El 6 de septiembre de 1999, fue asesinado el periodista Guzmán Quintero Torres, periodista del diario El Pilón de Valledupar. El periodista había hecho denuncias contra la fuerza pública y recibió amenazas desde 1995 cuando publicó en el diario El Heraldo el artículo titulado Los hijos de la Sierra, sobre los grupos armados en la Serranía del Perijá. Meses antes de su asesinato, Quintero Torres documentó dos casos de errores militares, en uno de los cuales resultaron muertas dos mujeres, una de ellas embarazada. El otro se trató de la muerte de un niño durante una prueba de polígono.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra de Natalia Cabrera, corresponsal de Radio Nacional de Colombia en Pasto. La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de la reportera, debido a las constantes intimidaciones que ha recibido en los últimos días y le solicita al Estado que atienda la situación de riesgo con celeridad.

En lo corrido del 2019, la Fiscalía General de la Nación ha logrado avanzar en la investigación y juzgamiento de varios casos de amenazas contra periodistas en Colombia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la estigmatización emitida por Iván Gélvez, candidato por el Centro Democrático a la alcaldía de Cúcuta, en contra de Jhon Jairo Jácome, periodista del medio regional que pertenece a La Opinión. La Fundación le hace un llamado al partido para que investigue y sancione las conductas del aspirante al cargo más importante de la capital de Norte de Santander.

El jueves 29 de agosto durante una entrevista en el portal Tv Cúcuta, Iván Gélvez hizo los siguientes señalamientos en contra del periodista: “El señor Jhon Jairo Jácome, que ha pertenecido y parece vocero del partido de la FARC porque siempre los defiende y ataca a todo lo que pertenece al partido de Álvaro Uribe (…) no hace una pregunta periodística, no busca encontrar la verdad”. Los hechos se presentaron luego de que el pasado 15 de agosto durante el evento “Hablemos de verdad” el reportero le preguntara al exjefe paramilitar Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano”, sobre el apoyo que recibieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Norte de Santander por parte de la empresa “El Palustre”, que es propiedad de Gélvez.

Luego de que Jácome hiciera esta pregunta, desde algunos perfiles de Facebook en los que se apoya al candidato por el Centro Democrático se publicaron mensajes en los que se señalaba al reportero de ser miembro de las FARC. Debido a estos señalamientos, el 19 de agosto, a través de su cuenta de Twitter, la FLIP expresó su preocupación por estos hechos e invitó a Gélvez a que se pronunciara públicamente en rechazo a estos señalamientos que ponen en riesgo la seguridad del periodista. Sin embargo, el candidato a la alcaldía de Cúcuta no atendió el llamado y, por el contrario, contribuyó a través de sus declaraciones a la estigmatización del periodista.

La FLIP expresa su preocupación por los señalamientos irresponsables emitidos por Iván Gélvez, que pueden aumentar el riesgo que enfrenta Jhon Jairo Jácome por la labor periodística que desempeña en Norte de Santander. Esta clase de estigmatizaciones en las que injustamente se vincula a la prensa con actividades ilegales o intereses políticos pueden ser entendidos como señal de permisividad para que terceros cometan ataques que pongan en riesgo la vida y la integridad de los periodistas.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en el caso Ríos y otros vs. Venezuela que “las personas que trabajan en determinado medio de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se verían enfrentados, si ese medio es objeto de discursos oficiales que puedan (…) ser interpretados por funcionarios públicos o sectores de la sociedad como instrucciones (…) para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que ejercen labores periodísticas”.

Lo anterior no quiere decir que los funcionarios no puedan criticar a la prensa o cuestionar la veracidad de lo dicho, sino que tienen la obligación de tramitar sus diferencias con los periodistas a través de mecanismos democráticos como la solicitud de rectificación o presentando argumentos o pruebas que demuestren las imprecisiones de lo publicado por la prensa. En ese sentido, las figuras de notoriedad pública, en especial los aspirantes a cargos de elección popular como Iván Gélvez, deben abstenerse de emitir declaraciones que pongan en riesgo a los reporteros y tienen la responsabilidad de adoptar un discurso favorable que respalde la labor periodística.

Al respecto, los relatores especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, de la Comisión Africana y de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa publicaron en 2018 una declaración conjunta en la que sostuvieron: “Es legítimo que los políticos y los funcionarios públicos formulen críticas, correcciones u objeciones con respecto a reportajes específicos en los medios. Sin embargo, cuando lo hagan, siempre deben tener cuidado y asegurar que sus comentarios sean precisos, evitar la estigmatización y la desacreditación de los medios”.   

La Fundación para la Libertad de Prensa le hace un llamado al partido Centro Democrático para que investigue la conducta de Iván Gélvez y emita las sanciones correspondientes a la luz del compromiso que el partido asumió el pasado 3 de mayo, junto con otras colectividades, durante la firma del “Pacto por la libertad de prensa y contra la desinformación en elecciones”. La FLIP también le solicita al candidato a la alcaldía de Cúcuta que haga una rectificación pública y se comprometa a garantizar la labor periodística durante estas elecciones y, en caso de que sea elegido como primer mandatario de la ciudad, asuma un discurso favorable hacia la prensa.

La Fundación también le hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que estos hechos sean tenidos en cuenta en el estudio de riesgo de Jhon Jairo Jácome con el fin de que la entidad implemente las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida y la integridad del reportero y la de su familia.

Tras la confirmación de la decisión del Canal1 sobre la salida del aire de Noticias Uno, la Fundación para la Libertad de Prensa manifiesta lo siguiente:

1.  El canal sostiene que esta decisión es de carácter corporativo, obedece a la crisis económica sobre los medios de comunicación y se enmarca en un patrón que afecta a otros medios que se han visto en la obligación de tomar decisiones similares que incluyen, el recorte de personal y la reducción de sus operaciones. En diálogo con la FLIP, el Canal1 afirmó que no recibieron presión evidente por parte del gobierno y que se trata de una decisión de los socios mayoritarios —Hemisphere Media— quienes optaron por sacrificar el noticiero del fin de semana dentro de sus proyecciones financieras a pesar de ser uno de sus activos más valiosos en términos periodísticos.

2.  La FLIP también documentó que una de las causas de la crisis económica del Canal1 tiene que ver con no haber podido acceder a otros anunciantes, ya que los otros canales de televisión abierta tienen contratos de exclusividad con potenciales contratantes de publicidad. Esta controversia, que podría constituir una práctica de competencia desleal, está en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, un organismo que depende directamente de la Presidencia de la República.

3.  Si bien la FLIP no advirtió injerencias directas del Gobierno Nacional en esta decisión, la salida del aire de Noticias Uno pone a prueba el talante democrático del Estado colombiano. La concentración de poder en el sector de telecomunicaciones entregado por el Congreso al Ejecutivo a través de la Ley TIC, acompañada de la intención de voces potentes del partido de Gobierno de silenciar a Noticias Uno, configuran un escenario propicio para que el Canal1 haya contemplado sacrificar al mencionado noticiero. En manos del gobierno están decisiones críticas con respecto al futuro financiero de los medios, entre ellas, resolver la controversia sobre abuso de posición dominante de los competidores en televisión y buena parte de la regulación del sector. Personas con posición de liderazgo dentro de la empresa advirtieron a la FLIP sobre este escenario.

4.  Un factor que incidió en la decisión de sacar del aire a Noticias Uno es que el Grupo Aval, anunciante histórico y muy importante de ese espacio, retiró la totalidad de su pauta afectando notablemente los recursos para la operación del canal.

5.  El Canal1 decidió en junta directiva, del pasado miércoles 28 de agosto, retirar de su parrilla de programación los noticieros de fin de semana buscando que Noticias Uno y CM& se unieran para emitir entre semana pero, según pudo documentar la FLIP, esa es una opción inviable.

6.  Por la sensibilidad de algunos asuntos abordados por Noticias Uno y su inminente salida del aire, es muy importante que el Gobierno Nacional asuma el deber de protección de los periodistas que estén en situación de riesgo como consecuencia de su oficio.

7.  Con la salida del aire de Noticias Uno  (cuya vigencia depende de una negociación interna del grupo empresarial pero que se estima entre 30 y  60 días) pierde el pluralismo informativo en Colombia. La homogeneidad del cubrimiento periodístico en nuestro país hace que este hecho represente una pérdida significativa para la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar bien informada.

8.  La FLIP convoca a los medios de comunicación, a todas las ramas del poder público y a los organismos de control a instalar una mesa de discusión sobre el futuro del periodismo libre en Colombia. Como sociedad nos corresponde garantizar que estos desenlaces no sean motivados o funcionales a los intereses de un poder determinado.

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Aquí puede conocer el comunicado de prensa que emitió Canal1. 

El 30 de agosto, la periodista Blanca Urango informó a la FLIP que la candidata a la alcaldía de Cartagena por Colombia Humana Adelina Covo y su equipo la intimidaron, la agredieron verbalmente, la retuvieron contra su voluntad y la obligaron a eliminar material periodístico, durante una entrevista que la reportera estaba realizando en la casa de la candidata.

Cuenta Urango que se dirigió junto con su novio a la casa de Covo para realizar una entrevista, previamente aceptada por la candidata. Luego de alrededor de quince minutos de entrevista, la periodista hizo tres preguntas que al parecer incomodaron a la candidata: una sobre la decisión de Covo de lanzarse a la alcaldía de Cartagena, a pesar de que vivía en Bogotá; otra sobre la división al interior del partido Colombia Humana por el apoyo de Gustavo Petro a su candidatura y otra sobre la relación de Covo con otros partidos tradicionales antes de llegar a Colombia Humana.

De acuerdo con la periodista, la candidata respondió sus preguntas, pero luego le exigió borrar la entrevista grabada y le dijo que ni Urango ni su novio saldrían de su casa hasta tanto lo hicieran. La candidata la insultó y llamó a varios hombres de su equipo que, luego de un forcejeo, le quitaron la cámara a la periodista y borraron el contenido. Percatandose de que también había registro de la entrevista en el celular de Urango, se llevaron el equipo a otra habitación para intentar acceder a él. Al no lograrlo, intimidaron a la reportera para que desbloqueara el celular y procedieron a borrar el audio.

Según relata la periodista, la retención contra su voluntad en la casa de Covo duró alrededor de veinte minutos y sólo los dejaron salir hasta que se cercioraron de que los contenidos grabados habían sido borrados.

La FLIP se puso en contacto con Adelina Covo, quien dijo que Urango fue irrespetuosa y que cree que fue enviada por otra campaña para dañar su imagen. Sobre las agresiones denunciadas por la periodista dijo no saber ni haber escuchado nada al respecto. La FLIP también se puso en contacto con Luis Armando García, coordinador de la campaña de Covo, quien insistió en que la reportera planteó preguntas irrespetuosas y demasiado invasivas, pero negó todo lo sucedido. García dijo que en ningún momento se coaccionó a la periodista para que borrara su material periodístico.

A pesar de que desde la campaña se niegan estos hechos y de que la candidata dijo no saber nada sobre lo que sucedió, en su respuesta a la FLIP, Covo sostuvo que “ella [Urango] misma abrió su celular”, lo cual sugiere que la candidata sí tiene alguna idea sobre lo que aconteció en ese momento.

En respuesta a los señalamientos de Covo, Blanca Urango aclaró a la FLIP que no fue enviada por ninguna campaña, sino que estaba realizando esta entrevista como parte de un proyecto periodístico para una clase de la universidad. Agrega que quien fue irrespetuosa fue la candidata y no ella.

El hostigamiento, la agresión, la retención forzada y eliminación del material periodístico son graves violaciones a la libertad de prensa. A la luz de la ley colombiana, estas acciones pueden constituir delitos graves como el de secuestro extorsivo y extorsión, ambos agravados por el Código Penal por el hecho de ser cometidos sobre periodista. La FLIP tiene conocimiento de que la periodista presentará una denuncia por estos hecho, denuncia que la fundación apoyará.

Los estándares constitucionales e internacionales que protegen a la libertad de expresión exigen que los funcionarios y aspirantes a cargos de elección popular sean especialmente tolerantes a la crítica y el escrutinio de sus acciones públicas y privadas. Además, los asuntos electorales son temas de altísimo interés público y, en consecuencia, el trabajo periodístico que al respecto se produzca constituye un discurso especialmente protegido.

La FLIP rechaza contundentemente estos hechos, en consecuencia, solicitará a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones a que haya lugar y sancione penalmente a todos los responsables. También hace un llamado a la Colombia Humana para que evalúe los hechos y tome las acciones a las que haya lugar.