La FLIP expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas de Voces del Guayabero Fernado Osorio y Edilson Álvarez, quienes denuncian haber sido intimidados y detenidos irregularmente por miembros del Ejército Nacional mientras cubrían los operativos de erradicación forzada en el Meta. La Fundación le exige a las autoridades que lleven a cabo las acciones necesarias para proteger a los comunicadores y sancionar a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa.

El pasado martes 4 de agosto el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Angulo Arboleda se encontraba con medida de aseguramiento por el juicio que se adelanta por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, en el caso del secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio. Los crímenes ocurrieron en marzo y abril de 2018 en la frontera entre Colombia y Ecuador.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la amenaza que recibieron los periodistas Cipriano López, Lina María Peña, Yannis Moscote, Víctor Polo, Miguel Martínez, Víctor Rodríguez, Aristides Herrera y Leopoldo Díaz Granados. La FLIP les solicita a las autoridades que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad de los reporteros.

Hoy en nuestra cápsula de memoria recordamos al periodista John Félix Tirado, asesinado hace 28 años en Pereira, Risaralda.

El caso del asesinato de John Félix Tirado prescribió en 2012. Aunque la justicia no se ha pronunciado, no queremos que su nombre y su trabajo sean olvidados. Gracias por recordar con nosotros.

En la FLIP no olvidamos.

Antes de cerrar el mes de julio, queremos recordar a los nueve periodistas que han sido asesinados en un mes como este desde 1986.

El pasado 28 de julio se hizo público que la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, había denunciado penalmente al periodista Jeremy McDermott. 

Junto con el Comité para la protección de los periodistas (CPJ), desde la FLIP alertamos de la gravedad de este asunto. 

Al día siguiente de conocerse la noticia, la vicepresidenta Ramírez retiró la denuncia en contra del periodista. La activación del sistema penal desde el lugar de poder que ocupa la vicepresidenta es un camino equivocado para tramitar controversias.

Reconocemos el gesto de la vicepresidenta de desistir en el proceso penal. Sin embargo, desde la FLIP queremos proponer algunas reflexiones alrededor de la situación ocurrida. 

• El uso del derecho penal para limitar la libertad de prensa es incompatible con los sistemas democráticos. 
• Los funcionarios tienen el derecho de ser escuchados y de aclarar o complementar la información publicada. No es necesario iniciar una acción penal para esto. 
• La diversidad de voces en el debate público es la base de la democracia. Cuando se judicializa el debate público desde una posición de poder se frustra el libre flujo de ideas.

En el siguiente video pueden conocer más de la posición de la FLIP al respecto

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la intimidación que recibió Juan Alejandro Loaiza, periodista de la emisora comunitaria Nueva Era Algeciras, por parte de desconocidos. La FLIP les solicita a las autoridades que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad del comunicador.

Tenemos buenas noticias de nuestro laboratorio de periodismo: este proyecto ahora se llama Consonante y estamos estrenando plataforma digital. 

El laboratorio de periodismo de la FLIP, que comenzó a rodar hace un año, ha venido transformándose y hoy comienza una nueva etapa. Con los contenedores visitamos cuatro municipios de Tolima. Justo cuando inauguramos nuestro diplomado en Tumaco, llegó el coronavirus a Colombia. Para evitar exponer a los asistentes a riesgos y de acuerdo con las directrices del Gobierno nacional, decidimos pausar el trabajo en los contenedores. 

Hoy, cuatro meses después, compartimos con ustedes la noticia de que comenzamos de nuevo nuestro diplomado en periodismo local ahora a través de una plataforma digital. Así, los participantes podrán acceder a todas las herramientas necesarias para su formación. 

En esta nueva fase de Consonante, comenzamos el trabajo con más de 95 líderes, lideresas, defensores, ciudadanos activos y estudiantes de los municipios de Ataco (Tolima), Tumaco y Túquerres (Nariño). Mañana comenzaremos las clases y durante dos meses los  participantes se acercarán al periodismo a través de lecturas y espacios de discusión, al tiempo que realizan ejercicios prácticos de reportería, investigación, narración y publicación de contenidos. 

Además, a través de Consonante uniremos esfuerzos para apoyar a más proyectos de periodismo local que surjan durante el diplomado. Nos enfrentamos a nuevos retos pero estamos trabajando fuertemente para que se creen más redes de comunicación y para que los ciudadanos se apropien de la información y combatan el silencio que tanto impacta las regiones. 

El 16 julio de 2020, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que de ser aprobado por el Senado, el Secretario de Estado, en coordinación con el Secretario de Defensa y el Director de Inteligencia Nacional, deberán presentar un informe para determinar si la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos al Gobierno de Colombia fue utilizada para fines de vigilancia o inteligencia ilegal a la población civil. También tendría por objeto identificar si entre los afectados habría defensores de derechos humanos, periodistas, personal judicial y miembros de la oposición.   

Esta alerta se emitió después de que Revista Semana publicara su investigación “Carpetas secretas”, en la que denuncia las acciones de vigilancia y perfilamiento por parte del Ejército colombiano a más de 130 personas, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas nacionales e internacionales, políticos, líderes sindicales, y otros miembros de las fuerzas armadas. Luego de la denuncia pública, persisten las dudas sobre el posible uso de la asistencia internacional ofrecida por los Estados Unidos para adelantar estas labores ilegales de vigilancia.

Este tema ha despertado la preocupación de los congresistas de Estados Unidos y al menos 100 de ellos le solicitaron al Secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, que le exija al gobierno de Iván Duque que se comprometa con la implementación del Acuerdo de paz para de proteger a los defensores de derechos humanos, incluidos los periodistas. Sin embargo, hasta la fecha no hay una respuesta pública del Gobierno sobre esta petición.    

Hasta el momento el Gobierno colombiano no ha revelado los hallazgos de los procesos disciplinarios y penales que anunció en mayo de 2020 cuando se publicó la denuncia ni ha dado respuesta a los derechos de petición presentados por la FLIP y los periodistas afectados. En ese sentido, la Fundación considera indispensable y oportuno que la cooperación internacional le solicite al Gobierno de Iván Duque celeridad en los resultados de las investigaciones con el fin de proteger a los reporteros que se encuentran en riesgo por estas acciones de vigilancia. Al respecto es importante que las autoridades estadounidenses adelanten una veeduría exhaustiva de estos procesos con el fin de que los resultados permitan conocer la verdad sobre los responsables de las labores de inteligencia y cuál fue el alcance de las mismas.  

Para la FLIP es importante que este reporte contenga información detallada sobre la participación de los agentes estatales colombianos en las labores de vigilancia dirigidas a la prensa, que detalle las actividades, los objetivos y su alcance con el fin de identificar la cadena de mando involucrada en estas acciones. Adicionalmente, de acuerdo a lo planteado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el informe deberá dar cuenta del uso de recursos de asistencia al sector de seguridad para estas labores proveniente de ese país y la respuesta por parte del Departamento de Estado y la Dirección de Inteligencia Nacional frente a estas denuncias. En ese sentido, se espera que el reporte responda a las siguientes preguntas, formuladas por los reporteros afectados, al Estado colombiano: 

• ¿Quién o quiénes dieron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia militar, que ataca directamente las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país?
  
  

• Uno de los objetivos de la inteligencia militar es proteger los derechos humanos, y prevenir y combatir amenazas internas o externas que se relacionen con la seguridad nacional. ¿Somos los periodistas y medios vigilados por el Estado, una amenaza para la seguridad nacional? ¿Con qué criterio justifican activar contra la prensa labores que están dispuestas para combatir la criminalidad?
  
  

• ¿Quiénes eran los destinatarios y/o tuvieron acceso a las carpetas con los perfilamientos y espionajes a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos?
  
  

• ¿Tiene el presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa o alguno de sus altos funcionarios conocimiento de estas actividades de espionaje ilegal? ¿Qué acciones tomarán para garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión sin ser blanco de perfilamientos, espionaje y estigmatización? 
  
  

La FLIP valora positivamente el compromiso de las autoridades estadounidenses por adelantar acciones de veeduría alrededor de estas denuncias que involucran a las fuerzas armadas de Colombia. Esto envía un mensaje contundente de rechazo frente a este tipo de acciones antidemocráticas y pone de manifiesto la necesidad de que haya celeridad en las investigaciones por parte del Gobierno colombiano y las autoridades judiciales. 

Para la FLIP es indispensable el esclarecimiento del alcance de estas prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia militar para evaluar el riesgo que estas representan para los periodistas. Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país.   

En este sentido, la FLIP le hace un llamado al Departamento de Estado y a la Dirección de Inteligencia Nacional para que de ser el caso publiquen sus hallazgos con el fin de que sean tenidos en cuenta en las investigaciones que el Estado colombiano está adelantando. Este insumo puede ser vital para agilizar las investigaciones disciplinarias y penales, así como las evaluaciones de riesgo a cargo de la Unidad Nacional de Protección, de manera que se adopten las medidas de seguridad necesarias para proteger a los periodistas que han sido víctimas de violaciones a la libertad de prensa por parte del Estado.

La Fundación también reitera el llamado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que avancen rápidamente en las investigaciones con el fin de esclarecer los hechos, determinar los niveles de responsabilidad de los agresores y asignar las sanciones correspondientes.