La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la detención ilegal, las agresiones físicas y las obstrucciones a la labor periodística que se presentaron ayer, 9 de septiembre. A diferencia de otras protestas, en la jornada del 9 de septiembre, día Nacional de los Derechos Humanos, todos los casos son atribuidos a la Policía Nacional.

Hoy se cumplen cinco años del homicidio de Flor Alba Núñez, periodista de Pitalito, Huila. 

Flor trabajaba en la emisora comunitaria La Preferida y en el noticiero TV Noticias del canal 6. Su ausencia y el vacío que dejó entre su familia, comunidad y compañeros de trabajo es irreparable.

Luego de 5 años se han judicializado a dos autores materiales. Uno de ellos asesinó a una zootecnista en 2013. La justicia aún no se ha pronunciado sobre los autores intelectuales del asesinato.

En la FLIP no olvidamos el asesinato de Flor y hacemos un llamado a que las investigaciones sobre los determinadores del homicidio sigan avanzando hasta encontrar a los responsables. Gracias por recordar con nosotros.

Como es de público conocimiento el pasado 2 de septiembre se llevó a cabo una reunión de políticos en la residencia del exministro Juan Fernando Cristo. La ocurrencia del encuentro en el que participaron congresistas y el expresidente Juan Manuel Santos, entre otros, fue divulgada públicamente por Gustavo Rugeles con fotografías tomadas desde la parte externa de la residencia y fragmentos de videos de discusiones con escoltas y policías. 

Al respecto la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifiesta lo siguiente:

• El espacio desde el cual se obtuvo información de interés periodístico es semiprivado y Gustavo Rugeles accedió allí con autorización. Señalarlo de espionaje desde voces que tienen responsabilidades públicas es una calificación que estigmatiza la presencia autorizada de quien estaba indagando sobre lo que allí ocurría. 
  
  
• De los registros de video consideramos que hay una obstrucción a la labor legítima desplegada por Gustavo Rugeles. El personal de seguridad está para reaccionar ante eventos que comprometan o puedan comprometer la seguridad e integridad física de sus protegidos no para restringir o dar órdenes a los ciudadanos que están en el parqueadero de una copropiedad con autorización de residentes. Esta situación se agrava cuando se acude a la intimidación de civiles con el uso de actividades de inteligencia para “verificar” sus antecedentes. 
  
  
• Exigimos a las autoridades garantizar la libertad de expresión sin discriminación y esto pasa por asegurar que la policía y escoltas de la UNP no extiendan su labor misional de protección hasta acciones de obstrucción del ejercicio de libertades civiles por parte de ciudadanos que no representan riesgo a la integridad de las personas que protegen. 
  
  
• En las últimas horas Gustavo Rugeles ha denunciado el funcionamiento atípico de dispositivos electrónicos y en consecuencia solicitamos a la Unidad Nacional de Protección activar los análisis de riesgo y tomar las medidas de protección correspondientes.

Conversemos sobre libertad de prensa y de expresión en Colombia

Tendremos una conversación acerca del gasto de publicidad oficial de alcaldías, gobernaciones y otras entidades estatales. Además, les presentaremos el segundo capítulo de La pantalla del presidente: Duque y la pauta. 

Invitamos a Ana Cristina Restrepo, periodista y columnista; Guillermo Franco, estratega en dirección e innovación de medios digitales; María Paula Martínez, coordinadora de la alianza Proyecto Antonio Nariño; y Jonathan Bock Ruiz, subdirector ejecutivo de la FLIP.

Los esperamos el próximo jueves, 10 de septiembre, a las 5:00 p.m..

Nos reuniremos por Zoom Webinar.

Deben registrarse para asistir y participar del conversatorio: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_V0ucfRj9TNyZAj09K3Lw2Q

¡Los esperamos!

Han transcurrido cuatro meses de las denuncias sobre perfilamientos a periodistas detalladas en la investigación "Carpetas secretas" de Revista Semana. La Fundación para la Libertad de Prensa ha hecho seguimiento a los anuncios y compromisos de las autoridades con respecto a este caso y, con preocupación, comparte este balance:

Investigaciones disciplinarias 

El pasado 20 de mayo, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a dos generales en retiro, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales adscritos a diferentes unidades de inteligencia. Aún sigue pendiente fijar la fecha para la audiencia de juicio disciplinario. La FLIP valora positivamente que, una vez el Ministerio Público asumió competencia de este caso, se adoptaron decisiones de fondo, lo que no ocurrió mientras el Comando General de las Fuerzas Militares estuvo a cargo de la investigación.

Se tiene conocimiento de un informe de la investigación realizado por el Inspector General del Comando General de las Fuerzas Militares que habría sido remitido a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.

Investigaciones penales

El 4 de mayo de 2020, el Fiscal General de la Nación anunció que desde enero comenzó una investigación por delitos de violación ilícita de comunicaciones, uso ilícito de equipos trasmisores, entre otros delitos, y que dentro de este expediente sería citado a interrogatorio el general en retiro Nicacio Martínez. Cuatro meses después dicha diligencia no se ha realizado. 

La Fiscalía ha señalado que adelanta una investigación minuciosa ordenando entrevistas a integrantes de las Fuerzas Militares, también que cuenta con la información de los equipos incautados en el allanamiento ordenado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2019 y que realizó una inspección judicial a la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación. A pesar de esta positiva autocalificación, a la fecha, no se conocen vinculaciones formales al proceso.

Acceso a la información

Resulta preocupante una respuesta del pasado 11 de agosto de la Fiscalía General de la Nación a un derecho de petición enviado por la FLIP, donde afirma que, contrario a lo publicado en Revista Semana, "no fueron 130 blancos los objetos de acciones ilegales de monitoreo, seguimientos, interceptaciones, perfilaciones, trabajos especiales por el Ejército Nacional, sino un número de personas que no supera los 20"¹. La Fiscalía no informó los nombres de los periodistas víctimas, tampoco brindó detalles de cómo identificó a las víctimas, ni de los criterios que utilizó para afirmar que el número de víctimas es considerablemente menor.

La FLIP no ha recibido información sobre el alcance de los perfilamientos y los responsables a pesar de que se ha insistido recurrentemente en las preguntas concretas formuladas el 12 de mayo. Si bien el cuestionario tuvo un trámite formal ante distintas entidades del Gobierno, se ofrecieron respuestas parciales que no resuelven de fondo los interrogantes planteados. En varias ocasiones la petición fue  trasladada de una dependencia a otra aumentando los tiempos y sin que el traslado implicara el pleno cumplimiento de los estándares de acceso a la información.

Medidas adoptadas en las FF.MM.

El 2 de mayo, el Ministro de Defensa anunció que once militares fueron retirados de servicio. En un comunicado posterior, explicó que esa decisión se fundamentó en “las necesidades del servicio y conveniencia institucional” pero no se refirió a las razones de manera clara, ni explicó la relación con las investigaciones que se adelantan por los hechos de perfilamiento a periodistas.

El ministro también anunció la adopción de medidas para evitar la continuidad de los perfilamientos. Para ello, el Comando General de las Fuerzas Militares realizó un proceso de revisión estratégica de capacidades de inteligencia, "cuyas conclusiones fortalecerán las capacidades y controles a las actividades de inteligencia y contrainteligencia". Dicho diagnóstico es de carácter reservado, razón por la cual no se conocen los pormenores de las medidas que se adoptarán para que se respeten los estándares de protección de derechos humanos. 

El despliegue de actividades de inteligencia militar contra la prensa no es un fenómeno nuevo, y a pesar de que cada vez se anuncian medidas para evitar que los hechos se repitan, se ha demostrado que son insuficientes. Para la FLIP, en este proceso debería participar la Comisión Parlamentaria para Asuntos de Inteligencia con el fin de garantizar que los controles externos a los servicios de inteligencia cumplan con su labor.

Naciones Unidas y la CIDH observan con preocupación el caso

El 19 de agosto de 2020, los cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron al Gobierno colombiano su preocupación sobre las actividades de vigilancia y elaboración de perfiles por parte del Ejército, considerando que dichas actividades someten a los periodistas a un riesgo elevado e interfieren con el desarrollo del ejercicio periodístico. Por lo anterior, solicitaron al Estado colombiano información para aclarar los hechos: detalles de las investigaciones que se han adelantado y de las actividades de prevención que se han desplegado. 

En una comunicación del 5 de agosto, el Estado contestó algunas de las preguntas y omitió resolver de manera integral y completa todos los interrogantes planteados por los expertos independientes de Naciones Unidas y de la CIDH. 

Así mismo, algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos llamaron la atención sobre el caso, por el uso indebido de los recursos de ayuda internacional para fines ilegítimos. Por ello, allí cursa un proyecto de ley que busca el esclarecimiento del uso de la asistencia internacional del sector de seguridad de los Estados Unidos al Gobierno de Colombia, con el fin de aclarar si fue utilizada para fines de vigilancia o inteligencia ilegal a la población civil. 

Conclusiones

Las actividades de inteligencia contra periodistas son tan recurrentes como las reacciones enérgicas de rechazo por parte de las autoridades una vez se conoce que ocurren. Las autoridades asumen públicamente compromisos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, pero con el paso del tiempo pareciera que estos quedan en una rueda de prensa, se diluyen en pocas semanas y no se reflejan en las investigaciones.

Es importante valorar el rechazo de lo ocurrido por parte del Gobierno nacional pero es prematuro dar por sentado y asumir con ese rechazo que todo está resuelto. Se ha forjado un ambiente gubernamental de superación del fenómeno que no pasa por la garantía del derecho a la justicia. Las investigaciones penales y disciplinarias se deben adelantar con celeridad y sancionar ejemplarmente a los responsables, de lo contrario anticipamos un alto riesgo de impunidad para estos hechos.  

Para la FLIP es preocupante que los avances frente al caso de perfilamientos son mínimos y no proporcionan garantías para la libertad de prensa ni para la protección a las fuentes. Las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para  esclarecer de manera pronta la verdad sobre las vigilancias del Estado ni para prevenir que vuelvan a ocurrir. 

¹ Fiscalía General de la Nación. Oficio nº FDCSJ-10100- del 11/08/2020 en respuesta al derecho de petición radicado 110016000102202000007.

Hoy recordamos a Javier Darío Arroyave, periodista de Cartago, Valle del Cauca, asesinado hace 13 años.

El pasado 22 de agosto el periodista Juan David Ortiz publicó en su cuenta de Twitter que la Alcaldía de Medellín estaría haciendo seguimientos en redes a periodistas a través de la empresa Selecta Consulting Group. Telemedellín fue la entidad contratante a nombre de la administración con el objetivo principal de hacer “análisis estratégico de redes sociales”.  

Sobre lo anterior, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación y manifiesta que:

• Tuvimos acceso a diez informes que la empresa consultora habría entregado a la alcaldía donde se compilan alertas diarias enviadas por WhatsApp notificando lo que determinados usuarios de Twitter publicaban sobre la administración. Dentro de las personas monitoreadas se encuentran los periodistas Clara Giraldo, José Guarnizo, Pascual Gaviria y Ana Cristina Restrepo, además del medio de comunicación Juan Paz. 
  
  
• Aunque la alcaldía ha dicho que solo se trata de un monitoreo de redes con el fin de “mejorar la gestión, fortalecer programas o aclarar temas relevantes para la opinión pública”, para la FLIP es preocupante el lenguaje de los informes porque utiliza categorías estigmatizantes. En ellos se emplean términos como “cibermilitante” para referirse a los periodistas que estaban “atacando” a la administración cuando expresaban su opinión sobre temas de interés público para la ciudadanía.  
  
  
• Es alarmante que se usen recursos públicos para categorizar a los ciudadanos, basándose en una evaluación parcializada de sus expresiones en línea. La FLIP no comparte que la alcaldía normalice este lenguaje bajo el argumento de que es técnico y propio del contratista. Estos señalamientos y etiquetas son arbitrarios y mucho más cercanos a regímenes autoritarios y policivos que a sociedades democráticas, plurales e incluyentes.
  
  
• A la pregunta de por qué hace uso de etiquetas en usuarios de redes con posiciones críticas, la alcaldía no ofreció respuesta. Mientras la administración no dé una explicación ajustada a la Constitución sobre el uso de esas categorías, las entenderemos como una etiqueta temeraria y peligrosa para la libre expresión y el debate público.
  
  
• En la FLIP continuaremos la documentación del caso de la mano de los periodistas involucrados para que se garanticen sus derechos.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la situación de seguridad de los periodistas Gonzalo Guillén, Diana López Zuleta y Amalfi Rosales. La Fiscalía General de la Nación tiene información detallada sobre estos hechos y conoce del riesgo inminente al que están expuestos los periodistas. La FLIP le solicita a la entidad que avance con celeridad en las investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia.

Conversemos sobre libertad de prensa y de expresión en Colombia.

En las últimas semanas se conoció el Auto de la Corte Suprema de Justicia que define situación jurídica e impone medida de aseguramiento contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. En este documento se citan conversaciones entre, al menos, cinco periodistas y sus fuentes. 

Esto detonó muchas opiniones. Por eso, queremos tener una conversación alrededor de este tema. 

Invitamos a Catalina Botero, exrelatora de Libertad de Expresión de la CIDH; Carlos Cortés, director de la Mesa de Centro y cofundador de Linterna Verde; Ana Bejarano, codirectora de El Veinte; Emmanuel Vargas, codirector de El Veinte; y Pedro Vaca Villareal, director ejecutivo de la FLIP.

Los esperamos el próximo martes, 25 de agosto a las 5:00 p.m.

Nos reuniremos por Zoom Webinar.

Deben registrarse para asistir y participar del conversatorio: https://zoom.us/webinar/register/WN_CcEKwX_fQASgVzyDonavQg

¡Los esperamos!