En la cabina de radio del programa Micrófono Popular, la voz de un periodista daba paso a la queja de uno de sus oyentes por la falta de luz en su casa en Sincelejo, Sucre. El hombre encargado de dirigir este espacio de denuncias contra la administración departamental era el locutor y periodista José Antonio Dumett Rivero, asesinado el 9 de abril de 1984, víctima de la corrupción política.  

Voces de denuncia

José Antonio se desempeñó como locutor en emisoras como Radio Sincelejo y Radio Costanera. Allí se destacó en un ámbito del periodismo radial conocido entre sus colegas como “periodismo de retroalimentación”. Dumett usaba los micrófonos para presentar las denuncias de los sucreños ante los funcionarios públicos. 

Gabriel Narváez conoció a Dumett durante sus funciones como miembro del Círculo de Periodistas de Sucre y recuerda el programa radial de su colega. “Tenía los micrófonos abiertos para el oyente o el líder comunal que llamara y presentara directamente la queja a sus oyentes y naturalmente a los funcionarios encargados de responder a esos problemas y corregir errores”, explicó.

En el Círculo de Periodistas de Sucre, José Antonio tuvo que afrontar la división interna del grupo. El conflicto derivó en la creación del Colegio Nacional de Periodistas, liderado por Gabriel Narváez y el periodista Abel José Zarante Pacheco. “A pesar de que él tenía diferencias con nosotros, siempre lo consideramos como nuestro compañero de ejercicio y de defensa general de la labor periodística acá en el departamento de Sucre”, dijo Narváez. Tras la muerte de José Antonio, su colega recuerda cómo poco a poco el Círculo de periodistas se fue desintegrando hasta casi desaparecer. 

Aunque Narváez asegura que en aquel entonces no se habían conocido amenazas contra José Antonio Dumett, este fue asesinado en la entrada de su casa, cuando dos desconocidos le dispararon mientras compartía con su familia, en el barrio San Antonio de Sincelejo. “Se cree que lo asesinaron por su ejercicio periodístico, porque en los últimos programas recibió bastante información, quejas y críticas contra la administración de los servicios de energía eléctrica”, relató el periodista. Además, afirmó que en el proceso se vinculó al entonces gerente de la electrificadora de Sucre, Héctor Merlano Garrido, pero finalmente el juez encargado lo desvinculó del caso. 

Narváez asegura que la justicia fue inoperante y al igual que otros asesinatos de periodistas en el departamento de Sucre, terminó por prescribir ante la justicia colombiana el 9 de abril de 2004, sin que nadie fuera judicializado por el asesinato.  

En la FLIP no olvidamos a José Antonio, un periodista que trabajó para solucionar los problemas del día a día de su comunidad.  

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las violaciones a la libertad de prensa en el departamento de Arauca. En menos de una semana la FLIP registró que dos periodistas fueron detenidos ilegalmente y uno más fue amenazado mientras cubría el conflicto que se vive en la frontera con Venezuela en el municipio de Arauquita. 

Por un lado, el 31 de marzo de 2021 la FLIP conoció que Rafael Hernández y Luis Gonzalo Pérez, periodistas venezolanos y corresponsales del medio NTN24, fueron detenidos ilegalmente durante casi veinte horas por la Guardia Nacional Bolivariana. Allí, también fueron víctimas de amenazas y robo de sus equipos. Esto es una muestra de lo alarmante que es la situación de riesgo para la prensa en Arauca. En el 2020 se registraron 13 agresiones y nueve amenazas, lo que lo convirtió en el cuarto departamento con mayor número de amenazas. En lo corrido del 2021, la FLIP ha registrado nueve agresiones contra periodistas en el departamento, de las cuales cinco han sido amenazas. 

Los periodistas de NTN24 habían sido designados el día anterior como enviados especiales para cubrir la escalada de violencia en la frontera colombo-venezolana, producto de enfrentamientos entre el Ejército venezolano y un grupo disidente de la guerrilla colombiana. Dada esta situación, una vez en la localidad de La Victoria, Venezuela, los periodistas se acercaron a un comando de la Guardia Nacional Bolivariana para pedir autorización y solicitar protección con el fin de realizar el cubrimiento en la zona. 

Hacia las cinco de la tarde, Hernández y Pérez, junto a dos miembros de la ONG FundaREDES, fueron retenidos sin ninguna explicación por parte de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes les quitaron los documentos de identidad, los celulares y los equipos de trabajo como cámaras y micrófonos. Posteriormente llevaron a las cuatro personas a un cuarto de detención. 

Resulta preocupante que las autoridades que debían respaldar a los periodistas y garantizar las condiciones de seguridad para que pudieran realizar su oficio, ejercieran un abuso de poder que terminara en una violación a los derechos humanos de los comunicadores. 

Los periodistas fueron investigados y señalados de trabajar para medios que están en contra del Gobierno venezolano. Tras su liberación, les devolvieron únicamente los documentos de identidad. Los equipos y celulares no han sido devueltos a los comunicadores, lo cual ha dificultado el ejercicio de su trabajo periodístico en los días posteriores a la retención. 

Por otro lado, un periodista que trabaja en un medio local, y quien pidió que se le protegiera su identidad, le informó a la FLIP que en la noche del 2 de abril recibió una amenaza contra su vida. En esta le advertían que debe dejar de trabajar en el medio de comunicación. El periodista relaciona este hecho con el amplio cubrimiento que ha estado haciendo sobre el conflicto armado que se vive en la frontera colombo-venezolana, debido a las disputas por el control del territorio entre grupos armados.

El cubrimiento en fronteras se caracteriza por un difícil contexto político, social e institucional que implica para los periodistas un riesgo muy alto a la hora de informar sobre lo que sucede en estas zonas. Entre 2018 y 2021 en la frontera con Venezuela, en los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander y Arauca, se han presentado 189 ataques contra periodistas. De este total 88 han sido amenazas, un asesinato, dos secuestros y un exilio. 

Las detenciones y amenazas son graves violaciones a la libertad de prensa que afectan el derecho al acceso a información sobre hechos que son de interés de la ciudadanía. La FLIP hace un llamado a las autoridades nacionales y locales para que se articulen y generen estrategias de protección para la prensa que realiza su trabajo en zonas fronterizas, particularmente en la frontera colombo-venezolana. 

Además, solicita a la UNP que inicie el estudio de nivel de riesgo al periodista que recibió amenazas para así implementar las medidas necesarias para garantizar su integridad. Así mismo, desde la Fundación se le hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que revise a profundidad la situación de los periodistas que trabajan en zonas fronterizas y que investigan temas relacionados con la migración, y que a su vez emita las alertas tempranas necesarias. 

Por otro lado, la FLIP hace un llamado a las autoridades venezolanas para que cesen la represión contra la prensa, y garanticen los estándares internacionales que protegen a los periodistas y a la misma democracia. 

La Fundación para la libertad de Prensa (FLIP) rechaza la decisión -de segunda instancia de tutela- de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirma la condena impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá, a la periodista Vicky Dávila y a Radio Cadena Nacional SAS (La FM) a indemnizar al excomandante de la Policía Jorge Hilario Estupiñán y a su familia.

La FLIP junto al Goethe Institut presentan el especial multimedia "Ideas para un periodismo con futuro". 

El lanzamiento del sitio web estará acompañado por una charla en línea, transmitida por redes sociales, entre las periodistas María Jimena Duzán y Belén Pardo (Vokaribe Radio), con la moderación de Camilo Jiménez Santofimio. Juntos hablarán no solo sobre sus experiencias y retos profesionales a la hora de hacer periodismo en el país, sino también sobre su visión de cómo mantener viva una actividad fundamental para la democracia.

"Ideas para un periodismo con futuro" está disponible en este enlace e incluye formatos diversos, como pódcasts, textos, videocolumnas y conversatorios. Bajo la dirección editorial de Camilo Jiménez Santofimio, en el especial participan periodistas como Juan Gossaín, Ana Cristina Restrepo, Carlos Cortés, Sara Trejos, Santiago Rivas, Ómar Rincón, Alejandro Gómez Dugand, Camila Osorio, Mario Jursich, Juan David Arenas, entre otros.

Puede acceder al comunicado completo haciendo clic aquí.

Héctor Giraldo Gálvez era abogado, periodista y miembro de la junta directiva de El Espectador. Hoy, tras 32 años de su asesinato, recordamos su historia.

Desde su llegada al diario en 1965, su pasión y compromiso con la verdad acompañaron su trabajo en la unidad investigativa. Una de sus grandes investigaciones fue sobre la crisis financiera generada por el Grupo Grancolombiano.

Gracias a su trabajo, actualmente se conocen los nexos de Pablo Escobar y el cartel de Medellín con el magnicidio de Guillermo Cano, ocurrido el 17 de diciembre de 1986. El éxito de sus investigaciones lo convirtió en un blanco para el Cartel de Medellín. El miércoles 29 de marzo de 1989, Héctor fue atacado en su automóvil por dos sujetos que le dispararon desde una moto cuando se dirigía a uno de los juzgados. 

En la FLIP no olvidamos la lucha de Héctor en contra de la impunidad. Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, de clic en el siguiente audio.

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Tumaco condenó a Jesús Vargas Cuajiboy a 28 años y 8 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, por su participación en los hechos ocurridos en la frontera colombo-ecuatoriana en marzo de 2018 en los que perdieron la vida Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador. 

Esta sentencia se da como consecuencia del preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y Jesús Vargas Cuajiboy, por el cual se realizó un acto de perdón y reconocimiento de responsabilidad como medida de reparación a las víctimas.

Puede acceder al comunicado final en el siguiente enlace.

Desde la FLIP les compartimos esta entrevista a Pedro Vaca, el nuevo Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada por la IFEX. 

En el video de la entrevista, grabado pocas semanas después de su designación, Vaca conversa por 45 minutos con la periodista Vanina Berghella sobre diversos desafíos cruciales que enfrenta la región de las Américas en materia de libertad de expresión, desde el impacto de la COVID-19 en los medios de comunicación y el tema de la brecha digital, pasando por el componente de género de los ataques a la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas, hasta las responsabilidades que les competen a las plataformas digitales ante la creciente propagación del discurso de odio y la desinformación.

La entrevista completa podrá encontrarla aquí y en el canal de YouTube de IFEX. 

La justicia debe garantizar que el interés general de conocer opiniones que fomentan el debate público, prevalezca sobre la censura a la prensa. Por ello, destacamos el rol fundamental de los jueces en la garantía de la libertad de expresión. En particular, que en sus decisiones se analicen los riesgos actuales del ejercicio periodístico de manera amplia e integral, ya que reconocer el acoso judicial como una nueva forma de agresión contra la prensa es un primer paso para frenar la instrumentalización de la justicia para silenciar opiniones críticas.

El 16 de marzo del 2021 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, revirtió la condena histórica contra el sicario que asesinó al periodista Luis Antonio Peralta y a su esposa Sofía Quintero. El Tribunal redujo 13 años de la condena como resultado del desconocimiento injustificado de la relación del oficio periodístico de Peralta con su asesinato. 

Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, la decisión del Tribunal es un pésimo precedente de cara a los altos índices de impunidad de crímenes contra la prensa y a los múltiples procesos contra los responsables de los 161 periodistas asesinados de 1977 al 2020. 

El Tribunal desestimó la relación del oficio periodístico con el asesinato de manera contradictoria. En sus términos, “sobre las denuncias realizadas en el ejercicio de la profesión del periodista Peralta Cuellar, no existe duda para la sala, pero no es posible con ello establecer que el homicidio del recordado periodista se dio en razón de su labor pues el hecho indicador no permite establecer el hecho indicado”. Después de hacer esta afirmación el Tribunal añadió que algunas amenazas reportadas por el periodista no tenían que ver con las denuncias públicas realizadas. 

Esto revela la falta de comprensión de los elementos esenciales del caso, tal como los riesgos inherentes al ejercicio del periodismo en regiones. La FLIP reitera que para la investigación, judicialización y sanción de crímenes contra la prensa es indispensable hacer un análisis de contexto  que  permita  identificar  plenamente las dinámicas regionales y los riesgos a los que están expuestos los periodistas por su oficio, en lugar de presumir su inexistencia en un país con altos índices de violencia contra la prensa. 

Luis Antonio Peralta era un periodista crítico de la gestión pública en la región, en donde ejerció el periodismo por más de treinta años. Su trabajo estaba relacionado con las denuncias sobre irregularidades en contratación estatal, extracción de petróleo y corrupción. Su emisora Linda Stereo, de la cual fue fundador y director, fue la plataforma a través de la cual hizo públicas sus denuncias y entregó a la ciudadanía información valiosa sobre las autoridades y los funcionarios. 

El Tribunal no valoró de manera adecuada este contexto ni el riesgo que le generaba el programa en el que Peralta hacía públicas algunas denuncias en contra de la administración pública. Además, desestimó que días antes de su asesinato, el periodista había anunciado que tenía conocimiento de que un precandidato habría incurrido en actos de corrupción en el municipio del Doncello, Caquetá.

La falta de reconocimiento de los riesgos inherentes al oficio periodístico es un factor que acrecienta la impunidad de los crímenes contra la prensa . En este caso, también persiste la falta de identificación y sanción de los determinadores, quienes hoy se encuentran en libertad.

La FLIP continuará acompañando este caso, y este 19 de marzo de 2021 presentó el recurso de casación contra la decisión del Tribunal para que se reconozca la necesidad de reincorporar en la decisión el reconocimiento de la relación del oficio periodístico con el asesinato de Luis Antonio Peralta. La decisión se apartó de elementos esenciales del caso y, con ello, desconoció el rol que desempeñan las autoridades judiciales en la protección de los y las periodistas y en la garantía de que los delitos y los ataques en su contra no queden impunes. 

Por lo anterior, la FLIP le hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que coadyuven el recurso y visibilicen la violencia y los riesgos a los que están expuestos los periodistas, cuya labor contribuye a la construcción de sociedades democráticas.