La periodista Claudia Julieta Duque hizo entrega de su esquema de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras las reiteradas violaciones a sus datos personales. La UNP usó el esquema proporcionado a la periodista para recolectar y manejar datos sensibles. Esta situación es un claro incumplimiento del Estado colombiano a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la vida, integridad y libertad de expresión de la periodista.

El 27 de octubre de 2021, la FLIP alertó sobre la recolección de manera masiva y sin autorización de datos altamente sensibles de la periodista por medio de un dispositivo GPS instalado en el vehículo que hace parte de su esquema de protección. Dentro de la información recolectada se incluyen direcciones exactas y localización de Google Maps. Esto pone en riesgo la seguridad de la periodista, sus familiares y sus fuentes periodísticas. Además, preocupa que la UNP no haya garantizado el acceso a la información ni proporcionado alternativas para la protección de la periodista.

El 11 de noviembre la UNP respondió a un derecho de petición enviado por la FLIP en el que solicitamos información sobre el uso y la protección de los datos que se recolectan por medio de los dispositivos GPS. Según la entidad, la información era de carácter reservado, pero desconoce que los datos que solicitó la FLIP son de carácter general y estadístico, y no comprometen información privada de las personas protegidas. Por eso, el 17 de noviembre se presentó un recurso de insistencia, del cual se desconoce el trámite que haya adelantado la entidad. 

A raíz de todos estos hechos, el 9 de diciembre la Cancillería convocó a una reunión con la periodista y Alfonso Campo, director de la UNP. En el encuentro discutieron sobre el uso de los GPS en los vehículos de la entidad y Claudia Julieta Duque solicitó que se retirara dicho dispositivo. Sin embargo, no se llegó a una solución concreta.

El 13 de diciembre de 2021 la periodista reiteró la solicitud del retiro del GPS del vehículo, por medio de un derecho de petición. Diez días después, la entidad negó la solicitud alegando que el GPS “es la única herramienta con la que cuenta la UNP, para poder controlar la actividad de protección de manera idónea y eficaz”.

Luego de tres meses de dar a conocer la denuncia y de agotar infructuosamente distintas vías para llegar a una solución que sea acorde a su situación de riesgo, Claudia Julieta Duque tomó la decisión de entregar el vehículo de protección a la UNP. 

Esta es la segunda vez que se vulneran los derechos fundamentales de la periodista por medio del esquema de protección asignado por el Estado, pues anteriormente Claudia Julieta ya había sido víctima actividades de vigilancia realizadas por parte de los hombres de protección asignados al esquema que pertenecían al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La FLIP manifiesta su preocupación por la situación de seguridad de la periodista, que puede agudizarse por la falta de adopción de medidas de protección integrales por parte del Estado. Por eso, le solicitamos a la CIDH que realice un seguimiento especial a las medidas cautelares otorgadas a favor de la periodista, en el que evalúe los riesgos del uso de tecnologías en el mecanismo de protección, y reitere al Estado a que las mismas sean concertadas con la beneficiaria y acordes a su situación de riesgo. 

Al periodista Martín La Rotta lo recuerdan como un hombre comprometido con la comunidad, alegre y jovial. Era la voz crítica de San Alberto, César, donde fue asesinado el 7 de febrero del 2004. Todo porque Martín decidió hacerles frente a los paramilitares.

Martín empezó a hablar con las personas del municipio y hacer declaraciones en contra del paramilitarismo en la emisora Las Palmas Estéreo, del cual era gerente y propietario. Y fue así, como se convirtió en su enemigo.

En la FLIP no olvidamos a Martín, gracias por recordar con nosotros.

La asignación de la pauta oficial se ha convertido en uno de los factores más determinantes en la autocensura. Esto se acentúa por la falta de una legislación adecuada y, al ser, en muchos casos, la mayor fuente de ingresos de los medios de comunicación. Es necesario encontrar soluciones concretas en las que participen otros actores de la sociedad civil, como universidades, periodistas y agremiaciones locales. 

La publicidad oficial es una herramienta legítima e importante para la comunicación entre los Gobiernos y la ciudadanía. Su principal objetivo es servir de puente y así informar y promover políticas públicas, obligaciones y deberes de la ciudadanía o situaciones de urgencia que se presenten. Sin embargo, la ausencia de un marco legal regulatorio claro ha desdibujado la naturaleza de estos objetivos, transformándola en un mecanismo para la autopromoción de gobernantes y de presión económica para castigar las líneas editoriales de los medios de comunicación. Así, la asignación de la publicidad oficial es, después de la violencia, el segundo factor más determinante de censura y autocensura en el periodismo colombiano. 

De acuerdo con la información recaudada por el proyecto Pauta Visible de la FLIP, entre 2016 y 2020, 75 entidades de todo el país invirtieron cerca de 860 mil millones de pesos en contratos de publicidad oficial. Se trata de una billetera con recursos públicos que tiene una influencia determinante en la economía de las empresas periodísticas generando interrogantes frente a las garantías que tienen los medios para mantener su independencia editorial. }

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

En varias regiones del país, donde la publicidad privada es mínima, los ingresos de la publicidad oficial pueden suponer el 70% o el 80% de los ingresos totales de un medio. El impacto de estos recursos en la economía de las empresas periodísticas se ha convertido en una suerte de subsidio encubierto para medios de comunicación. Por lo tanto, abordar la regulación de la pauta oficial también implica entender la necesidad de poder reemplazar esos ingresos bajo otro modelo. 

Adicionalmente, la legislación actual, que se resume en el artículo 10 del Estatuto Anticorrupción y en un decreto reglamentario del mismo, deja muchas puertas abiertas para la asignación discrecional de estos recursos, su difícil trazabilidad y, en general, una ausencia de principios protectores de la libertad de expresión que profundizan los problemas ya descritos. La FLIP ha identificado patrones y abusos en la asignación de publicidad oficial a través de diferentes investigaciones que dan luces sobre un asunto determinante para la sostenibilidad de los medios de comunicación, para la garantía del acceso a la información de la ciudadanía y, en últimas, para la libertad de expresión. 

Así, debe partirse de la base de que hay un problema ya evidente por años al que no se le ha brindado una solución concreta, ni suficiente atención desde las diferentes ramas del poder, particularmente desde el legislativo y el ejecutivo. A pesar de los intentos por instaurar buenas prácticas en algunas administraciones, hacen falta mecanismos vinculantes que atiendan la situación en todos los niveles de la administración pública en el país. Estas reformas, toda vez que tocan puntos neurálgicos del sistema de financiación mediático, se deben hacer de manera consensuada, progresiva y que integren ejercicios de socialización que cuenten con la participación de otros actores de la sociedad civil, como universidades, periodistas y agremiaciones locales. 

La pauta perdida 

• Preponderancia de la contratación directa: la contratación directa, si bien no es ilegal, es nociva para asegurar la objetividad y transparencia de los procesos. En el 2020 la FLIP encontró que de 800 contratos celebrados entre el 2016 y 2019, en promedio entre el 50% y el 60% fueron asignados directamente. La gobernación que más recursos de publicidad oficial gastó realizó el 91% de sus contrataciones directamente. 
  
  
• Se desdibuja el propósito de la publicidad oficial: en 2018 la FLIP y la Misión de Observación Electoral (MOE) analizaron los mensajes de publicidad oficial ordenados por diez alcaldías del país. De 2128 mensajes, 1237 (58%) tenían una intención de autopromoción. En varios casos se invierten recursos públicos en autopromoción de los mandatarios y no en información. 
• Compra de contenidos: en el 2019 una gobernación gastó más de 350 millones de pesos en contratar a un medio de comunicación nacional para la difusión de ediciones especiales con material favorable a la administración sin rótulos de publicidad pagada. Esta práctica, conocida como content marketing, hace pasar como información lo que en realidad es propaganda.
  
  

Los países que han regulado la pauta

• Hay ejemplos de regulación valiosos en varios países, como Canadá, Perú o España. Todos coinciden en hacer explícita la definición de publicidad oficial, sus fines, prohibiciones específicas, criterios y procedimientos para hacer efectiva la contratación pública. 
  
  
• Canadá dispuso la creación de comités específicos que sirven como filtro para todos los procesos de contratación estatal de publicidad.
  
  
• En España, la ley prohíbe que aparezcan personalmente voces o imágenes de funcionarios públicos de elección popular en los mensajes publicitarios del Estado. 
  
  
• En Uruguay, se estableció la creación de la Unidad para la Asignación de Publicidad Oficial (UPAO), una instancia con tres representantes: uno del Gobierno y dos elegidos por el legislativo en función de su experiencia, calidades e independencia. En el anteproyecto la UPAO está destinada al monitoreo, control y asesoramiento de los procesos de publicidad oficial. 

Las declaraciones estigmatizantes contra periodistas por parte de funcionarios del Estado con alta influencia en la opinión pública tienen un impacto nefasto en la seguridad y en las garantías de las que debería gozar la prensa. Es urgente que esto cambie. Los mensajes que emiten los dirigentes deben ayudar a fortalecer el derecho a la libertad de expresión.

Asustar con asfixiar a la prensa ha dejado de ser una actitud que genera mayores inconvenientes ante la opinión pública. Por el contrario, el discurso de poner límites a las y los periodistas es cada vez más reiterativo por parte de los representantes del Estado. Incluso, resulta atractivo para diversos sectores de la ciudadanía.

En los últimos años, han sido varios los casos en los que dirigentes políticos, funcionarios públicos o autoridades colombianas han denigrado, intimidado o amenazado a los medios de comunicación sin recibir ningún tipo de penalidad. Esa ola de represión, que también es global, ha convertido al periodismo en una piñata ideológica y ha permeado las garantías legales para el ejercicio periodístico, a pesar de ser protegidas de manera clara por la Constitución.

A esto se suma una larga lista de problemas estructurales en el periodismo colombiano y que durante décadas han sido eclipsados por otros asuntos en las agendas de los últimos gobiernos.

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En una era de noticias falsas y de debilitamiento de los mecanismos democráticos, esta problemática no puede continuar invisible en el debate público. En particular, teniendo en cuenta lo difícil que resulta para los medios de comunicación preservar su profesionalismo en un entorno tóxico amenazado por la violencia, la crisis económica y en el que proliferan las campañas selectivas de desinformación y estigmatización para desacreditar la labor de las y los periodistas.

Para que puedan trabajar en un entorno seguro y propicio, el próximo gobierno de Colombia deberá implementar una política pública que garantice y fortalezca el derecho a la libertad de expresión y de información de quienes ejercen el periodismo en el país.

Este plan que debe estar llamado a restaurar el ecosistema del periodismo, entre otras cosas, deberá tener suficiente reconocimiento público y tener claro que estos nuevos programas no sólo tienen que ser aprobados sino implementados. Es necesario recordar que, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el Ministerio del Interior trabajó en la elaboración de una política pública de libertad de expresión. Sin embargo, y después de cuatro años de trabajo, ese documento terminó archivado.

Esta política deberá reconocer abiertamente que el periodismo es un servicio público cuando provee información de alto interés para la ciudadanía y deberá adoptar acciones claras con las que el Estado garantizará que las y los periodistas, que trabajan en los medios de comunicación, gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad. Para liderar ese trabajo será ideal que la próxima cabeza del ejecutivo designe, de manera temporal, a un enviado presidencial especial para la libertad de prensa.

La proyección de esa política pública sobre libertad de expresión también deberá contar con la participación de los diferentes miembros del sector y de las audiencias, para así recoger los insumos suficientes que permitan complementar un diagnóstico actual, que entre otros asuntos, incluye las siguientes problemáticas:

1. Adoptar medidas para prevenir, proteger y garantizar justicia en los crímenes contra periodistas y así acabar con el ciclo violento de la impunidad.
   
   
2. Defender la libertad de expresión en línea, evitar la censura por parte del Estado y promover la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas.
   
   
3. Replantear el modelo de los medios públicos de tal manera que se garantice su gobernanza e independencia.
   
   
4. Atender las consecuencias del conflicto armado contra la prensa: memoria y reparación.
   
   
5. Implementar nuevas medidas de sostenibilidad de los medios que garanticen su independencia y el acceso a la información por parte de los ciudadanos.
   
   
6. Promover la comunicación ciudadana en un país silenciado y respaldar a medios de comunicación que garanticen la comunicación propia y el  pluralismo.
   
   
7. Revisar las condiciones desfavorables en la contratación de la publicidad oficial, promover su transparencia y blindar para que estos contratos no amenacen la independencia editorial de los medios.

El éxito del buen periodismo, el que es responsable, no dependerá solo de resolver algún aspecto en particular sino de atender todo su ecosistema. No se trata solamente de procurar garantías como el respeto a los derechos fundamentales y a la libertad de los medios, también resulta necesario atender la desfinanciación del sector para garantizar genuinamente el periodismo independiente.

Esa tarea es urgente, crítica y exigente, pero puede comenzar con unos pocos pasos muy visibles que incluyen que quienes se conviertan en los próximos funcionarios públicos, y especialmente el próximo presidente, se pronuncien enérgicamente en defensa de la libertad de prensa. 

Es necesario adoptar, en cabeza del gobierno nacional, una narrativa favorable con la libertad de prensa que permita contrarrestar la violencia contra las y los periodistas. Los funcionarios públicos deben reconocer de manera pública el rol social de la prensa como guardián de la democracia. Ello implica abstenerse de hacer declaraciones falsas que ataquen la integridad de periodistas y trabajadores de medios de comunicación  y procurar un mejor acceso a la información pública. Esto permitirá reconocer el papel fundamental que desempeña la prensa al brindar información confiable, precisa y oportuna.

El momento exige pensar en trascender a los esfuerzos voluntarios del pasado. Reparar el periodismo requiere del apoyo público, específicamente, de un respaldo por parte de quienes integren el próximo Congreso y de quien llegue a ocupar la Presidencia. 

Recuerdo la noticia de un video viral: un criminal violó a unas niñas y grabó el delito. El video llegó a las redes sin saber cómo. Miles de personas “para condenar el horrendo crimen” lo compartieron y al hacerlo revictimizaron a las niñas y se volvieron cómplices del violador. Algunos medios lo publicaron y obtuvieron alto tráfico digital porque muchos querían ver el video del delito que decían condenar.

En más de la mitad del país no existen medios de comunicación que produzcan información local. Esto, sumado a las precarias condiciones de conectividad, ha instalado el silencio informativo y un riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

Según los datos de 2019 de la investigación Cartografías de la Información, los desiertos de información en el país se extienden por 666 municipios, y de acuerdo con el último informe trimestral del sector TIC publicado por MinTIC, Bogotá D.C. es el territorio con mayor penetración de Internet fijo con apenas el 27.5%. Mientras que 18 departamentos no llegan al 10% de penetración, entre ellos: Guaviare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Arauca, Nariño, Magdalena, Chocó, Córdoba y Cauca. Adicionalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó su ranking más reciente de países donde hay acceso a por lo menos un computador por hogar, Colombia está en el último puesto. 

La imposibilidad de establecer un ecosistema plural impide el debate público local y dificulta que se consolide la democracia en lugares que han sido históricamente precarizados y silenciados. Una de las alternativas más valiosas para hacer frente a esta situación está en la comunicación comunitaria de voces organizadas que dinamizan el debate en los territorios. Sin embargo, el modelo actual no termina de cumplir su función a cabalidad, pues sus problemas estructurales ponen en jaque la posibilidad de consolidar medios comunitarios sostenibles y legítimos. 

Para la muestra, un botón: la radio comunitaria. La radio es el medio con mayor alcance en todo el país, allí donde no llega internet ni televisión es probable que sí llegue una frecuencia radial, pues cubre alrededor del 95% del territorio nacional. Hay más de 600 emisoras comunitarias. Incluso, con ocasión del Acuerdo de Paz, se abrieron dos nuevas convocatorias para radios comunitarias y étnicas. A la fecha hay 74 en funcionamiento. A eso se le suman las emisoras de paz que transmiten en once zonas. Aunque no son comunitarias, ilustran la importancia de la radiodifusión para la construcción de paz. 

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Sin embargo, las emisoras comunitarias sobreviven a pesar de: (i) Una regulación restrictiva que las categoriza como emisoras Clase D con la menor de las potencias y por ende, poco alcance y cobertura. (ii) Desigualdad de condiciones frente a emisoras comerciales y emisoras de la fuerza pública. En varias ocasiones no logran transmitir en todo el municipio. (iii) Procesos burocráticos que no atienden los contextos diferenciados que viven las organizaciones comunitarias. (iv) Altas cargas financieras que dificultan la sostenibilidad: pagos de servicios, arriendos, licencias y SAYCO y ACINPRO, entre otros. (v) Falta de capacitación técnica y acompañamiento institucional, y (vi) Dependencia de la publicidad oficial que en ocasiones obliga a la autocensura para asegurar recursos. 

La comunicación comunitaria tiene el potencial de dar lugares de enunciación y participación a las comunidades, de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. Sin embargo, se ha encontrado constantemente escalando un muro de obstáculos a los que la institucionalidad no responde. Organismos como la CIDH han establecido que los procesos de asignación deben hacerse mediante procedimientos especiales que no exijan requisitos tecnológicos severos. Asimismo, otras condiciones discriminatorias son las limitaciones injustificadas de potencia, contenidos, cubrimiento territorial o acceso a fuentes de financiamiento. 

En Colombia, aparecen varias de las anteriores condiciones que impiden la consolidación de una radio comunitaria robusta y sostenible. Le corresponde al Estado evaluar la regulación existente, y más que simplemente limitarse a otorgar licencias, velar porque a estas se les dé buen uso, por brindar capacitación y herramientas para que los medios comunitarios cumplan con el rol fundamental que requiere un país en silencio.

El dial perdido

• Entre el 2019 y el 2020 el Gobierno nacional abrió convocatorias para emisoras comunitarias y con enfoque étnico, después de diez años de inactividad en este campo. En la primera, 188 emisoras fueron declaradas viables. Sin embargo, solo 74 están funcionando. Diez viabilidades fueron canceladas por el MinTIC porque no pagaron a tiempo los derechos de concesión. 
  
  
• En la segunda convocatoria, la de emisoras con enfoque étnico, 116 propuestas fueron evaluadas y solo quince cumplieron con los criterios establecidos por el MinTIC.
  
  
• Las emisoras del Ejército llegan a tener hasta 15 kW de potencia (ninguna tiene menos de 1 kW), mientras que las comunitarias tienen una potencia restringida en la mayoría de casos a 0.25kW. Esto ilustra la disparidad en las condiciones que afecta a la radio comunitaria.

A pesar de su función e importancia social, la televisión pública enfrenta varios desafíos para mantenerse al aire. Sus puntos más débiles: una financiación desequilibrada, una gobernanza débil, la centralización de poderes en el MinTIC, la ausencia de contenidos digitales y la notable diferencia entre canales regionales y nacionales.

Para conocer un poco más sobre este panorama conversamos con Marcela Benavides, quien tiene más de 20 años de experiencia en el sector. Exdirectora de Señal Colombia y actual líder de ciudadanía, cultura y educación de Canal Capital. La independencia, el financiamiento y la necesidad de que la ciudadanía reconozca y se apropie de los canales son los temas clave.

FLIP: ¿Cuáles son las fortalezas y falencias que presentan los medios públicos, específicamente en la televisión?

Marcela Benavides (M.B): Los medios públicos hacen un gran aporte porque tienen unas miradas que los privados no: atienden realidades culturales, sociales y educativas que completan una visión mucho más plural, y consideran a los ciudadanos como personas y no como consumidores. Pero sucede que tienen desarrollos muy desiguales dependiendo de si son regionales o nacionales. He estado en Señal Colombia y Canal Capital, y los presupuestos y la forma de trabajo son diferentes porque Señal Colombia recibe financiación estatal, mientras que los regionales deben vender servicios para complementar el presupuesto que les da MinTIC. 

FLIP: ¿Cómo calificaría la regulación actual sobre medios públicos en Colombia?

M.B: Con la última ley hubo una concentración de poderes en el MinTIC, que además de ser parte de las decisiones y de la financiación, está centrado en las mesas de regulación. Antes no era perfecto, pero por lo menos estaban separados y creo que eso causa dificultades. 

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FLIP: En noviembre del año pasado, el MinTIC aseguró que la inversión en televisión pública ascendió a más de 300 millones de pesos. Para muchos, la financiación sería una solución a las falencias actuales, pero ¿qué otros incentivos necesitan los medios públicos para su sostenimiento? 

M.B: Las vigencias de los recursos y la posibilidad de usarlos. Por ejemplo, MinTIC abre un presupuesto en enero para que los canales hagan unas convocatorias públicas hasta, aproximadamente junio. Quedarían solo seis meses (si el plazo alcanza el 31 de diciembre) para entregar los proyectos. La producción de televisión de mayor complejidad y calidad necesita más tiempo. 

Hace unos diez años, cuando estaba en Señal Colombia y lanzamos el mercado de coproducción, teníamos recursos privados, nacionales e internacionales para hacer proyectos y logramos que duraran 18 meses. Tampoco es el tiempo ideal, pero para hacer proyectos con mayor envergadura y complejidad narrativa, o desarrollos transmediales, se necesita más tiempo. 

FLIP: Otra propuesta en auge son los contenidos digitales. Sin embargo, vivimos en un país con un bajo índice de conectividad. ¿Cómo promover esta iniciativa y acercar a nuevas audiencias?

M.B: Hay algo particular, y es que todavía no se tiene el desarrollo de contenidos nativos digitales y no hay una financiación específica hacia allá. Todo pasa por el embudo de la TV abierta, y eso hace que no se estipulen proyectos muy grandes, excepto RTVC que tiene RTVC Play. Pero los canales regionales estamos en YouTube o tenemos unos sitios web bastante arcaicos en comparación con otras ofertas digitales. 

Con la cuarentena subieron las audiencias en los canales privados y públicos, pero volvieron a bajar hace varios meses con el retorno a las actividades presenciales. ¿Qué lecciones deja esto? Identificamos una mayor audiencia en niños y madres que necesitaron la TV educativa en casa, y atendimos estratos más populares que no tienen acceso a la conectividad. 

Lo que falta es hacer más promoción, más publicidad para que la gente sepa qué puede encontrar en esta TV. La gente no confía en que puede encontrar contenidos valiosos, entretenidos y pertinentes en la TV pública. Pero cuando encuentran por casualidad o por necesidad, como ocurrió con la cuarentena, descubren cosas que les gustan. 

FLIP: Se han presentado varios casos que afectan la independencia de los medios públicos: Juan Pablo Bieri en RTVC, Telemedellín y Telecafé. ¿Cómo prevenir estos hechos y ganar independencia?

M.B: En primer lugar, haciendo unos planes estratégicos sobre el tipo de contenidos que se quieren producir a largo plazo; un plan con valores, principios y objetivos anuales que estén blindados. También podría darse alguna veeduría de independencia editorial, así como se revisan con los contratos y los procesos para que no haya corrupción. En RTVC, antes de lo de Bieri, había una cantidad de protocolos que diseñamos para evitar esa intromisión a la independencia. 

La independencia también se pierde si las decisiones creativas y de pensamiento quedan en cabeza de los gerentes o de los presidentes, que en realidad no deberían determinar los contenidos. Además, los gerentes no deberían seguir siendo nombrados por los gobernantes de turno, sino por concurso o un equipo técnico especializado e independiente, y por un periodo que sobrepase los cuatro años del gobernante. La participación plural ayuda a mantener esa independencia editorial. 

FLIP: ¿Qué otras sugerencias propone para garantizar un modelo plural e incluyente en los medios públicos?

M.B: Insisto en la planeación a largo plazo, con unos principios de pluralidad, inclusión y diversidad pero que también tenga en cuenta las necesidades de las regiones. Por ejemplo, en Telepacífico el canal Origen, que es afro, es un acierto teniendo en cuenta el gran número de población afro en la región del Pacífico.

Así mismo, sería una riqueza que los canales públicos no solamente estén circunscritos a la regionalidad sino también a intereses editoriales que sean pertinentes para la realidad actual. En Canal Capital, por ejemplo, estamos haciendo énfasis en el trabajo feminista, con mirada y perspectiva de género, y también en la infancia. Para fortalecer estas apuestas se debe tener diálogo con lo internacional y contar con adquisiciones porque los canales regionales no tenemos la misma capacidad de compra de licencias extranjeras como las que tiene Señal Colombia. 

FLIP: Sobre esas otras realidades, ¿qué referentes internacionales en televisión conoce?

M.B: Los canales argentinos como Encuentro, que tiene muchas lecciones sobre innovación porque tienen procesos de producción que duran meses y años para poder hacer contenidos de muy alta calidad. Otro gran ejemplo es Pakapaka, que ha hecho un trabajo de innovación en los contenidos porque alcanzaron a hacer un parque temático en Buenos Aires en el que los próceres de Argentina eran los protagonistas y contaban la historia del país. Es un canal que ha logrado la apropiación de los contenidos fuera y dentro de las pantallas, la gente los quiere. Eso está lejos de ocurrir acá. Somos invisibles y si desaparecemos a nadie le importa.

Este es un problema de Estado. En los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en Colombia. La persistencia de los homicidios como la forma más severa de silenciamiento, prende alertas y reclama una respuesta estatal urgente e integral. Los impactos sociales por la falta de justicia en estos crímenes alimentan el ambiente de autocensura.

Los efectos más notorios de la impunidad son que (i) impide conocer la verdad sobre los hechos violentos, las razones, el alcance del riesgo y los responsables; (ii) se dejan de conocer los patrones de violencia y no se pueden adoptar medidas de prevención y de no repetición; (ii) no se consigue disuadir la repetición del crimen, pues la falta de sanción efectiva alimenta un ciclo de permisividad, además, somete al olvido las investigaciones periodísticas que originan los ataques; y (iv) la excesiva duración de las investigaciones en las agresiones contra periodistas agrava el efecto de la impunidad. 

El contexto de violencia contra la prensa y la impunidad han sido una constante en Colombia desde los años noventa. Al momento de dictaminar la responsabilidad del Estado colombiano en el caso del que fue víctima la periodista Nelson Carvajal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró “que ese contexto de homicidios de periodistas iba acompañado por altos índices de impunidad y de investigaciones que no desembocaban en la determinación y procesamiento de los responsables y que por ende seguían en la impunidad”. En 2021, en la sentencia del caso de Jineth Bedoya, la Corte IDH sostuvo que esta situación de violencia no ha sido superada y que se agudiza en la actualidad, pues es evidente que las agresiones violentas contra periodistas siguen siendo alarmantes y han aumentado en los últimos cinco años. 

En efecto, Colombia es de los pocos países donde en los últimos años ha aumentado el número de asesinatos a periodistas, contrario a la tendencia mundial registrada por la UNESCO. En los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el país, mientras que entre el 2011 y 2015 fueron asesinados siete. La persistencia de los homicidios como la forma más severa de silenciamiento prende alertas y demanda una respuesta estatal inmediata e integral.

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En la reciente decisión del caso de Jineth Bedoya, la Corte IDH estudió el problema estructural de la impunidad en los crímenes contra la prensa y explicó que el Estado no debe desligar el acceso a la justicia de las estrategias de prevención. En ese sentido, ordenó al Estado colombiano articular las estrategias de prevención y de investigación y procuración de justicia, pues el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan gozan de condiciones seguras. Además, indicó la necesidad de adoptar medidas diferenciadas, ya que los impactos de la impunidad no son iguales y se acentúan cuando las víctimas son mujeres.

Al respecto, una de las recomendaciones principales del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad es la coordinación de mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas de las causas profundas de la violencia contra periodistas.

En suma, el Estado debe comprometerse a investigar los crímenes contra la prensa ya que, ante la ausencia de la justicia, la convivencia democrática se ve profundamente distorsionada y los contextos de violencia se recrudecen. Permitir que se viole la ley impunemente alienta a que los violentos sigan cometiendo crímenes, promueve la repetición crónica de la violencia, genera un efecto inhibidor para la libertad de expresión y reduce la confianza pública en el Estado y su imparcialidad.

Para afinar y articular las acciones del Estado es indispensable estudiar el ambiente y formas de violencia actuales a partir de una lectura cualitativa, cuantitativa, seria, integral y actualizada de los contextos, patrones y actores. Para ello, en primera medida, se requiere crear un sistema de recopilación de datos y cifras que permita dar cuenta de los riesgos diferenciados e incorpore la información de todas las entidades del Estado. 

Dicho sistema deberá asegurar la disponibilidad, accesibilidad, independencia y transparencia para promover la investigación independiente y participativa de la academia y sociedad civil. También debe incorporar información registrada por la sociedad civil y promover la denuncia de los y las periodistas afectados. Esto puede ayudar a resolver el subregistro que se origina por la desconfianza en el Estado, pues la prensa ha sido objeto de distintas formas de violencia perpetrada por el Estado, y esto ha dificultado que se denuncie ante las autoridades ciertas formas de violencia.  

Compromisos versus estadísticas

1. Según la UNESCO, en los últimos 15 años, el 87% de los casos de periodistas asesinados no se ha resuelto o no se ha denunciado. Solo el 13% de los casos  registrados desde 2006 (aproximadamente uno de cada diez) se considera actualmente resuelto judicialmente.
   
   
2. La FLIP ha documentado 163 casos de periodistas asesinados en Colombia. La impunidad en estos casos alcanza el 78.8%. Esta cifra aumenta si se tienen en cuenta otros crímenes como las amenazas que llegan al 98% de impunidad. 
   
   
3. A la fecha, 92 casos han prescrito sin procuración de justicia. 
   
   
4. Esta negación de justicia propicia la autocensura y agrava la afectación de derechos como la libertad de expresión, prensa, garantías judiciales y vida. A la vez, esto puede constituir actos de tortura en contra de las víctimas por generar graves impactos en su integridad psíquica.
   
   
5. Colombia ha suscrito múltiples instrumentos comprometiéndose a promover medidas de prevención, investigación y sanción de la violencia contra la prensa e inclusive de toma de responsabilidad, todo con el fin de garantizar que los ataques no queden impunes. Sin embargo, casi cuatro meses después de la declaratoria de responsabilidad del Estado colombiano en el caso de Jineth Bedoya, no se conocen medidas que tiendan a cumplir con lo ordenado por la CIDH. 
   
   
6. Este año, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se pronunciará por primera vez sobre la muerte de tres periodistas. Colombia debería estar alerta de las recomendaciones que resulten en este proceso, pues seguramente los expertos darán recomendaciones concretas y específicas para abordar de manera integral la impunidad. Las decisiones del TPP no tienen implicaciones judiciales para los Estados, pero apelan a la conciencia ética de la humanidad para condenar graves violaciones a los derechos humanos y cambiar el rumbo de Estados y sociedades.

Durante el año pasado fuimos testigos del período más violento contra la prensa en años recientes en Colombia. El asesinato de un periodista demuestra que la prensa se sigue enfrentando a agresiones extremas sin garantías por parte del Estado. Este es un repaso por los momentos que marcaron la libertad de prensa del 2021. 

1. Asesinato de Marcos Efraín Montalvo

El 19 de septiembre fue asesinado Marcos Efraín Montalvo, un periodista veterano de Tuluá, Valle del Cauca. Su trabajo periodístico es recordado por las denuncias y críticas a la administración local. Su asesinato es el segundo que ocurre en menos de un año en el Valle del Cauca. Este contexto genera temor entre los y las periodistas de la región que ante estos hechos de violencia pueden verse obligados a autocensurarse y dejar de denunciar temas como los que cubría Montalvo. 

Por el asesinato ya fue capturado un menor de edad y la principal hipótesis de la Fiscalía General de la Nación es que el crimen fue motivado por el trabajo periodístico de Montalvo. 

2. Récord de periodistas agredidos en manifestaciones sociales

A lo largo del año registramos 359 agresiones a la prensa durante las manifestaciones sociales. Especialmente nos llama la atención el período entre el 28 de abril y el 19 de julio, en el que documentamos 304 agresiones contra periodistas y medios. En los contextos de protesta del 2021, la fuerza pública fue responsable del 63% de las agresiones. A pesar del compromiso institucional de investigar y sancionar a los responsables, hasta el momento, solo hay siete procesos abiertos y no conocemos de ninguna sanción a los responsables.

3. Ciberpatrullaje y vigilancia en línea

Durante el paro nacional el Ministerio de Defensa y la Policía iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según ellos, son noticias falsas que circulan en Internet. Esta política, que va en contravía de las indicaciones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, institucionaliza un discurso de estigmatización y censura arbitraria contra voces críticas del Estado que denuncian irregularidades de las instituciones. Preocupa la vigilancia y seguimiento que puedan hacer a usuarios de redes sociales y periodistas, en especial porque el país ya tiene antecedentes de perfilamientos a la prensa. 

Hasta ahora, ni el ministerio ni la Policía han asumido alguna responsabilidad y se escudan en decir que se trataba de una campaña pedagógica para hacer frente a las noticias falsas. 

4. Visita de la CIDH

En junio, la CIDH visitó Colombia y se reunió con periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo era recolectar información sobre las múltiples violaciones a derechos humanos durante el período de manifestaciones sociales. Luego de la visita, la CIDH publicó un informe con recomendaciones para el Estado colombiano. Algunas de ellas: asegurar la protección de periodistas, no intervenir en el libre funcionamiento de los medios, abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura, brindar información sobre el funcionamiento de las redes de Internet y que la Policía deje de categorizar contenidos como verdaderos o falsos. 

El Gobierno rechazó algunas de las recomendaciones y dejó entrever su falta de disposición en la implementación de las mismas. 

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

5. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso Jineth Bedoya

Después de más de 20 años en búsqueda de justicia, en octubre de 2021 la Corte IDH condenó al Estado colombiano por el secuestro, la tortura y la violación de Jineth Bedoya. La sentencia es histórica porque representa un gesto de justicia para todas las víctimas de violencia sexual en el conflicto.

En su fallo, la corte le ordena al Estado investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra Bedoya; llevar a cabo una política integral para la protección de los y las periodistas; la creación del Centro Investigativo No es Hora de Callar; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre violencia de género, amenazas y violencia contra periodistas y defensores(as) de derechos humanos; y la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.

6. Acoso judicial: los casos de Vicky Dávila y Cecilia Orozco

Durante el 2021, el acoso judicial contra la prensa se incrementó. En abril conocimos la decisión en segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia que sentenciaba a la periodista Vicky Dávila a indemnizar al excomandante de la Policía, Jorge Hilario Estupiñán, por los cuestionamientos que hizo frente a un posible acto de corrupción de Estupiñán. Judicializar una opinión es un golpe contundente contra la libertad de expresión, pues en una democracia se deben proteger los discursos en todas sus formas y manifestaciones.

Por otro lado, se dio la sentencia a favor de Cecilia Orozco en un caso en el que el abogado Abelardo de la Espriella la acusó de dañar su honra y buen nombre. Aunque la decisión represente un alivio para el ejercicio de la prensa libre en Colombia, esta no elimina los efectos negativos que representó el proceso judicial para la periodista.

7. Interferencias y ataques a los medios

En marzo, el gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, realizó llamados de atención a los periodistas por la forma en la que se estaban emitiendo las noticias. Y en octubre, despidieron al director del sistema informativo de Telemedellín, Hernán Muñoz, como sanción a las críticas que realizaba a la Alcaldía de Medellín. Según el periodista, el nuevo gerente del canal habría dicho en una reunión de empalme que el noticiero “ya no sería para la gente, sino para defender al alcalde”.

Además, el alcalde Daniel Quintero arremetió contra el periódico El Colombiano, que ha realizado varias investigaciones sobre corrupción en la alcaldía. Les han desacreditado, por ejemplo, diciendo que el periódico es un “pasquín”. Por este hecho, a inicios de enero del 2022, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Quintero.

Estas intimidaciones son una carta blanca para que otras entidades y funcionarios dejen de lado su obligación de propiciar un clima óptimo para el periodismo.

8. MinTIC cancela ayudas económicas a medios

A inicios del 2021, el MinTIC anunció la entrega de 85.000 millones de pesos para la transformación digital y la reactivación económica de los medios. Sobre esto, la FLIP advirtió acerca de la necesidad de establecer mecanismos de evaluación independientes para dar mayor transparencia al proceso y establecer expresamente una cláusula de respeto a la libertad editorial de los medios. El MinTIC respondió que el proceso de evaluación sería objetivo y transparente, y que no debía haber preocupación alguna frente a posibles vulneraciones a la libertad de prensa. 

Sin embargo, en septiembre, se anunció la terminación anticipada del proceso de convocatoria. Supuestamente, ninguno de los 354 medios que participó cumplía con los requisitos, pero nunca se explicó por qué las propuestas no se ajustaban a los ejes de la convocatoria o por qué los presupuestos no se adecuaban a las condiciones del MinTIC. Así, el Estado dejó en vilo a un aproximado del 15% de los medios del país y se lavó las manos de su responsabilidad en apoyarles. 

9. La Cámara aprueba artículo que limita la libertad de expresión

En diciembre, las dos cámaras del Congreso aprobaron un artículo que amenazaba la libertad de prensa, pues imponía sanciones desproporcionadas para quienes injurien o calumnien a funcionarios o exfuncionarios públicos. A pesar de que días después fue eliminado, es sumamente alarmante que el Congreso haya aprobado en primera instancia una legislación regresiva contra la prensa, que desconoce los estándares internacionales, sofoca el debate público y crea un terreno fértil para la corrupción, pues le impide a la prensa y a las organizaciones civiles cumplir su rol de veedores.

10. Agresiones contra la prensa que caminan hacia la impunidad

El año pasado se cumplieron tres años del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. En mayo tuvo lugar el acto de perdón de alias “Cherry”, responsable del asesinato de los periodistas ecuatorianos. Sin embargo, el acusado mostró contradicciones en su relato y no evidenció un interés de revelar la verdad del crimen. Es clave que se dé una reparación a través de espacios de perdón que esclarezcan la verdad y eviten nuevos gestos de revictimización.

Por otro lado, en enero la CIDH concedió medidas cautelares a favor del periodista Ricardo Calderón por las agresiones de las que fue víctima en el caso de perfilamiento a periodistas por parte de miembros del Ejército. Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría no han avanzado en las sanciones a los responsables, con lo cual se evidencia la falta de interés estatal en avanzar en el esclarecimiento del caso.