Alrededor de Twitter se han construido múltiples mitos, sobre su funcionamiento en general, sus reglas comunitarias y la forma en la que intervienen en sus usuarios. En este artículo la FLIP analiza cinco de estos mitos.

Reportar una cuenta o un trino múltiples veces ayuda a que Twitter elimine más rápido el contenido.

Esto es falso. Para Twitter da igual si una cuenta o un trino es reportado una o mil veces. El proceso de revisión de contenidos es exactamente el mismo y no se adelanta o se torna más eficaz con base al número de reportes sobre infracciones a las normas comunitarias.

Toda la moderación de contenido se hace con machine learning y automatización de contenido.

Esto también es falso. Primero hay que decir que Twitter sí hace uso de estas herramientas para revisar el contenido que atenta contra sus reglas comunitarias. Por ejemplo, el año pasado Twitter compró una startup llamada Fabula AI para hacer uso de tecnología que identifica difusión de información falsa o “trinos abusivos”, entre otros.

A pesar de esto, Twitter no toma medidas extremas basándose únicamente en sistemas automatizados. Por ejemplo, con los cambios de reglas relativas al COVID-19, Twitter anunció que aumentaría el uso de machine learning y automatización para tomar acciones frente a contenido potencialmente abusivo y manipulador. Sin embargo, garantizar que estos sistemas sean consistentes toma tiempo y requieren de contexto. Por eso, ante las acciones más agresivas, como eliminar una cuenta, Twitter intenta incorporar controles de revisión humana.

En Twitter, en comparación con otras plataformas, no existen restricciones frente al contenido multimedia que se difunde.

Aunque Twitter es mucho más permisivo que otras plataformas en relación con el contenido multimedia que se puede publicar, sí existen regulaciones sobre cómo se difunde el contenido sensible. 

Es posible que haya usuarios que no quieran tener contacto con material multimedia delicado, como los videos violentos o no aptos para menores. Es por ello que Twitter intenta mantener un equilibrio. Permite compartir este contenido, pero a la vez quienes quieran evitarlo, también lo pueden hacer. 

Para esto, quienes quieran publicar contenido delicado antes deben marcar el tuit como “material que puede herir la sensibilidad de algunas personas”. Si el usuario no lo marca y alguien denuncia el contenido, Twitter lo analiza y lo puede marcar como delicado.

Claramente hay contenido multimedia de carácter delicado que no se permite en ningún caso, pues puede suponer una normalización de la violencia y provocar sufrimiento a quienes lo ven. Entre estos está el material que muestra conductas sexuales violentas, contenido sexual no consentido y escenas sangrientas relacionadas con muerte o tortura. 

Cuando publico contenido en Twitter que vulnera las normas comunitarias me suspenden mi cuenta.

Esto es falso, ya que las acciones a nivel de la cuenta sólo se dan en vulneraciones muy graves. Twitter modera el contenido de manera escalonada, dependiendo de la gravedad del incumplimiento de las normas comunitarias o de la reiteración en este tipo de conductas.

De hecho, Twitter suele asumir una posición pedagógica a la hora de actuar ante violaciones de sus normas. Parte de la base de que es probable que los usuarios no conozcan las normas y por ello no haya una intención de violarlas. A menos de que la vulneración a la regla sea muy grave o reiterativa, Twitter primero intenta educar a las personas sobre las reglas y les da la oportunidad de corregir su comportamiento.

La eliminación de contenido por parte de Twitter es escalonada. Twitter inicia tomando medidas a nivel del trino para asegurarse de no ser demasiado duros con una cuenta que cometió un error y violó sus reglas comunitarias. 

Lo mismo sucede cuando se trata de tomar medidas a nivel de cuenta. Primero se piden ediciones al perfil. Luego se puede requerir que la cuenta sea de solo lectura de forma temporal. También se puede solicitar al propietario de la cuenta que verifique la propiedad con un número de teléfono o correo electrónico. Finalmente está la suspensión permanente de la cuenta.  

Twitter prohíbe el uso de bots y contenido automatizado

Esto es falso. Twitter sólo combate el spam y los bots que son maliciosos de forma estratégica y a gran escala. Su objetivo es identificar cada vez más cuentas y comportamientos problemáticos de forma proactiva, en lugar de esperar a recibir denuncias sobre ellos. 

Para terminar de entender el trasfondo de este mito, hay que comprender qué es un bot. Este es un programa informático automatizado que procesa diferentes instrucciones. En Twitter, se usan estos softwares para controlar las cuentas. Así, el programa del bot permite trinar, marcar como me gusta, seguir, o enviar mensajes a usuarios. Como Twitter bien dice, hay ciertos usos apropiados e inapropiados de los bots.

El uso del término bot está muy naturalizado en el lenguaje de las redes sociales. A veces, erróneamente, los bots son relacionados con cuentas de personas que prefieren permanecer en el anonimato por razones personales o de seguridad, o a quienes evitan usar una foto porque tienen fuertes preocupaciones sobre la privacidad. También el término a veces es usado para caracterizar erróneamente las cuentas con nombres de usuario numéricos, o, como una herramienta por parte de quienes están en posiciones de poder político para empañar las opiniones de las personas que pueden estar en desacuerdo con ellos o la opinión pública en línea.

Twitter desarrolló herramientas de machine learning que identifican y actúan sobre redes de spam o cuentas automatizadas de forma sistemática. Esto les permite abordar los intentos de manipular conversaciones en Twitter a gran escala, independientemente del idioma o la zona horaria.

Esto no es favorable. De hecho, eliminar cuentas sin verificar que efectivamente son maliciosas o que son una manipulación de la plataforma puede significar censura, lo cual es ciertamente peligroso en términos de libertad de expresión. 

Los periodistas se han visto afectados de distintas maneras debido a la pandemia. Por esta razón, desde la FLIP hemos emprendido distintas acciones en prevención y atención de los riesgos a los que se han visto expuestos los reporteros. Hemos atendido situaciones de riesgo biológico, ataques directos y obstáculos en el acceso a la información. 

La Fundación es consciente de que en las zonas fronterizas se vive un difícil contexto político, social, migratorio e institucional que evidencia una crisis humanitaria que debe atenderse de manera oportuna  y por eso pretende identificar cuáles continúan siendo los riesgos físicos y biológicos a los que se enfrentan los periodistas particularmente en estas zonas. 

Queremos seguir trabajando por el derecho a informar y a estar informados. Por esta razón les invitamos a responder la siguiente encuesta para que podamos conocer cuáles son los principales riesgos, para poder aportar herramientas prácticas a la hora de enfrentar riesgos del oficio periodístico en los contextos limítrofes y así, seguir trabajando en su prevención y atención de situaciones que afecten la labor periodística.

Esta encuesta está dirigida a periodistas colombianos y extranjeros que trabajan en zonas fronterizas. Esto incluye a los reporteros que viven en estas ciudades y municipios, y a aquellos que se desplazan de otras ciudades o regiones para hacer trabajos investigativos y de reportería en estas zonas.

La información que ustedes diligencien será reservada y no se entregará a terceros ajenos a la FLIP.

Ingrese a la encuesta haciendo clic aquí 

Han pasado más de siete meses desde que comenzó la pandemia por COVID-19. La FLIP ha emprendido acciones de prevención y alerta frente a distintas situaciones que se han generado por razón del COVID-19 y las decisiones gubernamentales que se han tomado. Uno de los campos de acción que ha emprendido la FLIP es la documentación de casos de riesgo biológico para periodistas. 

Del 24 de marzo al 30 de noviembre de este año la FLIP ha documentado más de cien casos de periodistas expuestos, contagiados y fallecidos por COVID-19. Durante este tiempo también procuramos establecer cuántos periodistas fallecidos por COVID-19 probablemente se contagiaron por razones de su ejercicio periodístico. Sin embargo, determinar dónde o cómo fue el contagio de una persona es un proceso difícil y poco certero. La FLIP hace estas consideraciones a partir de la documentación y seguimiento que se realiza sobre los lugares que el o la periodista visitó y si en el último mes estuvo expuesto a algún escenario de alto riesgo.

Es posible que en la realidad haya muchos más casos de los aquí presentados. Por eso, invitamos a las y los periodistas a seguir informando sobre los casos propios o de colegas afectados por el virus. Así, podremos seguir ampliando el diagnóstico del panorama que atraviesa la prensa durante la emergencia sanitaria. También les recordamos que toda la información obtenida por la FLIP es y será totalmente confidencial. Esta se maneja con objetivos técnicos y las cifras serán los únicos datos públicos.

Pueden escribirnos al +57 320 2311308 o a través de nuestras redes sociales.

Seguimos trabajando por el derecho a informar y a estar informados.

Gimbler Perdomo tenía 31 años cuando en 2002 fue asesinado en el municipio de Gigante, Huila. Era director de noticias y propietario de Panorama Estéreo, la única emisora que existía en esa época en Gigante. 

El camino en el periodismo

Gimbler empezó en la radio por casualidades de la vida. Sandra Cáceres, esposa de Gimbler, cuenta que el viaje por la radio empezó cuando un amigo ganó una licencia para tener el dial de una emisora comercial. Sin embargo, este terminó en la cárcel y fue ahí cuando le propuso a Gimbler ser socio de la emisora, para que se encargara de mantenerla mientras él salía de prisión. 

Gimbler aceptó y a partir de ese momento comenzó a desarrollar el noticiero de la emisora, con el que terminó ganándose a la comunidad. Su compromiso no solo fue dar información detrás de un micrófono en una cabina, sino también ayudar directamente a las personas. En algunas ocasiones viajaba a las veredas del municipio, donde emitía un programa en el que los campesinos exponían todas sus necesidades como salud o educación.

El hombre detrás del periodista

Gimbler era recordado en su pueblo por realizar campañas de solidaridad y además, denunciar a la administración municipal por casos de corrupción. Todo esto lo hizo cuando ocupó el cargo de Consejero municipal, durante el 91 y el año 2000, antes de ser periodista.

En el año 1999, cuando aún era Consejero municipal, Gimbler se encadenó frente a la alcaldía para presionar la salida de Luis Édgar Gutiérrez, el mandatario de la época. Finalmente este fue destituido por sus acciones corruptas. 

“Desde las seis o cinco y media de la mañana llegaba la gente a la casa a pedir ayuda”, cuenta Sandra. Su esposa lo recuerda como un hombre que realizaba muchas campañas para ayudar a las personas necesitadas del municipio, incluso muchas veces dejando de lado su propio bienestar. 

Una de las anécdotas que más recuerda es cuando su esposo le dio el dinero que tenían para el almuerzo a un señor que llegó a pedir ayuda. Sandra recuerda claramente las palabras con las que Gimbler le respondió a su reclamo: “ese señor necesita viajar a una cita médica y no tiene para el transporte, nosotros vamos a la tienda allá nos conocen y nos pueden fiar, a él nadie le va a fiar lo del transporte”. 

La verdad

La persona que lo asesinó está preso. “Ni para qué le cuento el sin número de expedientes de asesinatos que tiene ese señor”, afirma Sandra. 

El día de la audiencia en la que el asesino habló sobre la muerte de Gimbler, Sandra fue acompañada por dos de sus hijas. “Ese fue uno de los días más tristes, porque cuando le hacían preguntas sobre el asesinato de mi esposo, sentíamos que nunca respondía con la verdad”, dice Sandra. Cuando le preguntaron al asesino por qué lo había hecho, este dijo que lo habían obligado, que era matar a Gimbler o que su familia estuviera en riesgo.

Sobre los determinadores del asesinato, Sandra cuenta que fue la guerrilla. Aunque al inicio de la investigación habían dudas sobre esto, pues en su momento, algunas personas cercanas a Gimbler afirmaron que esto era poco probable. Decían que él era consciente del peligro en la región y por eso siempre fue precavido a la hora de dar información relativa al orden público. 

Dieciocho años después Sandra tuvo que sacar adelante a tres niños que en su momento no tenían más de diez años. La violencia le arrebató al pueblo de Gigante una persona que estaba comprometido con su comunidad, y a su familia, les quito un padre y esposo ejemplar. En todos ellos la memoria de Gimbler permanece viva. Gracias por recordar con nosotros. En la FLIP no olvidamos. 

La FLIP expresa su preocupación por el exilio del periodista de Noticias Caracol Arlex Piedrahita tras recibir nuevas amenazas y ante la falta de garantías para salvaguardar su vida y continuar ejerciendo su labor en el país. 

El 16 de octubre de este año Piedrahita recibió un mensaje de texto a su celular en el que lo declaran objetivo militar y lo amenazan de muerte a él y a su familia. Esta es la más reciente de una serie de amenazas y hostigamientos que el periodista ha recibido desde el 2019 y que estarían relacionadas con el cubrimiento de temas judiciales, orden público y narcotráfico en los departamentos de Valle del Cauca y el norte del Cauca.

Las constantes intimidaciones y la falta de una respuesta efectiva y atención oportuna por parte de las autoridades obligaron a Piedrahita a abandonar el país a mediados de noviembre de este año buscando salvaguardar su integridad y la de su familia.  

Es la segunda vez que el reportero se ve obligado a dejar de hacer su trabajo periodístico como consecuencia de la falta de garantías frente a su seguridad. A finales de 2019, luego de recibir amenazas en su contra junto con otros cuatro periodistas, Piedrahita estuvo por fuera de los medios un par de semanas y un día después de reintegrarse a su trabajo recibió una nueva intimidación en la que le advertían que tenía que renunciar al noticiero. 

Cuando Piedrahita recibió nuevamente una amenaza en octubre de este año sintió que ya no tenía muchas opciones, no encontró una respuesta diligente y oportuna por parte de las autoridades: no había garantías de seguridad para él y su familia. Además, dos de los periodistas que habían sido amenazados con él en agosto de 2019 se vieron obligados a salir del país por encontrarse en las mismas condiciones. Así, con el apoyo de su medio de comunicación, el periodista abandonó el país.  

En noviembre de 2019, la FLIP advirtió que Piedrahita se encontraba en un alto riesgo y era urgente implementar medidas idóneas. Sin embargo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) tardó un año en volver a evaluar la situación de riesgo del periodista y la FLIP aún no conoce de ningún avance en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por estos hechos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha resaltado que  los Estado no sólo tienen la obligación de proteger a periodistas en riesgo, sino que deben garantizar que las medidas de protección adoptadas sean efectivas y adecuadas. 

La Fundación hace un llamado urgente a la Fiscalía y a las autoridades competentes para que investiguen con celeridad, seriedad e imparcialidad, las amenazas y hostigamientos reportados por los tres periodistas con el fin de identificar y sancionar a los responsables.  El exilio de periodistas trae consecuencias devastadoras para la libertad de prensa. Además de tener una afectación psicológica, económica, social y familiar en quienes lo padecen, genera un ambiente de miedo y autocensura entre los periodistas que están alrededor. 

En varias oportunidades el exfiscal Néstor Humberto Martínez se ha referido a la prensa de manera estigmatizante y ha cuestionado, sin fundamentos, las investigaciones periodísticas sobre asuntos relacionados a su gestión como Fiscal General de la Nación. Esto configura una estrategia para intimidar a los periodistas que investigan y publican información de suma relevancia pública.

Hace 21 años fueron asesinados los camarógrafos y periodistas Alberto Sánchez Tovar y Luis Alberto Rincón. Sus cuerpos fueron encontrados en el área rural de El Playón, Santander. En su momento, algunas versiones afirmaron que habrían sido detenidos por grupos armados mientras iban de camino a hacia El Playón. Fueron secuestrados y luego asesinados. 

El día de los hechos fue confuso. Alberto y Luis se dirigían a cubrir la elección del sucesor del alcalde Ramiro Alarcón, que también había sido asesinado dos meses atrás. Una de las primeras versiones de los hechos ubicaba a Vidal Abreo, uno de los colegas periodistas de Alberto y Luis, como uno de los asesinados. Ese día Vidal se dirigía a El Playón, casi a la misma hora que Alberto y Luis, tan solo se llevaban una distancia de entre 10 y 15 minutos. Sin embargo, él no fue detenido y pudo pasar sin problema. 

Alberto Sánchez Tovar fue primero periodista y luego gerente de su propia empresa: Producciones de Colombia Ltda. Había contratado a Luis Alberto Rincón, camarógrafo independiente y que trabajó para Comuneros Televisión y para Teleoriente.

Las cámaras fotográficas y de video de los dos periodistas fueron robadas por sus agresores. Sin embargo, según las autoridades, los victimarios intentaron disfrazar su crimen como un robo.

La violencia de la época

Tan solo un día antes del homicidio de Sánchez y Rincón, otras siete personas fueron asesinadas en el país a manos de grupos armados. En el 99 muchas áreas alejadas de los centros urbanos se encontraban azotadas por guerrilleros y paramilitares. Ese año fueron asesinados otros cuatro periodistas: Jaime Garzón, Guzmán Quintero Torres, Rodolfo Julio Torres y Pablo Emilio Medina. 

Durante estos 21 años muy poco ha pasado en materia investigativa de todos estos casos. Esto, a pesar de que en su momento varias organizaciones, como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), condenaron los asesinatos e hicieron declaraciones para que se aceleraran las investigaciones en la Fiscalía.

Ese año los periodistas, especialmente en regiones, fueron objeto de amenazas y amedrentamientos. A finales del 99 la SIP denunció con especial preocupación el caso del periodista Carlos Pulgarín, quien tuvo que salir forzosamente al extranjero tras recibir amenazas de muerte directamente vinculadas a su actividad profesional.  

A esta fecha, el crimen contra Alberto y Luis tiene condena a autores materiales. No hay condena contra los determinadores de los asesinatos. 

En la FLIP no queremos que sus nombres caigan en el olvido. Gracias por recordar con nosotros.

La FLIP expresa su más alta preocupación por la censura a las denuncias de acoso sexual y conductas sexuales indebidas al interior de la Universidad Nacional. Este caso representa un alto interés público por tratarse de violencia sexual y de género al interior de una universidad pública e involucrar a docentes. 

A principios de este año, un colectivo estudiantil de la Universidad Nacional denominado Comisión Feminista y de Asuntos de Género – Las que Luchan, en asesoría de Mónica Godoy Ferro, investigó y publicó hechos de acoso sexual y conductas sexuales indebidas en la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. De esta investigación surgió un informe con los relatos de algunas víctimas, quienes vinculan a algunos profesores de la Universidad, entre ellos Fabián Sanabria Sánchez. 

Tras la publicación del informe, algunos medios de comunicación reprodujeron algunos de los hechos presentados en el informe y se exaltó la importancia de la investigación. La FLIP supo que la Veeduría Disciplinaria de la Universidad Nacional y la Fiscalía General de la Nación ya tienen conocimiento de este caso.  

Como respuesta a las denuncias, el profesor Sanabria Sánchez instauró una acción de tutela en contra de Godoy, pidiendo que se protegieran sus derechos a la honra y el buen nombre, pues en el informe figuraba como agresor de algunas de las conductas reseñadas. 

A lo largo del proceso, Sanabria alegó no haber contado con oportunidad para dar su versión en los medios de comunicación. Sin embargo, la FLIP pudo conocer que varios medios de comunicación brindaron un espacio para que, en favor del debate democrático, Sanabria pudiera entregar su versión de los hechos a la ciudadanía. 

La tutela fue decidida a favor de Sanabria el pasado 11 de septiembre por el Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá D.C, que ordenó a Godoy que “no solo retire de sus redes sociales los comentarios realizados en torno de las acusaciones concernientes a las agresiones sexuales endilgadas al accionante, sino, abstenerse de seguirlo haciendo, tanto en ellos, como en otros medios de comunicación”. Esta decisión fue confirmada el pasado 16 de octubre. 

La FLIP expresa su preocupación porque esta orden se constituye como un acto de censura indirecta hacia los medios de comunicación al impidirles informar y acceder a las fuentes de estas denuncias de violencia sexual. La orden del juez limita el derecho a la libertad de expresión de las personas que hicieron públicos los casos de violencia sexual y de la misma ciudadanía que necesita conocer estos hechos. 

Posteriormente, Godoy realizó distintas publicaciones sobre los riesgos que trae eliminar del debate público a las víctimas y los defensores de derechos humanos que pudieran dar a conocer hechos sin un fallo previo de un juez que lo permita. A través de un incidente de desacato, Sanabria pretende hacer cumplir la orden de censura. Al respecto, la FLIP advierte que forzar su cumplimiento genera un profundo daño a la sociedad y un efecto inhibitorio sobre la reportería de temas de género y denuncias de las víctimas. 

La violencia de género se manifiesta de diferentes formas (física, psicológica, económica, sexual), y algunas de estas formas pueden ser invisibles al ser normalizadas. Por ello, es indispensable que los jueces den garantías suficientes a los denunciantes y a quienes divulgan la información, para que este tipo de casos no queden impunes.

La FLIP hace un llamado a los jueces para que garanticen el derecho a la libertad de expresión de aquellos valientes que denuncian y publican los distintos tipos de violencia de índole sexual, aún más cuando ocurren en instituciones públicas. 

En ese sentido, este llamado se extiende para que sus decisiones no perpetúen esta violencia. En los casos que involucren violencia contra las mujeres, la Corte Constitucional ha señalado que tienen la obligación de adoptar un enfoque de género, que permita visibilizar los tipos de violencia estructural a los que son sometidas y, de esa manera, ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, compartimos dos informes realizados por No Es Hora de Callar. Esta es una iniciativa promovida por la periodista Jineth Bedoya Lima, que tiene como objetivo denunciar la violencia sistemática contra la mujer y trabajar en la promoción de los derechos de las mujeres.

En esta oportunidad los dos informes giran en torno a los medios de comunicación. El informe Medios de comunicación y violencia de género habla sobre cómo se tratan en las salas de redacción y en los productos periodísticos los temas de violencia de género. Parte de este informe fue desarrollado teniendo como base investigaciones previas de la FLIP

Por su parte, Violencia de género contra periodistas en Colombia habla sobre la violencia que existe en las salas de redacción contra las mujeres periodistas. Prácticamente todas las encuestadas afirmaron haber sido víctimas, o haber escuchado, de algún tipo de violencia de género dentro de su trabajo. Más preocupante aún es que el informe señala la falta de protocolos para tratar este tipo de hechos. Estas problemáticas afectan gravemente a la libertad de expresión, pues muchas veces empujan a las periodistas a dejar sus espacios laborales, temas o fuentes. 

Uno de los hallazgos más importantes es que en general son casi inexistentes las  capacitaciones a los periodistas en estos temas. También se evidencia que hay una marcada tendencia, por parte de los periodistas hombres, a prejuzgar a las víctimas en casos de feminicidio y violencia sexual. Resulta más preocupante aún que son los hombres periodistas, por lo general, los designados para construir las historias sobre feminicidios, por considerar que son más objetivos que las mujeres. 

En los siguientes enlaces puede acceder a los informes completos.