La orden de arresto contra Gustavo Rugeles es una medida desproporcionada que atenta contra la libertad de expresión.

Gustavo Rugeles, director de El Expediente, fue notificado el 6 de octubre de una orden de arresto y una multa de dos salarios mínimos por el incumplimiento de una tutela que le exigía eliminar y rectificar una publicación difundida en redes sociales y en el portal web que dirige. Esta orden, emitida por el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá, atenta contra la libertad de prensa. 

En junio de 2019, Rugeles publicó en Twitter, Facebook y El Expediente un derecho de petición que le había enviado a Pablo Elías González, quien en ese entonces era el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). González presentó una acción de tutela porque en su criterio contenía “graves señalamientos disfrazados de preguntas”, lo cual vulneraba su dignidad humana, intimidad, honra y buen nombre. El documento también fue difundido a través de WhatsApp entre los sindicatos y trabajadores de la UNP, al igual que entre terceros ajenos a la entidad, según la tutela que interpuso González. Frente a esto, es importante advertir que no se deberían imponer restricciones a la publicidad de los derechos de petición dirigidos a funcionarios públicos. Esta herramienta le permite a la ciudadanía conocer información sobre la cual el funcionario tiene acceso gracias al ejercicio de su cargo.

El 14 de agosto de 2019, el Juzgado 31 Penal del Circuito accedió a la solicitud de Pablo Elías González y le ordenó a Rugeles eliminar de Facebook, del portal web El Expediente y de Twitter el derecho de petición publicado. Además, le ordenó rectificar la información por esos mismos medios “por no haberse corroborado”. El 18 de septiembre, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia y no modificó las órdenes. Rugeles eliminó el link de Twitter, Facebook y El Expediente y, en febrero de este año, publicó una rectificación en el mismo portal web.

El derecho de petición que dio origen a la controversia contiene preguntas dirigidas a un funcionario sobre el ejercicio de su cargo y sobre información a la que tiene acceso. Se trata de asuntos de interés público y relacionados con una figura pública que debe atender con mayor tolerancia la exposición y el escrutinio público. Resulta entonces desproporcionado acudir a la acción de tutela como primera medida, pues busca restringir el derecho de petición, el derecho al acceso a la información y a la libertad de prensa.

Por su parte, el juez desatendió que cuando un contenido no cumple con los criterios de veracidad e imparcialidad debe acudir a las limitaciones menos restrictivas para la libertad de expresión, tales como ordenar una rectificación o actualización de la información en vez de acudir a la eliminación del contenido.

Para la FLIP es preocupante la sanción de arresto por desacato, ya que Rugeles había cumplido la orden de eliminar el enlace del derecho de petición de Twitter, Facebook y El Expediente que, dicho sea de paso, es una medida extrema que promueve la autocensura y fomenta un clima de silencio en el ejercicio periodístico. 

Estas decisiones judiciales que se apartan de los estándares nacionales e internacionales sobre libertad de expresión, al igual que las subreglas constitucionales sobre rectificación de contenidos, eliminan las garantías de una prensa libre e independiente para hacer veeduría. Esto envía un mensaje disuasorio para que los periodistas se inhiban de solicitar información a funcionarios públicos sobre asuntos relativos a su cargo.

• Desconocidos dejaron un panfleto en la entrada de la vivienda del periodista Óscar Castaño.
  
  
• Castaño ha estado investigando casos de corrupción en varios municipios de Antioquia.
  
  
• La UNP tiene conocimiento de este caso desde hace dos días, la FLIP le solicita que evalúe con celeridad este caso.
  
  

La FLIP rechaza las intimidaciones contra el periodista Óscar Castaño, director del programa Oriéntese, transmitido por la emisora Coredi 90.5 fm y el canal Acuario Televisión. La Fundación hace un llamado a las autoridades competentes para que protejan al periodista e investiguen estos hechos con celeridad.

Castaño le informó a la FLIP que el pasado 29 de septiembre le dejaron en la entrada de su casa un panfleto con una amenaza de muerte. Lo señalan de ser un “sapo” y de estar “metiéndose en lo que no le importa”. 

El periodista ha estado realizando denuncias sobre irregularidades en la contratación, en medio de la pandemia, por parte de las administraciones de los municipios de Argelia y Granada en el departamento de Antioquia.  Además, el reportero ha hecho un seguimiento periodístico al caso de trece concejales de Rionegro investigados por incurrir en presuntas irregularidades en la elección del Personero de ese municipio para la vigencia 2016-2019. Así mismo, Castaño ha alertado sobre la posible reorganización de grupos armados en el oriente antioqueño, a raíz del robo a treinta vehículos en la vía Bogotá-Medellín ocurrido el pasado 26 de septiembre.

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que conoce esta amenaza desde hace dos días, que evalúe con celeridad estos hechos con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida y la integridad del periodista. También le exige a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes que adelanten las investigaciones pertinentes para identificar y sancionar a los responsables.

Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

Bogotá, 30 de septiembre de 2020. Sobre el cumplimiento de la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que protege el derecho a la protesta pacífica, las organizaciones que representamos a los y las accionantes manifestamos: 

1. Todas las instituciones deben cumplir de inmediato y de buena fe todas las órdenes de la sentencia de la Corte. Con el fin de lograr la protección de los derechos violados, los y las accionantes enviamos solicitudes respetuosas de cumplimiento a todas instituciones involucradas.
   
   
2. Saludamos la voluntad de cumplimiento que han expresado la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Resaltamos que la Defensoría nombró una comisión para el seguimiento conformada por funcionarios de alto nivel y que el Procurador General designó a Carlos Medina Ramírez, Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, como coordinador de las acciones para este mismo fin. Estamos dispuestos a contribuir con todas las instituciones con el propósito de materializar estas órdenes judiciales.
   
   
3. Invitamos al Presidente de la República y al Ministro de Defensa a cumplir a cabalidad las órdenes de la Corte Suprema y a respetar en todo tiempo el artículo 37 de la Constitución que garantiza el derecho a "reunirse y manifestarse pública y pacíficamente" y demás derechos fundamentales conexos a la expresión ciudadana.
   
   
4. Teniendo en cuenta la diversidad de órdenes y de instituciones involucradas, solicitaremos a la Sala Civil del Tribunal de Bogotá que establezca un mecanismo de seguimiento y cumplimiento que garantice la mejor información posible y la máxima participación de los y las accionantes, así como de la sociedad civil en general. Este mecanismo deberá contemplar la apertura del incidente de desacato en caso de incumplimiento de alguna de las instituciones o de los funcionarios encargados.
   
   
5. Expresamos nuestra insatisfacción por las declaraciones del Ministro de Defensa en las que reitera unas disculpas genéricas y atemporales por actuaciones individuales de integrantes de la Policía Nacional. La orden de ofrecer disculpas dictada por la Corte Suprema de Justicia tiene como objetivo fundamental reparar a las víctimas de hechos sistemáticos de violencia policial en el marco de las protestas desarrolladas en el Paro Nacional de noviembre pasado. Las víctimas han expresado su desacuerdo con las declaraciones del ministro, como fue el caso de Denis Cruz, la hermana de Dilan Cruz. Por  lo tanto solicitamos al Tribunal que pida explicaciones al Ministro sobre las razones por las cuales considera que su declaración cumple la orden de la Corte Suprema de Justicia.

Firmantes:
Campaña Defender la Libertad, Comité de Solidaridad por los Presos Políticos, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, dhColombia, Comisión Colombiana de Juristas, Humanidad Vigente, Dejusticia, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Gabriel Angarita es periodista y director de TV Cúcuta, un medio regional e independiente de Norte de Santander. Ha publicado sin temor denuncias sobre irregularidades en la gestión de alcaldes, gobernadores, concejales y empresarios, pero, en menos de un año,  ha tenido que afrontar una tutela y cinco denuncias por injuria y calumnia. 

Si bien parecen recursos legales a los que Angarita no debería temer si está seguro de que ha hecho bien su trabajo, estas acciones tienen todas las características de maniobras para desincentivar su investigación periodística, aislar su atención del trabajo, minar su economía personal o la de su medio para costear la defensa y generar una presión psicológica que puede desencadenar la autocensura, incluso antes de que se produzca cualquier fallo.  

A este tipo de amedrentamiento se le conoce como acoso judicial. Angarita se ha mantenido firme, a pesar de la hostilidad de sus demandante, quienes también lo han insultado públicamente e incluso lo han agredido físicamente. 

Desde la FLIP hablamos con él para conocer su caso y entender mejor el impacto del acoso judicial en su trabajo, en la libertad de prensa y en la dignidad e integridad de los y las periodistas.

¿Cuándo fue la primera vez que lo denunciaron por injuria y calumnia?

Fue el año pasado, en plena época de elecciones. Uno de mis periodistas documentó que en la Gobernación estaban haciendo política con el Día de la Mujer. Habían reunido a un grupo de señoras para darles regalos con propaganda electoral, gritaban ¡qué viva el candidato tal! Mi periodista grabó todo eso y en la nota criticamos que se usara el erario público para hacer campaña política. Esa publicación nos dio la primera denuncia por injuria y calumnia, la hizo el gobernador William Villamizar. 

¿Cómo se desarrolló el caso, usted qué hizo?

Bueno, primero hubo una audiencia de conciliación, en la cual yo me ratifiqué y respaldé a mi periodista. También solicité el acompañamiento de la Procuraduría y del Consejo Superior de la Judicatura, porque consideraba que el gobernador tenía mucho poder y queríamos un proceso equitativo. En esa conciliación fue la primera vez que noté que había un desbalance y que los mismos conciliadores estaban del lado de los políticos. 

¿En qué consistía ese desbalance del que habla?

Cuando llegamos a las conciliaciones, y le hablo de todas, los conciliadores llegan saludando: “hola señor alcalde, qué tal le ha ido”, mientras que a mí me miran como una miércoles. Es aberrante el desbalance que hay. No me he retractado en ninguna conciliación porque tengo las pruebas. Muchas me las envía la misma ciudadanía. 

En otra de las conciliaciones estaba la esposa del alcalde de Cúcuta del momento, que es una funcionaria de la Fiscalía: Zuleima Cruz Gaona. La señora me trató de payaso y terrorista durante toda la audiencia. El conciliador me regañaba a mí y la felicitaba a ella. 

El desbalance también se nota cuando nos intentan amedrentar. Por ejemplo, en mi primera conciliación, una señora de la Fiscalía me dijo que era mejor que me retractara y arreglara, porque de lo contrario tendría que gastar plata en un abogado. 

Significa que han sido varias las conciliaciones y varios los procesos que ha tenido que afrontar.

¡Claro! En agosto del año pasado me denunció el entonces alcalde de Cúcuta, Cesar Rojas por una nota en la que cierro diciendo que él tiene el sello de los asesinos. A Rojas lo puso el exalcalde Rodrigo Suarez, condenado a 27 años por ser determinador de un homicidio. Desde La Picota Suárez definía elecciones, contratos y demás. Rojas continuó con el poder político de su antecesor y en ese momento, prácticamente había dos alcaldes, uno en el Palacio Municipal y el otro en La Picota. No rectifiqué ni me retracté, solicité el acompañamiento de la Procuraduría. 

El siguiente fue el caso con Zuleima Cruz Gaona, alta funcionaria de la Fiscalía y esposa del entonces alcalde Rojas. Nos denunció por injuria y calumnia por una entrevista que di en W Radio en la que dije que ella, por su cercanía con el Alcalde de la ciudad, estaba detrás de muchos de mis procesos. 

A finales del 2019, publicamos un audio de Leonardo Jacome, el presidente del Concejo, en el que dice: “yo quito y pongo decanos, yo subo y bajo las matrículas cuando me dé la gana”. Jacome usaba los subsidios que del convenio entre la alcaldía y la Universidad Francisco de Paula Santander para decirles a los estudiantes: “consiga cinco votos o si no, no le damos el subsidio”. Jacome nos denunció por injuria y calumnia con el argumento de que no podíamos probar que la voz de los audios era la de él. 

Después vino el incidente del Concejo, cuando me sacaron a golpes y empujones. Yo entré al recinto y Jacome me dice, con una clara intención de provocarme: “ahí llegó el adalid de la moral con su bate”, refiriéndose a mi trípode. Me dice que me acerque y en frente de todo el Concejo empieza a decir que yo le estaba cobrando 500 mil pesos y como no me los había pagado, yo lo había traicionado. Todo era falso. Entonces, el concejal Olivero Castellanos se para, me empuja hacia la puerta y me da un golpe en la espalda que me deja sin respiración. 

La siguiente denuncia por injuria y calumnia me llega de Castellanos. No entiendo muy bien de qué va el tema, pero creo que es una herramienta para intentar defenderse de lo que hizo. Yo abrí un caso en Procuraduría y en Fiscalía por la violencia física en el Concejo. Pero en ninguna de las dos instituciones ha avanzado mi caso. 

Por último, vino la tutela que interpuso el empresario Víctor Carrillo en el mes de junio de este año. Él es el presidente nacional de Medimás y gerente de Ecoopsos, una EPS de Cúcuta. Publicamos que Carrillo le habría comprado, a un funcionario de la Secretaría de Salud, 20 mil usuarios para que los afiliaran a Ecoopsos. Toda esa gente apareció afiliada a Ecoopsos de la noche a la mañana y sin firma. Hubo usuarios que se molestaron y denunciaron. Al final un juez me obligó a retractarme, incluso cuando yo tenía los documentos de la compra de los 20 mil usuarios. 

¿Cómo han afectado todas esas denuncias su trabajo periodístico?

Han hecho que yo tenga que limitar a mis periodistas. Nos han quitado mucho tiempo y ha sido desgastante. Ahora lo pensamos dos veces antes de hacer una denuncia fuerte. Cuando hay temas delicados les digo a mis periodistas que mejor los manejo yo.

Creo que lo que le ha pasado a TV Cúcuta se va a volver un arma de la clase política para amedrentar a la prensa. La limitación a nuestra libertad de prensa ha sido importante. Y eso le pega duro al medio, porque nos hemos caracterizado por ser independientes y voceros de la comunidad. Pero también pasa que si no denunciamos, empezamos a perder fuentes porque empiezan a decir: “ay, a este lo compraron”. Tengo fuentes muy importantes, que me he ganado gracias a la transparencia.

En medio de lo hostil del ambiente que le toca sortear, ¿por qué  sigue haciendo periodismo?

Porque creo que sí se puede enfrentar a los poderosos y denunciar lo que hacen. Si usted tiene las pruebas y siempre está del lado de la gente, esa credibilidad es una fortaleza grandísima. La ciudadanía termina protegiéndote. 

Fernando Ramírez y Vivian Newman, presidente y vicepresidenta del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, nos alegramos de compartir con ustedes la designación de Jonathan Bock Ruiz como nuevo director ejecutivo de la FLIP. También, felicitamos a Pedro Vaca, quien deja su puesto como director para asumir la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

El pasado 15 de septiembre, la CIDH anunció la designación de Pedro Vaca Villarreal como Relator y mencionó que tomó esta decisión “con base en las cualidades profesionales y la experiencia del candidato, tomando en especial consideración su capacidad técnica, su liderazgo, y su capacidad para trabajar de manera efectiva con Estados, organizaciones de la sociedad civil, y otros actores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Estamos infinitamente agradecidos con Pedro por estos diez años de trabajo duro. Este nuevo camino es un reflejo claro de sus capacidades y de su dedicación en la defensa de las libertades. Debido a su incansable labor, la FLIP creció en su equipo de trabajo y amplió su misión. Primero, como asesor jurídico litigó casos relevantes para la garantía de la libertad de prensa en Colombia y para la búsqueda de justicia en violaciones gravísimas a los derechos humanos. En el 2013 asumió la dirección ejecutiva de la FLIP y desde ese momento no descansó en la búsqueda de garantías para el ejercicio periodístico en el país y la justicia para las familias de las víctimas.

Toda vez que la FLIP es usuaria del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el próximo mes y en conjunto con el director saliente daremos a conocer públicamente los potenciales o aparentes conflictos de interés tanto en el mandato del nuevo Relator Especial para la Libertad de Expresión como para la FLIP.

Después de su designación como Relator Especial para la Libertad de Expresión, el consejo directivo de la FLIP se reunió y en decisión unánime eligió a Jonathan Bock Ruiz como nuevo director ejecutivo de la Fundación. Jonathan se venía desempeñando como subdirector.

Esta decisión se tomó luego de evaluar  las altas capacidades de Jonathan para asumir el cargo. Jonathan es periodista y tiene una maestría en relaciones internacionales y periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado por más de 15 años como periodista, investigador y columnista para diversos medios de comunicación. 

En el 2012 Jonathan se vinculó a la FLIP como asesor de protección y desde ese cargo impulsó varias iniciativas para la prevención y atención de la violencia contra periodistas en el país. Después, en el 2015 lideró el Centro de Estudios de Libertad de Expresión desde donde promovió proyectos como Cartografías de la Información, Pauta Visible y el laboratorio de periodismo Consonante. Además, Jonathan ya se había desempeñado como director ejecutivo encargado en los periodos en los que Pedro se ausentó para desarrollar actividades académicas.

Confiamos plenamente en que Jonathan desempeñará una labor favorable para la libertad de prensa en Colombia y en que sus capacidades revelarán nuevos caminos para la FLIP. Estamos convencidos de que Pedro y Jonathan trabajarán fuertemente por la libertad de prensa en la región y en el país, cada uno desde distintos lugares, con la misma convicción: la libertad de expresión es indispensable para las democracias.

Hoy se cumplen 27 años del homicidio contra Manuel Martínez Espinosa, periodista de Radio Súper en Popayán, Cauca. Cada noche, en su programa el Yunque, se ponía detrás del micrófono para hablar sobre el día a día de su ciudad. 

Manolo, como lo llamaban sus compañeros, estaba comprometido con el bienestar de la ciudadanía y por eso realizaba denuncias sobre corrupción política en la región.

En esta cápsula lo recuerdan tres de sus compañeros de trabajo. Nos cuentan más sobre cómo era Manuel y sobre el momento de su asesinato. 

El homicidio de Manuel Martínez prescribió en 2013 y solo se llegó a condenar a uno de los autores materiales. Sin embargo, su recuerdo permanece entre sus familiares y colegas.

Gracias por recordar su vida con nosotros. En la FLIP no olvidamos.

• Entre el 9 y el 21 de septiembre de 2020 la FLIP ha registrado 33 violaciones a la libertad de prensa.
  
  
• La FLIP hace un llamado a la Policía Nacional a que forme a sus miembros para que garanticen la libertad de prensa.
  
  
• Solictamos al Gobierno nacional que de manera urgente adopte las medidas necesarias para cumplir la decisión de la Corte Suprema de Justicia y encauce el accionar de la fuerza pública.
  
  

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la persistencia de los ataques contra periodistas y medios de comunicación por parte de manifestantes y miembros de la fuerza pública durante el cubrimiento de las movilizaciones sociales. 

Entre el 9 y el 21 de septiembre de 2020 la FLIP ha registrado 33 violaciones a la libertad de prensa que han afectado a 35 periodistas en medio del cubrimiento de manifestaciones sociales. Los ataques más frecuentes han sido las agresiones físicas con 16 casos, seguidas de las obstrucciones a la labor periodística con cinco casos, de detenciones ilegales con cuatro casos y otras tres situaciones de amenaza durante el cubrimiento.

El pasado 21 de septiembre, durante las jornadas de movilizaciones sociales que se presentaron en las principales ciudades del país, se presentaron tres casos más de ataques a la prensa. En el centro de Bogotá, sobre la Avenida Jiménez con Carrera Séptima, se presentaron hechos de violencia graves. Uno de los afectados fue el fotógrafo independiente Andrés Torres, quien fue atacado por miembros del ESMAD mientras registraba la detención de una persona por parte de siete agentes de la Policía. Según el reportero, cuando estaba tomando las fotografías, los uniformados le dispararon en dos ocasiones: uno de los proyectiles dejó una herida en uno de sus dedos y dañó totalmente su cámara fotográfica. Torres asegura que el otro disparo fue con una bala de goma que le impactó en una de sus piernas y le dejó un hematoma. Cuando ocurrió el ataque el reportero estaba plenamente identificado como prensa en el casco y brazalete que portaba. 

En ese mismo punto de la ciudad, los periodistas Fabián Yáñez y César Posada, debidamente identificados como reporteros de la Revista Semana, fueron agredidos por la fuerza pública cuando se encontraban cubriendo las movilizaciones. Según Yáñez, agentes del ESMAD arremetieron con gases y bombas aturdidoras hacia un punto en donde únicamente había periodistas. Para resguardarse, Yáñez y Posada corrieron hacia el edificio del Banco de la República, pero los agentes del ESMAD los persiguieron hasta ese punto y, desde una distancia corta, les dispararon en dos ocasiones con aturdidoras. 

El tercer hecho se presentó en Bucaramanga. Durante las movilizaciones que se desarrollaban en la Plaza Luis Carlos Galán, los corresponsales de RCN Televisión y el  equipo periodístico del canal Televisión Regional de Oriente fueron agredidos por manifestantes, quienes impidieron el registro y expulsaron a los reporteros del lugar. Los dos equipos periodísticos salieron de la plaza custodiados por miembros de la fuerza pública.  

Adicionalmente, de los hechos recientes que afectan el desarrollo de la labor periodística, el 76% se atribuye a miembros de la Policía Nacional y el 24% restante a particulares.

La FLIP expresa su preocupación porque estas violaciones a la libertad de prensa aún se enmarcan en las prácticas sistemáticas denunciadas por múltiples organizaciones civiles frente a lo ocurrido en las protestas de noviembre de 2019. Algunas de estas son: la solución arbitraria de protestas pacíficas, el uso antirreglamentario de armas potencialmente letales, el uso desproporcionado de agentes químicos irritantes en la disolución de protestas, la retención arbitraria de personas en el marco de las protestas por parte de la Policía Nacional  y ataques a periodistas que cubrían las manifestaciones. 

En sentencia del 22 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia reconoció la existencia de la violación sistemática de los derechos a la protesta, libertad de expresión y de prensa por parte de agentes de la fuerza pública en el uso excesivo y desproporcional de la fuerza, cuando ésta, en defensa del orden público, se comporta desmedidamente y sin control. 

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- reiteró que “las fuerzas del orden público tienen el deber de  garantizar  la  seguridad  de  los  periodistas  que  cubren  las  protestas  y  de  garantizar  el  derecho  del  público  a  buscar  y  recibir  información  sobre  estas movilizaciones  sociales”. Por ello, destacó la necesidad de que las fuerzas de seguridad reciban capacitaciones en materia de libertad de expresión para que entiendan “mejor  el  papel  y  la  función  de  los  periodistas  en  las  sociedades democráticas”. 

La FLIP observa con preocupación las reacciones estigmatizantes de algunos líderes políticos, en particular las expresadas por Gustavo Petro como líder de oposición, frente a las diversas opiniones de la prensa respecto de la decisión sin precedentes de la Corte Suprema de Justicia. Reiteramos que los líderes políticos también son garantes de la libertad de expresión de quienes no coinciden con sus planteamientos. Por ello, deben abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes contra quienes ejercen el derecho de opinión y de prensa, en particular, porque esta conducta elimina las garantías para que se expresen todos los puntos de vista y se forje un debate plural y diverso.

Por lo anterior, la FLIP hace un llamado al Gobierno nacional para que de manera urgente adopte las medidas necesarias para cumplir la decisión de la Corte Suprema de Justicia y encauce el accionar de la fuerza pública. 

Además, la FLIP hace un llamado a la Policía Nacional, que debe garantizar la labor periodística en estos escenarios, para que inicie la investigación disciplinaria sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. Además, que forme a sus miembros para que garanticen este derecho y resignifiquen la presencia de la prensa como una garantía de transparencia de sus operativos y no como un obstáculo. 

La FLIP también hace un llamado a los manifestantes para que también garanticen el libre desarrollo de la labor periodística. Resulta paradójico que el derecho a expresarse públicamente afecte el cubrimiento de la prensa sobre las exigencias de los diferentes sectores sociales

Por último, se hace un llamado a los partidos políticos y movimientos ciudadanos para que, en cumplimiento de su rol constitucional, fomenten el debate público. El Estado de Derecho se fortalece con una prensa libre y se debilita cuando los políticos acuden a discursos denigrantes pretendiendo aleccionar al periodismo que les desagrada.

A finales del 2019, en medio de las marchas y movilizaciones con motivo del Paro Nacional del 21 de noviembre, un grupo de personas, organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, estudiantes, periodistas, docentes de las universidades de los Andes y el Rosario, familiares de víctimas y víctimas de violencia policial presentamos una acción de tutela solicitando la protección de nuestro derecho fundamental a la protesta, la libertad de expresión y de prensa.

Temblores ONG, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Sisma Mujer rechazan las prácticas de la Policía Nacional que vulneraron el derecho a la dignidad humana, a una vida libre de violencias y la libertad de prensa de una periodista en Bogotá, que fue sometida a prácticas de tortura y violencia sexual por parte de agentes de la Policía en la estación de Policía de la localidad Santa Fé, ubicada en el barrio La Macarena. Exigimos a las entidades de control y a la Policía una investigación célere para sancionar a los uniformados responsables de la detención ilegal, la violencia sexual y la eliminación del material periodístico. 

El domingo 13 de septiembre una periodista estuvo tomando fotografías sobre las repercusiones de la pandemia en el barrio La Macarena. Durante el recorrido, la reportera tomó fotos a unos escudos de dotación de la Policía que estaban en la vía pública recargados contra una pared. En ese momento, fue abordada por tres policías de manera desafiante, mientras le reclamaban por haber hecho ese registro fotográfico, la acusaban de haber cometido un supuesto delito. A pesar de que aseguró que estaba haciendo un ejercicio académico de fotoperiodismo, los uniformados la hicieron ingresar de manera arbitraria a la estación. 

En la unidad policial, la sometieron a un procedimiento de requisa invasiva sin justificación real, constitutivo de violencia sexual, por lo que una mujer policía llevó a la reportera al baño y de forma intimidante y despectiva, le pidió que se desnudara completamente y se pusiera en cuclillas. Tampoco se tomaron medidas de bioseguridad. Frente al trato humillante, las razones de su detención y del procedimiento, los uniformados manifestaron que debían descartar que fuera guerrillera o terrorista porque el registro fotográfico de sus implementos de dotación era un delito. 

La misma agente que le pidió entrar al baño le quitó el celular y eliminó las fotografías tomadas en el cubrimiento periodístico por el barrio. Más adelante, los uniformados le solicitaron su firma en una hoja en blanco, pero ella se negó. La reportera manifiesta que en ese momento le quitaron de nuevo la cédula para anotar sus datos y la amenazaron con trasladarla a la Sijín para judicializarla. Adicionalmente, los uniformados se refirieron al gremio periodístico de manera ofensiva y señalaron a la prensa de ser la responsable de las agresiones contra la institución. Mejorar la imagen institucional mediante represalias, estigmatizaciones, violencia hacia la mujer y ataques contra la prensa no es legítimo, por el contrario, ahonda la deslegitimación institucional. 

Expresamos nuestro repudio a los hechos cometidos en contra de la reportera y consideramos injustificables e inexcusables los hechos de violencia sexual, tratos crueles, degradantes e inhumanos y los abusos de los uniformados que realizaron este procedimiento, que violaron directamente los derechos fundamentales de la reportera  a la dignidad humana, a una vida libre de violencias, a no ser sometida a tortura ni a penas, o tratos crueles inhumanos o degradantes y a la libertad de prensa. 

La investigación y sanción de los responsables son indispensables y deben ser respaldadas por medidas de prevención, medidas necesarias para garantizar la no repetición de este tipo de situaciones que afectan la dignidad de las mujeres periodistas y el derecho a ejercer su labor libremente. La violencia de género no es, en ningún escenario, una forma legítima para limitar la libertad de prensa sobre la protesta social. 

Exigimos que:

• la Policía Nacional rechace públicamente este tipo de conductas y se comprometa a impartir directrices claras sobre la prohibición absoluta de las acciones de tortura y de violencia sexual en el interior de la institución.
  
  
• la Fiscalía General de la Nación identifique, juzgue y sancione a las personas responsables y que para ello incluya una perspectiva de género. Que esto se lleve a cabo por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género.
  
  
• la Policía Nacional inicie las investigaciones disciplinarias sobre estos hechos para sancionar a los agentes de la estación de Policía de La Macarena, que afectaron los derechos a la integridad, la dignidad humana y la libertad de prensa de la periodista.
  
  
• la Procuraduría General de la Nación ejerza el control preferente disciplinario por la gravedad de los hechos y la Defensoría del Pueblo un haga acompañamiento de las investigaciones disciplinarias.
  
  
• la Procuraduría General de la Nación coordine y evalúe el conocimiento y la implementación de la Policía Nacional sobre el enfoque de derechos humanos que debe guiar su labor, y con base en ello haga una formación para sus miembros para prevenir distintas formas de violencia en las protestas sociales. 

Temblores ONG, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Sisma Mujer haremos seguimiento del caso, así como de la respuesta estatal frente a esta denuncia. La investigación y sanción de estos actos son indispensables para reafirmar entre los agentes oficiales que tienen la obligación de garantizar derechos fundamentales en todas sus formas de acción.