La Fundación para la Libetad de Prensa (FLIP) publica esta carta dirigida al Fiscal General de la Nación para manifestar su preocupación frente al uso de mecanismos ilegítimos, innecesarios, injustificados y desproporcionados en la investigación de la Fiscalía en contra de Diana Díaz, quien denunció un caso de censura en el sistema de medios públicos de Colombia.

El inicio o avance de investigaciones por parte de la Fiscalía en contra de periodistas, fuentes, medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público puede generar un ambiente de miedo y autocensura.

La FLIP además solicita una reunión con el Fiscal General lo más pronto posible para extender los detalles de sus preocupaciones frente a las presiones a informantes de investigaciones periodísticas. 

Aquí pueden conocer la carta completa.

El asesinato de Martha Luz López y Miguel Soler fue el comienzo del fin de la redacción de El Espectador en Medellín. Hace 31 años el narcotráfico, en cabeza de Pablo Escobar, desarrollaba con fuerza su estrategia para acabar con ese diario. Tan solo un mes antes habían puesto una bomba en la oficina de Bogotá.

Martha Luz López y Miguel Soler se encargaban, respectivamente, de la publicidad y circulación de El Espectador en Antioquia. A pesar de no ser periodistas del diario, sufrieron la persecución del Cartel de Medellín. El simple hecho de que su trabajo aportaba a que el periódico fuera leído por al menos 5000 suscriptores, los hizo blanco de la venganza del narcotráfico. Su consigna era evitar que El Espectador siguiera circulando en Antioquia.

Martha Luz López fue la primera en ser asesinada, el 10 de octubre de 1989. Iba llegando a su casa cuando recibió disparos que acabaron instantáneamente con su vida. Carlos Mario Correa era reportero de El Espectador y tenía 24 años en ese entonces. Llevaba trabajando poco más de un año cuando los asesinatos ocurrieron. Recuerda a López como una persona muy enérgica, organizada y temperamental. “A ella le preocupaban nuestras horas de salida y que dejáramos la puerta principal abierta, porque a nosotros ya nos venían amenazando”, recuerda Correa. 

A pesar de las constantes amenazas, los 18 empleados que trabajaban para la oficina de El Espectador en Medellín nunca tuvieron ningún tipo de protección. “Nosotros mismos nos teníamos que proteger”, afirma Correa. Llegaron a trasladar la redacción hacia la cocina de la casa, pues en caso de una bomba creían que podían estar más a salvo en el interior de la estructura. 

Ninguno de los trabajadores de El Espectador en Medellín cedió ante las amenazas. “A mí lo que más me sorprendía era el silencio con el que se manejaba todo, en la redacción no se hablaba de las amenazas ni de nada”, comenta Correa. 

Una hora después de la muerte de López, sicarios asesinaron de forma similar a Miguel Soler. Tenía 46 años y cuatro hijos. Correa lo recuerda como un hombre de acento bogotano, gracioso y muy querido por las personas más humildes del periódico. 

Ese día, la oficina de El Espectador recibió dos llamadas por parte de “Los extraditables”, un grupo de narcotraficantes con orden de extradición a Estados Unidos y que buscaban por todos los medios derrumbar los tratados de extradición vigentes o por firmarse con ese país. Ellos se acreditaron los asesinatos y les dieron 48 horas a todos los empleados para dejar la ciudad.

La muerte de López y Soler fue un duro golpe para el diario. El día siguiente a su asesinato, El Espectador denunció que por falta de protección, el periodico no había podido circular normalmente en el departamento. 

Posteriormente las directivas de Bogotá dieron la orden de desalojar la sede de Medellín, para resguardar la vida de quienes trabajaban allí. “Nos dieron dos vacaciones seguidas mientras decidían si podíamos volver”, explica Correa. Finalmente, él sería el que meses después entregaría las llaves de la oficina, sacaría lo que había allí y lo enviaría a Bogotá.

En enero del 90, tan solo unos meses después de los asesinatos, llegaría el nuevo encargado de la circulación del diario a Medellín. Sin embargo, pocas semanas después, también sería asesinado. Un año después El Espectador abandonó la circulación en Medellín. Las oficinas cerraron y el equipo siguió trabajando en la clandestinidad. 

Desde la FLIP no queremos olvidar la persecución que tuvieron que sufrir los empleados de El Espectador. Sin importar si fueran o no periodistas, su trabajo se debía a la ciudadanía, a hacer valer el derecho de todos y todas a estar informados. 

Gracias por recordar con nosotros.

El pasado 30 de agosto la Revista Semana publicó en la sección Semana Noticias de su canal digital el expediente de Álvaro Uribe, incluyendo las interceptaciones legales de algunos miembros de la familia del testigo Juan Guillermo Monsalve. Después de esta publicación, Marta Elena Monsalve, hermana del testigo, interpuso una acción de tutela en contra de la Revista Semana y los periodistas Vicky Dávila y Jairo Fidel Lozano. 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá, en sentencia del 28 de septiembre de 2020, notificada el 6 de octubre, consideró que la publicación de las grabaciones de conversaciones familiares, que fueron ordenadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y son prueba dentro de dicho proceso judicial de interés público, afectó los derechos a la intimidad personal y familiar de Marta Elena Monsalve. Por esto, en el fallo de tutela, el juez ordenó a la Revista Semana y a los periodistas retirar de todas las plataformas el programa titulado “¡Exclusivo! Las Conversaciones del Testigo Monsalve con su familia”.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) rechazamos la censura que se desprende de la decisión tomada por el Juzgado Segundo Penal con función de conocimiento de Bogotá, y manifestamos lo siguiente: 

• Es crucial recalcar que se trata de la publicación de información sobre un proceso de alto interés público y trascendencia nacional y esto es preponderante partiendo del deber de ponderación entre la investigación de delitos y la garantía de la libertad de prensa. Las grabaciones contienen información sobre uno de los testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y quien aparece en el proceso contra el exmandatario por presunto soborno de testigos y fraude procesal.
  
  
• El juez ordenó la eliminación de la publicación argumentando que aunque los periodistas tienen derecho a informar, no podrían usar pruebas que tienen el carácter de reservado, ya que "no está permitida su utilización, menos su divulgación en asuntos diversos de la actuación penal". Frente a esto, consideramos que la información que reposa en las investigaciones y procesos judiciales no tiene un uso exclusivo dentro del proceso, pues también es un elemento de juicio de la sociedad y la prensa que se puede debatir dentro de la esfera pública. Es a partir de esta información que se genera un debate público sano para la democracia.
  
  

• Respaldamos lo señalado por la defensa de la Revista Semana que advirtió que equiparar la divulgación de información reservada por parte de un servidor del Estado con la publicación de una información de interés general por parte de un medio es un precedente peligroso para la libertad de prensa. Esto crea obstáculos para el cumplimiento de la función de los medios de comunicación y desdibuja su naturaleza, además, limitaría el acceso a la opinión pública a información de interés nacional.
  
  
• En el fallo, el juez argumentó que los periodistas manifestaron su opinión sobre lo que escuchaban “supliendo la labor judicial asignada únicamente a los jueces, incluso generando a priori juicios de valor sobre las conversaciones escuchadas”. Rechazamos la censura por parte del juez quien restringe el ejercicio periodístico al reprochar a los comunicadores expresar sus opiniones frente a las pruebas del proceso. La actividad judicial en cabeza de los jueces no excluye el debate público que se pueda generar con respecto del proceso judicial e inclusive sobre la actividad judicial.
  
  
• La decisión de eliminar el contenido es desproporcionada y desconoce el núcleo fundamental de la libertad de expresión. De acuerdo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Constitucional, si se presenta “un abuso” de la libertad de expresión que causa un perjuicio a derechos ajenos, se debe acudir a las medidas menos restrictivas de la libertad de expresión para reparar el perjuicio. En ese sentido, la medida de protección adoptada en el fallo de tutela debía orientarse únicamente a la edición de los fragmentos que vulneran la intimidad de la accionante, en lugar de censurar por completo el reportaje. Es decir, no se debió ordenar la eliminación de los apartes en los que la accionante no hace parte de las conversaciones.
  
  
• La decisión de ordenar investigar cómo el medio tuvo acceso a las grabaciones y, con ello, determinar responsabilidades penales es preocupante porque desconoce que en el sistema constitucional colombiano NO hay fuentes prohibidas y parece criminalizar algunas. La compulsa de copias puede significar un mecanismo para desconocer la reserva de la fuente protegida constitucionalmente. Al respecto, hacemos un llamado a las autoridades judiciales a valorar y respetar la importancia de que los periodistas cuenten con esta garantía sin la cual estaría en riesgo su derecho a la información.
  
  
• La divulgación sin edición de las interceptaciones telefónicas de la familia Monsalve está cobijada por la protección a la libertad de prensa y la garantía constitucional de independencia que abarca la línea editorial.
  
  

Acompañamos la decisión del medio de comunicación de acatar la orden y retirar el programa. Sin embargo, en conjunto, haremos el seguimiento al desarrollo de este proceso de tutela por considerar que la decisión adoptada pone en peligro a la libertad de prensa. 

Las interceptaciones se refieren a uno de los casos judiciales de mayor trascendencia en la historia del país, por esta razón la libertad de prensa debe prevalecer por materializar el interés general de conocer la verdad y hacerlo accesible a la sociedad y, con ello, fomentar el debate público y la veeduría frente a las autoridades públicas. 

Censurar a la prensa y el acceso a la información por parte de la ciudadanía constituye un grave precedente en materia de libertad de expresión.  

Un 8 de octubre, hace tres años, un disparo en el pecho le quitó la vida a Maria Efigenia Vásquez, comunicadora de radio Renacer Kokonuko, en Puracé, Cauca. 

Efigenia, que también hacía parte del Consejo Regional del Cauca,  fue asesinada mientras cubría y participaba de una protesta junto a su comunidad por los derechos sobre un predio en Puracé. En medio de los enfrentamientos con el ESMAD resultó herida.

Para la Fiscalía, la muerte de Efigenia fue causada por un explosivo de metralla que pudo haber sido del ESMAD o de la comunidad indígena. En estos tres años la familia de la periodista aún no ha encontrado la verdad. 

Desde la FLIP esperamos que su caso no caiga en la impunidad. Gracias por recordar con nosotros.

La orden de arresto contra Gustavo Rugeles es una medida desproporcionada que atenta contra la libertad de expresión.

Gustavo Rugeles, director de El Expediente, fue notificado el 6 de octubre de una orden de arresto y una multa de dos salarios mínimos por el incumplimiento de una tutela que le exigía eliminar y rectificar una publicación difundida en redes sociales y en el portal web que dirige. Esta orden, emitida por el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá, atenta contra la libertad de prensa. 

En junio de 2019, Rugeles publicó en Twitter, Facebook y El Expediente un derecho de petición que le había enviado a Pablo Elías González, quien en ese entonces era el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). González presentó una acción de tutela porque en su criterio contenía “graves señalamientos disfrazados de preguntas”, lo cual vulneraba su dignidad humana, intimidad, honra y buen nombre. El documento también fue difundido a través de WhatsApp entre los sindicatos y trabajadores de la UNP, al igual que entre terceros ajenos a la entidad, según la tutela que interpuso González. Frente a esto, es importante advertir que no se deberían imponer restricciones a la publicidad de los derechos de petición dirigidos a funcionarios públicos. Esta herramienta le permite a la ciudadanía conocer información sobre la cual el funcionario tiene acceso gracias al ejercicio de su cargo.

El 14 de agosto de 2019, el Juzgado 31 Penal del Circuito accedió a la solicitud de Pablo Elías González y le ordenó a Rugeles eliminar de Facebook, del portal web El Expediente y de Twitter el derecho de petición publicado. Además, le ordenó rectificar la información por esos mismos medios “por no haberse corroborado”. El 18 de septiembre, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia y no modificó las órdenes. Rugeles eliminó el link de Twitter, Facebook y El Expediente y, en febrero de este año, publicó una rectificación en el mismo portal web.

El derecho de petición que dio origen a la controversia contiene preguntas dirigidas a un funcionario sobre el ejercicio de su cargo y sobre información a la que tiene acceso. Se trata de asuntos de interés público y relacionados con una figura pública que debe atender con mayor tolerancia la exposición y el escrutinio público. Resulta entonces desproporcionado acudir a la acción de tutela como primera medida, pues busca restringir el derecho de petición, el derecho al acceso a la información y a la libertad de prensa.

Por su parte, el juez desatendió que cuando un contenido no cumple con los criterios de veracidad e imparcialidad debe acudir a las limitaciones menos restrictivas para la libertad de expresión, tales como ordenar una rectificación o actualización de la información en vez de acudir a la eliminación del contenido.

Para la FLIP es preocupante la sanción de arresto por desacato, ya que Rugeles había cumplido la orden de eliminar el enlace del derecho de petición de Twitter, Facebook y El Expediente que, dicho sea de paso, es una medida extrema que promueve la autocensura y fomenta un clima de silencio en el ejercicio periodístico. 

Estas decisiones judiciales que se apartan de los estándares nacionales e internacionales sobre libertad de expresión, al igual que las subreglas constitucionales sobre rectificación de contenidos, eliminan las garantías de una prensa libre e independiente para hacer veeduría. Esto envía un mensaje disuasorio para que los periodistas se inhiban de solicitar información a funcionarios públicos sobre asuntos relativos a su cargo.

• Desconocidos dejaron un panfleto en la entrada de la vivienda del periodista Óscar Castaño.
  
  
• Castaño ha estado investigando casos de corrupción en varios municipios de Antioquia.
  
  
• La UNP tiene conocimiento de este caso desde hace dos días, la FLIP le solicita que evalúe con celeridad este caso.
  
  

La FLIP rechaza las intimidaciones contra el periodista Óscar Castaño, director del programa Oriéntese, transmitido por la emisora Coredi 90.5 fm y el canal Acuario Televisión. La Fundación hace un llamado a las autoridades competentes para que protejan al periodista e investiguen estos hechos con celeridad.

Castaño le informó a la FLIP que el pasado 29 de septiembre le dejaron en la entrada de su casa un panfleto con una amenaza de muerte. Lo señalan de ser un “sapo” y de estar “metiéndose en lo que no le importa”. 

El periodista ha estado realizando denuncias sobre irregularidades en la contratación, en medio de la pandemia, por parte de las administraciones de los municipios de Argelia y Granada en el departamento de Antioquia.  Además, el reportero ha hecho un seguimiento periodístico al caso de trece concejales de Rionegro investigados por incurrir en presuntas irregularidades en la elección del Personero de ese municipio para la vigencia 2016-2019. Así mismo, Castaño ha alertado sobre la posible reorganización de grupos armados en el oriente antioqueño, a raíz del robo a treinta vehículos en la vía Bogotá-Medellín ocurrido el pasado 26 de septiembre.

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que conoce esta amenaza desde hace dos días, que evalúe con celeridad estos hechos con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida y la integridad del periodista. También le exige a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes que adelanten las investigaciones pertinentes para identificar y sancionar a los responsables.

Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

Bogotá, 30 de septiembre de 2020. Sobre el cumplimiento de la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que protege el derecho a la protesta pacífica, las organizaciones que representamos a los y las accionantes manifestamos: 

1. Todas las instituciones deben cumplir de inmediato y de buena fe todas las órdenes de la sentencia de la Corte. Con el fin de lograr la protección de los derechos violados, los y las accionantes enviamos solicitudes respetuosas de cumplimiento a todas instituciones involucradas.
   
   
2. Saludamos la voluntad de cumplimiento que han expresado la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Resaltamos que la Defensoría nombró una comisión para el seguimiento conformada por funcionarios de alto nivel y que el Procurador General designó a Carlos Medina Ramírez, Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, como coordinador de las acciones para este mismo fin. Estamos dispuestos a contribuir con todas las instituciones con el propósito de materializar estas órdenes judiciales.
   
   
3. Invitamos al Presidente de la República y al Ministro de Defensa a cumplir a cabalidad las órdenes de la Corte Suprema y a respetar en todo tiempo el artículo 37 de la Constitución que garantiza el derecho a "reunirse y manifestarse pública y pacíficamente" y demás derechos fundamentales conexos a la expresión ciudadana.
   
   
4. Teniendo en cuenta la diversidad de órdenes y de instituciones involucradas, solicitaremos a la Sala Civil del Tribunal de Bogotá que establezca un mecanismo de seguimiento y cumplimiento que garantice la mejor información posible y la máxima participación de los y las accionantes, así como de la sociedad civil en general. Este mecanismo deberá contemplar la apertura del incidente de desacato en caso de incumplimiento de alguna de las instituciones o de los funcionarios encargados.
   
   
5. Expresamos nuestra insatisfacción por las declaraciones del Ministro de Defensa en las que reitera unas disculpas genéricas y atemporales por actuaciones individuales de integrantes de la Policía Nacional. La orden de ofrecer disculpas dictada por la Corte Suprema de Justicia tiene como objetivo fundamental reparar a las víctimas de hechos sistemáticos de violencia policial en el marco de las protestas desarrolladas en el Paro Nacional de noviembre pasado. Las víctimas han expresado su desacuerdo con las declaraciones del ministro, como fue el caso de Denis Cruz, la hermana de Dilan Cruz. Por  lo tanto solicitamos al Tribunal que pida explicaciones al Ministro sobre las razones por las cuales considera que su declaración cumple la orden de la Corte Suprema de Justicia.

Firmantes:
Campaña Defender la Libertad, Comité de Solidaridad por los Presos Políticos, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, dhColombia, Comisión Colombiana de Juristas, Humanidad Vigente, Dejusticia, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Fernando Ramírez y Vivian Newman, presidente y vicepresidenta del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, nos alegramos de compartir con ustedes la designación de Jonathan Bock Ruiz como nuevo director ejecutivo de la FLIP. También, felicitamos a Pedro Vaca, quien deja su puesto como director para asumir la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

El pasado 15 de septiembre, la CIDH anunció la designación de Pedro Vaca Villarreal como Relator y mencionó que tomó esta decisión “con base en las cualidades profesionales y la experiencia del candidato, tomando en especial consideración su capacidad técnica, su liderazgo, y su capacidad para trabajar de manera efectiva con Estados, organizaciones de la sociedad civil, y otros actores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Estamos infinitamente agradecidos con Pedro por estos diez años de trabajo duro. Este nuevo camino es un reflejo claro de sus capacidades y de su dedicación en la defensa de las libertades. Debido a su incansable labor, la FLIP creció en su equipo de trabajo y amplió su misión. Primero, como asesor jurídico litigó casos relevantes para la garantía de la libertad de prensa en Colombia y para la búsqueda de justicia en violaciones gravísimas a los derechos humanos. En el 2013 asumió la dirección ejecutiva de la FLIP y desde ese momento no descansó en la búsqueda de garantías para el ejercicio periodístico en el país y la justicia para las familias de las víctimas.

Toda vez que la FLIP es usuaria del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el próximo mes y en conjunto con el director saliente daremos a conocer públicamente los potenciales o aparentes conflictos de interés tanto en el mandato del nuevo Relator Especial para la Libertad de Expresión como para la FLIP.

Después de su designación como Relator Especial para la Libertad de Expresión, el consejo directivo de la FLIP se reunió y en decisión unánime eligió a Jonathan Bock Ruiz como nuevo director ejecutivo de la Fundación. Jonathan se venía desempeñando como subdirector.

Esta decisión se tomó luego de evaluar  las altas capacidades de Jonathan para asumir el cargo. Jonathan es periodista y tiene una maestría en relaciones internacionales y periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado por más de 15 años como periodista, investigador y columnista para diversos medios de comunicación. 

En el 2012 Jonathan se vinculó a la FLIP como asesor de protección y desde ese cargo impulsó varias iniciativas para la prevención y atención de la violencia contra periodistas en el país. Después, en el 2015 lideró el Centro de Estudios de Libertad de Expresión desde donde promovió proyectos como Cartografías de la Información, Pauta Visible y el laboratorio de periodismo Consonante. Además, Jonathan ya se había desempeñado como director ejecutivo encargado en los periodos en los que Pedro se ausentó para desarrollar actividades académicas.

Confiamos plenamente en que Jonathan desempeñará una labor favorable para la libertad de prensa en Colombia y en que sus capacidades revelarán nuevos caminos para la FLIP. Estamos convencidos de que Pedro y Jonathan trabajarán fuertemente por la libertad de prensa en la región y en el país, cada uno desde distintos lugares, con la misma convicción: la libertad de expresión es indispensable para las democracias.

Gabriel Angarita es periodista y director de TV Cúcuta, un medio regional e independiente de Norte de Santander. Ha publicado sin temor denuncias sobre irregularidades en la gestión de alcaldes, gobernadores, concejales y empresarios, pero, en menos de un año,  ha tenido que afrontar una tutela y cinco denuncias por injuria y calumnia. 

Si bien parecen recursos legales a los que Angarita no debería temer si está seguro de que ha hecho bien su trabajo, estas acciones tienen todas las características de maniobras para desincentivar su investigación periodística, aislar su atención del trabajo, minar su economía personal o la de su medio para costear la defensa y generar una presión psicológica que puede desencadenar la autocensura, incluso antes de que se produzca cualquier fallo.  

A este tipo de amedrentamiento se le conoce como acoso judicial. Angarita se ha mantenido firme, a pesar de la hostilidad de sus demandante, quienes también lo han insultado públicamente e incluso lo han agredido físicamente. 

Desde la FLIP hablamos con él para conocer su caso y entender mejor el impacto del acoso judicial en su trabajo, en la libertad de prensa y en la dignidad e integridad de los y las periodistas.

¿Cuándo fue la primera vez que lo denunciaron por injuria y calumnia?

Fue el año pasado, en plena época de elecciones. Uno de mis periodistas documentó que en la Gobernación estaban haciendo política con el Día de la Mujer. Habían reunido a un grupo de señoras para darles regalos con propaganda electoral, gritaban ¡qué viva el candidato tal! Mi periodista grabó todo eso y en la nota criticamos que se usara el erario público para hacer campaña política. Esa publicación nos dio la primera denuncia por injuria y calumnia, la hizo el gobernador William Villamizar. 

¿Cómo se desarrolló el caso, usted qué hizo?

Bueno, primero hubo una audiencia de conciliación, en la cual yo me ratifiqué y respaldé a mi periodista. También solicité el acompañamiento de la Procuraduría y del Consejo Superior de la Judicatura, porque consideraba que el gobernador tenía mucho poder y queríamos un proceso equitativo. En esa conciliación fue la primera vez que noté que había un desbalance y que los mismos conciliadores estaban del lado de los políticos. 

¿En qué consistía ese desbalance del que habla?

Cuando llegamos a las conciliaciones, y le hablo de todas, los conciliadores llegan saludando: “hola señor alcalde, qué tal le ha ido”, mientras que a mí me miran como una miércoles. Es aberrante el desbalance que hay. No me he retractado en ninguna conciliación porque tengo las pruebas. Muchas me las envía la misma ciudadanía. 

En otra de las conciliaciones estaba la esposa del alcalde de Cúcuta del momento, que es una funcionaria de la Fiscalía: Zuleima Cruz Gaona. La señora me trató de payaso y terrorista durante toda la audiencia. El conciliador me regañaba a mí y la felicitaba a ella. 

El desbalance también se nota cuando nos intentan amedrentar. Por ejemplo, en mi primera conciliación, una señora de la Fiscalía me dijo que era mejor que me retractara y arreglara, porque de lo contrario tendría que gastar plata en un abogado. 

Significa que han sido varias las conciliaciones y varios los procesos que ha tenido que afrontar.

¡Claro! En agosto del año pasado me denunció el entonces alcalde de Cúcuta, Cesar Rojas por una nota en la que cierro diciendo que él tiene el sello de los asesinos. A Rojas lo puso el exalcalde Rodrigo Suarez, condenado a 27 años por ser determinador de un homicidio. Desde La Picota Suárez definía elecciones, contratos y demás. Rojas continuó con el poder político de su antecesor y en ese momento, prácticamente había dos alcaldes, uno en el Palacio Municipal y el otro en La Picota. No rectifiqué ni me retracté, solicité el acompañamiento de la Procuraduría. 

El siguiente fue el caso con Zuleima Cruz Gaona, alta funcionaria de la Fiscalía y esposa del entonces alcalde Rojas. Nos denunció por injuria y calumnia por una entrevista que di en W Radio en la que dije que ella, por su cercanía con el Alcalde de la ciudad, estaba detrás de muchos de mis procesos. 

A finales del 2019, publicamos un audio de Leonardo Jacome, el presidente del Concejo, en el que dice: “yo quito y pongo decanos, yo subo y bajo las matrículas cuando me dé la gana”. Jacome usaba los subsidios que del convenio entre la alcaldía y la Universidad Francisco de Paula Santander para decirles a los estudiantes: “consiga cinco votos o si no, no le damos el subsidio”. Jacome nos denunció por injuria y calumnia con el argumento de que no podíamos probar que la voz de los audios era la de él. 

Después vino el incidente del Concejo, cuando me sacaron a golpes y empujones. Yo entré al recinto y Jacome me dice, con una clara intención de provocarme: “ahí llegó el adalid de la moral con su bate”, refiriéndose a mi trípode. Me dice que me acerque y en frente de todo el Concejo empieza a decir que yo le estaba cobrando 500 mil pesos y como no me los había pagado, yo lo había traicionado. Todo era falso. Entonces, el concejal Olivero Castellanos se para, me empuja hacia la puerta y me da un golpe en la espalda que me deja sin respiración. 

 

La siguiente denuncia por injuria y calumnia me llega de Castellanos. No entiendo muy bien de qué va el tema, pero creo que es una herramienta para intentar defenderse de lo que hizo. Yo abrí un caso en Procuraduría y en Fiscalía por la violencia física en el Concejo. Pero en ninguna de las dos instituciones ha avanzado mi caso. 

Por último, vino la tutela que interpuso el empresario Víctor Carrillo en el mes de junio de este año. Él es el presidente nacional de Medimás y gerente de Ecoopsos, una EPS de Cúcuta. Publicamos que Carrillo le habría comprado, a un funcionario de la Secretaría de Salud, 20 mil usuarios para que los afiliaran a Ecoopsos. Toda esa gente apareció afiliada a Ecoopsos de la noche a la mañana y sin firma. Hubo usuarios que se molestaron y denunciaron. Al final un juez me obligó a retractarme, incluso cuando yo tenía los documentos de la compra de los 20 mil usuarios. 

¿Cómo han afectado todas esas denuncias su trabajo periodístico?

Han hecho que yo tenga que limitar a mis periodistas. Nos han quitado mucho tiempo y ha sido desgastante. Ahora lo pensamos dos veces antes de hacer una denuncia fuerte. Cuando hay temas delicados les digo a mis periodistas que mejor los manejo yo.

Creo que lo que le ha pasado a TV Cúcuta se va a volver un arma de la clase política para amedrentar a la prensa. La limitación a nuestra libertad de prensa ha sido importante. Y eso le pega duro al medio, porque nos hemos caracterizado por ser independientes y voceros de la comunidad. Pero también pasa que si no denunciamos, empezamos a perder fuentes porque empiezan a decir: “ay, a este lo compraron”. Tengo fuentes muy importantes, que me he ganado gracias a la transparencia.

En medio de lo hostil del ambiente que le toca sortear, ¿por qué  sigue haciendo periodismo?

Porque creo que sí se puede enfrentar a los poderosos y denunciar lo que hacen. Si usted tiene las pruebas y siempre está del lado de la gente, esa credibilidad es una fortaleza grandísima. La ciudadanía termina protegiéndote.