Transcurridos dos meses de protestas sociales, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advierte que los reporteros que han cubierto las manifestaciones de los últimos dos meses han sido atacados, heridos, amenazados y detenidos de manera ilegal. 

Este escenario, lejos de encontrar un freno institucional, ha sido normalizado por las principales autoridades, un grave síntoma de un Estado que descuida los pilares de la democracia. Resulta prioritario y urgente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haga un control estricto del incumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones para procurar las condiciones óptimas para ejercer una prensa independiente y libre de violencias. 

Durante estos dos meses, la FLIP ha documentado 260 casos y un total de 299 víctimas de agresiones contra la prensa, que se concentraron donde hubo puestos de resistencia de la protesta como Bogotá (73), Valle del Cauca (45), Antioquia (36) y Cauca (18).

En el 58% (152) de las agresiones, el agresor fue identificado como un integrante de la fuerza pública. Incumpliendo de esta manera su deber de protección y de garantes con el trabajo a periodistas y convirtiéndose en una fuerza censora.

Entre el 27 y 28 de junio recibimos 14 denuncias de ataques a periodistas: once fueron agresiones físicas y tres amenazas. Entre otros, un periodista denunció que fue golpeado con el arma de dotación en la cabeza, otro recibió un puño en la cara por parte de un agente del ESMAD mientras que hacía el cubrimiento, y dos periodistas mujeres de RCN fueron empujadas y agredidas físicamente por agentes de esta fuerza pública, en el momento que registraban en video los abusos que estos cometían.

Los cuerpos de seguridad que actúan en el contexto de manifestaciones y protestas deben tener especialmente presente que los periodistas, camarógrafos, fotoreporteros y comunicadores que cubren las protestas cumplen la función de recabar y difundir información de lo que sucede en las manifestaciones y protestas, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad. La libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir cualquier incidente.

El récord de estos registros no ha encontrado freno institucional. El silencio de las autoridades, la ausencia de un rechazo público y fehaciente de los hechos violentos y la falta de una directiva clara de cero tolerancia promueven el miedo y la autocensura. Sumado a esto, observamos indicios claros de impunidad por la falta de diligencia investigativa. Las investigaciones penales de dos casos de agresiones de fuerza pública a la prensa, plenamente documentadas y de conocimiento público, fueron archivadas porque no se cumplió con un mínimo de diligencia para contactar a las víctimas y por una presunta falta de pruebas para identificar al agresor, que al parecer imposibilitaba la continuación de la investigación. Gracias a las denuncias públicas, las investigaciones fueron reabiertas.

En este sentido, solicitamos a los alcaldes de Medellín, Bogotá, Cali y Popayán, donde se han presentado el mayor número de ataques, que revisen el diseño de los operativos policiales para que se adopten medidas idóneas y efectivas de prevención de violencia contra la prensa, que se garanticen las condiciones de seguridad para la integridad física de los reporteros y se permita ejercer el periodismo independiente. El derecho a grabar, a acceder a información y difundirla son un componente fundamental para la convivencia democrática.

Por otro lado, reiteramos que los medios de comunicación desempeñan un rol fundamental para la rendición de cuentas sobre los hechos ocurridos durante las manifestaciones. En aras de respaldar esta labor es indispensable desentrañar las causas y patrones de los riesgos diferenciados a los que está expuesta la prensa en estos escenarios. Para ello, hacemos un llamado a la CIDH para que inste al Estado a formular políticas específicas para prevenir, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas de manera diferenciada.

El martes 29 de junio, a las 4:00 p.m. la Corte Constitucional se reunirá para definir si selecciona, entre otras, la tutela impulsada por Juanita Goebertus, Alejandra Martínez, Sol Marina de la Rosa y Claudia Julieta Duque a raíz de que, en distintas oportunidades, fueron obligadas a descargar y usar la aplicación CoronApp para volar a destinos nacionales. Esta restricción se basó en una normativa confusa, que no satisfacía los criterios mínimos para la limitación de derechos en un Estado democrático. 

Año y medio después del inicio de la pandemia, la situación está lejos de resolverse. Es importante que la Corte Constitucional dicte las pautas sobre cómo se garantizarán derechos como la privacidad y la protección de datos personales en la aplicación de medidas gubernamentales como forma de responder al coronavirus. 

En el proceso de selección de tutelas ante la Corte Constitucional se escogen algunos entre miles de casos frente a los cuales el Alto Tribunal tendrá la última palabra. Los más novedosos, los que permitan aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, los que impliquen la protección colectiva de derechos fundamentales, entre otros criterios, son los que hacen que un caso pueda atravesar dicho filtro de manera exitosa. 

Al seleccionar un caso concreto la Corte deberá pronunciarse abordando el conflicto de derechos que propone, situación que resulta valiosa pues al tiempo que decide sobre la protección de derechos fundamentales de las personas también actualiza la jurisprudencia y sienta nuevos criterios para la protección futura de derechos en casos similares.

Las tutelantes Martínez, de la Rosa, Goebertus y Duque presentaron la tutela porque en cada ocasión se les condicionó el ejercicio del derecho a transitar libremente previo a la descarga y registro en CoronApp. Sin alternativas posibles y frente a la presión de perder sus vuelos, cada una tuvo que registrarse en la aplicación móvil informando sobre su estado de salud, lugar de origen y destino, detalles del vuelo como la hora de partida y llegada, entre otros. 

Para una de las tutelantes, por su situación de riesgo y por el ejercicio de su profesión como periodista, la entrega de esta información personal y sensible supuso un sacrificio mucho más elevado en tanto que la entrega de datos sobre su ubicación, trayectoria y destino final puede, eventualmente, configurar una afectación a su secreto profesional.

El caso es representativo, pues no solo pone en evidencia los riesgos asociados al uso obligatorio de una tecnología digital para la contención del Covid-19 cuya efectividad e impacto en derechos humanos, a más de un año y medio de su funcionamiento, sigue sin ser informada de manera transparente por el gobierno. Esto sucede al tiempo que las políticas de privacidad de la App no son enfáticas en si las personas registradas tienen o no el derecho de solicitar la eliminación de sus datos.

También plantea la oportunidad de aclarar cuáles son los criterios que deben atender las autoridades que buscan limitar el ejercicio del derecho a la privacidad durante los estados de emergencia, en donde los estándares ordinarios de limitación de derechos suelen ser dejados de lado presuntamente por la premura o la urgencia.

La Corte Constitucional deberá decidir si selecciona este caso entre más de 37.000 expedientes de tutela. Las organizaciones que hacemos parte de la Alianza Índice Derechos Digitales solicitamos a la Sala Sexta de Selección que considere la relevancia y novedad de este caso que permitirá, aclarar el alcance sobre el ejercicio del derecho a la privacidad en conexidad con otros derechos cuando se trata de su ejercicio en tiempos de excepción. 

Creemos que este caso permitirá, en definitiva, actualizar el contenido de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos en lo que tiene que ver con las obligaciones a cargo de las autoridades que usan y despliegan tecnologías digitales con el fin de preservar la salud pública, las garantías con las que cuentan las personas frente a su uso, entre otros.

Seguiremos de cerca la audiencia de selección que tendrá lugar el día martes y que pueden ver siguiendo este enlace 

**Pueden ver el texto de apoyo a la tutela con radicado T-8’197.643 que remitimos de manera conjunta  a la Corte Constitucional aquí.  

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El Veinte

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario, ISUR

Linterna Verde

La voz que acaban de escuchar era la de Efraín Varela Noriega periodista, locutor y director de la emisora Meridiano 70. Desde allí se dedicaba a la crítica política. Hoy, tras 19 años de su muerte, recordamos su trayectoria.

El 23 de noviembre de 2015, el Consejo de Estado reconoció y condenó la responsabilidad del Estado en el asesinato del periodista. Además, confirmó la responsabilidad de la Brigada XVIII del ejército como cómplices del crimen al permitir el accionar del Bloque Vencedores de las autodefensas. 

En la FLIP no olvidamos el esfuerzo de los periodistas por denunciar la corrupción y la violencia en defensa de los derechos humanos. Gracias por recordar con nosotros.

Las organizaciones abajo firmantes, interesadas y apoderadas de personas víctimas de violencia policial en el contexto de las protestas, expresamos nuestra preocupación por el anuncio gubernamental de modificar el decreto 003 de 2021 con el propósito de restringir la definición de protesta legítima.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas de las que fueron víctimas los periodistas de Córdoba Rafael Gómez, Édgar Astudillo, Organis Cuadrado y Rafael Moreno. La FLIP hace un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para que protejan a los periodistas e inicien las investigaciones necesarias para dar con los responsables.

A sus 36 años el periodista y escritor, Juan Gabriel Caro Montoya, había recorrido el mundo en busca de historias para sus reportajes, investigaciones y libros. Hoy, recordamos su trayectoria tras 32 años de su asesinato a manos de desconocidos.

Desde muy joven, Juan Gabriel salió del país para educarse en el exterior en ciudades como París, donde residió por dos años; luego se trasladó Roma, Italia. Allí, con 19 años, encontraría la manera de fusionar su pasión por la escritura y la actualidad: el periodismo. En su labor periodística trabajó para los periódicos italianos Noi Donne e Il Secolo. También hizo parte de la Asociación de Corresponsales Extranjeros, de la Agencia Slide Comunicación y fue corresponsal en Medio Oriente.  

Su trayectoria en Colombia estuvo relacionada con medios como El Siglo y el periódico El Mundo de Medellín, Antioquia donde se vinculó como columnista.  Además de contar con una amplia carrera literaria con la publicación de varios libros entre los que destacan: Los lobos en el Vaticano : los personajes y la organización que atentó contra la vida del Papa Juan Pablo II, La pensión de Marisa, Las siete vidas del bandido Josefo y Viaje hacia el olvido .

En 1989, la violencia en Colombia lo hizo regresar al país para escribir una serie de reportajes mientras visitaba a su familia en el municipio de Bello, Antioquia. De ahí, el periodista esperaba viajar a Centroamérica para escribir su próxima novela. Sin embargo, el proyecto se apagó el 17 de junio de ese año, cuando Juan Gabriel fue atacado por dos sujetos que le dispararon desde una motocicleta mientras departía con su hermano en un bar. 

En 2009, el caso prescribió ante la justicia colombiana y nadie fue judicializado por el crimen. Por ello el caso quedó en completa impunidad y se desconocen cuáles fueron los motivos que llevaron al asesinato del periodista.

Nuestro equipo FLIP no tuvo la oportunidad de contactar con amigos o familiares de Juan Gabriel. Si usted conoce a alguien que haya compartido con él, puede escribirnos al correo info@flip.org.co 

En la FLIP no olvidamos a los periodistas asesinados en el país y su preocupación por contar lo que ocurre en Colombia. 

En el canal regional TeleAntioquia, Jorge León Vallejo Rendón se encargaba de organizar y producir la parrilla de contenidos. Hoy recordamos su asesinato, a manos de desconocidos, el 16 de junio de 1989. 

A sus 30 años, Jorge ya había fundado su propia programadora de televisión, Pasado-Meridiano. Esta se encargaba de producir un programa informativo sobre economía regional. Además, su relación con los medios de comunicación lo llevó a incursionar en la dirección de dos programas La Tertulia y Diario Económico. 

Según datos de la FLIP, un día antes de su muerte, Jorge fue sacado a la fuerza por tres hombres de las instalaciones de la programadora. Los sujetos se presentaron como miembros del F-2, anterior cuerpo de inteligencia de la Policía, y lo introdujeron en  un automóvil que les esperaba en el parqueadero. Al día siguiente, el cuerpo de Jorge fue encontrado sin vida con una herida de bala en la Loma del Escobero, una zona boscosa cercana al municipio de Envigado, Antioquia. 

De acuerdo con la información consignada en el libro La Censura del Fuego, no se tenía registro de amenazas en contra del periodista o de su familia. En 2009 el caso prescribió sin que nadie fuera judicializado por el asesinato al cumplirse el plazo que tiene la justicia para presentar las conclusiones de sus investigaciones. Tras 32 años de su muerte, los autores y móviles del crimen continúan sin ser identificados.

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactarse con familiares o colegas de Jorge León Vallejo Rendón. Si usted tuvo la oportunidad de conocerlo o sabe de alguien que pueda darnos pistas de quién trató con él, puede escribirnos al correo info@flip.org.co 

En la FLIP no olvidamos los asesinatos en contra de los equipos periodísticos que hacen posible la circulación de información en las diferentes regiones del país.

Libardo Montenegro Quintero era un periodista y locutor reconocido por su amabilidad, carisma y compromiso social en el municipio de Samaniego, Nariño. Hoy, tras dos años de su muerte, recordamos su historia y su trabajo en la emisora comunitaria Samaniego Estéreo.

Desde muy pequeño, Libardo se enamoró de los micrófonos  gracias a su abuelo, fundador de la única emisora comunitaria de Samaniego. Allí, Libardo se desempeñó como periodista durante 20 años dirigiendo programas informativos y musicales.

Además de ser reconocido por su voz, Libardo se destacó por poner los micrófonos al servicio de la comunidad. Especialmente porque la emisora participaba de la iniciativa Radios Comunitarias por la Paz del Fondo Europeo para la Paz de Colombia. El periodista creaba espacios para hablar sobre los retos y las irregularidades en la implementación del Acuerdo de Paz y la defensa de los derechos humanos.

A las 9 y media noche del 11 de junio de 2019, Libardo regresaba a su casa, ubicada a unas cuadras de la estación de Policía, cuando fue sorprendido por dos desconocidos que se movilizaban en moto. Desde allí le dispararon varias veces, causándole la muerte.

En ese momento, la Policía aseguró que el asesinato de Libardo no estaba relacionado con su trabajo, a lo que añadieron que no era periodista sino un “voceador” de la emisora. Este hecho generó indignación entre sus colegas y preocupa a la FLIP, ya que el trabajo periodístico de Libardo era evidente, además, días antes Libardo había grabado y puesto al aire una cuña que convocaba a la comunidad a una movilización por la Paz.

El crimen causó miedo en el municipio. Pese a que la Procuraduría y el presidente Iván Duque se pronunciaron sobre los hechos, hasta el momento es poco lo que se sabe de los avances en las investigaciones y se teme que el crimen quede en la impunidad. 

En la FLIP no olvidamos el caso de Libardo Montenegro y pedimos una pronta actuación de la autoridades para esclarecer los motivos de su asesinato. Gracias por recordar con nosotros.

Para escuchar la historia completa de Libardo, los invitamos a escuchar el siguiente audio: 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza y expresa su preocupación por el atentado del que fue víctima el periodista Pincen Mora en Medellín, Antioquia, el pasado 8 de junio. La FLIP tuvo conocimiento de que el periodista ha recibido amenazas a través de Facebook durante el último mes, en las que le dicen que lo tienen ubicado. En su emisora digital, Extrema Noticias, Mora ha denunciado irregularidades en la venta de lotes en su barrio.

El periodista le reportó a la FLIP que el 8 de junio del 2021 ocho hombres armados, que se movilizaban en cuatro motos, llegaron hasta su vivienda en el barrio Enciso La Libertad de Medellín, en donde está ubicada también la sede de la emisora. Allí, los hombres dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda e intentaron ingresar a la misma. El periodista se encontraba en ese momento al interior de la casa con su esposa y su hijo, quienes resultaron ilesos.

El periodista le manifestó a la FLIP que recientemente había estado haciendo denuncias sobre la apropiación de tierras y venta irregular de lotes en el barrio en el que reside y en los que tendrían participación bandas criminales que operan en el sector. También ha compartido las denuncias de la comunidad sobre temas de seguridad. Mora aseguró que ha recibido amenazas a través de Facebook en las que le dicen que es un sapo y que lo tienen fichado.

Este atentado evidencia el alto riesgo al que se ven expuestos los y las periodistas en la ciudad de Medellín. En los últimos cinco años, la FLIP ha registrado 126 ataques violentos a la prensa ocurridos en el departamento de Antioquia. En 43 casos (39%) el presunto autor fue desconocido, y en 22 casos (18%) fueron bandas criminales. Adicionalmente, desde 2017, la FLIP ha registrado 24 amenazas dirigidas a periodistas de Antioquia, realizadas por bandas criminales. Solo este año hemos registrado 31 ataques a periodistas en Medellín, dentro de los que se cuentan 16 agresiones físicas y 6 amenazas.

Desde la FLIP expresamos nuestra solidaridad con Mora y su familia. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que asigne de inmediato medidas de protección, por trámite de emergencia, al periodista Pincen Mora con el fin de proteger su vida e integridad. 

Así mismo, la FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que avance con la investigación de los hechos de manera articulada, teniendo en cuenta la labor periodística de Mora y el contexto en el que la estaba realizando. Así, será posible dar con los responsables del atentado y judicializarlos. Las condenas en casos de violencia contra la prensa son fundamentales para prevenir nuevos ataques.