La FLIP reconoce positivamente la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que busca proteger la vida e integridad del periodista Ricardo Calderón. La CIDH concluyó que la situación de Calderón es de grave riesgo, teniendo en cuenta la falta de adopción de medidas que velen por su seguridad y la ausencia de avances sustanciales por parte del Estado colombiano en las investigaciones de las agresiones de las que ha sido víctima. En la decisión del 14 de enero de 2021, la CIDH destacó que este indicio de impunidad prolonga su situación de riesgo.

Al advertir que existe una situación de riesgo inminente relacionada con el ejercicio del trabajo periodístico que se ha prolongado por varios años, que puede desencadenar en otros actos violentos o conllevar a la autocensura, la Comisión solicita al Estado colombiano que adopte de manera urgente las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del periodista. También lo requiere para que informe sobre los avances en la investigación de los hechos que originaron la solicitud de la medida cautelar.  

En marzo de 2020, la Fundación para la Libertad de Prensa y el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) solicitaron a la CIDH otorgar medidas cautelares para garantizar la protección a la integridad de Ricardo Calderón y de los periodistas víctimas de perfilamientos sistemáticos por parte del Ejército Nacional. 

Respecto a la situación de Ricardo Calderón, se sometieron a consideración de la Comisión una serie de amenazas, hostigamientos, seguimientos e interceptaciones ilegales, que están relacionadas con el ejercicio del trabajo periodístico. Durante 2019 y 2020, Ricardo Calderón publicó en Revista Semana una serie de investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción y violaciones a derechos humanos por parte del Ejército de Colombia. Una de esas investigaciones es “Las Carpetas Secretas”, en la cual se revelaba el perfilamiento y vigilancia masiva de periodistas por parte de organismos de inteligencia militar.

En su decisión, la Comisión valoró el contexto en el cual se origina el riesgo al que está expuesto el periodista, haciendo énfasis en que los espionajes ilegales y perfilamientos por parte del Ejército Nacional a periodistas, operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos en Colombia constituyen una práctica intrusiva e ilegal que cuenta con varios antecedentes graves en el país. En este sentido, llamó la atención sobre el preocupante incremento de amenazas hacia periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales que investigan y denuncian temas de alta sensibilidad.

Por otra parte, enfatizó en la falta de sanción de los responsables, señalando que el avance en las investigaciones es elemental para establecer el riesgo al que se enfrenta el periodista y prevenir la posible afectación de los derechos a la vida e integridad personal.

Respecto a las medidas de protección hasta ahora implementadas, la Comisión señaló que el Estado no aportó información sobre la efectividad de las mismas y advirtió que en este caso existe una situación de vulnerabilidad especial, ya que la mayor agresión provino de agentes del Estado. Por este motivo, las medidas deben ser concertadas con el beneficiario. 

La FLIP continuará realizando seguimiento a la adopción de medidas de protección y el desarrollo de una investigación seria e imparcial, que conlleve a la sanción de los responsables de las agresiones y perfilamientos de las que ha sido víctima Ricardo Calderón y otros periodistas colombianos. La FLIP recuerda al Estado colombiano que han pasado diez meses sin que a los periodistas víctimas se les conceda su derecho de conocer la verdad y obtener justicia frente a los perfilamientos y la vigilancia realizada por el Ejército. 

Bogotá D.C., 14 de enero del 2021.

Las organizaciones abajo firmantes, interesadas y apoderadas de personas víctimas de violencia policial en el marco del Paro Nacional del 2019, instauramos una acción de tutela con el fin de que se protegieran los derechos fundamentales a la protesta, vida, integridad personal, libertad de expresión, debido proceso, entre otros. A partir de esa tutela la honorable Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia STC-7641-2020 del 22 de septiembre del 2020. Este fallo ordenó al presidente de la República convocar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en manifestaciones y expedir un “Estatuto de Uso, Reacción y Verificación de la Fuerza”. 

Entre el 14 de octubre y el 28 de diciembre de 2020 hicimos presencia en la Mesa de Trabajo, convocada por el Gobierno nacional para dar cumplimiento a la sentencia en mención.

Durante nueve semanas, tanto los accionantes como ciudadanos y ciudadanas con interés en el asunto, discutimos y analizamos con los representantes del Gobierno nacional, dentro de un diálogo respetuoso, un conjunto de generalidades sobre la actuación de las autoridades de Policía en manifestaciones públicas, además de las acciones que aquellas deben observar en etapas preventivas, concomitantes y posteriores al desarrollo de las manifestaciones. 

Sin embargo, varios puntos de gran importancia no fueron tenidos en cuenta para una adecuada y efectiva reglamentación que limite la actuación policial y evite excesos  en su labor de atención a manifestaciones públicas, la cual debe  procurar por una garantía real del derecho fundamental a la protesta social y la protección a la vida, integridad personal, libertad de expresión y debido proceso en el marco del ejercicio de este derecho. A continuación nos permitimos reseñar algunos de estos disensos:

1. En primer lugar, los y las accionantes rechazamos que el Gobierno nacional, a lo largo de las discusiones de la mesa de trabajo,  desestimara de plano cualquier posibilidad de que se revisaran las directrices de uso de la fuerza vigentes con fines de reestructuración, como lo ordenó la honorable Corte Suprema de Justicia. A nuestro juicio, estas directrices resultan insuficientes y permisivas para el abuso de la fuerza por parte de la fuerza pública. Entre dichas directrices se encuentran las Resoluciones 2903 y 3002 de 2017, expedidas por el Director General de la Policía Nacional, en donde se establecen pautas generales sobre uso de armas de letalidad reducida y sobre la atención en manifestaciones, respectivamente. Estas reglamentaciones, que configuran el marco operacional que posibilitó la brutalidad policial durante el Paro Nacional de 2019 y durante las movilizaciones de 2020, no fueron cuestionadas ni revisadas bajo la negativa férrea del Gobierno, lo cual resulta ser una grave actitud de invisibilización de los hechos de violencia evidenciados por la Corte Suprema de Justicia, que dan cuenta de una intervención sistemática, arbitraria y violenta de la fuerza pública sobre la manifestación pública y pacífica. 
   
   
2. Rechazamos que el Gobierno no admitiera la posibilidad de redefinir algunos elementos de importancia para una adecuada prevención de actuaciones arbitrarias por parte de la Policía en atención a manifestaciones. En este punto nos referimos a la posibilidad de que la ciudadanía y organismos externos a la Policía revisen las fichas académicas que sirven para la formación y capacitación de los funcionarios de policía; así como la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil tengan participación en los Puestos de Mando Unificado que se convocan con el fin de coordinar la actuación institucional para la conservación del orden público en las manifestaciones sociales, como lo permite el Decreto 563 de 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
   
   
3. Confirmamos a su vez que en la mesa de trabajo no se llegó a un consenso sobre la necesidad de una regulación clara, estricta y restrictiva del papel de las Fuerzas Militares de manera previa y posterior al desarrollo de manifestaciones. 
   
   
4. En la mesa de trabajo encontramos obstáculos para la inclusión del respeto a la misión periodística, y a la labor de documentación en los casos específicos donde se presentan focos de violencia. Si bien quedó incluida una disposición de respeto transversal en las acciones previas, no hubo consenso por parte del Gobierno Nacional en la inclusión de este deber de respeto en el artículo de los focos de violencia, a pesar de haber advertido que en este escenario concreto es donde se materializan gran parte de las agresiones a la prensa en las manifestaciones. 
   
   
5. Por último, rechazamos que el Gobierno Nacional se opusiera a la inclusión de criterios ciertos, claros y completos para limitar la realización de capturas, traslados por protección y traslado para procedimiento policivo durante el desarrollo de manifestaciones, y la posibilidad de que las organizaciones de derechos humanos podamos ejercer una labor de verificación de la integridad personal de las personas sujetos de estas medidas.

Estos aspectos, que consideramos centrales para una adecuada regulación del uso de la fuerza en garantía del derecho fundamental a la protesta, resultan ser indispensables para dar cumplimiento integral a las órdenes impartidas por la honorable Corte Suprema de Justicia. 

Vemos con preocupación que esta nueva reglamentación sea una declaración de principios que en lo operativo no modifica sustancialmente ningún aspecto de la actuación de la Policía Nacional en manifestaciones, la cual a lo largo del 2020 continuó siendo arbitraria y desproporcionada. Asimismo, denunciamos que la actitud del Gobierno nacional en lo atinente a su férrea oposición de discutir y debatir estos temas, a la luz de las recomendaciones internacionales y de instancias judiciales, resulta ser una grave  restricción del derecho a la participación de las personas y organizaciones que acudieron a la Mesa de Trabajo.

La sociedad colombiana necesita de manera urgente una regulación del uso de la fuerza en las manifestaciones públicas por parte de las autoridades, que sea compatible con los derechos a la participación en asuntos públicos, la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas, especialmente las disidentes, que a lo largo de setenta años de historia política han sido excluidas y estigmatizadas. 

Firman:

María Angélica Prada
Douglas Lorduy Montañez
Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos - DH Colombia
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
La red de derechos humanos del Suroccidente colombiano "Francisco Isaias Cifuentes"
La Coordinación Social y Política Marcha Patriótica
La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” - CAJAR
Comisión Colombiana de Juristas - CCJ
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - CSPP 
Dejusticia
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

En días pasados, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la aprehensión de un menor de edad que presuntamente es el autor material del homicidio del periodista Felipe Guevara, a quien se le imputaron los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El menor no aceptó su responsabilidad en los hechos y se le impuso medida internamiento preventivo por parte del Juez Quinto Penal para Adolescentes con función de control de garantías de Cali.

En este nuevo año, nos gustaría conocerte más para comunicarnos directamente contigo. Por eso, te invitamos a que te suscribas a nuestro newsletter y a otros canales de difusión de la información sobre la FLIP. Si ya lo has hecho, por favor, ayúdanos a actualizar tus datos.

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Los representantes de Bedoya Lima alertamos sobre la constante negligencia, falta de compromiso e irrespeto hacia la víctima por parte de la Fiscalía General de la Nación.

*La FLIP tuvo conocimiento de que en la tarde del 23 de diciembre el periodista Felipe Guevara falleció a causa de complicaciones médicas producidas por los impactos de bala. Esta noticia nos entristece infinitamente. Acompañamos a la familia y los amigos de Felipe.

Atentan contra la vida del periodista Felipe Guevara en Cali 

22 de diciembre de 2020

La FLIP rechaza el atentado del que fue víctima Felipe Guevara, periodista del Q’Hubo en la ciudad de Cali*. A la Fundación le preocupa que la Policía descarte anticipadamente la relación de estos hechos con su actividad periodística. La FLIP le hace un llamado a las autoridades para que realicen una investigación seria, imparcial y diligente sobre estos hechos y que se tenga como primera línea de investigación la relación con su oficio.

Según ha conocido la FLIP, la noche del 21 de diciembre Guevara recibió cuatro disparos que le afectaron el tórax, el estómago y una pierna. El hecho ocurrió en el barrio Mariano Ramos, perteneciente a la Comuna 16 al oriente de Cali donde vive el comunicador. El periodista fue trasladado de urgencia a una clínica de la ciudad donde permanece en este momento bajo pronóstico reservado.

Guevara ha trabajado los últimos tres años para el periódico Q'hubo de la casa editorial El País y actualmente cubre temas judiciales. Fuentes consultadas por la FLIP, entre ellos periodistas colegas de Guevara, han manifestado que desde hace un par de años él había recibido amenazas que estarían relacionadas con su trabajo periodístico.

Precisamente, y según la información recolectada por la FLIP, a raíz de estas amenazas Guevara había tenido que irse del barrio Mariano Ramos en el 2017, luego de que hiciera algunas notas sobre una banda criminal que operaba en ese sector. Según conocen las personas allegadas al comunicador, él había puesto una denuncia ante las autoridades por estos hechos. Además, en 2018 y en agosto de este año, Guevara reportó nuevamente amenazas y hostigamientos y afirmó que ya no quería salir de su casa porque no se sentía seguro.

La Fundación expresa su preocupación por los antecedentes que tendría el periodista en torno a su seguridad y exige a las autoridades que investiguen este caso con celeridad y que contemplen como primera hipótesis la relación con su labor periodística. Es preocupante que la Policía Nacional descarte desde un inicio que el atentado contra Guevara podría estar relacionado con su trabajo como periodista. El general Manuel Antonio Vásquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, expresó que “preliminarmente desvirtúan que este suceso estuviera relacionado con su profesión”.

La Fundación se solidariza con los familiares del comunicador y desea una pronta recuperación. Además, la FLIP se suma al llamado de las y los periodistas del suroccidente del país frente este terrible atentado.

El pasado 18 de diciembre la FLIP conoció un video en el que se ve al secretario de salud de Popayán, Óscar Ospina, reaccionando de forma violenta ante un cuestionamiento realizado por el reportero Armando Meléndez sobre su gestión en la Secretaría.  En las imágenes se ve cómo Ospina le lanza un golpe a Meléndez y después intenta quitarle el celular con el que estaba siendo grabado. 

Meléndez tiene un blog denominado Así Ocurrió y ha trabajado como reportero gráfico para El Tiempo y El País. Meléndez explicó a la FLIP que el día de los hechos estaba esperando en Popayán a que salieran los asistentes de la reunión en  la que se  discutía el lanzamiento del plan piloto de Reactivación Económica en la capital de Cauca. Entre los asistentes se encontraba la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el secretario de salud Óscar Ospina. Meléndez se acercó a Ospina para preguntarle sobre su gestión, y la reacción del funcionario fue agresiva. 

La FLIP se comunicó con Ospina quien, a pesar de la evidencia, negó que hubiera intentado agredir a Meléndez y anunció que iba a denunciarlo ante la Fiscalía por hostigamiento. Además, justificó el intento de quitarle el celular aduciendo que él no identificaba al señor Meléndez como periodista. 

Meléndez manifestó que él ha estado haciendo críticas a la gestión de la Alcaldía y del secretario de salud en el marco de un ejercicio informativo y de control a los funcionarios públicos.

La FLIP rechaza la actitud violenta y desproporcionada con la que reaccionó el secretario Ospina ante un cuestionamiento a su gestión como funcionario público. Es indispensable recordar que como secretario de salud tiene el deber de ser tolerante a la crítica y de ser garante del derecho constitucional que tienen todos los colombianos de informar y recibir información. La Fundación le hace un llamado a Óscar Ospina para que ofrezca disculpas públicas por lo sucedido y se comprometa a respaldar la labor periodística. 

Además, la FLIP le hace un llamado al alcalde de Popayán para que dé instrucciones claras a los funcionarios de su administración sobre la importancia de garantizar la labor de la prensa y el derecho a la libertad de expresión. Estos son pilares indispensables para la construcción de una sociedad democrática.  En la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión se establece que: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho  fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”. 

Ayer en la tarde el Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley del nuevo Código Electoral. Falta la conciliación entre Cámara y Senado para que la iniciativa pase a revisión previa de la Corte Constitucional por tratarse de una ley estatutaria. 

Las organizaciones firmantes advertimos que esta reforma al Código Electoral fue tramitada de manera irregular en el Congreso, sin suficiente debate ni transparencia por cuenta del mensaje de urgencia del gobierno, e incluyendo varios artículos preocupantes en al menos los siguientes temas: 

1. Bajo el objetivo general de prevenir la violencia política, busca castigar expresiones críticas a partidos o movimientos políticos. Pretender que el buen nombre de un partido político prevalezca sobre la libertad de expresión y de prensa afecta la deliberación democrática y genera un entorno de censura. Los candidatos, las campañas y las elecciones deben estar sometidos al escrutinio público constante. 
   
   
2. Concedería una amplia competencia al Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar y sancionar a ciudadanos, por ejemplo, por una expresión que emitan a través de las redes sociales. Por un lado, los artículos son ambiguos; por el otro, el CNE no debería actuar como juez de ciudadanos particulares que no hacen parte de la contienda política. 
   
   
3. Determina la implementación del voto electrónico de afán, con una definición riesgosa que se aleja de los estándares de neutralidad necesarios, y que dificultará las garantías y controles para el proceso de evaluación y selección de la tecnología que se usará.  
   
   
4. Establece la obligación para las firmas encuestadoras de entregar al CNE datos georeferenciados y biográficos de los encuestados antes de publicar las encuestas, con lo cual se estarían exponiendo datos sensibles y reservados de ciudadanos que participaron en un ejercicio que es en esencia anónimo.
   
   
5. Crea una excepción de seguridad nacional desproporcionada y arbitraria para todas las actividades que realice la Registraduría. Esto dificultaría el acceso a información pública del ente electoral –como gastos y procesos contractuales– cuya naturaleza no amerita una reserva generalizada de ese tipo. 

El nuevo Código Electoral incluye otras disposiciones cuestionables sobre provisión de cargos, aumento de gastos y facultades del registrador, entre otros. Tanto en estos puntos como en los mencionados, el proyecto se tramitó –como ya es costumbre– sobre el final de la legislatura y al filo de la medianoche, en medio de sesiones virtuales, votaciones suspendidas y proposiciones y artículos aprobados en bloque. Incluso, se registraron diferencias entre artículos aprobados y lo que finalmente fue publicado en las gacetas. Es decir: para crear las reglas de nuestra democracia, el Congreso se saltó las propias. 

La sociedad civil reitera su exigencia y derecho de hacer parte de estas discusiones en el Congreso. Las organizaciones firmantes exigen transparencia en el proceso de conciliación y que se modifiquen o eliminen los puntos mencionados en este comunicado, que consideramos inconstitucionales. En su momento, expondremos estas irregularidades de fondo y de trámite ante la Corte Constitucional para que proteja los derechos fundamentales y el proceso legislativo. 

Guillermo Cano fue asesinado hace 34 años, cuando salía de las oficinas de El Espectador en Bogotá. El Cartel de Medellín lo puso en la mira luego de que liderara fuertes críticas hacia Pablo Escobar. 

A pesar de que este fue un caso muy mediático y emblemático, su investigación no ha sido especialmente eficiente. A penas en 2019 se impuso medida de aseguramiento a dos presuntos coautores: Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias Maxwell y Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye. Debido a la muerte de Popeye, a inicios del 2020 la Fiscalía decidió cerrar la investigación que tenía en su contra. 

Hoy honramos su legado, a través de los recuerdos de su hijo Fernando, y decimos no olvidamos. 

Guillermo Cano, el valiente

Fernando Cano, hijo de don Guillermo, recuerda en esta entrevista, realizada por Camilo Jiménez, cómo fueron las épocas en las que El Espectador empezó a ser atacado. Esta conversación hace parte de uno de los informes que la FLIP entregó a la Comisión de la Verdad en noviembre de 2020.

Guillermo Cano fue uno de los primeros que criticó de frente a Escobar y al narcotráfico en general, pero ¿él conocía los riesgos que producían sus posturas?

El Espectador estaba bastante solo en eso. Nadie lo secundó, ni lo acompañó, y eso abrió un vacío porque llevó al periódico a ejercer una función que no le correspondía: ser el procurador de la Nación. Don Guillermo tenía un clamor: “¿Dónde están las entidades del Estado que deben ponerse al frente de esto?”. Esos dos años entre el asesinato de Lara y el de don Guillermo fueron tensos y terribles. Pero no recuerdo haber visto nunca ni en él ni en los redactores que cubrían esas fuentes ningún temor de avanzar con esas investigaciones.

¿Cómo recuerda los días del asesinato de don Guillermo?

Al siguiente día del asesinato, nos llegó una carta en que nos decían que yo, mi hermano y mi mamá éramos los siguientes. Dijimos: “Mierda, esto no se detuvo acá”. Pero eran tan recientes la rabia y el dolor que decidimos no abandonar la lucha. En reuniones en las que estuvieron don José Salgar, otros directivos y mis otros tíos decidimos seguir publicando notas sobre el narcotráfico, no solo sobre los carteles sino también sobre sus colaboradores en el poder económico. Ahí no hubo ninguna autocensura. 

El asesinato a Guillermo Cano era un ataque contra todo el diario, que posteriormente sufriría más atentados contra sus periodistas e infraestructura. En palabras de Cristian Valencia, escritor de otro de los informes entregados a la Comisión, El Espectador “era el único medio con cobertura nacional que se atrevía a poner en boca de todos las discusiones necesarias para la consolidación de una nación pluralista, diversa y multicultural, que serían los pilares, a la postre, de la Constitución del 91”.

Para conmemorar este aniversario, creamos esta línea del tiempo con los principales hitos en la investigación del asesinato de Guillermo Cano.