La voz que acaban de escuchar era la de Juan Carlos Benavides Arévalo, locutor de la radio comunitaria Manantial Estéreo en Sibundoy, Putumayo. Juan Carlos fue asesinado hace dieciocho años. Las FARC atentaron contra el carro en el que se transportaba, cuando iba hacia Puerto Asís, Putumayo a cubrir el primer consejo comunal del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 

El periodista murió cuando guerrilleros de las FARC dispararon indiscriminadamente contra la camioneta en la que él se transportaba hacia Puerto Asís. Hasta ahora, su caso permanece en total impunidad.

En la FLIP reconocemos el esfuerzo de Juan Carlos por fortalecer la radio comunitaria en el departamento de Putumayo y aplaudimos el legado comunicativo que construyó para los y las habitantes de la región. Gracias por recordar con nosotros.

Iván Darío Pelayo trabajaba como director de la emisora Llanorámica Estéreo en Puerto Rondón, Arauca, cuando fue asesinado hace 26 años por el ELN. Este grupo armado lo acusó de ser colaborador de grupos paramilitares.

Su caso prescribió en 2015, luego de que en febrero de 1998 la Fiscalía Especializada de Cúcuta suspendiera las investigaciones. En la actualidad, se desconocen los autores materiales e intelectuales del crimen. De acuerdo con la documentación de la FLIP, la Fiscalía solo destinó tres años a la investigación del homicidio. 

La muerte de Iván también supuso el fin de Llanorámica Estéreo. Con esto, se afectó el derecho a la información de la comunidad de Puerto Rondón. 

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactar a colegas o personas cercanas a Iván Darío. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a info@flip.org.co. 

En la FLIP no olvidamos a los y las periodistas que han sido asesinados por causa del conflicto armado mientras cumplían con su labor. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la desprotección estatal de la prensa en Arauca, cuya falta de respuesta a la violencia sostenida en el departamento obliga a los y las periodistas a optar por la autocensura como mecanismo de autoprotección. El ambiente hostil contra la prensa se ha generalizado en los últimos años, en particular afectando a quienes cubren temas relacionados al orden público y seguridad.

Amparo Leonor Jiménez fue periodista de los noticieros televisivos QAP y En Vivo en Valledupar, Cesar. Allí, además coordinó un programa de reinserción de guerrilleros a la vida civil y apoyó la coordinación de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra.

El 11 de agosto de 1998, luego de llevar a su hijo al colegio, Amparo fue asesinada por Libardo Prado Bayona, un preso de la cárcel de Santa Marta que fue dejado en libertad por error. Libardo fue condenado a 37 años por el homicidio de la periodista. Hoy, veintitrés años después de su muerte, no hay respuestas sobre los autores intelectuales del crimen.  

Amparo fue la décima periodista asesinada en 1998 en Colombia y, en la FLIP, no olvidamos a los y las periodistas que, como ella, fueron silenciados por contar la verdad de lo que sucedía en sus territorios. Gracias por recordar con nosotros.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) y Reporteros sin Fronteras (RSF) reiteran la alerta sobre la precaria garantía de seguridad, por parte del Estado colombiano, a los periodistas que cubren protestas sociales. Las agresiones que comprometen la salud y la vida de los periodistas, al igual que la impunidad de estos hechos, tienen un impacto inhibidor en el derecho a la libre información.

El pasado 28 de julio Andrés Cardona recibió un disparo directo de un gas lacrimógeno por parte de agentes del ESMAD mientras cubría las manifestaciones en la localidad de Usme, Bogotá, una ciudad en la que ya se superan las 80 víctimas, a pesar de haber iniciado diálogos con la Alcaldía y miembros de la Policía para desescalar la violencia contra los comunicadores.

Para el periodista y fotógrafo de medios internacionales las lesiones han tenido un impacto severo en su integridad y capacidad laboral. Además, su elemento de trabajo, la cámara fotográfica, también resultó afectada por el ataque. Esta no es la primera vez que el periodista es atacado por miembros de la Policía Nacional en medio del cubrimiento de protestas, la FLIP y RSF tienen documentadas dos agresiones físicas más: en una de ellas también tuvo que recibir atención médica luego que un uniformado le pegara con el arma de dotación en la cabeza. En todas las situaciones el periodista se encontraba identificado como prensa con carnet, chaleco y casco.

Estos ataques se suman a la difícil situación de seguridad que ha tenido que enfrentar el periodista desde hace varios años; Cardona ha recibido amenazas, ha sido perfilado ilegalmente y ha tenido que desplazarse de su territorio para proteger su vida. Hasta el momento no hay una respuesta eficiente y oportuna por parte del Estado para garantizar su seguridad y el desarrollo de su labor periodística.   

La FLIP, APIC y Reporteros sin Fronteras expresamos nuestro rechazo categórico al sostenimiento de la violencia contra la prensa por parte de la fuerza pública en contravía de la obligación de garantizar las condiciones de seguridad para el cubrimiento y así la libertad de información en el país.  Exigimos al Estado colombiano que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que la Fiscalía y la Policía Nacional adelanten sin dilaciones la investigación imparcial, que obedezca a los estándares mínimos de investigación de crímenes contra la prensa. Los responsables deben ser sancionados y el Estado debe garantizar la reparación de los daños causados al fotógrafo. 

Reiteramos la alerta sobre la precaria garantía de seguridad, por parte del Estado colombiano, a los periodistas que cubren protestas sociales. En particular es inexplicable que con los desmedidos niveles de violencia (sin precedentes) no actúe para detener los abusos de la fuerza dirigidos contra la prensa en estos escenarios. Desde el 28 de abril, la FLIP, con el apoyo RSF, ha documentado 314 agresiones - 62.5% de los casos son atribuidos a fuerza pública- y 388 víctimas.

El caso de Cardona es uno entre los 114 casos donde los periodistas han sido agredidos físicamente por integrantes de fuerza pública durante el cubrimiento en tan solo 3 meses. El uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones ha tenido como víctima diferenciada a la prensa, una problemática ignorada por las autoridades, cuyo silencio e inacción cómplice encubre la responsabilidad de la fuerza pública. 

Ante el sostenimiento de esta grave situación, en todo el país, donde las autoridades garantes de las condiciones para ejercer la libertad de prensa se apartan de manera recurrente de su rol y se han convertido en el principal agresor contra la prensa, cuando no se adoptan medidas estructurales para el cese definitivo de esta violencia, resulta imperativo y urgente que organismos internacionales continúen sus denuncias e insistan en exigir al Estado Colombiano cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. 

En particular, interpelamos a la comunidad internacional para que se dé respuesta a la comunicación que FLIP y RSF remitieron desde mayo de 2021 alertando sobre esta situación al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Secretario General de las Naciones Unidas , así como al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Interamericanos (OEA) y a la Unesco.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), representantes de las familias Chaparro y Torres, celebramos la decisión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de estudiar el caso de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, quienes fueron asesinados el 24 de abril de 1991. Esta decisión es un avance significativo en la lucha que por 30 años han tenido que librar los familiares de los periodistas víctimas para acceder a la justicia y la verdad, y enaltecer la memoria de los periodistas.

El pasado 28 de julio, la CIDH decidió declarar la admisibilidad del caso de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres contra el Estado colombiano. Esto quiere decir que la Comisión estudiará el fondo del caso y determinará si existió o no responsabilidad del Estado por la ausencia de una debida investigación y sanción de los responsables del homicidio de los periodistas, hechos que se mantienen en la impunidad. 

En abril de 1991, Julio Daniel y Jorge Enrique, quienes trabajaban para El Espectador, se habían desplazado al municipio de Segovia, en Antioquia, para investigar la masacre paramilitar que había ocurrido tres años atrás y en la que más de cuarenta personas fueron asesinadas. Mientras se encontraban en Segovia, los periodistas fueron asesinados. Según la investigación que adelanta la Fiscalía los hechos fueron ejecutados por guerrilleros del Ejército Nacional de Liberación (ELN).

La investigación no ha avanzado y se ha caracterizado por largos periodos de inactividad, errores durante el trámite de indagación y la falta de aplicación de los estándares internacionales para la investigación de los crímenes contra la prensa. Por esta razón, en diciembre de 2011, la Sociedad Interamericana de Prensa presentó el caso a la Comisión. Ante esta situación, el Estado colombiano desconoció su responsabilidad en el caso, valiéndose de argumentos procesales sostuvo que la petición era infundada.

Luego de diez años, la CIDH concluyó que en el caso particular se advierte un retardo injustificado en el acceso a la justicia, pues han transcurrido 30 años y los hechos continúan en impunidad. En este sentido, Colombia no cuenta con recursos idóneos para proporcionar una reparación integral y justicia a los familiares. 

Por lo tanto, la Comisión entrará a definir la responsabilidad del Estado colombiano por la violación a los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, y protección judicial consagrados en la Convención Americana, en relación a la falta de la debida investigación y sanción de los responsables del homicidio de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, de conformidad con los estándares interamericanos para la investigación, judicialización y sanción de los crímenes contra la prensa. 

Para Daniel Chaparro, hijo de Julio Daniel, esta decisión representa un paso significativo en la búsqueda de justicia y verdad en el doble homicidio de los periodistas, que hasta el momento, después de 30 años, no ha encontrado una debida investigación por parte de la justicia colombiana.  

Las organizaciones continuaremos acompañando a las familias en la lucha contra la impunidad y en los próximos meses remitiremos observaciones de fondo sobre el caso, con el ánimo de que el trámite se surta de manera diligente y dentro de un plazo razonable por parte de la Comisión, concluyendo con un informe de fondo que garantice los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

Sorprende el mutismo de las autoridades frente a los niveles inusitados de violencia contra la prensa en el cubrimiento del paro nacional. ¿Es una forma de respaldo o de negación a las agresiones? Por acción o por omisión, lo que han hecho las entidades públicas sienta un precedente pésimo sobre la voluntad política del Estado para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información de alto interés público.

En los días cuando la prensa estuvo bajo ataque, como no se había visto en décadas, resultaba prioritario que las instituciones, llamadas a garantizar la libertad y la pluralidad informativa, lucharan por la protección de los/as reporteros/as. Sin embargo, ninguna institución estatal ni autoridad pública defendió el ejercicio del periodismo de manera clara y sin ambigüedades. Era un primer paso fundamental en la urgencia de encontrar medidas específicas que garantizaran que el trabajo vital que hace la prensa se hiciera sin temor a represalias ni lesiones. La ausencia de esta defensa terminó generando un ambiente de permisividad, fomentando la censura y, consecuentemente, negándole información independiente a la ciudadanía. El Estado incumplió su responsabilidad de proteger un derecho establecido en la Constitución. 

Entes de control de papel

El 8 de junio del 2021, la Fiscalía General de la Nación notificó a los periodistas del medio de comunicación LocoSapiens que archivaría la investigación abierta a raíz de las agresiones que sufrieron tres periodistas del equipo por parte de la fuerza pública en Sibaté, Cundinamarca. Esta fue la justificación: “Sin embargo, se realizaron los actos de verificación pertinentes, estableciéndose que, el denunciante no ha mostrado ningún interés frente a los hechos denunciados, razón por la cual no se cuenta con elementos materiales probatorios que pudiesen ser útiles para la indagación que avoquen éxito, concluyendo así, que es imposible contar con información necesaria.” 

Había transcurrido un mes desde que los periodistas pusieron la denuncia. La Fiscalía contaba con el material probatorio de la agresión que, además, fue conocido ampliamente por la opinión pública: en el video se escucha cómo los reporteros gritan a todo pulmón que son prensa mientras se refugian detrás de unos arbustos intentando esquivar los disparos de la Policía. Suspender la investigación de este caso desconoce todos los mandatos constitucionales de la Fiscalía. Al día siguiente la FLIP publicó un comunicado en el que informaba sobre la situación y horas más tarde, la entidad anunció que reabriría la investigación. 

Para la FLIP, la Fiscalía no parece tener la intención de recabar en los orígenes de estas agresiones ni adoptar medidas de prevención, mucho menos un compromiso claro de investigación y sanción de esta violencia. Es preocupante la falta de diligencia con la que se están conduciendo las investigaciones, en particular, en aquellos casos donde hay responsabilidad de agentes públicos.

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Alcaldías trasnochadas 

Pocas autoridades territoriales han emitido respuestas frente a la violencia contra la prensa. La mayoría han sido emisiones tardías, algunas, desarticuladas con las agresiones directas y sostenidas de los dos meses de protestas, y otras fueron reactivas y con interés político para posicionar un mensaje de presunta garantía de la libertad de prensa frente a la CIDH. Nada más alejado de la realidad. 

En el caso de Bogotá y Medellín la alcaldesa y el alcalde se pronunciaron el 29 de junio y 2 de julio, respectivamente. Sus mensajes abordaron solo casos muy particulares. En la capital del país, al momento de la comunicación de Claudia Lopez, se habían registrado 65 agresiones, y en Medellín 33. La falta de respaldo por parte de las máximas autoridades en las ciudades es alarmante, favorece la continuidad de las agresiones e invisibiliza la gravedad de la violencia contra la prensa.

Por otro lado, la FLIP no ha conocido comunicaciones directas de los alcaldes de Popayán y Cali, a pesar de que ambas ciudades han sido focos de violencia contra periodistas durante las jornadas del paro.

Fuerza agresora, no garante

Los hechos de violencia policial cometidos durante los meses de las manifestaciones impulsaron una conversación nacional sobre la Policía. Su desenlace fue el anuncio del presidente Duque de que impulsará ante el Congreso una reforma. 

El abuso de la fuerza por parte de los agentes ha tenido una afectación directa sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, y desde las manifestaciones del 2019 los espacios de protestas y los lugares militarizados son un entorno sumamente hostil para la prensa: disparos de balas de goma, daños al equipo, lesiones y amenazas hacen parte del cubrimiento. En total, 216 periodistas resultaron agredidos por un agente. 

Las falencias de las fuerzas armadas en cuanto a formación en asuntos de libertad de expresión quedaron totalmente expuestas. También quedó en evidencia la alta estigmatización que existe en la institución hacia el trabajo que hacen los medios de comunicación. Normalmente, antes o después de una agresión, los agentes lanzaban alguna frase como “prensa amarillista” o algún comentario ‘aleccionador’ sobre cómo debían los reporteros hacer su trabajo. 

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El ministro de Defensa, Diego Molano, lejos de asumir una postura acorde con esta realidad, profundizó en la estigmatización: en diferentes espacios, cerrados y públicos, arremetió contra la libertad de expresión y reprochó el libre flujo de información en las redes sociales. 

El ministro fue la cabeza visible de la campaña #ColombiaEsMiVerdad que defendió diciendo: “información como ésta es terrorismo digital y es falsa”, “es falso que la policía ataca la manifestación pública y pacífica” y “unámonos, la mentira genera odio”. 

Lejos de respaldar la labor de la prensa y el libre flujo de la información, lo que hizo esta propuesta fue señalar y poner en riesgo a los/as periodistas que cubren estos escenarios. 

Cuando el Congreso le adelantó la fallida moción de censura a Molano, éste no hizo ningún reconocimiento, ni se pronunció sobre el riesgo de autocensura que generan este tipo de mensajes. El ministro se reafirmó en su discurso: “Muchas veces es muy fácil decir mentiras que no requieren evidencia y se mueven raudas por las redes sociales. Pero a los funcionarios públicos nos corresponde asumir la verdad (...) como funcionario público asumimos esa responsabilidad”.

Los medios de comunicación masivos y regionales han recibido ataques a sus infraestructuras durante la protesta social. La FLIP habló con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, sobre la relación con las audiencias y el cubrimiento de las manifestaciones desde los medios nacionales. 

Durante los últimos meses, los medios masivos del país han sido objeto de constantes amenazas, bloqueos y ataques. En Bogotá, las sedes de Revista Semana y Noticias RCN fueron violentadas; y en Neiva las del diario La Nación, incendiadas. Los y las periodistas del periódico El País de Cali no podían salir a cubrir los principales puntos de las concentraciones sin recibir ataques. Otros reporteros y reporteras decidieron salir a cubrir las manifestaciones sin llevar ninguna identificación de sus medios. 

Para comprender una parte de este fenómeno hay que mencionar la larga historia de estigmatización contra medios de comunicación. Desde hace varios años, figuras políticas han incitado campañas contra las publicaciones que no son de su agrado. En marzo de este año, el Centro Democrático, el partido de gobierno, calificó a Noticias Caracol de ser “militantes” y de recoger voces de “políticos corruptos consagrados desde hace años a desinformar a la opinión y a divulgar noticias falsas”. También el expresidente Uribe ha descalificado estratégicamente a Noticias Uno, Daniel Coronell y Revista Semana. 

En la otra orilla, Gustavo Petro se ha encargado de estigmatizar a RCN, Caracol y Revista Semana. Durante las manifestaciones del 2019, el senador dijo, sin tener pruebas y sin que fuera cierto, que un periodista de Noticias Caracol “pidió que mataran a algún manifestante”. Como consecuencia el reportero recibió varias amenazas. 

La ruptura entre algunos medios y parte de la ciudadanía podría convertirse en un escenario en el que se propongan leyes de medios que instauren canales de censura oficiales. En diálogo con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, analizamos algunos de estos factores y qué implicaciones tienen para los medios y para la sociedad.

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La prensa en general ha sido muy atacada en los últimos meses al tratar de hacer cubrimientos del paro, y sabemos que parte del equipo de Caracol también ha tenido que enfrentarse a esto. Por eso para empezar quisiéramos saber ¿cuál es la reflexión que hace Caracol sobre lo que han tenido que vivir en esta coyuntura de manifestaciones?

Juan Roberto Vargas: Nos ha tocado navegar en medio de la rabia generalizada. Por un lado, tenemos que lidiar con la estigmatización por parte del establecimiento, pues nos han vetado en chats de la Policía o en reuniones de empresarios. Eso va calando con la narrativa de que Caracol es “el medio de la guerrilla”. 

Y por otro lado, tenemos que hacer reportería en momentos en los que quienes son protagonistas de la noticia odian a quienes los van a cubrir; nosotros nunca nos habíamos enfrentado a eso. Eso nos presentó varios desafíos. El primero, la cobertura, y el segundo, que para mí se volvió una obsesión, era descifrar el porqué del odio. Por eso fui a Cali a hablar con los muchachos de la primera línea, y ahorita van a venir otros al canal a reunirse con nosotros. Hay que buscarlos, charlar con ellos y encontrar respuestas. 

Ante este odio por el que tienen que navegar, y el hecho de que algunas personas los vean lejanos ¿cree que ha hecho falta autocrítica por parte de los medios de comunicación? 

J.R.V: Creo que sí nos hace falta autocrítica, no hablo por los colegas, pero sí por lo menos por Caracol. Seguramente nos ha faltado cubrir más la calle, a la gente, al país. Nos hace falta que la gente nos vea auténticos y empáticos; porque aunque esta sea nuestra época de mayor rating, estamos ante el barranco de la credibilidad. La gente nos ve, pero no nos cree. Para eso, quizás hay que darle más voz a las personas, para que hablen y se sientan identificadas.

Sin embargo, genuinamente les digo que siempre nos preguntamos en los consejos de redacción si lo que vamos a publicar tiene todas las miradas o la mayoría de miradas que uno quisiera tener para que haya un equilibrio. 

En ese ejercicio de autocrítica ¿cuál cree que ha sido el mayor error que han cometido durante el cubrimiento de estas manifestaciones?

J.R.V: El error que más me ha pesado sucedió el día en el que yo más me he preocupado porque hubiese un equilibrio. Fue cuando en Cali pasaron los enfrentamientos con la Minga y la gente del sur de la ciudad. Ese día nos llegaban videos de todos lados y no sabíamos qué era lo que estaba pasando, mi gente allá no podía salir de la oficina, y yo decía "y ahora qué hacemos". Llamaba a la Policía, no tenían ni idea, la Alcaldía tampoco, el mismo alcalde nos dijo "yo perdí el control de la ciudad". 

Ese día, fuimos tan animales de poner un titular que decía "choques entre ciudadanos e indígenas". Y eso nos costó lágrimas de sangre y tenía por qué costarnos. En un momento de fragor no podemos, de la manera más tonta, cometer un error así. 

¿Y cuál ha sido la decisión editorial más difícil que han tenido que tomar durante esta coyuntura?

J.R.V: Fue cuando decidimos no publicar los videos del día en que en Cali civiles dispararon contra manifestantes y lincharon a un funcionario de la Fiscalía. Ese día nos sentamos con el jefe de la mesa editorial, el productor general y el jefe de emisión, y les dije: "pensemos qué efecto va a tener, en el país y la sociedad, que el noticiero que tiene más de siete millones de espectadores publique estos videos". Seguramente en redes los videos iban a seguir circulando y los otros medios los iban a publicar, pero no nos iba a traer ningún beneficio mostrar una ciudad absolutamente incendiada. Fue una decisión muy difícil, que no la consultamos ni con Gonzalo Córdoba, el presidente de Caracol, ni con Liseth Arango, nuestra vicepresidenta, pero quienes finalmente nos respaldaron. 

Ya para terminar nos gustaría preguntar sobre ¿qué reflexión haría sobre el colegaje dentro del periodismo?, ¿cree que sería posible que desde distintos medios se sentaran a conversar sobre sus diferentes experiencias y perspectivas?

J.R.V: Yo conozco gremios mezquinos y este. Solo en la época del narcoterrorismo vi algo de compañerismo y era porque todos teníamos un enemigo en común. Hoy el enemigo somos nosotros mismos. Aquí los mismos colegas se encargaron de dividirnos entre buenos y malos. Cuando fui a Cali a visitar a los muchachos de la primera línea me dijeron nombres de periodistas nacionales y extranjeros que les dijeron "no le hablen a Caracol porque reciben plata del gobierno Duque" o que "al director de Caracol le pagan para que hablen mal de ustedes". Pero yo les decía "estoy aquí".

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Creo que la conversación de la que hablas es un ejercicio muy necesario, pero soy muy escéptico porque aquí hay mucho colega que confunde la necesidad de autocrítica con el canibalismo. Súmale a eso el descubrimiento fascinante de estos medios en redes sociales, que hacen fiestas con la línea editorial de los medios tradicionales. Nos hace falta esa conversación porque en redes también hay gente muy valiosa, el mismo señor del Canal 2 en Cali, que puede uno no estar de acuerdo con él, pero igual lo que hace es valiosísimo.

Policías y ciudadanos particulares repiten patrones de agresiones contra periodistas, alimentan la estigmatización y obstruyen la circulación de la información. Olvidan que la prensa no está allí para ratificar sus discursos o ensalzar su imagen. Estas son las formas de agresión y las cifras de las agresiones contra periodistas que la FLIP ha documentado entre el 28 de abril y el 19 de julio.

TOTAL DE AGRESIONES: 300 / TOTAL DE VÍCTIMAS: 342

1. AGRESIONES DE LA FUERZA PÚBLICA CONTRA LA PRENSA

 Los miembros de la Policía han sido los mayores agresores contra periodistas que cubren las manifestaciones sociales. A pesar de que su deber es proteger a la ciudadanía y garantizar el ejercicio periodístico, ellos han golpeado, pateado, disparado, detenido y amenazado a quienes están haciendo cubrimientos desde las calles. 

TOTAL: 181 AGRESIONES / 224 VÍCTIMAS

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7 categorías de agresión por parte de la fuerza pública contra periodistas:

1. Agresión física (8 patrones)
2. Amenaza (2 patrones)
3. Detención ilegal (2 patrones)
4. Obstrucción al trabajo periodístico (3 patrones)
5. Hostigamiento (1 patrón)
6. Robo o eliminación de material periodístico (3 patrón)
7. Violación a la reserva de la fuente (1 patrón)

2. AGRESIONES DE PARTICULARES CONTRA LA PRENSA

Si bien el nivel de responsabilidad de un agente de la Policía es muy diferente al de un civil, y así mismo debería ser la forma como debe comportarse en escenarios de protesta social, la ciudadanía también debe respetar el ejercicio de la prensa. Estos agresores pueden ser manifestantes o civiles a favor o en contra de la protesta social.

TOTAL: 79 AGRESIONES / 93 VÍCTIMAS

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10 categorías de agresión:

1. Agresión física
2. Amenaza
3. Daño a la infraestructura
4. Estigmatización
5. Exclusión
6. Hostigamiento
7. Obstrucción al trabajo periodístico
8. Robo o eliminación del material periodístico
9. Acciones arbitrarias en redes sociales
10. Espionajes o invasión