En este 2 de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la FLIP hace un llamado al Estado para que incremente sus esfuerzos para que los crímenes contra la prensa no queden impunes. Al terminar 2019, seis casos de asesinatos contra periodistas prescribirán sin condenas contra toda la cadena criminal, es decir para autores materiales e intelectuales. Otros delitos contra periodistas, como las amenazas y agresiones, también alcanzan altísimos índices de impunidad.

No obstante, con motivo de esta fecha, es oportuno reconocer avances, aunque no plenos, en algunos casos como en el de Jineth Bedoya Lima en el que se ha abierto un camino de justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Como ya lo ha señalado la FLIP, es la justicia efectiva la única que puede sentar un precedente para generar un efecto disuasorio que evite la aparición de nuevas agresiones. Lamentablemente la impunidad en crímenes como los asesinatos de periodistas colombianos sigue siendo muy alta, cada año sumamos más casos a una cifra que es muy grave: de un total de 160 asesinatos contra periodistas, 159 están en distintos niveles de impunidad. Y al terminar el año, la totalidad de crímenes contra periodistas que estarán prescritos será de 89.

Casos que prescribieron o prescribirán este año

Hernando Rangel Moreno fue asesinado el 11 de abril de 1999. Realizaba denuncias de la corrupción local y los abusos en la mala administración de los servicios públicos. Esta investigación se encuentra inactiva.

Rodolfo Julio Torres fue asesinado el 21 de octubre de 1999. Desconocidos lo secuestraron y, luego, su cadáver fue encontrado en el corregimiento Rincón del Mar, Sucre. Cuando informaba sobre el gobierno y la corrupción fue estigmatizado como como auxiliador de la guerrilla.

Alberto Sánchez Tovar y Luis Alberto Rincón fueron asesinados el 28 de noviembre de 1999. Sus cuerpos fue hallados a la orilla de una carretera en El Playón, Santander. En su trabajo de reportería habían logrado grabar la fiesta de un paramilitar. En este caso hubo condena a los autores materiales Orlando Sánchez y Gregorio Castillo García. Sin embargo no se sabe de los autores intelectuales. Esta investigación también se encuentra inactiva.

Pablo Emilio Medina Motta fue asesinado el 3 de diciembre de 1999 en un retén de la guerrilla mientras se dirigía a cubrir la toma del municipio de Gigante, Huila. Existen 11 condenas contra Dair Giraldo Navarro Morales, Edgar Gustavo Navarro Morales, Floresmiro Burbano, Guillermo León Sáenz Vargas, José Benito Cabrera, Luciano Marin Arango, Milton de Jesús Toncel, Noel Mata Mata, Pedro Antonio Marín, Rodrigo Londoño Echeverry y Wiliam Mangarres. La investigación se encuentra activa en etapa de instrucción pero en menos de un mes prescribirá.

Jaime Garzón Forero fue asesinado el 13 de agosto de 1999. En su caso hay condena al jefe paramilitar Carlos Castaño como coautor del delito de homicidio agravado. También condena a José Miguel Narváez Martínez, ex subdirector del DAS, por el delito de homicidio agravado en calidad de determinador. También en 2012, el Coronel del Ejército Jorge Eliécer Plazas Acevedo fue vinculado a la investigación por el delito de homicidio agravado, luego de determinar que tenía una estrecha relación con Castaño y Narváez cuando era jefe de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército en 1998.

Sin embargo, este año hubo un retroceso cuando el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió en primera instancia no declarar el crimen de Jaime Garzón como un crimen de lesa humanidad. En agosto de este año la FLIP explicó que esa decisión llevó a la prescripción del crimen contra Garzón desconociendo los estándares para la investigación y juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos. Si bien los procesos contra Plazas y Narváez continuarán, hasta que una decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no permita que el crimen sea declarado de lesa humanidad, este caso seguirá en la impunidad pues de esa manera se impide que otros implicados en la cadena criminal respondan ya que puden evadir su responsabilidad debido a la mencionada preclusión.

Avances importantes en 2019 contra la impunidad

El caso de Jineth Bedoya Lima ha presentado avances significativos en 2019. Luego de casi 19 años del secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista, en enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista el 25 de mayo de 2000.

En julio de este año la CIDH decidió presentar el caso de la periodista contra el Estado de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el más alto tribunal de derecho humanos de la región que deberá tomar una decisión al respecto en los próximos meses.

En mayo el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá emitió sentencias condenatorias contra Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera por secuestro, tortura y violencia sexual en contra de la periodista Jineth Bedoya.

La decisión reconoce que las amenazas contra la periodista eran de conocimiento de las autoridades y que pudo existir una posible responsabilidad penal de terceras personas, por  eso compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelante una investigación en contra del General (r) José Leonardo Gallego.

En febrero de este año hubo avances en el caso de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres. La Fiscalía General de la Nación decidió hacer apertura de instrucción y llamado a indagatoria a los miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En octubre de este año les fue proferida medida de aseguramiento privativa de la libertad.

En el caso de Guillermo Cano la Fiscalía impuso medida de aseguramiento en establecimiento a Jhon Jairo Velásquez Vásquez en mayo de este año. De acuerdo con la Fiscalía, existen indicios de la participación de Velásquez Vásquez en la reunión en la cual el Cartel de Medellín concertó el homicidio de  Cano. Por otro lado, la Fiscalía estableció que Gustavo Gutiérrez Arrubla presuntamente realizó labores de inteligencia determinantes para que el grupo de sicarios pudiese atentar contra la vida del periodista. Por esa razón, Gutiérrez Arrubla recibió medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Al respecto del asesinato del periodista Guzmán Quintero, la Fiscalía declaró el delito como de lesa humanidad reconociendo que los hechos hacen parte de un ataque sistemático y generalizado contra la prensa en Colombia.

En el caso de Nelson Carvajal Carvajal, el ente acusador también decidió declarar como crimen de lesa humanidad el homicidio del periodista.

Los avances mencionados son positivos, sin embargo la FLIP hace un llamado al gobierno para que coordine e impulse a la instituciones del Estado colombiano en la búsqueda de justicia en todos los casos impunes de crímenes contra la prensa. La FLIP reitera su compromiso con las víctimas y sus familias en la lucha contra la impunidad en los crímenes contra los y las periodistas.

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las agresiones físicas y los daños a los equipos periodísticos de los que fueron víctimas varios reporteros por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y de manifestantes que hicieron parte de las movilizaciones estudiantiles en Bogotá. Los ataques contra los comunicadores se presentaron en varios puntos de la ciudad. 

El pasado 31 de octubre dos camarógrafos de CityNoticias fueron agredidos cuando cubrían las manifestaciones de los estudiantes universitarios entre las estaciones de transmilenio Calle 76 y Héroes. Jessica Leaño, reportera de este noticiero, y Juan Leiva, el camarógrafo que la acompañaba, aseguran que fueron víctimas de obstrucciones durante el cubrimiento. Según los reporteros, inicialmente los manifestantes intentaron tapar el lente de la cámara para evitar el registro y, luego, les hurtaron el receptor, un dispositivo que transmite el audio del micrófono inalámbrico a la cámara, lo que impidió que la periodista continuara con la transmisión. Adicionalmente, Leaño afirma que los agresores la golpearon con una piedra en su pierna derecha. 

Edward Moreno, otro de los camarógrafos de CityNoticias, fue agredido en el rostro por parte de un encapuchado, quien le intentó quitar la cámara mientras transmitía en vivo la movilización sobre la Avenida Caracas con calle 76. En medio de la agresión el cubo del micrófono de la cámara que tiene el logo del medio fue destruido. 

En este mismo sector, el periodista de Canal Capital, Juan Sebastián Sandoval, fue agredido verbalmente por varios manifestantes quienes además le golpearon el micrófono, le lanzaron agua y le taparon el lente de la cámara para impedir el registro. El reportero asegura que minutos después, en inmediaciones a la Universidad Pedagógica, agentes del ESMAD lo aislaron del cubrimiento periodístico con el escudo de dotación y le impidieron grabar las movilizaciones en ese lugar. 

Una situación similar vivió el fotógrafo independiente Sebastián Benavides cuando tomaba imágenes de la detención de algunos manifestantes a las afueras de la Universidad Pedagógica. El periodista manifiesta que varios agentes lanzaron gases lacrimógenos a un grupo de cerca de 50 personas, entre las que había prensa y manifestantes. Luego lo empujaron a él con el escudo y le pegaron varias veces a su cámara. Según Benavides, las agresiones se presentaron aun cuando el reportero se identificó como prensa ante los uniformados. 

La FLIP rechaza las agresiones contra los reporteros durante el cubrimiento de las manifestaciones y le exige a la Policía Nacional que tome los correctivos necesarios para identificar a los agentes responsables de las obstrucciones y se inicien los procesos disciplinarios para emitir las sanciones correspondientes. 

Adicionalmente, la FLIP le hace un llamado a la Policía Nacional para que garantice la labor de la prensa en estos escenarios. A partir de su condición como funcionarios del Estado, los uniformados tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los periodistas que se encuentran en este tipo de cubrimientos y de garantizar el derecho que tienen las audiencias de acceder a información sobre las movilizaciones sociales, que son un tema de interés general.

Estas agresiones contra la prensa afectan el derecho constitucional que tienen los ciudadanos de recibir información oportuna sobre hechos de interés público. En este sentido, la Fundación también le hace un llamado a los diferentes movimientos estudiantiles para que no se conviertan en los principales agresores contra la prensa en este tipo de escenarios. Resulta paradógico que se presenten obstrucciones a la prensa para el cubrimiento de una expresión democrática como lo es la manifestación social, la cual necesita ser difundida a través de los medios de comunicación con el fin de que se difundan las exigencias de distintos sectores sociales. Los ataques contra la prensa en este tipo de escenarios afectan la deliberación libre, abierta y plural que necesita cualquier sociedad democrática. 

La FLIP rechaza el decomiso de cerca de 900 ejemplares de los periódicos Entre Líneas y Nostoca en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, por parte de miembros de la Policía local. La Fundación le solicita a las autoridades que investiguen lo sucedido y sancionen a los funcionarios responsables de los operativos.

La FLIP conoció que el viernes 25 de octubre miembros de la Policía de Tocancipá decomisaron cerca de 400 ejemplares del periódico regional Entre Líneas, que llega a 15 municipios de Cundinamarca y desde hace tres años se distribuye en Tocancipá. Los uniformados también decomisaron cerca de 500 copias del periódico local Nostoca que lleva un año circulando en este municipio. 

De acuerdo con Angy Alayón y Miguel Castañeda, directores de los periódicos Nostoca y Entre Líneas respectivamente, esta situación se presentó luego de que el Comité de Garantías Electorales prohibiera la circulación de cualquier tipo de propaganda electoral entre el 25 y el 27 de octubre. Este comité está conformado por el alcalde o su delegado, el comandante de la Policía, el personero, el registrador municipal y representantes de partidos políticos del municipio. Esta situación se presentó aun cuando la misma alcaldía de Tocancipá emitió una circular el 24 de octubre, en la que hace referencia a la Ley 163 de 1994, donde se prohíbe la circulación de propaganda política y electoral únicamente el día de las elecciones. 

La FLIP intentó comunicarse con el alcalde del municipio, ​​Walfrando Adolfo Forero, para conocer su versión sobre lo sucedido, pero no atendió a los llamados. Por esta razón, la Fundación se comunicó directamente con el Sargento Franco, comandante de la estación de Policía de Tocancipá, quien se abstuvo de dar declaraciones, argumentando que no lo haría a través de una comunicación telefónica.  

Situación similar se presentó dos días antes de las votaciones en el municipio de Girardota, Antioquia. El director del periódico local Girardota Crítica, Daniel Largo, denunció que se impidió la circulación de cerca de 400 ejemplares del periódico que según uno de sus distribuidores habrían sido recogidos por miembros de la Policía Nacional. 

Al respecto, el comandante de la Policía de ese municipio, capitán José Cortinez, aseguró que los agentes atendieron a una denuncia de miembros de la comunidad, quienes reportaron que la edición del periódico contenía publicidad política que estaría siendo repartida por menores de edad. Sin embargo, cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron una bolsa negra llena de ejemplares del periódico. El capitán Cortinez asegura que la Policía no decomisó esos periódicos y que fueron los mismos ciudadanos que denunciaron quienes se quedaron con los ejemplares.

Largo manifiesta que la distribución de su periódico no la realizan menores de edad y que hasta ahora desconoce qué pasó con los ejemplares que estaban listos para repartirse en el municipio. Esta situación obstaculizó la libre circulación de información que es esencial para que la ciudadanía pueda ser partícipe del debate público sobre todo en temas tan importantes como las elecciones regionales.

La FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación que investigue el actuar de los funcionarios públicos de la alcaldía de Tocancipá responsables de tomar la decisión de recoger los ejemplares de los periódicos. Así mismo, la Fundación le solicita a la Policía Nacional que investigue disciplinariamente a los agentes que efectuaron el decomiso. 

La FLIP también hace un llamado a la Policía Nacional para que aclare las razones por las que los uniformados en Antioquia permitieron que la ciudadanía recogiera irregularmente y retuviera los ejemplares del periódico Girardota Crítica. Es sumamente importante que las autoridades tengan clara la legislación entorno a la libertad de expresión y garanticen la libre circulación de información que es de interés público para los ciudadanos. 

Sobre lo anterior, la Comisión Interamericana de los Derechos humanos ha dicho que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

Durante el transcurso de la campaña electoral y en el día de las votaciones, la FLIP registró 44 violaciones a la libertad de prensa. Esta cifra duplica el número de agresiones registradas en 2015, cuando se realizaron las últimas elecciones regionales, en las que la FLIP documentó 22 agresiones. Este año los agresores más frecuentes fueron los funcionarios públicos con 16 casos.

Durante la campaña electoral, predominaron las agresiones violentas, siendo la amenaza la más común de ellas con doce casos, dos de las cuales vinieron de políticos. Los departamentos con más agresiones fueron Nariño y Santander.

Por su parte, en el día de las elecciones, la FLIP registró una agresión física por parte de miembros de la Policía a periodistas en Arauca. Sin embargo, la violación más frecuente fue la obstrucción, con 15 casos. Los mensajes confusos, el desorden institucional y el autoritarismo hicieron de la Registraduría y la Policía los agresores más frecuentes de la prensa en estas elecciones.

Las obstrucciones en el día de las elecciones estuvieron parcialmente motivadas por un días antes de las elecciones disponiendo reglas “para el normal desarrollo de las elecciones”. Sin embargo, siguiendo la tendencia de otros años, el decreto establecía restricciones ilegítimas a la libertad de expresión, como la que exigía que los reporteros estuvieran “debidamente acreditados” por la Registraduría para poder hacer cubrimiento.

Si bien dos días antes de las elecciones el Ministerio modificó este punto del decreto, el mensaje confuso tuvo un efecto en las elecciones: varios periodistas en el país reportaron que se les prohibió el acceso por no contar con una credencial de la Registraduría. En otros casos, funcionarios de la Registraduría o de la Policía impidieron que los reporteros realizaron entrevistas a los votantes o a los jurados de votación, a pesar de que no existe ninguna prohibición legal en este sentido. Finalmente, otros funcionarios restringieron el registro audiovisual por parte de periodistas, a pesar de estar autorizados para ello, siempre que no se afecte el derecho al voto secreto.

Lo anterior llevó a que la Registraduría y la Policía fueran responsables del 92% de las obstrucciones en el día de las votaciones documentadas por la FLIP. Algunas obstrucciones se superaron luego de que la FLIP o los periodistas explicaran a los funcionarios las garantías institucionales y constitucionales que protegen el ejercicio del periodismo. Lo anterior demuestra que esta clase de obstrucciones serían evitables si antes de las elecciones los funcionarios recibieran una orientación precisa sobre los derechos de la prensa.

La Registraduría también creó la aplicación "Infovotantes" para compartir toda la información relativa a las elecciones territoriales 2019, mostrando, entre otras cosas, información sobre los resultados electorales. Sin embargo, a pesar de que esta información es de carácter público, dentro de los términos y condiciones de la aplicación se prohíbe "la utilización de los textos, imágenes o cualquier elemento de la aplicación para su posterior inclusión parcial o total, por parte de terceros" ajenos a la Registraduría Nacional del Estado Civil. La prohibición desconoce el carácter público de los resultados electorales y el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a dicha información.

Estas violaciones a la libertad de prensa son inaceptables, sobre todo proviniendo de entidades y funcionarios encargados de la garantía del trabajo periodístico.

La FLIP hace un llamado a la Procuraduría para que se investiguen estos hechos. Además, exige al Ministerio del Interior, a la Registraduría y a la Policía que adecúen sus acciones para las próximas elecciones y que sean garantes de la labor periodística. Es indispensable que los servidores públicos reciban capacitaciones para no obstaculizar el trabajo de la prensa. Así mismo es importante que las regulaciones electorales se abstengan de establecer restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y que se emitan con la suficiente antelación para que la ciudadanía y las mismas instituciones tengan pleno conocimiento de ellas.

Finalmente, la FLIP conmina a los nuevos gobernantes que se posesionarán el próximo primero de enero para que desde el inicio de su mandato sean garantes del ejercicio periodístico y la libertad de expresión de los periodistas en Colombia. Las sociedades democráticas necesitan que los ciudadanos puedan encontrar pluralidad en la información y las opiniones que se difunden a través de los medios de comunicación.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los casos de censura y acoso judicial de los que ha sido víctima el periodista Juan Pablo Barrientos debido a la publicación de su investigación sobre casos de pederastia en la iglesia Católica en Colombia, Dejad que los niños vengan a mí. En una reciente decisión judicial, se ordenó suspender la reproducción, comercialización y venta del libro.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifiesta su preocupación por los casos de obstrucción al cubrimiento periodístico que ha registrado durante las elecciones locales que se han llevado a cabo desde las 8:00 am de hoy. Con corte a la 1:00 pm, la FLIP ha tenido conocimiento de nueve casos en los que se le ha impedido a la prensa el acceso a los puestos de votación.

En varias regiones, miembros de la Policía Nacional y funcionarios de la Registraduría han impedido el desarrollo del trabajo periodístico. Si bien en algunos casos las obstrucciones se superaron, en otros, como en el puesto de votación de Atalaya en Cúcuta, ante la intransigencia de las autoridades, los reporteros se vieron obligados a retirarse. En este caso, agentes de la Policía obstaculizaron el trabajo de los reporteros Orlando Carvajal y Juan Pablo Cohen con acciones que incluyeron retención de la cédula de ciudadanía por un lapso amplio, impedimento para hacer registros audiovisuales e, incluso, una amenaza de comparendo a Cohen por supuesto irrespeto a la autoridad.  

La FLIP se puso en contacto con el Coronel Palomino de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien sostuvo que no se permitirán grabaciones que violen la intimidad de los votantes. En efecto, los periodistas no pueden hacer registros de los tarjetones, sin embargo, es importante recordar que son libres de entrar a los puestos de votación y cubrir lo que ocurre en los lugares de sufragio. En este caso, el registro fotográfico que realizaban los reporteros correspondía a los rostros de los electores y no a sus decisiones. La decisión del Coronel puede acarrear sanciones ya que se estaría incurriendo en censura. 

En el puesto de votación Claustro de la Encarnación en Popayán una teniente de la Policía Nacional le solicitó al periodista Cristian Cuellar de Unicauca Estéreo una acreditación de prensa expedida por la Registraduría Nacional para dejarlo ingresar a cubrir en el puesto de votación, aun cuando Castellanos iba identificando con los logos del medio de comunicación. En Colombia ninguna norma exige que los periodistas tengan este tipo de credenciales para ejercer su trabajo. Tal exigencia sería una restricción ilegítima a la libertad de prensa.

En Bucaramanga, la periodista Ana León de La Silla Vacía fue víctima de una obstrucción al trabajo periodístico mientras grababa una posible irregularidad electoral ocurrida cerca 200 metros del puesto de votación del Colegio Miraflores en el barrio Morrorrico ubicado en la comuna 14 de Bucaramanga. La periodista fue abordada por varias personas que se encontraban en el lugar y quienes le dijeron que no podía grabar por ser una propiedad privada y llamaron a la Policía. León asegura que los uniformados le dijeron que tenía que borrar los vídeos y amenazaron con capturarla si no lo hacía. Ante la negativa de la periodista para borrar el material, el policía decidió hacer una anotación sobre lo sucedido.  

En otro caso, en San José del Guaviare, funcionarios de la Registraduría impidieron que periodistas de Caracol Radio entrevistaran a votantes y jurados de votación. La FLIP se comunicó con uno de los delegados de la Registraduría en Guaviare, quien dijo que los periodistas sólo estaban autorizados por la entidad para realizar tomas generales y no entrevistas. La FLIP también se comunicó con la Jefe de Prensa de la Registraduría Nacional, quien dijo que los periodistas pueden realizar entrevistas, pero sólo a los votantes. Ambas posiciones son erróneas, ya que la ley no establece ninguna restricción en este sentido.

Es necesario recordar que la jornada electoral que se desarrolla el día de hoy es de absoluto interés público y los periodistas tienen derecho a estar en los puestos de votación; a utilizar sus equipos de registro como teléfonos celulares, cámaras fotográficas y de video siempre y cuando no interfieran con la labor de los testigos electorales y no afecten el derecho de los ciudadanos a ejercer el voto secreto. La obstrucción al cubrimiento periodístico es un hecho grave que se considera como censura previa que puede constituir delitos y faltas disciplinarias. 

Las constantes obstrucciones por parte de funcionarios y fuerza pública son resultado del desorden institucional que han promovido las entidades del Gobierno y el Estado. El Decreto 1924 de 2019, expedido por el MinInterior, limita injustificadamente el ejercicio periodístico y promueve la censura a la prensa. Sumado a lo anterior, existe un desconocimiento generalizado acerca de las garantías internacionales y constitucionales en el ejercicio periodístico. Los servidores públicos deben recibir capacitaciones para no obstaculizar la libertad de prensa y evitar que la ciudadanía no acceda a información relevante. 

La FLIP reitera los llamados que ha hecho a la Policía Nacional y a la Registraduría para que garanticen el libre desarrollo del cubrimiento periodístico de las elecciones locales. De la misma manera, la FLIP solicita a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo que acompañen e investiguen este tipo de hechos para garantizar el derecho a la información de toda la ciudadanía. 

La Fundación para la Libertad de Prensa hace públicos sus reparos respecto del Decreto 1924 de 2019, expedido por Ministerio del Interior y mediante el cual se disponen reglas especiales “para el normal desarrollo de las elecciones” regionales y locales. Para la FLIP el decreto limita injustificadamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, prensa e información en las elecciones que se realizarán el próximo 27 de octubre.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las agresiones que se han presentado en lo corrido de 2019 contra los periodistas y medios de comunicación que están informando sobre las elecciones regionales del próximo 27 de octubre. Estas violaciones evidencian que los periodistas, en especial los de ciertas regiones del país, se encuentran en un alto nivel de riesgo cuando hacen cubrimiento electoral.

La FLIP rechaza la amenaza que recibieron los periodistas Miguel Rojas y Rubén Darío Rojas de Ipiales, Nariño, el pasado 30 de septiembre. Así mismo, la FLIP expresa su preocupación por los señalamientos que han realizado funcionarios públicos de Ipiales contra los medios de comunicación de ese municipio responsabilizando a la prensa del fallecimiento, el 11 de octubre, del gerente de la empresa de obras sanitarias, Empoobando.  

La FLIP tuvo conocimiento de que el 30 de septiembre de 2019 hasta las instalaciones de Caracol Radio Ipiales llegó un CD con un video en el que un hombre encapuchado amenaza a Miguel Rojas, periodista de esa emisora, y a su hijo Ruben Dario Rojas, quien trabaja en el sistema radial de Tropicana. La amenaza está relacionada con una serie de debates electorales que han organizado los periodistas en alianza con otros medios del municipio. 

En otros hechos, el 11 de octubre, varios funcionarios públicos de Ipiales salieron a marchar contra los medios de comunicación. Según contó a la FLIP uno de los periodistas señalados, quienes protestaron frente a la sede de Caracol les gritaban “asesinos” y los acusaban de propagar el odio contra los funcionarios públicos. Además, algunos funcionarios publicaron a través de sus redes sociales mensajes en los que señalaban que la presión de los medios de comunicación sobre Fernando Rosero, gerente de Empoobando, había causado su muerte. El fallecimiento de Rosero se dio en medio de una grave crisis de desabastecimiento de agua en el municipio que duró un mes, que estaba siendo superada desde hace una semana y que recibió amplio cubrimiento de los medios de comunicación.

La crisis por el desabastecimiento de agua es un tema de alto interés para la comunidad que merece atención de la prensa. Si bien la manifestación pública es un derecho constitucional, a la FLIP le preocupan las estigmatizaciones que un sector de la administración pública de Ipiales hizo contra los periodistas y medios de comunicación al responsabilizarlos de la muerte del señor Rosero. Este tipo de señalamientos, en el contexto como el que vive actualmente el departamento, pueden poner en alto riesgo a los periodistas del municipio.

Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha sido enfática en declarar que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa, aún cuando la información divulgada resulte contraria a sus interes: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

Varios periodistas consultados por la FLIP manifiestan que incluso el alcalde, en el pasado, ha hecho señalamientos contra la prensa vinculando a los periodistas con intereses políticos. 

En relación con estos hechos, la FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de riesgo para los periodistas Miguel Rojas y Ruben Dario Rojas, así como para que evalúe las situación de seguridad de los periodistas en Ipiales en el marco del cubrimiento de las elecciones del 27 de octubre. Adicionalmente, le solicita a la Fiscalía general de la Nación para que investigue la amenaza contra Miguel y Rubén Darío Rojas  y sancione a los responsables.

La fundación se comunicó con la Alcaldía Municipal de Ipiales y con la Gobernación de Nariño para obtener sus declaraciones sobre estas situaciones, sin embargo, las dos entidades manifestaron que aún no se pronunciarán al respecto. La FLIP le hace un llamado a alcalde de Ipiales y a todos los funcionarios de esta administración para que se abstengan de estigmatizar a la prensa y sean garantes de la labor periodística.