta directiva de RTVC afirmó que pretende “incorporar las mejores prácticas en temas relacionados con libertad de expresión dentro del sistema de medios públicos en Colombia. En este sentido se escucharán los aportes que surjan desde la academia y diferentes organizaciones con interés en los asuntos de libertad de prensa”. Desde la FLIP consideramos que nuestros aportes pueden resultar relevantes para ese propósito. Los hechos de censura no sitúan la conversación en un punto de partida idóneo pero confiamos en que el diálogo franco y abierto en este caso contribuirá al propósito común de brindar plenas garantías a la libertad de prensa y el pluralismo en Colombia. No podemos perder de vista que una democracia necesita de medios públicos fuertes e independientes donde haya espacio para todas las voces sin discriminación, la sociedad colombiana en general y las autoridades en particular debemos asegurarnos de que así sea.

Aquí puede ver en línea la transcripción de la conversación entre Juan Pablo Bieri (Gerente de RTVC), Diana Díaz (en ese entonces Directora de Señal Colombia), Martín Pimiento (Asesor Jurídico de Gerencia), y Alejandra Cendales (Asesora de Gerencia), en la oficina de Juan Pablo Bieri, el 6 de diciembre de 2018, sobre el programa Los puros criollos.

En  horas de la mañana del 20 de diciembre, la emisora Radio Pa’yumat del resguardo Indígena Munchique Los Tigres, en jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), reportó daños en el transmisor central. Ismael Conde, técnico de la emisora, informó a la FLIP que los conductos y las antenas de la torre de transmisión fueron destruidas. En este momento la emisora está fuera del aire y se estima que arreglar los daños tardará entre quince y veinte días. 

La emisora comunitaria radio Pa’yumat hace parte del Tejido de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y cubre los municipios de Caloto, Santander de Quilichao, Miranda, Toribio, Caldono y Suárez. La parrilla de programación de la emisora se divide en programas musicales autóctonos, magacines, boletines informativos y franjas de participación de las comunidades.

Juan Dagua, coordinador de la emisora, señala que allí constantemente se hace difusión de las amenazas y los atentados sufridos por los líderes indígenas de la región. Así mismo, considera que la emisora ha sido fundamental para la convocatoria de las movilizaciones de las comunidades indígenas de la zona.

La FLIP condena estos ataques a la infraestructura de la emisora y hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue estos hechos. Además, solicita a la entidad que tenga como principal hipótesis de la investigación que el daño contra la infraestructura del medio estuvo motivado por el ejercicio informativo de la emisora.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- publica esta carta donde hace mención a la metodología utilizada en toda la serie Pauta Visible. Después de la publicación de el capítulo “Fico: el alcalde vanidoso”, han surgido varias preguntas en la ciudadanía y la Alcaldía de Medellín acerca de cómo se llegó a la cifra de 130 mil millones de pesos.

En la carta que puede ver en línea aquí, se detallan los pasos realizados en todas las investigaciones de Pauta Visible. Además, se da explica por qué se incluyeron cifras de eventos y programas institucionales en el capítulo dedicado a la Alcaldía de Medellín.