• Osma es el director del periódico Construyendo Región y estaba cubriendo un evento organizado por la multinacional Minesa.

• A la salida del evento varios manifestantes, que protestaban contra la multinacional, se toparon con Osma, lo insultaron y golpearon, dejándole dos hematomas. Además, los ataques le detonaron un episodio de taquicardia.

• La FLIP extiende este comunicado a la Policía Nacional, a la Unidad Nacional de Protección y a diferentes movimientos ambientalistas.

La FLIP rechaza la agresión de la que fue víctima el periodista y le solicita a las autoridades competentes que tomen las medidas pertinentes para salvaguardar la vida y la integridad del reportero afectado y garanticen el cubrimiento periodístico en este tipo de reuniones.

El pasado jueves 20 de febrero, Minesa organizó un encuentro en el Club Campestre de Floridablanca con el fin de dar a conocer detalles sobre el proyecto de extracción de oro que se planea adelantar en el páramo de Santurbán. Mientras esto ocurría, varios personas que se oponen a la actividad de explotación hicieron una manifestación a las afueras del lugar donde se desarrollaba el evento. 

Cuando Sergio Andrés Osma, otro de los periodistas de Construyendo Región, llegó a registrar lo que estaba sucediendo, los manifestantes le impidieron ingresar al Club. En ese momento, el director del periódico, Edgar Osma, se acercó a las personas que protestaban para solicitarles que dejaran ingresar a su colega. Entonces, varios de los manifestantes respondieron con insultos y con agresiones físicas contra el reportero, lo cual le ocasionó un episodio de taquicardia y le dejó dos hematomas: uno en la cabeza y otro en una de sus muñecas. 

La FLIP expresa su preocupación por este hecho y le solicita a la Policía Nacional que garantice la labor de la prensa en futuros cubrimientos relacionados con este y otros hechos de alto interés público para la comunidad. También le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que estos nuevos hechos sean tenidos en cuenta en el estudio de riesgo de Edgar Osma para determinar cuáles deben ser las medidas idóneas para salvaguardar la vida y la integridad del reportero y la de su familia. 

Por último, la Fundación le hace un llamado a los diferentes movimientos ambientalistas para que no se conviertan en agresores contra la prensa en este tipo de escenarios. Garantizar el principio de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación en el cubrimiento de temas de alto interés para la ciudadana contribuye a la deliberación abierta, plural y libre que necesita cualquier sociedad democrática. 

La FLIP expresa su preocupación por la difusión de mensajes en redes sociales contra el diario La Nación por parte de seguidores del alcalde y rechaza las intimidaciones a través de llamadas telefónicas que denunciaron las directivas del medio de comunicación.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la medida cautelar que emitió el Juez Séptimo Administrativo Oral de Medellín a favor de José Guillermo Zuluaga Ceballos para que cesen las publicaciones por parte de Morada Noticias, Caracol Televisión y Noticias Caracol sobre una serie de acusaciones de acoso sexual en contra de Zuluaga.

• Un juez impuso orden de arresto y multa en contra del periodista Lucio Torres.
• La orden de arresto se dio después de que el líder religioso Miguel Arrázola y su esposa interpusieran un incidente de desacato.
• Todo el trámite de tutela estuvo atravesado de irregularidades que afectan directamente al periodista.

La FLIP rechaza la orden de arresto por diez días y la multa de diez salarios mínimos impuesta por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena contra el periodista Edison Lucio Torres. La orden del juez fue emitida después de que el periodista se negara a retirar las publicaciones en las que se refiriera a Miguel Arrázola, líder de la iglesia Ríos de Vida, y a su esposa María Paula García Silva.

La orden de arresto se dio después de que Arrázola y su esposa interpusieran un incidente de desacato por el incumplimiento del fallo de tutela. En su decisión, el juez ordenó la eliminación de toda la información publicada en los portales para los que trabaja el periodista y en donde tenga alguna influencia. Además, previno al periodista para que se abstuviera de “incurrir en hechos violatorios de los derechos fundamentales de las personas”. De acuerdo con la entrevista que le concedió al portal Mundo Noticias, en total son ocho publicaciones en las que el periodista se ha referido al líder religioso.

La FLIP tuvo conocimiento de una serie de irregularidades durante el trámite de tutela interpuesto contra el periodista. En primer lugar, pese a que el fallo de tutela fue emitido el 2 de diciembre de 2019, el periodista sólo tuvo acceso a éste hasta el 14 de febrero del 2020. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el desconocimiento del contenido de la sentencia impidió que el periodista pudiera ejercer su derecho a la defensa e impugnar el fallo. Tercero, pese a que el periodista alegó la nulidad del fallo por una evidente violación al derecho fundamental al debido proceso, el Juzgado Trece Civil Municipal de Cartagena, quien tuvo conocimiento de la solicitud de nulidad, rechazó la petición. 

Las órdenes emitidas por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena de eliminar el contenido publicado por el periodista son innecesarias, desproporcionadas y atentan seriamente contra la libertad de expresión y de prensa. En consideración de la FLIP, la decisión del juez desconoce la regulación de la acción de tutela y la jurisprudencia constitucional, las cuales exigen la presentación de una solicitud de rectificación antes de dar trámite a una acción de tutela. Así mismo, cuando exista información desactualizada es posible solicitar la actualización. 

Forzar al periodista a retirar de internet las notas periodísticas y negarle la oportunidad de aportar los documentos que apoyan su reportería, además de violar la libertad de expresión y el debido proceso, también vulneran el derecho que tiene la ciudadanía a estar informada sobre asuntos de alto interés público.  

Resulta aún más preocupante la orden de arresto por diez días emitida por el juez de tutela. Esta es una medida extrema que funciona como un mensaje disuasorio, que genera intimidación en los periodistas e impide el libre ejercicio de su labor.

La FLIP rechaza esta clase de decisiones y hace un llamado a las autoridades judiciales para que sus fallos se adopten a los estándares internacionales de libertad de expresión y garanticen el debido proceso y el derecho de defensa de los periodistas.

• El reportero Wilfer Moreno fue víctima de una amenaza por parte de un hombre que se identificó como comandante del ELN.

• Moreno se vio obligado a dejar inmediatamente el departamento.

• La FLIP le solicita a la UNP que tome las medidas necesarias para proteger al periodista.

La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad del periodista de CNC Noticias, Wilfer Moreno. El reportero fue víctima de una amenaza que lo obligó a desplazarse del municipio de Arauca. La Fundación les solicita a las autoridades que investiguen estos hechos y garanticen la seguridad del periodista.

El pasado jueves 13 de febrero el reportero recibió una llamada en la que un hombre que se identificó como alias “Marcos” lo amedrentó para que suspendiera la transmisión de su espacio informativo durante el paro armado de 72 horas que anunció el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que empieza este 14 de febrero. Cuando Moreno se negó cumplir con la orden, el desconocido lo declaró objetivo militar y le advirtió que tenía que abandonar el departamento en una hora.

Luego de la amenaza, el reportero tuvo que salir de inmediato del municipio para salvaguardar su vida. Esta intimidación se presentó luego de que Moreno cubriera los temas de orden público en el departamento a través de su espacio informativo, en el que denuncia constantemente las acciones delictivas del ELN. El desplazamiento del reportero afecta la pluralidad informativa de los araucanos, debido a que la señal del informativo de CNC llega a los municipios de Fortul, Tame, Saravena, Rondón y Arauca.

La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tome las acciones necesarias para proteger a Wilfer Moreno durante el tiempo que se encuentre fuera de Arauca e implemente las medidas necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Adicionalmente, la FLIP le hace un llamado a la Unidad para que coordine con las autoridades locales la implementación de medidas preventivas con el fin de garantizar el trabajo informativo de los demás reporteros del canal y d otros medios de comunicación.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad estas amenazas con el fin de dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

El club Once Caldas le negó la acreditación a cinco periodistas de La Patria y a dos de RCN Radio.

Estas decisiones afectan la pluralidad de información y opinión.

El jefe de prensa del club afirmó que publicarán un comunicado refiriéndose a la situación.

La FLIP expresa su preocupación por la cancelación de las acreditaciones para cubrir el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) en el primer semestre de 2020 a cinco periodistas del Diario La Patria y a dos más de RCN Radio en Manizales. La decisión la habrían tomado las directivas del club Once Caldas, luego de las críticas que han hecho los reporteros sobre el rendimiento del equipo.

A dos de los cinco periodistas de La Patria les fue negada la acreditación a pesar de que, como lo manifiesta el medio en un derecho de petición que envió al presidente del equipo el 11 de febrero, la acreditación aparece activa ante la Dimayor. La Patria también manifiesta que, dado que a ninguno de sus reporteros gráficos les fue otorgado el permiso para cubrir oficialmente, las posibilidades de tener material gráfico de los encuentros es mucho más reducida, afectando el desarrollo de su labor periodística. 

Una situación similar vive el periodista Mario César Otálvaro, director del programa “Siempre Fútbol”, transmitido por RCN Radio en Manizales. A Otálvaro también le fue negada la acreditación limitando el cubrimiento de los encuentros deportivos en su cabina de radio. El periodista ha sido uno de los críticos sobre el rendimiento del club y en una de sus últimas publicaciones en el periódico La Patria, titulada “El gol extraviado”, el periodista cuestionó la ineficacia y falta de efectividad del equipo. Además, a otro periodista que trabaja como corresponsal de RCN Radio también le fue negada su acreditación luego de portarla durante los últimos tres años. El reportero ha señalando las irregularidades administrativas y deportivas del club.

LaFLIP se comunicó con Julio César Orozco, jefe de prensa del Once Caldas, para conocer las razones por las que el equipo negó las acreditaciones. Sin embargo, Orozco le manifestó a la Fundación que las directivas del Club publicarán un comunicado de prensa refiriéndose a esta situación. En ninguno de los casos en los que se negó la acreditación el club le explicó a los periodistas y medios las razones de esta determinación.

Según Gabriel Fernando Cárdenas, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Caldas (ACORD), después de tener una reunión el presidente del club, Tulio Mario Castrillón, el directivo le confirmó que la decisión de vetar a los periodistas había sido suya y se debía a que los reporteros a los que se les había negado la acreditación, a su juicio, eran mentirosos y que él podía tomar esta determinación porque el equipo es una empresa de su propiedad.

Sobre lo anterior, la FLIP considera que las decisiones de retirar las acreditaciones de los periodistas resultan desproporcionadas. Es necesario recordar que la Corte Constitucional estableció en la sentencia T-498 de 1994 que, “Los clubes deportivos son organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social”. Lo anterior, implica que existe un deber de garantizar acceso y transparencia para la ciudadanía. Es por eso que es problemático que se excluya del cubrimiento de un evento deportivo a un medio, pues se afecta la pluralidad de información y opinión que se debe garantizar toda sociedad democrática.

La FLIP expresa su preocupación por el hecho de que, como se ha planteado en el nuevo reglamento de la Dimayor para el año 2020, sean los equipos de fútbol quienes tengan la potestad de otorgar las acreditaciones cuando son los principales afectados por las críticas de los medios de comunicación. Adicionalmente, la Fundación considera problemático que, ante la potestad que les ha dado Dimayor, los clubes no comuniquen este tipo de decisiones de manera transparente.

La FLIP considera necesario que existan garantías por parte de las directivas del club de fútbol Once Caldas para que los medios de comunicación puedan informar sobre las gestiones de la institución que involucra dineros públicos. El estadio Palogrande, en el que el Once Caldas juega como local, es propiedad de la alcaldía de Manizales y la seguridad en los estadios es responsabilidad de los miembros de la Policía Nacional, quienes desempeñan un rol de funcionarios del Estado. Además, uno de los patrocinadores del equipo es la Industria Licorera de Caldas, que tiene participación de la Gobernación de Caldas. Esta contribución del sector público acentúa la necesidad de cubrimiento y la veeduría que deben hacer los medios de comunicación frente las gestiones de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano y su desempeño en los torneos.  

La FLIP rechaza las amenazas que recibieron los reporteros Ignacio Gómez, Jairo Tarazona, José Luis Mayorga y la periodista Julieth Cano. La FLIP hace un llamado a las autoridades competentes para que protejan a los afectados e investiguen estos hechos con celeridad.

• Julieth Cano, corresponsal de Noticias Caracol en Cúcuta, recibió una amenaza en su celular.
• El periodista de RCN Radio Jairo Tarazona recibió un paquete que contenía un panfleto firmado por las Águilas Negras.
• En lo corrido del año, la FLIP ya documentado 12 amenazas a periodistas.

El pasado 4 de febrero la periodista Julieth Cano, corresponsal de Noticias Caracol en Cúcuta, recibió una amenaza a través de un mensaje de texto proveniente de un número desconocido. La reportera ha estado haciendo un amplio cubrimiento sobre la situación de la frontera colombo-venezolana en la capital de Norte de Santander y manifiesta que desde hace varios meses hombres desconocidos la han intimidado a ella y a su equipo periodístico para que no continúen ejerciendo su labor en la frontera. 

A este caso se suma la intimidación que recibieron el pasado 5 de febrero  Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno; Jairo Tarazona, periodista de RCN Radio y José Luis Mayorga, del medio Agencia Reporteros Sin Fronteras. Tarazona recibió en su lugar de trabajo una correspondencia de una empresa de mensajería que opera a nivel nacional. El paquete que tenía como destinatario al reportero contenía un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que aparecía su nombre junto al de Gómez y Mayorga.  Además de los periodistas, en el panfleto aparecen funcionarios, políticos, defensores de derechos humanos y líderes estudiantiles y sindicales. 

Esta no es la primera vez que estos tres reporteros reciben amenazas de este tipo. El 9 de septiembre de 2019, a los periodistas les llegó un panfleto a través de un mensaje de WhatsApp en el que los declaran objetivo militar. Con esta intimidación son 12 las amenazas que la FLIP ha registrado en lo corrido de 2020 y que han afectado a 15 periodistas, es decir, casi dos víctimas por semana.

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tenga en cuenta estos hechos en la evaluación de la situación de riesgo de los periodistas amenazados con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Teniendo en cuenta que se tiene información del remitente, la Fundación le exige a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad los hechos para identificar y sancionar a los responsables.

Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

El próximo 9 de febrero en Colombia se conmemora el Día del Periodista. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) tiene programada una agenda de actividades en Bogotá y Arauca para reflexionar alrededor de la violencia que ha sufrido la prensa a través de los años, y hacer un balance de lo ocurrido en términos de libertad de expresión durante el 2019. 

En ambas ciudades presentaremos informes, resultados de investigaciones y productos digitales sobre el fenómeno de la censura, las amenazas al oficio de informar y el valor de la libertad de expresión. 

Callar y fingir: la censura de siempre

El 2019 cerró con dos periodistas asesinados por razones de su oficio: Mauricio Lezama y Libardo Montenegro. Esto se suma a las 137 amenazas, los 66 casos de acoso judicial, los cuatro exilios, los tres secuestros y 303 agresiones más.

Además de las dinámicas violentas, se han configurado estrategias de censura que van desde el uso de pauta para determinar los temas que se pueden cubrir, hasta los intentos de prohibir un uso libre de las redes sociales. Los análisis de las cifras y de los hechos más preocupantes contra la libertad de prensa se presentan en el informe anual de la FLIP, que para esta ocasión se titula: Callar y fingir: la censura de siempre.

El informe tendrá una versión impresa y también estará disponible en línea, junto a otros recursos multimedia, para todas las personas que estén interesadas en conocer cómo se comportó el fenómeno de la censura el año pasado. 

La información como campo de batalla

Ese es el nombre la investigación con la que la FLIP apoya el trabajo de la Comisión de la Verdad, de recopilación de insumos, para el cumplimiento del mandato de esclarecimiento de la verdad. La investigación se enfocó en situaciones de violencia hacia periodistas en el contexto del conflicto armado en tres departamentos: Arauca, Caquetá y Córdoba. En el marco de los eventos del Día del Periodista, la FLIP hará la entrega oficial a la Comisión de la Verdad del documento que recopila los hallazgos de esta investigación.

Museo Virtual de Periodismo

El 10 de febrero lanzaremos el Museo Virtual de Periodismo, una plataforma multimedia que expondrá piezas periodísticas y artísticas que invitan a reflexionar sobre la violencia que ha asediado a la prensa en regiones afectadas por el conflicto armado. 

Eventos públicos

Estos eventos estarán abiertos al público, y en ambos presentaremos los tres productos conmemorativos del Día del Periodista 2020:

1. Informe anual 2019 Callar y fingir: la censura de siempre.

2. Investigación La información como campo de batalla.

3. Museo Virtual de Periodismo.

En Bogotá, la cita es el lunes 10 de febrero, en Fragmentos, espacio de arte y memoria (carrera 7 # 6b-30), de 9:00 am a 12:00 m. Conversaremos con periodistas de Arauca, Caquetá y Córdoba sobre los riesgos y retos de hacer periodismo en el país. 

En Arauca, estaremos el miércoles 12 de febrero, en el Hotel Punta Arena (calle 20 # 23-70), desde las 3:00 pm. Allí nos acompañará el comisionado de la verdad Saúl Franco en un diálogo con periodistas araucanos sobre las presiones a las que se enfrentan los reporteros en ese departamento. 

En las dos jornadas presentaremos una videoinstalación del Museo Virtual que servirá como preludio de las historias de resistencia que con las que inauguramos el museo. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las intimidaciones recibidas por la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y el medio La Silla Vacía para que se elimine de internet información periodística de interés público. Estas solicitudes son contrarias al derecho fundamental a la libertad de expresión.

Entre diciembre y enero, Fecolper ha recibido solicitudes del abogado de Adriana Bernal, fundadora del portal digital KienyKe, para que se elimine el perfil de la empresaria del estudio sobre propiedad de medios elaborado por la federación junto a Reporteros Sin Fronteras. El mencionado perfil incluye información sobre las actividades desarrolladas por Bernal, incluyendo información sobre las deudas de Red Assist, una plataforma fundada por ella, que ofreció servicios a grandes empresas aseguradoras del país.

De acuerdo con el abogado, entre julio y octubre de 2019 se enviaron solicitudes a Fecolper para que actualizara la información del perfil. Sin embargo, Fecolper no tuvo conocimiento de ninguna solicitud hasta diciembre, cuando a través de un correo electrónico el abogado le dijo que parte de la información estaba errada y le solicitó suprimir la totalidad del perfil con el fin de “evitar proceder con trámites litigiosos en aras de resarcir el daño moral causado”. En la solicitud se pide que, en caso de no acceder a la solicitud de eliminación, se proceda con la desindexación de la URL de los motores de búsqueda.

Fecolper contestó manifestando su disposición de actualizar la información contenida en el perfil, sin embargo, en enero el abogado insistió en la solicitud de eliminar o desindexar el perfil con el fin de “evitar proceder con trámites litigiosos”. Ante la amenaza de un proceso de responsabilidad civil, Fecolper accedió a la petición de Bernal de desindexar el perfil de Bernal de la plataforma.

El caso de Fecolper no es el único reportado a la FLIP en el que se ha presionado a través de amenazas de acciones legales buscando la eliminación de una publicación. El medio La Silla Vacía también ha recibido esta clase de intimidaciones por parte de Eliminalia, una empresa dedicada a tratar de eliminar de internet información cierta de sus clientes.

La Silla Vacía publicó una historia en la que denuncia cómo Eliminalia abusa de una ley estadounidense de derechos de autor para censurar medios de comunicación. Después de esto La Silla recibió un correo de Eliminalia en el que le pedía que se eliminara el artículo. La solicitud señalaba que “no queda la menor duda de que su actuación con la publicación que nos ha regalado a fecha de hoy, ha sido maliciosa, lo que también puede ser penado por la ley”.

La FLIP ha tenido noticia de empresas y abogados que ofrecen servicios para eliminar información publicada por medios de comunicación, afectando los derechos de los medios y sus audiencias. Ante la perspectiva del desgaste económico y emocional de esta clase de procesos, los periodistas frecuentemente optan por suprimir la información. Quienes envían esta clase de solicitudes ignoran que la información que se presenta es de interés público y que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al ser empresas o personajes con proyección pública están sometidos al escrutinio público y por lo tanto deben ser más tolerantes a la crítica.

Las medidas de eliminar o desindexar el contenido en línea son innecesarias y desproporcionadas. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, cuando existan reparos sobre información incorrecta, es procedente una solicitud de rectificación. Por otra parte, cuando exista información desactualizada es posible solicitar la actualización.

La FLIP rechaza esta clase de solicitudes y hace un llamado para que se deje de intimidar a la prensa a través de la amenaza de acciones judiciales.