La identificación y reconocimiento de los hechos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, así como de las afectaciones al oficio periodístico y las consecuencias para la sociedad es una tarea que, pese a los avances, persiste inconclusa. Es una necesidad pendiente que implica memoria, verdad, justicia y reparación al oficio periodístico. 

Colombia ha sido uno de los países con mayores riesgos para ejercer el periodismo en el mundo: 162 periodistas han sido asesinados por razones vinculadas a su oficio entre 1977 y 2021. Esta cifra, consolidada por la prensa, la academia y organizaciones sociales, muestra solo una parte de la dimensión de la violencia sobre el periodismo en el país, que en el contexto del prolongado conflicto armado incluye secuestros, desplazamientos, exilios, amenazas, estigmatizaciones, hostigamientos, entre otras agresiones. La violencia no solo ha sido dirigida a los y las reporteras, también ha impactado sobre una larga cadena de colaboradores que nutren los procesos informativos. 

En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que existen siete macro casos abiertos, hasta la fecha no se han priorizado hechos victimizantes sufridos por los y las periodistas en el marco del conflicto armado interno. Si bien, en el caso 01, Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC-EP, se analizó la situación de un periodista retenido, la JEP no se refirió a las afectaciones a nivel individual y colectivo del derecho a la libertad de expresión. Aunque la JEP organizó un seminario sobre violencia contra periodistas en 2019, en el que se analizaron los contextos de los crímenes y los retrocesos en materia de investigación, a la fecha no se han promovido más espacios de esa naturaleza.

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Hay otros antecedentes relevantes. En 2012, se anunció el comienzo del proceso de reparación colectiva a periodistas por parte de la Unidad para las Víctimas; en este se reconoció a la prensa como víctima del conflicto armado y consideró que la violencia en su contra no solo generó afectaciones individuales, sino también colectivas. En 2014, se oficializó a la comunidad de periodistas como un sujeto de reparación colectiva, el cual, según cifras de la Unidad para las Víctimas, contempla unas 400 mil personas en todos los departamentos del país. En este proceso, que está por cumplir una década, tan solo el ejercicio de diagnóstico de los impactos y los daños colectivos al periodismo ha tomado más de seis años. La FLIP participó de varias mesas de trabajo con la Unidad de Víctimas y con periodistas entre 2012 y  2015, pero ante la ausencia de un plan detallado, la Fundación decidió apartarse del proceso.

En 2015, el Centro Nacional de Memoria Histórica, con apoyo de la FLIP, presentó el informe La palabra y el silencio, una investigación que mostró las principales características, dinámicas, lógicas y patrones de la violencia ejercida contra medios y periodistas desde 1977 hasta 2015. Los asesinatos, secuestros, desplazamientos, violencia sexual, entre otros hechos de violencia, fueron recopilados en este trabajo al que contribuyeron con su testimonio varios profesionales que habían sido víctimas del conflicto. Este informe evidenció que la información periodística era objeto de persecución por parte de todos los actores armados involucrados en el conflicto. 

Desde 2017, la Comisión de la Verdad adelanta procesos de escucha e investigaciones que dan cuenta, entre otras, de afectaciones contra medios y periodistas, y que servirán de insumo para el informe final de la Comisión, que brindará un análisis más completo de las motivaciones que llevaron a actores armados a atentar contra la prensa.

El relato amplio y complejo de la violencia contra el periodismo en Colombia debe dar señales claras del porqué el control de la información es esencial para el ejercicio del poder por parte de actores violentos; de cómo, para qué y quiénes fueron protagonistas de esa persecución; y de cómo las líneas de continuidad de las censuras tienen relación con esas violencias, que pese a sus modificaciones, siguen presentes en muchas zonas del país, alterando el sano ejercicio de informar lo que acontece, nos interesa y preocupa como sociedad.

Resarcir las heridas del periodismo violentado requiere de más acciones concretas y menos actos de protocolo. No se trata de brindar  anuncios institucionales empáticos y pomposos, como ha sucedido en determinados momentos, sino de permitir que las nuevas generaciones gocen de la posibilidad de expresarse libremente, de no seguir cargando las censuras y la violencia como una pesada herencia. 

La mayoría de las agresiones a la prensa durante el 2021 fueron perpetradas por miembros de la fuerza pública durante las jornadas de protestas sociales. En otros momentos la presión vino por parte del acoso judicial, las amenazas y las restricciones de acceso a la información impuestas sin razón por funcionarios e instituciones estatales. Las siguientes son las estadísticas de agresiones que registró la FLIP el año pasado.

Total agresiones*: 684 

Total víctimas: 768 

*En un solo episodio de agresión puede haber más de un periodista víctima.

1. 172 amenazas

La amenaza ha sido por muchos años una de las formas predilectas para atacar a la prensa. En el 2021 hubo un incremento de casos con respecto al año anterior, cuando registramos 152. Las amenazas tienen diferentes consecuencias: desde la autocensura, hasta el abandono del ejercicio periodístico.

¿Quiénes amenazan a la prensa?

Fuerza pública: 18 casos.

Particulares: 52 casos.

Desconocidos: 56 casos.

2. 168 agresiones físicas

El 93% de las agresiones físicas a la prensa sucedieron durante el cubrimiento de las jornadas de manifestaciones, entre mayo y julio. Los periodistas fueron empujados, golpeados con puños, piedras, escudos y patadas e incluso algunos fueron apuñalados. En el 2021 registramos un gran incremento en los casos de agresión física, comparado con el 2020, cuando documentamos 30 casos.

3. 65 hostigamientos.

4. 57 obstrucciones al trabajo periodístico.

5. 4 atentados.

6. 1 asesinato.

7. 1 secuestro.

8. 43 obstrucciones de acceso a la información

El acceso a la información pública es un derecho fundamental de la ciudadanía y vital para el ejercicio de la prensa. Todos los días los periodistas solicitan datos e información a entidades del Estado para realizar veeduría sobre temas de alto interés público. Obstaculizar este derecho nos afecta como sociedad, pues tenemos menos insumos para tomar decisiones informadas.

En el 2021 registramos 42 casos en los que servidores públicos faltaron a su deber constitucional y se negaron a brindar información sobre temas como la gestión de la pandemia, de las manifestaciones sociales, contratación pública y administraciones locales. 

9. 36 casos de acoso judicial

Esta es una forma menos violenta físicamente de intimidar a la prensa, pero igual de efectiva y perjudicial. El acoso judicial impacta a los y las periodistas emocional, económica y socialmente. Les obliga a dejar de cubrir ciertos temas, por lo que se pierde veeduría en asuntos de alto interés público. 

¿Quiénes acosan judicialmente a la prensa?

Funcionarios públicos: 10

Particulares: 24

10.  137 agresiones de otras formas.

Los seis departamentos con más agresiones a la prensa:

1. Bogotá: 197
2. Antioquia: 90
3. Valle del Cauca: 81
4. Santander: 37
5. Cauca: 30
6. Tolima: 24
   
   

En la FLIP nos preocupa, especialmente, la situación de la prensa en Arauca y Norte de Santander. Allí, las agresiones a periodistas han aumentado sin que haya medidas de prevención y protección articuladas, diferenciadas y adaptadas a los diferentes contextos. En el 2020 la FLIP registró 13 agresiones contra la prensa en Arauca y otras 13 en Norte de Santander.  Para el 2021 se registraron 21 casos en cada departamento.

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Manifestaciones sociales 

Total agresiones: 359*

Total víctimas: 408 

*Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Solo entre abril y julio registramos 304 agresiones.

Las seis agresiones más frecuentes:

1. 155 agresiones físicas.
2. 58 amenazas.
3. 33 casos de obstrucción al trabajo periodístico.
4. 28 hostigamientos.
5. 19 robos o eliminación del material periodístico.
6. 16 detenciones ilegales.

La fuerza pública fue el mayor agresor de la prensa durante las jornadas de manifestaciones y se convirtió también en el máximo agresor de la prensa en todo el 2021. Tampoco hubo un respaldo público oportuno de las autoridades a la labor periodística.

Total de agresiones de fuerza pública durante todo el año: 247 

Total de agresiones de fuerza pública en contextos de protestas: 227

La asignación de la pauta oficial se ha convertido en uno de los factores más determinantes en la autocensura. Esto se acentúa por la falta de una legislación adecuada y, al ser, en muchos casos, la mayor fuente de ingresos de los medios de comunicación. Es necesario encontrar soluciones concretas en las que participen otros actores de la sociedad civil, como universidades, periodistas y agremiaciones locales. 

La publicidad oficial es una herramienta legítima e importante para la comunicación entre los Gobiernos y la ciudadanía. Su principal objetivo es servir de puente y así informar y promover políticas públicas, obligaciones y deberes de la ciudadanía o situaciones de urgencia que se presenten. Sin embargo, la ausencia de un marco legal regulatorio claro ha desdibujado la naturaleza de estos objetivos, transformándola en un mecanismo para la autopromoción de gobernantes y de presión económica para castigar las líneas editoriales de los medios de comunicación. Así, la asignación de la publicidad oficial es, después de la violencia, el segundo factor más determinante de censura y autocensura en el periodismo colombiano. 

De acuerdo con la información recaudada por el proyecto Pauta Visible de la FLIP, entre 2016 y 2020, 75 entidades de todo el país invirtieron cerca de 860 mil millones de pesos en contratos de publicidad oficial. Se trata de una billetera con recursos públicos que tiene una influencia determinante en la economía de las empresas periodísticas generando interrogantes frente a las garantías que tienen los medios para mantener su independencia editorial. }

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En varias regiones del país, donde la publicidad privada es mínima, los ingresos de la publicidad oficial pueden suponer el 70% o el 80% de los ingresos totales de un medio. El impacto de estos recursos en la economía de las empresas periodísticas se ha convertido en una suerte de subsidio encubierto para medios de comunicación. Por lo tanto, abordar la regulación de la pauta oficial también implica entender la necesidad de poder reemplazar esos ingresos bajo otro modelo. 

Adicionalmente, la legislación actual, que se resume en el artículo 10 del Estatuto Anticorrupción y en un decreto reglamentario del mismo, deja muchas puertas abiertas para la asignación discrecional de estos recursos, su difícil trazabilidad y, en general, una ausencia de principios protectores de la libertad de expresión que profundizan los problemas ya descritos. La FLIP ha identificado patrones y abusos en la asignación de publicidad oficial a través de diferentes investigaciones que dan luces sobre un asunto determinante para la sostenibilidad de los medios de comunicación, para la garantía del acceso a la información de la ciudadanía y, en últimas, para la libertad de expresión. 

Así, debe partirse de la base de que hay un problema ya evidente por años al que no se le ha brindado una solución concreta, ni suficiente atención desde las diferentes ramas del poder, particularmente desde el legislativo y el ejecutivo. A pesar de los intentos por instaurar buenas prácticas en algunas administraciones, hacen falta mecanismos vinculantes que atiendan la situación en todos los niveles de la administración pública en el país. Estas reformas, toda vez que tocan puntos neurálgicos del sistema de financiación mediático, se deben hacer de manera consensuada, progresiva y que integren ejercicios de socialización que cuenten con la participación de otros actores de la sociedad civil, como universidades, periodistas y agremiaciones locales. 

La pauta perdida 

• Preponderancia de la contratación directa: la contratación directa, si bien no es ilegal, es nociva para asegurar la objetividad y transparencia de los procesos. En el 2020 la FLIP encontró que de 800 contratos celebrados entre el 2016 y 2019, en promedio entre el 50% y el 60% fueron asignados directamente. La gobernación que más recursos de publicidad oficial gastó realizó el 91% de sus contrataciones directamente. 
  
  
• Se desdibuja el propósito de la publicidad oficial: en 2018 la FLIP y la Misión de Observación Electoral (MOE) analizaron los mensajes de publicidad oficial ordenados por diez alcaldías del país. De 2128 mensajes, 1237 (58%) tenían una intención de autopromoción. En varios casos se invierten recursos públicos en autopromoción de los mandatarios y no en información. 
• Compra de contenidos: en el 2019 una gobernación gastó más de 350 millones de pesos en contratar a un medio de comunicación nacional para la difusión de ediciones especiales con material favorable a la administración sin rótulos de publicidad pagada. Esta práctica, conocida como content marketing, hace pasar como información lo que en realidad es propaganda.
  
  

Los países que han regulado la pauta

• Hay ejemplos de regulación valiosos en varios países, como Canadá, Perú o España. Todos coinciden en hacer explícita la definición de publicidad oficial, sus fines, prohibiciones específicas, criterios y procedimientos para hacer efectiva la contratación pública. 
  
  
• Canadá dispuso la creación de comités específicos que sirven como filtro para todos los procesos de contratación estatal de publicidad.
  
  
• En España, la ley prohíbe que aparezcan personalmente voces o imágenes de funcionarios públicos de elección popular en los mensajes publicitarios del Estado. 
  
  
• En Uruguay, se estableció la creación de la Unidad para la Asignación de Publicidad Oficial (UPAO), una instancia con tres representantes: uno del Gobierno y dos elegidos por el legislativo en función de su experiencia, calidades e independencia. En el anteproyecto la UPAO está destinada al monitoreo, control y asesoramiento de los procesos de publicidad oficial. 

Se cumplen 20 años del asesinato del periodista y subdirector del diario La Patria, Orlando Sierra, en Manizales, Caldas. De los 163 casos registrados de asesinatos a periodistas, este es el único en el que se ha condenado a toda la cadena criminal: desde autores materiales hasta determinadores. Sin embargo, tuvieron que pasar 17 años para que eso sucediera. En Colombia, la impunidad en casos de homicidios a periodistas alcanza el 78.8%.

El 30 de enero de 2002, mientras llegaba de almorzar junto a su hija, Orlando Sierra recibió dos disparos en frente de la sede del diario La Patria. Tras el ataque, Orlando fue trasladado de urgencia al Hospital de Caldas e intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, dos días después, el 1 de febrero, falleció. Orlando era el subdirector de La Patria y en su columna Punto de Encuentro denunciaba la corrupción en Caldas.

La justicia encontró como determinador del crimen a Ferney Tapasco, excongresista y exdirector del Partido Liberal en Caldas. Además, los hermanos Fabio y Jorge López Escobar fueron condenados como cómplices del homicidio. Luis Fernando Soto Zapata, el sicario, y Luis Miguel Tabares, el jefe de sicarios, fueron condenados como autores materiales. Así mismo, Luis Arley Ortiz Orozco y Francisco Antonio Quintero Tabares fueron condenados como coautores del crimen.  

Días después del homicidio, varios medios de comunicación, invitados por la FLIP, decidieron unir sus esfuerzos para investigar el crimen. En el caso de Orlando Sierra fue determinante la presión que ejerció la prensa para que se juzgaran a los responsables del asesinato. Sin embargo, la justicia tardó 17 años en llegar. 

Contrario a la disminución mundial de asesinatos a periodistas entre 2016 y 2020, que ha reportado Unesco, en Colombia en los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el país, mientras que entre el 2011 y 2015 fueron asesinados siete. 

Para encontrar justicia en crímenes contra periodistas es necesario que las entidades hagan un trabajo conjunto en la investigación de estos ataques, teniendo en cuenta el contexto de violencia diferenciada contra la prensa y las características regionales de cada caso. Además, es vital que los casos sean investigados sólidamente y, posteriormente, judicializados en plazos razonables, las dilaciones hacen que se pierda la posibilidad de juzgar debidamente a los responsables de los crímenes. 

Recientemente, se aprobó una nueva ley de seguridad ciudadana, en la que se incrementan las penas a quienes sean encontrados responsables de homicidios contra periodistas. Esta medida solo podrá contrarrestar la violencia en la medida que se reduzca el índice de impunidad y se concluyan los procesos en sanciones a toda la cadena de responsables. Para ello, es indispensable que la Fiscalía se enfoque en entender las particularidades de la violencia contra la prensa y en investigar diligentemente para dar con los determinadores y autores materiales de los asesinatos.

El legado de Orlando Sierra sigue vivo, en la redacción de La Patria y en sus compañeros, familiares y amigos. A continuación podrá ver un video realizado en conjunto con La Patria, en el que excompañeros recuerdan su trabajo y cómo éste impactó en ellos y en la sociedad caldense. 

También podrá escuchar nuestra cápsula de audio conmemorativa y navegar por la línea de tiempo de este caso. 

En la FLIP no olvidamos. 

Ayer, 19 de enero, en Saravena, Arauca, un carro bomba explotó frente al edificio Héctor Alirio Martínez, casa sede de las organizaciones sociales del Centro Oriente en Saravena, y donde opera el medio digital e impreso Trochando Sin Fronteras. Con esta explosión también se afectaron las instalaciones de Sarare Stereo, una emisora comunitaria con alta difusión en el municipio, que está ubicada a una calle del lugar de la explosión. Este atentado afecta el funcionamiento de estos dos medios. Es urgente que las autoridades locales y nacionales actúen conjuntamente con el fin de proteger el trabajo de las y los periodistas del departamento.

La Fundación para la Libertad de Prensa expresa su preocupación frente al ambiente de intimidación y autocensura contra la prensa que se origina en directivas y actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y que encuentran respaldo en las manifestaciones públicas del fiscal general Francisco Barbosa.

Ayer, la Fiscalía General de la Nación anunció en sus redes sociales, antes de haber procedido conforme a la ley y notificar a la víctima y a sus representantes, que profirió resolución de acusación como coautor en contra de Marco Javier Morantes Pico, investigado por el delito de secuestro simple cometido con circunstancia de agravación punitiva, por los hechos del 25 de mayo del 2000, de los cuales fue víctima la periodista Jineth Bedoya. 

Al respecto, manifestamos que la decisión de la Fiscal 189 de la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos es un avance mínimo en el marco de tan solo uno de los múltiples procesos penales en curso, en los que continúa primando la falta de debida diligencia investigativa e impunidad de los hechos que fue víctima Jineth.

Esta es una decisión tardía, que la fiscalía pudo haber adoptado hace años. En la resolución no se evidencia ninguna actuación nueva o prueba sobreviniente a lo que ya estaba incorporado en el expediente que ahora motive esta decisión. Tampoco hay novedad en la situación jurídica del investigado, pues la medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad fue dispuesta desde 2019 y confirmada en enero de 2020.

No es cierto, como se pretende hacer ver ante la opinión pública, que se trate de un avance sustancial. Por el contrario, es una forma muy limitada de garantizar el acceso a la justicia porque solo imputará el menor de todos los delitos por los que Morantes Pico puede ser responsable. La fiscalía dejó por fuera de esta investigación la responsabilidad por la violencia sexual y tortura en calidad de cómplice, a pesar de que el aporte de este fue esencial en la materialización del secuestro, dentro de un contexto de violencia sistemática contra mujeres periodistas, es decir, resultó fundamental para la materialización de los hechos de violencia sexual. Este error de calificación ya ha sido advertido por la representación de la víctima durante el proceso. 

Los avances de la fiscalía son restringidos: se sigue investigando el eslabón más débil y aún no se da cumplimiento a la orden de investigar la cadena de mando y los determinadores. Al respecto, el Estado colombiano sigue en mora de determinar la autoría intelectual de todos los hechos de los que fue víctima Jineth. La Corte IDH indicó que la investigación de casos complejos requiere “dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias”. 

Si bien esta decisión es un avance en una etapa procesal de un proceso contra uno de los presuntos responsables materiales, transcurridos más de 21 años desde los hechos, no se ha arrojado ningún resultado de la responsabilidad penal por la violencia sexual, la tortura y las amenazas contra la periodista. También siguen impunes las amenazas recibidas por la periodista como retaliación a su trabajo. A la fecha, no hay avances sustanciales en la línea de investigación que busca determinar si hubo participación de agentes estatales en los hechos objeto del presente análisis, como lo ordenó la Corte IDH.

• Más de 30 organizaciones a nivel global se unen para proteger a las personas defensoras de derechos humanos.
• El protocolo es respaldado por diversas expertas y expertos de la ONU y ex relatores y relatoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
• La iniciativa es liderada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL.
  
  

Washington DC, diciembre 16 de 2021. – Este jueves 16 de diciembre, más de 30 organizaciones en todo el mundo y expertas y expertos de derecho internacional, incluidos relatores y relatoras de la ONU, presentaron el Protocolo de la Esperanza. La primera herramienta internacional que promueve una respuesta efectiva a las amenazas contra personas defensoras de derechos humanos quienes protegen la democracia y los derechos a nivel global, de los cuales el 85%* afirman recibir o conocer a alguien que recibió alguna forma de amenaza por su trabajo de defensa en los últimos años.

Durante más de cinco años, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en conjunto con personas expertas en derecho internacional y personas defensoras trabajaron en esta herramienta que concientiza sobre el alto coste que representan las amenazas en su contra y la impunidad de estos crímenes. El Protocolo de la Esperanza proporciona una hoja de ruta para el establecimiento de políticas públicas que aborden eficazmente las amenazas, así como directrices a los Estados para una diligente investigación penal.

Históricamente y a nivel mundial, las amenazas en contra de quienes defienden derechos se utilizan para intimidar y disuadirles de llevar a cabo su labor. De hecho, 3 de cada 10* de las personas defensoras afirman que las amenazas que recibieron tenían como objetivo detener una actividad específica; 2 de cada 10* expresaron que las amenazas estaban destinadas a causarles daño psicológico o psicosocial y 5 de cada 10* informaron que la amenaza tenía la intención de advertir sobre alguna forma de violencia futura contra sí mismo, su familia, un grupo vulnerable o su reputación.

Las mujeres defensoras experimentan amenazas específicas que obedecen a estereotipos de género y violencia contra ellas. A pesar de su gravedad, por lo general, estas amenazas se mantienen en la impunidad, lo que aumenta el ciclo de violencia y amenaza la estabilidad de las instituciones democráticas.

Por otro lado, las amenazas en contra de las personas defensoras tienen un profundo impacto en su vida diaria, la de sus familias y comunidades; en algunas situaciones, las amenazas pueden incluso constituir tortura. El 81%* cree que no recibiría las mismas amenazas si su trabajo no estuviera relacionado con su labor de defensa. El Protocolo de la Esperanza responde a esta necesidad como herramienta para responder de manera efectiva a esta problemática.

El Protocolo tiene su nombre por dos razones, la primera relacionada a su objetivo de garantizar un futuro esperanzador para las personas defensoras. Y, la segunda, en honor al pueblo del oeste de Honduras: La Esperanza, ciudad natal de Berta Cáceres, activista de los derechos indígenas, feminista y ambientalista asesinada en 2016 después de 33 amenazas no investigadas.

El asesinato de Berta ejemplifica una tendencia mundial preocupante. Un protocolo sobre la investigación de las amenazas contra quienes defienden derechos puede contribuir de manera decisiva a visibilizar el tema, resaltar los efectos diferenciados de las amenazas sobre las personas defensoras con identidades diversas, fortalecer las investigaciones y reiterar la importancia de un enfoque interseccional de los patrones de violación de los derechos humanos, así como promover la adopción de medidas de reparación. Estándares específicos que guíen las investigaciones pueden ayudar a superar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos.

Organizaciones que apoyan:

- African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS)
- Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
- Artículo 19
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional(CEJIL)
- Child Rights Connect. - Colectivo Jose Alvear Restrepo (CCAJAR)
- Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
- Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
- Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC)
- Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- International Freedom of Expression Exchange (IFEX)
- Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA)
- International service for Human Rights (ISHR)
- No es Hora de Callar
- Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
- Oxfam
- Peace Brigades International (PBI)
- Protection International
- REDRESS
- RFK Human Rights
- Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
- Guatemala (UDEFEGUA)

Ernesto Acero Cadena era periodista del periódico El Informador Socioeconómico. A sus 59 años fue asesinado el 12 de diciembre de 1995 en Armenia, Quindío. Ese día, un desconocido lo atacó a dos cuadras del Cuartel de Policía y del Palacio de Justicia de Armenia. Su caso prescribió en 2015 luego de que la Fiscalía no lograra determinar a los autores del crimen. 

Ernesto tuvo una reconocida trayectoria periodística. Durante 1957 y 1962, trabajó en los periódicos El Relator y Occidente en Cali, Valle del Cauca. Años más tarde, fue editor del diario Edicron y Estelar Publicidad, así como redactor de la revista de la Policía Nacional en Bogotá. En 1966, viajó a Medellín y se desempeñó como director de Colprensa y de la emisora La Voz de la Independencia. 

Tres años después, Ernesto se estableció en Armenia donde fue jefe de prensa de la Gobernación del Quindío, periodista de las emisoras La Voz del Comercio y Radio Sucesos, corresponsal de La Patria de Manizales, El Espectador, El Pueblo, Occidente, El Siglo, La República, y redactor de La Patria del Quindío. 

Ernesto también fue emprendedor y, por eso, creó El Informador Socioeconómico del Quindío, un plegable que alcanzó 195 ediciones en Armenia y en el que criticaba y denunciaba temas de interés público.

Antes de su asesinato, Ernesto denunció al excongresista Carlos Alberto Oviedo por presuntos vínculos con narcontraficantes. Un funcionario de la unidad de investigaciones secretas de la Policía declaró ante la Fiscalía que, días antes del asesinato del periodista, el agente de policía Edgar Gamboa le contó que se estaba preparando un asesinato por el que pagarían 40 millones de pesos. Y aunque Gamboa fue expulsado de la institución, nunca  hubo condenas y las autoridades no lograron identificar a los responsables del homicidio. 

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactar a colegas o personas cercanas a Ernesto. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a info@flip.org.co. 

En la FLIP, recordamos a Ernesto y reconocemos su trabajo periodístico cuya trayectoria lo convirtió en uno de los periodistas más destacados del departamento. 

Gracias por recordar con nosotros.