Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa alertamos que existe un riesgo inminente de autocensura de quienes cubren las protestas debido a la escalada del uso excesivo de la fuerza policial contra periodistas, que da indicios claros de la intencionalidad de las agresiones y su sistematicidad, sin que exista un reproche público por parte de las autoridades.

La jornada de protestas del 28 de abril reafirma que el escenario de las manifestaciones sociales es el más riesgoso para el cubrimiento de la prensa. En los últimos 3 años, la FLIP ha documentado 150 ataques que han dejado a 182 periodistas víctimas. Tan solo ayer se registraron 19 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Especialmente grave es que la mayor parte de las agresiones provienen de la fuerza pública. 

Las ciudad donde se registraron más agresiones fue Bogotá con siete ataques, seguida de Bucaramanga, Medellín, Popayán y Cali con un registro de dos agresiones en cada ciudad. Los tipos de ataques de los que fueron objeto los y las periodistas en la jornada son: robos o eliminaciones de material (7), agresiones (4), daños a infraestructuras (2), exclusión (1), obstrucciones (3). Estos hechos coartan severamente la libertad de prensa y dificultan la veeduría de los medios. 

Los ataques direccionados contra los medios de comunicación como Canal RCN y Semana ponen en riesgo la integridad física de los y las periodistas y dificultan el desarrollo del servicio público informativo. Sobre esto la FLIP llama la atención porque de manera reiterada ha existido la intención de dañar y estigmatizar a estos medios, por parte de distintas figuras públicas. En años anteriores, las instalaciones de RCN han sido atacadas por manifestantes en Bogotá. 

Estos hechos ejemplifican los riesgos de los discursos estigmatizantes contra la prensa. Este tipo de ataques, arraigados en los señalamientos por parte de distintos sectores sociales y políticos, se materializan el día de las protestas pero se alimentan previamente de mensajes dosificados de alta difusión que, en su conjunto, incitan a la violencia y ponen en peligro a la democracia. 

De ahí que surja una gran responsabilidad de las figuras públicas de los movimientos sociales y partidos políticos, que deben promover un clima óptimo para el ejercicio de la prensa en lugar de amedrentarla, y fomentar un ambiente permisivo en su contra.

La libertad de expresión y de prensa no implican solamente la posibilidad de expresar ideas y opiniones, sino también la posibilidad de hacerlo sin sufrir consecuencias arbitrarias ni acciones intimidatorias. 

La FLIP insta a los convocantes del paro y los dirigentes y figuras públicas de los movimientos sociales y partidos políticos, a que rechacen todo tipo de agresión contra la prensa. De igual manera, que se abstengan de hacer señalamientos que estigmaticen el oficio periodístico. Estos señalamientos pueden incitar a la violencia o verse como autorizaciones indirectas de futuras agresiones.

Así mismo, la FLIP hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que asuma poder preferente en las investigaciones disciplinarias de las agresiones contra la prensa para cumplir con el deber de investigación y sanción de los responsables. A su vez, exigimos que se investiguen diligentemente tanto los hechos en donde la prensa fue afectada por la fuerza pública como por particulares. En algunos casos se evidenció abuso de la fuerza por el desconocimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad. 

Finalmente, invitamos a los alcaldes de las ciudades de Bogotá, Cali, Popayán, Medellín y Bucaramanga, donde se registraron la mayor cantidad de agresiones a la prensa, para que se rechacen los hechos violentos contra la prensa y envíen un mensaje claro de cero tolerancia para los miembros de la fuerza pública involucrados en dichas agresiones.

El Gobierno sigue en deuda de tomar acciones firmes y urgentes para la protección transversal de la prensa antes, durante y después de la manifestación social como se incorporó en el “Estatuto de protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. Su ineficacia promueve decisiones editoriales hacia la autocensura, en perjuicio de los valores democráticos. 

Cada semana, tras acabar la emisión del programa deportivo, en la emisora Radio Mira se esperaba a un invitado especial. Un hombre que no participaba en los programas, pero que frecuentaba las cabinas en búsqueda de una buena conversación entre colegas. Se trataba del periodista Flavio Iván Bedoya Sarría, quien sería asesinado en el 2001, víctima del paramilitarismo en Tumaco, Nariño. 

Un buen colega

El periodista y actual director de la emisora Rumba Tumaco de RCN, Juan Alberto Palma, recuerda que conoció a Flavio Bedoya durante una de sus visitas a Radio Mira. Allí, Flavio destacaba por su conversación amena y carisma, así como por su entusiasmo por el deporte. “Él tenía un anhelo, cuando hablábamos decía: ‘¡Qué bueno que Tumaco tenga un equipo de fútbol profesional! Y que  los recursos lleguen a la gente a todos esos muchachos que tienen sueños’”, comentó Juan Alberto. 

A sus 51 años, Flavio era colaborador del periódico El Faro, donde había hecho denuncias sobre corrupción. Sin embargo, era más reconocido por su trabajo como  periodista del Semanario Voz Proletaria, medio de comunicación del Partido Comunista Colombiano. 

Como parte de su labor como corresponsal regional del periódico Voz, Flavio había realizado una entrevista con un comandante de las FARC. En esta se habló sobre los recientes enfrentamientos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el corregimiento de Llorente, Tumaco. 

Por esa época el periodista había advertido al periódico que era blanco de amenazas por sus investigaciones. Días después de su denuncia, en la mañana del 27 de abril de 2001, Flavio Bedoya fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Le dispararon en repetidas ocasiones mientras  bajaba de una buseta de servicio público. 

Juan Alberto afirma que por aquella época no era frecuente el asesinato de periodistas en el puerto de Tumaco. “Para nosotros fue una sorpresa. Era bastante preocupante porque él hacía noticias, era compañero y es colega, aunque nunca nos tocó intercambiar ideas en micrófono”, comentó.

Seguimiento al crimen 

Tras ocho años en los que el crimen parecía quedar impune, el 31 julio de 2009, el exparamilitar, Jorge Ríos aceptó su participación en el homicidio del periodista bajo el mando de Guillermo Pérez Alzate, ex cabecilla del ‘Bloque Libertadores del Sur’. A su vez, este también reconoció su autoría intelectual del asesinato de Flavio Iván ante un Tribunal de Justicia y Paz en Estados Unidos, donde paga su condena.

La investigación determinó que la actuación de los paramilitares, Enrique Molina y José Manuel Landázuli, fue bajo órdenes directas de Orlando Contreras, alias ‘Caliman’, al creer que el periodista suministraba información a los comandantes de las FARC que había entrevistado. 

El 18 de marzo de 2021 el ex paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”, se adjudicó la autoría de más de 160 crímenes. Por “línea de mando” aceptó, entre otros, el asesinato del periodista. Tras su declaración el caso pasó a revisión de un juez en la ciudad de Bucaramanga, Santander a la espera de sentencia condenatoria. 

En la FLIP no olvidamos el trabajo de Flavio Iván Bedoya y su entrega por reportear la complejidad del conflicto armado en el Pacífico colombiano. la Fundación espera que el esclarecimiento completo del crimen se dé en los próximos años. Dos décadas deberían haber sido suficientes para que el Estado hubiera podido hacer justicia en este crimen.

Este 24 de abril de 2021 se cumplen treinta años del trágico asesinato del periodista Julio Daniel Chaparro y del reportero gráfico Jorge Enrique Torres. A pesar de que este homicidio fue declarado crimen de guerra, y no va a prescribir, los avances en materia de justicia han sido mínimos.

La FLIP rechaza el atentado del que fue víctima el periodista independiente Luis Carlos Ayala el pasado 20 de abril en Cali, Valle del Cauca. El reportero quedó con lesiones en su barbilla y uno de sus brazos. La Fundación hace un llamado urgente a las autoridades para que brinden protección al periodista e investiguen lo sucedido. 

Ayala se encontraba fuera de la casa de un conocido en Cali, Valle del Cauca, cuando escuchó que un hombre armado en una moto lo llamó por su nombre. El periodista de inmediato intentó huir, pero el desconocido alcanzó a disparar dos veces, una de las balas le rozó la barbilla y la otra su brazo derecho. Posteriormente, Ayala interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.  

El atentado estaría relacionado con la actividad periodística de Ayala, quien  lleva varios meses trabajando entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. El periodista se encuentra realizando una investigación sobre tenencia y distribución de tierras frente a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Estos temas son de altísimo interés público, especialmente para los habitantes de estos dos departamentos. Con el ataque a Ayala existe el riesgo de que él y otros periodistas decidan dejar de realizar investigaciones sobre estos temas.

El intento de homicidio es el reflejo del altísimo riesgo que corren los periodistas en esta región. En 2019 la FLIP registró varias amenazas y hostigamientos contra un grupo de cinco periodistas que cubría la problemática de cultivos ilícitos en el Cauca y las denuncias sobre la presencia de los carteles mexicanos en esa zona. Tres de ellos tuvieron que exiliarse para proteger su vida y la de sus familias.

Además, en el 2020 fueron asesinados dos periodistas en los departamentos en los que Ayala realizaba su reportería: el comunicador indígena , Cauca, y el periodista judicial Felipe Guevara en Cali, Valle del Cauca. En el 2020 y lo corrido del 2021 la FLIP ha registrado 47 agresiones a la libertad de prensa en Cauca y Valle del Cauca. De este total 15 son amenazas, uno de los ataques más constantes contra la prensa en los últimos cinco años en estos departamentos. Esa región del occidente colombiano es una de las zonas en las que más se ataca a la prensa en el país.

A la difícil situación de orden público se suma la lenta respuesta de las autoridades y la falta de estrategias efectivas de prevención frente a los evidentes riesgos que enfrenta la prensa. Esto crea un ambiente de censura, sin garantías para el ejercicio periodístico, lo que a su vez afecta la oferta informativa y viola el derecho de brindar y recibir información. 

La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que asigne de inmediato medidas de protección, por trámite de emergencia, al periodista Luis Carlos Ayala. Así mismo, la FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que avance con la investigación de los hechos de manera articulada tendiendo en cuenta la labor periodística de Ayala y el contexto en el que la estaba realizando.

Finalmente, le solicitamos a la Defensoría del Pueblo que analice y estudie este patrón de riesgo y la violencia contra la prensa y, en consecuencia, que emita las alertas tempranas necesarias para atender la situación en esta región del país.

La FLIP rechaza la agresión y las amenazas de las que fue víctima el periodista Carlos Franco, director del medio digital CF News Baranoa Noticias. Estas se dieron luego de que el comunicador publicara una nota sobre una fiesta que violaba la ley seca y la prohibición de la alcaldía de no realizar eventos o reuniones privadas que impliquen aglomeraciones o asistencia de más de ocho personas. Dichas medidas fueron establecidas para prevenir el contagio por covid-19 en el municipio de Baranoa, Atlántico.

En las cabinas de la Emisora ABC de Barranquilla, una voz repicaba con fuerza en los micrófonos, pronunciaba mofas, lanzaba pullas y se le escapaba uno que otro insulto contra la clase política local. El dueño de esa voz era el periodista Carlos Lajud Catalán, asesinado hace 28 años y víctima de la corrupción política.

Una voz independiente 

Raimundo Alvarado, periodista y corresponsal de la FLIP en el Atlántico, recuerda que conoció a Carlos Lajud en 1986 en el Diario del Caribe, donde el periodista se desempeñaba como editor de la sección deportiva. “Era un buen compañero, a veces díscolo por su independencia y esfuerzos por hacer valer sus criterios en el área deportiva, por innovar y hacer mejor las cosas que la competencia”, comenta Raimundo. 

De acuerdo con Raimundo, para la época de los ochenta, en Barranquilla el periodismo deportivo empezó a mezclarse con los asuntos públicos. “Carlos estaba entre los periodistas deportivos que hicieron civismo en su madurez profesional y llevaron el sentido competitivo de los deportes, con sus valores y sus vicios, a las luchas sociales por los servicios públicos”,  afirmó. 

A sus 42 años, Carlos empezó a tomar el micrófono en contra de la corrupción en  “Minutos de Civismo”. Un espacio de cinco minutos de su programa deportivo que con el tiempo se convertiría en un referente de opinión pública y actualidad política para los barranquilleros. “Estuvo entre los primeros en expresar su desacuerdo por el giro que le estaba dando el gobierno a la ciudad. Se mofaba de los políticos y del sector privado”, añadió su colega Raimundo. 

Con más de veinte años de ejercicio periodístico en medios nacionales e internacionales, Carlos se consolidó como periodista radial gracias al desparpajo que imprimía en sus denuncias. Especialmente, aquellas dirigidas al exalcalde de la ciudad, el padre Bernardo Hoyos y su asesor Roberto Ferro Bayona. 

Persecución al micrófono

Las afrentas de Carlos generaron descontento entre políticos y personas con una gran influencia, por lo que empezaron a criticarlo en medios de comunicación y alocuciones públicas. Una de esas críticas vino por parte del alcalde Hoyos durante su intervención en una misa celebrada en el barrio Rincón Latino.

La gran influencia del exsacerdote provocó que sus seguidores organizaran protestas a las afueras de la emisora contra Carlos Lajud y el director de Emisora ABC, Ventura Díaz Mejía. Esto sucedió luego de que Carlos lo denunciara por presuntas irregularidades en los procesos de contratación para la telefonía local. 

Luego de esos episodios, no tardaron en llegar las amenazas para que detuviera sus investigaciones. Sin embargo, “Carlos se burlaba de la muerte”, recuerda Raimundo, pues cada vez que sus amigos o familia le pedían que tuviera cuidado respondía de forma desinteresada e irreverente. “En la emisión anterior a su muerte le oí decir la ruta que tomaba todos los días a pie para llegar a su trabajo y la hora en que lo podían cazar. Fue desafiante”, comentó. 

Mientras hacía su recorrido habitual hacia la emisora, Carlos fue atacado por dos sicarios que le dispararon a quemarropa desde una moto a las 7:15 de la mañana del lunes 19 de abril de 1993. 

Los obstáculos en la investigación

De acuerdo con Raimundo Alvarado, la investigación del asesinato sugirió que el acto fue una venganza por las denuncias de Carlos, ya que los sicarios se llevaron su maletín con las pruebas de una investigación periodística que iba a presentar esa mañana en su programa. Debido a sus recientes pronunciamientos, el exalcalde Hoyos fue vinculado y llamado a declarar junto con el abogado Roberto Ferro Bayona y el comerciante Jorge Guarín. Sin embargo, fueron dejados en libertad, pues según la Fiscalía no se contaba con suficiente material para judicializarlos. 

En cuanto a los autores materiales, la justicia capturó y sindicó a Jhonny Alberto Merino Arrieta como autor material, a Eduardo Antonio Campo Carvajal como conductor de la moto, y a Eliécer Peña Navarro como el organizador del crimen. Los tres fueron condenados a 40 años de cárcel. Sin embargo, en el 2003, el Tribunal Superior de Barranquilla dio la orden absolutoria, dejándolos en libertad. 

Desde 1997 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) responsabilizó al Estado colombiano y aseguró que se trató de una investigación “superficial y demasiado rápida”, plagada de irregularidades. Especialmente por la omisión del testimonio Enrique Rafael Somoza, pariente de uno de los implicados, cuya esposa había testificado que su esposo había sido contratado por un presunto escolta de Hoyos. 

Actualmente no hay nadie condenado por el asesinato de Carlos Lajud Catalán. Y en medio del silencio y persecución a su familia para que no participaran en la investigación, el crimen prescribió en el 2013 ante la justicia colombiana. En la FLIP no olvidamos la lucha de Carlos Lajud contra la corrupción política en su ciudad.

La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad del periodista de Caucasia Éder Narváez, director del medio digital NP Noticias Online y corresponsal de Teleantioquia Noticias para la región del Bajo Cauca antioqueño. En el último mes, el periodista ha reportado a la FLIP tres situaciones que ponen en riesgo su seguridad. Estas estarían relacionadas con las denuncias que viene haciendo en NP Noticias Online y para Teleantioquia sobre la situación de orden público en la región y las nuevas modalidades de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados, particularmente por parte de Los Caparros. 

En abril del año pasado, el periodista ya había sido víctima de varias amenazas que lo llevaron a desplazarse forzadamente del municipio de Caucasia. El reportero pudo regresar al municipio cinco meses después con la intención de continuar con su trabajo periodístico. Sin embargo, el riesgo persiste. En el último año la FLIP ha registrado seis amenazas en contra de Narváez, todas relacionadas con el cubrimiento del accionar de grupos armados en el Bajo Cauca.   

Lo más reciente ocurrió el 13 de abril de este año cuando un hombre armado rondó por varios minutos la casa del periodista; días antes una persona que se identificó como miembro de Los Caparros amenazó al periodista a través de una llamada telefónica. Antes de esto el periodista había recibido una amenaza a través de Facebook mientras hacía una transmisión sobre la desaparición de un grupo de jóvenes que habrían sido reclutados forzadamente por parte de ese mismo grupo en el corregimiento de Puerto Bélgica, en el municipio de Cáceres. 

Hasta ahora la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha desestimado las solicitudes que ha hecho la FLIP y la La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  para que el caso sea revisado por trámite de emergencia con el fin de reforzar las medidas de protección del periodista. Para la UNP los hechos reportados no son suficientes para llevar el caso a esta instancia. 

Entre el 2020 y lo corrido del 2021 la FLIP ha registrado trece ataques contra la prensa en ese municipio, de los cuales siete han sido amenazas. Los reporteros que cubren lo que sucede en la región del Bajo Cauca se enfrentan a un clima de constante zozobra. Esto se debe a la confluencia de grupos armados que se disputan el territorio y la violencia histórica contra la prensa. En este contexto se hace aún más necesario que las autoridades respondan de manera ágil, clara e imparcial al riesgo que corren los periodistas y que desplieguen acciones preventivas. 

La FLIP le reitera la solicitud a la UNP de que, por trámite de emergencia, fortalezca las medidas de protección del periodista Éder Narváez con el fin de salvaguardar su vida y su integridad. 

Así mismo, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue estos hechos con celeridad y comunique al periodista los avances de las investigaciones en curso. Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa.

Hace tres años, el presidente de Ecuador Lenín Moreno confirmaba la muerte de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio. Durante estos años el Estado colombiano le ha fallado una y otra vez a las familias de las víctimas. La verdad, la justicia y la reparación se encuentran ausentes en este caso.