Silvia Margarita Duzán era periodista y a sus 32 años fue una de las primeras periodistas en investigar las tribus urbanas de las principales ciudades del país. Hoy, después de 31 años de su asesinato, recordamos su historia junto a su hermana, la reconocida periodista María Jimena Duzán.

En la década de los 90, en la comuna tres de Medellín, Antioquia, era común ver a la periodista María Elena Salinas Gallego recorriendo los barrios más vulnerables de la ciudad. Allí, la  guerra, el abandono estatal y el narcotráfico no daban tregua. En medio de su trabajo, fue esa misma violencia la que el 5 de marzo del 2000 terminó con sus correrías e investigaciones. Fue asesinada en medio de un combate entre el Ejército y la guerrilla del ELN, y posteriormente, fue reportada como N.N en el municipio de San Carlos, en Antioquia. 

Una Periodista por y para la comunidad  

Desde los 16 años, en el barrio Villa Guadalupe en la comuna uno de Medellín, María Elena se vinculó al trabajo comunitario y a las necesidades de su entorno. Elkin Pérez, líder social en Medellín, recuerda que conoció a María Elena en su adolescencia cuando él y su hermano empezaron en la organización de la Juventud de Trabajadores de Colombia. 

Para María Elena, el periodismo se convirtió en la vía para evidenciar la realidad a la que muchos jóvenes antioqueños estaban expuestos, por lo que inició sus estudios en la Universidad de Antioquia. Elkin cuenta que esto la llevó a ganar notoriedad y a inspirar a otros jóvenes de su comunidad a estudiar. “Ella fue de las primeras estudiantes de universidad pública, que tuvimos en nuestro barrio. Acá se volvió como un camino y un referente para mucha gente al ver que era posible avanzar en la educación”, dice Elkin.  

La mirada crítica de su tiempo

Durante su formación profesional, el pensamiento crítico de María Elena se nutrió de la situación de violencia, persecución y estigmatización que sufrieron los profesores y estudiantes de la universidad. Allí, muchos eran tildados de ser delincuentes o de pertenecer a grupos armados ilegales. 

El interés de María Elena en ayudar a las comunidades más vulnerables y denunciar la desigualdad, la llevarían a compartir sus conocimientos sobre la importancia del periodismo. Así, dio talleres sobre el uso de cámaras, producción audiovisual y escrita. Pablo Emilio Angarita, jefe de la periodista en el Instituto Popular de Capacitación (IPC), explicó que durante 10 años María Elena se dedicó a dar talleres de comunicación a líderes barriales. “Tenía una visión de un periodismo que debe estar ligado a las causas populares, para que la propia comunidad se apropie de ese ejercicio de prensa alternativa y no solamente fuera receptora”, afirmó Pablo. 

Aunque sus amigos y colegas la recuerdan como una mujer de acciones colectivas que no buscaba protagonismos, eso no evitó que durante su trabajo también fuera víctima de persecuciones por su labor como investigadora y activista. Pablo comenta que para ese tiempo el solo hecho de optar por una causa popular ya era motivo de sospecha.

El peso del estigma

Durante su trabajo en el IPC, la casa de Maria Elena fue allanada y fue detenida en dos ocasiones por el Ejército, que la acusó de subversión. En su segunda detención, Amnistía Internacional intervino en el proceso hasta que, finalmente, el juez encargado dio por cerrado el caso.

A pesar de ser declarada inocente, de acuerdo con Pablo Angarita, ella fue sancionada socialmente. Quedó con el estigma de ser una sospechosa guerrillera, como si fuera una delincuente. 

Ese mismo estigma continuaría nueve años más tarde, cuando la IV Brigada del Ejército reportaría la muerte de María Elena como la de una guerrillera del ELN muerta en combate. La periodista fue asesinada en la vereda El Capotal del municipio de San Carlos, Antioquia mientras realizaba una investigación sobre hechos violentos en el Oriente Antioqueño. 

El temor embargó a sus colegas del IPC y varias organizaciones como la Red Mundial para la Expresión Libre (IFEX), quienes solicitaron una investigación inmediata al entonces gobierno de Andrés Pastrana. No obstante, el caso no fue esclarecido más allá de la orden de recolección de pruebas. La muerte de María Elena quedó en la impunidad, ya que prescribió ante las justicia colombiana en marzo de 2020. En la FLIP no olvidamos y por eso recordamos la importancia e impacto que tiene la estigmatización sobre el desarrollo de la actividad periodística y la seguridad de quienes dedican su vida al periodismo independiente.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los señalamientos estigmatizantes de Nubia Martínez, directora nacional del partido Centro Democrático, en contra de Noticias Caracol. Estas estigmatizaciones contra la prensa son altamente riesgosas para los y las periodistas pues pueden ser vistas por terceros como escenarios de permisividad para atentar contra los derechos de los y las comunicadoras. Todo esto genera un ambiente de hostilidad para el debate público e intimida a quienes investigan hechos de alto interés público. 

• La Unidad Nacional de Protección publicó un informe sobre el avance en la reingeniería de la institución, allí anuncian que se han reducido los tiempos de las evaluaciones de riesgo.
  
  
• La FLIP ha recibido quejas de cuatro periodistas que denuncian fallas en los procesos de evaluación de riesgo de la UNP.
  
  
• La FLIP ha solicitado en varias ocasiones que espacios como el CERREM sean más transparentes y den más espacio de veeduría a las organizaciones de la sociedad civil sobre la información que se tiene en cuenta para recomendar las medidas de protección.
  
  

La Fundación para la libertad de Prensa (FLIP) hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que revise con urgencia las deficiencias que tiene el proceso de evaluación de riesgo e implementación de medidas de protección a periodistas. Es imperioso que la UNP cree alternativas dirigidas a proteger y cuidar de manera efectiva a los y las  periodistas. 

En el 2019 la Fundación conoció la propuesta de reingeniería de la UNP que derivó del “Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”, planteado dentro del Plan de Acción Oportuna del Gobierno Nacional en el año 2018. En el informe de diciembre de 2020 sobre el avance de la reingeniería, la UNP menciona que se han reducido los tiempos de la realización de los estudios gracias a elementos como la “potencialización de los medios de comunicación (llamadas, reuniones virtuales, establecimiento de enlaces en las regiones), la realización de reuniones virtuales para realizar las actividades concernientes a la evaluación del riesgo y mayor disponibilidad y continuidad de tiempo de los analistas de riesgo para realizar las actividades”. 

Sin embargo, en el último mes la FLIP ha recibido quejas de cuatro periodistas cuyos estudios de riesgo fueron realizados a finales del 2020. Estos reclamos están relacionados con el medio y la forma en las que se realizaron las entrevistas, la tardanza en el proceso de evaluación y notificación del resultado, y el rigor con el que se evalúa y custodia la información recolectada. 

La UNP no ha actuado con proporcionalidad ante la situación de riesgo de los denunciantes. Tal es el caso de uno de los periodistas a quien se le asignó un chaleco y un celular después de reportar cuatro amenazas y un desplazamiento en solo un año. Por la insuficiencia y falta de idoneidad de las medidas, el reportero no ha podido seguir ejerciendo plenamente su labor periodística.

Los cuatro periodistas coinciden en que en ningún caso los y las analistas se trasladaron hasta los lugares en donde se origina la situación de riesgo y que todas las evaluaciones se hicieron vía telefónica. Esto dificulta una lectura comprensiva y precisa sobre el contexto en el que se encuentran los periodistas, pues son elementos determinantes para establecer el nivel de riesgo.

En dos casos, periodistas de Bogotá y Sucre mencionaron que les fue cambiado el/la analista de riesgo tres veces en los cuatro meses que tardó el estudio. Uno de ellos mencionó que tuvo que proporcionar la misma documentación en las tres ocasiones. Los periodistas manifiestan que las razones de los cambios de analistas no fueron explicadas debidamente y tampoco quedó clara la trazabilidad de la información aportada. A uno de los periodistas, incluso, se le compartió información de otra persona que también se encontraba en evaluación, un error sumamente grave que pone en riesgo a la persona evaluada y que deja muchas dudas sobre el manejo seguro de la información que obtiene la UNP.  

Sumando a esto, la FLIP conoció un caso en el que una comunicadora tuvo que repetir hechos que ya conocía la Unidad, lo que revictimizó a la periodista. Además, esto no corresponde a la aplicación de un enfoque diferencial. En este caso, la persona que realizó la evaluación no contaba con el perfil necesario para realizar el estudio. 

De ninguna manera las restricciones que se han adoptado para hacer frente a la pandemia pueden debilitar el conocimiento pleno del contexto en el que están los y las periodistas. Este es esencial para un proceso de evaluación serio y completo. Es indispensable que la UNP se articule con la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para obtener contextos regionales más robustos y tener en cuenta las alertas tempranas. Las fallas en los procesos de evaluación impiden que el riesgo se analice de forma idónea lo que implica que difícilmente la decisión que tome la UNP frente a la asignación de medidas corresponda de manera integral y efectiva a las necesidades de protección de los periodistas.

La Fundación ha solicitado en varias ocasiones de manera pública y privada que espacios como el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) sean más transparentes y den más espacio de veeduría a las organizaciones de la sociedad civil sobre la información que se tiene en cuenta para recomendar las medidas de protección. Sin embargo, con el tiempo, este espacio se ha vuelto más restrictivo y las organizaciones de la sociedad civil tienen menos información sobre las decisiones que se toman en este comité. Esto es de suma importancia para la prevención de los hechos violentos en contra de las personas que, como los periodistas, ejercen en Colombia una labor central para garantizar la democracia y la pluralidad de voces a lo largo del territorio colombiano. 

Óscar García Calderón fue un periodista taurino del diario El Espectador. Por más de 20 años se dedicó a transmitir, a través de sus letras, la emoción que le producían las faenas en la Plaza La Santamaría de Bogotá. Hoy, después de 23 años de su asesinato, recordamos su historia.

En los últimos días la FLIP ha conocido que distintas entidades estatales y locales han impedido el libre cubrimiento del Plan Nacional de Vacunación. Esto se ha traducido en prohibiciones de circulación de la prensa en diferentes centros de salud del país y en dificultades para acceder a fuentes de primera mano.

La FLIP rechaza de manera categórica las presiones realizadas recientemente al medio de comunicación Publimetro. Al respecto consideramos inadmisible que funcionarios públicos y personas que ejercen influencia sobre las administraciones normalicen este tipo de acercamientos que van en detrimento del ejercicio de la libertad de prensa. Esto es especialmente recurrente en Barranquilla, Atlántico, que tiene una deficitaria oferta de medios y en donde, además, se ha generado una tóxica relación mediada por los recursos de publicidad oficial que ha destinado la Alcaldía en los últimos tres gobiernos. 

• Ha pasado un año desde que se conocieron los perfilamientos ilegales a periodistas, políticos y líderes sociales. Hasta ahora no se conocen imputaciones formales. 
  
  
• El Estado colombiano no ha implementado medidas que garanticen la vida e integridad del periodista Ricardo Calderón.
  
  
• Es urgente que la Procuraduría General de la Nación vigile el proceso para que no se continúen presentando dilaciones en el cumplimiento de las medidas cautelares.

Un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara medidas cautelares a favor del periodista Ricardo Calderón, el Estado colombiano no ha implementado acciones  que garanticen su vida e integridad. Tras un año de la denuncia de los perfilamientos ilegales por parte del Ejército Nacional que originaron la medida tampoco se conocen imputaciones formales. 

El pasado 3 de febrero se realizó una reunión de concertación de medidas cautelares convocada por la Cancillería de Colombia. En la reunión participaron delegados de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el periodista Ricardo Calderón y la FLIP.

Desafortunadamente en ese espacio no se encontró una respuesta inmediata y articulada para prevenir el riesgo excepcional y, a pesar de la existencia de la medida cautelar, el periodista fue redirigido a agotar los trámites ordinarios para reclamar la protección de emergencia —cuya duración mínima es de noventa días—. La UNP no propuso fórmula alguna de concertación sino que insistió en remitir el caso al CERREM, cuya dinámica institucional impide que las medidas sean concertadas.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tampoco ha mostrado avances satisfactorios en la investigación. En abril del 2020 la Fiscalía inició dos investigaciones por los hechos, sin embargo, en ninguna hay resultados que conlleven a esclarecer los hechos. Las dos investigaciones se caracterizan por una precaria actividad probatoria que dé cuenta de la valoración del contexto de las agresiones y su relación con el ejercicio de la actividad periodística. De igual manera, resulta inaceptable que a pesar de que la Fiscalía conoce las amenazas contra Calderon desde inicios del 2020 el llamado a rendir la declaración ocurrió solo un año después, (el pasado 10 de febrero del 2021). 

La FLIP advierte que el Estado colombiano está en mora de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad del periodista y cumplir las medidas ordenadas por la CIDH. Lo ocurrido en el caso de Ricardo Calderón demuestra, una vez más, la sistemática falta de respuesta institucional por parte de la Unidad Nacional de Protección y de la Fiscalía General de la Nación frente a los crímenes contra la prensa.

Ya que la protección de la prensa es una obligación primordial del Estado, resulta urgente que la Procuraduría General de la Nación vigile por qué se están desconociendo los lineamientos internacionales para investigar, juzgar y sancionar las agresiones contra la prensa y que vigile el proceso de tal manera que no se continúen presentando dilaciones en el cumplimiento de las medidas cautelares.

El 19 de agosto del 2020, los cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron al Gobierno colombiano su preocupación sobre las actividades de vigilancia y elaboración de perfiles por parte del Ejército, considerando que dichas actividades someten a los periodistas a un riesgo elevado e interfieren con el desarrollo de su trabajo. Por este motivo, les hacemos un llamado para que hagan una vigilancia permanente y de cerca al incumplimiento de los compromisos del Estado frente a la protección y garantía de la libertad de prensa. 

Desde la FLIP continuaremos realizando seguimiento a la adopción de medidas de protección y el desarrollo de una investigación seria e imparcial, que conlleve a la sanción de los responsables de las agresiones y perfilamientos de las que ha sido víctima Ricardo Calderón y otros periodistas en el país. 

La FLIP rechaza la agresión y obstrucción al trabajo periodístico de la que fue víctima el periodista Camilo Fajardo por parte de miembros del ESMAD el pasado 15 de febrero en la ciudad de Popayán. La Fundación exige a las fuerzas policiales el respeto de la labor de la prensa y garanticen el derecho constitucional de información, sobre todo, en escenarios de protesta social.