Cayetano Domínguez, fotógrafo y periodista era un amante de la cámara y un apasionado en la dirección de su emisora, Radio Barrancabermeja, en Santander. Hoy, después de 31 años de su asesinato, recordamos su trayectoria.

Durante las jornadas de trabajo en el periódico La Patria en Manizales, Caldas, había un sonido particular que se escuchaba por encima de los teclados. Se trataba de unos pasos firmes y afanados que merodeaban las impresoras del diario: “Ahí viene Orlando“, diría la periodista Martha Lucía Gómez, refiriéndose a su colega y jefe, Orlando Sierra, quien fue asesinado hace diecinueve años, víctima de la corrupción política. 

El 30 de enero de 2002, mientras llegaba de almorzar junto a su hija, en frente de la sede del diario, dos disparos apagaron su andar, sus bromas y su pluma. Tras el ataque, Orlando fue trasladado de urgencia al Hospital de Caldas e intervenido quirúrgicamente. Para Martha, en La Patria el ambiente se permeó de angustia, miedo y tristeza, mientras se trabajaba en la publicación del día. “Cuándo nos preguntan cómo hicieron periódico, yo ni sé cómo. Hacer periódico esos tres días fue terrible”, aseguró la periodista. Finalmente, y tras dos días en coma, el 1 de febrero, el periodista falleció en la unidad de cuidados intensivos. 

Orlando, el periodista incómodo

A sus 42 años el periodista, filósofo y escritor ocupaba la subdirección de La Patria, donde también se dedicaba a la opinión. En su columna Punto de encuentro realizaba críticas a la clase política del departamento de Caldas. Era un gran conocedor tanto de los casos de corrupción como de la cotidianidad de la región. “Para la comunidad él era como el faro de la verdad, escribía lo que nadie se atrevía”, afirma Gómez. 

Orlando contaba con el talento de encontrar titulares para cada historia. Era un apasionado por las letras y, en especial, un jefe exigente. Alba Nelfy Bernal, amiga y compañera de Orlando en el diario, recuerda cómo él, desde la puerta de su oficina, les expresaba su enojo. “Le tiraba a uno zapatos. En medio de todo, era chistoso, era muy enérgico pero no lo hacía de maldad. Le gustaba que las cosas salieran bien”, recuerda Alba.

Siempre estaba atento a la noticia. Entre sus conocidos, Orlando destacaba como un hombre de un humor singular e inquieto, rebosaba energía y una sagacidad que lograba picar a las clases dirigentes de Manizales. Alba cuenta que “él se volvió la piedra del zapato para muchos aquí, porque empezó a denunciar todas las corruptelas y las arbitrariedades que hacían aquí en la ciudad y en el departamento”.

La manera que tenía de escribir y, como algunos llaman, su “desfachatez” para denunciar, lo convirtieron en una incomodidad recurrente en el caminar de los poderosos. En particular para Ferney Tapasco, político que controló durante veinte años la Asamblea de Caldas. Gracias a una columna hecha por Orlando, en 1998, se descubrió la nulidad en su elección como diputado y, posteriormente, se logró la pérdida de su investidura.

Su labor periodística le ocasionó momentos de temor. En una oportunidad Tapasco agredió físicamente a Orlando: le quitó las gafas y las pisoteó en el suelo. Nelfy, su amiga, afirma que pese a que él manifestaba su miedo en sus escritos aún así seguía atento a la realidad política de la región.

Proyecto Manizales, un triunfo

Su muerte fue un precedente para el diario y para sus compañeros. Desde el momento de su asesinato, comenzó a conformarse un equipo mediático que contó con el apoyo de periodistas de La Patria, Semana, Cambio, El Espectador, El País, El Colombiano y El Tiempo. Todo con el fin de hacer reportería para esclarecer el caso. “Este movimiento lo que hizo fue presionar para que se esclareciera lo más pronto posible quién era el autor intelectual, porque el autor material lo cogieron”, afirmó Alba Nelfy refiriéndose a Luis Fernando Soto, el joven que disparó contra Orlando, y quien fue reconocido rápidamente, ya que quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector. 

Efectivamente, la movilización periodística y la presión de sus compañeros contribuyó a que la muerte de Orlando no cayera en el olvido. Entre los más de 160 casos de asesinato a periodistas de los que la FLIP tiene registro, el de Orlando es el único en el que hay una condena a toda la cadena criminal; es decir, desde quien accionó el arma hasta quien dio la orden. “Para mí la suerte que tuvo ese proceso se logró gracias a que el caso de Orlando se mantuvo siempre vigente, ahí en la línea de trabajo. Ese fue el éxito”, explicó Martha. 

Y aunque Ferney Tapasco pretendía quedar en libertad alegando que el Tribunal Superior de Manizales no le había garantizado el derecho a la doble instancia, pero, para el 25 de septiembre de 2019, la Corte Suprema negó la petición. Actualmente, el caso se encuentra cerrado y Tapasco González, reconocido como el autor intelectual del asesinato, fue sentenciado a 36 años y tres meses de cárcel. Mientras que los hermanos Fabio y Jorge Hernando López Escobar, fueron condenados por complicidad, a una pena de 28 años y 10 meses, al haber contratado a la banda sicarial, según la Fiscalía.

En la FLIP no olvidamos los ataques y pedimos justicia por los periodistas que han sido asesinados por culpa de la violencia y de la corrupción política. La celeridad en los procesos no debería depender de acciones de terceros, como lo fue en el caso de Orlando. Esta garantía la debe otorgar el Estado en los cientos de casos de periodistas asesinados que aún se encuentran en la impunidad.

El abogado Abelardo De La Espriella abusa de las herramientas legales para intimidar y acallar voces que revelan o cuestionan cualquier asunto relacionado con él. Desde el 2018 la FLIP ha registrado catorce actuaciones judiciales de De La Espriella contra periodistas, de las cuales al menos ocho corresponden a procesos civiles que pretenden una cuantiosa indemnización, bajo el argumento de que las opiniones sobre su persona y ejercicio profesional generan supuestamente una afectación al buen nombre y la honra.

La Fundación expresa su preocupación por la intención de censura del abogado sobre la periodista Cecilia Orozco, en contra de quien ha iniciado al menos cuatro procesos judiciales por su ejercicio del periodismo.

La FLIP tiene conocimiento de que el próximo 22 de enero, tras ser aplazada desde el  10 de diciembre, se llevará a cabo la audiencia del proceso civil que inició De La Espriella —contrariando los estándares de protección a la libertad de expresión— contra la periodista Orozco para obtener una indemnización de hasta 45 millones de pesos, por considerar que sus columnas de opinión, publicadas en El Espectador, son difamatorias.  

Este proceso busca reprender las opiniones de Orozco publicadas en las columnas de opinión tituladas “La Ruta Preteliana de la Justicia”; “La   contrafiscalía de Pretelt y su propio DAS”; “Pretelt, bien acusado pero no vencido”; “Pretelt, antipersonaje del año (2015)” y “Estrategia de abogados: engañar e intimidar a la prensa”. En las columnas Orozco se refiere a la posible comisión del  delito de concusión por parte  de ese magistrado de la Corte Constitucional y a las prácticas de la defensa de su abogado, Abelardo De La Espriella.  

Para la FLIP resulta inaceptable que se judicialice un asunto que a todas luces está cobijado por la libertad de expresión y, con ello, se congestione innecesariamente el aparato de justicia. La opinión de los periodistas es indispensable para fomentar el debate público. Al respecto, la Corte Constitucional ha admitido la posibilidad de que los periodistas manifiesten sus opiniones al sostener que “la libertad de opinión de los propios periodistas, y la defensa del pluralismo, autorizan que los medios valoren de determinada manera lo sucedido.”

Vale la pena reiterar que De La Espriella debe soportar un mayor nivel de escrutinio público porque así lo exige su práctica profesional y protagonismo voluntario en medios de comunicación, tanto por cuestionamientos a su persona, como por las presuntas faltas éticas a la profesión y por la relevancia social de los casos que representa. 

El abuso de la tutela, las denuncias penales y los procesos civiles en contra de periodistas es una actitud que representa una amenaza latente a la libertad de prensa que configura un escenario proclive al silenciamiento de  los medios de comunicación y, particularmente, busca intimidar. Esta estrategia ha sido  promocionada de manera pública y vehemente por De La Espriella como represalia contra sus detractores. 

Al respecto, la FLIP expresa su preocupación sobre la activación sistemática del sistema judicial para callar el oficio periodístico. La judicialización de expresiones de libertad de expresión sobre asuntos públicos responde a interferencias indebidas y  tiene un fuerte potencial silenciador y de autocensura porque enfrenta a los periodistas al dilema de ejercer su oficio o enfrentar sanciones de diversos tipos, incluidas las económicas. 

La FLIP advierte que Cecilia Orozco está siendo víctima de acoso judicial por parte Abelardo De La Espriella, práctica restrictiva de la libertad de expresión que él mismo ha  publicitado públicamente y a través de sus redes sociales con el único propósito de amedrentar a la prensa, a costa de desgastar a la administración de justicia. 

En vista de lo anterior, hacemos un llamado a los jueces para que conozcan más sobre esta nueva forma de agresión a la prensa, de manera que no se instrumentalice a la justicia y no se preste al juego intimidatorio propuesto por De La Espriella para acallar a la prensa. La justicia debe garantizar que el interés general de conocer opiniones que fomentan el debate público, prevalezca sobre la censura a la prensa.

La FLIP reconoce positivamente la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que busca proteger la vida e integridad del periodista Ricardo Calderón. La CIDH concluyó que la situación de Calderón es de grave riesgo, teniendo en cuenta la falta de adopción de medidas que velen por su seguridad y la ausencia de avances sustanciales por parte del Estado colombiano en las investigaciones de las agresiones de las que ha sido víctima. En la decisión del 14 de enero de 2021, la CIDH destacó que este indicio de impunidad prolonga su situación de riesgo.

Al advertir que existe una situación de riesgo inminente relacionada con el ejercicio del trabajo periodístico que se ha prolongado por varios años, que puede desencadenar en otros actos violentos o conllevar a la autocensura, la Comisión solicita al Estado colombiano que adopte de manera urgente las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del periodista. También lo requiere para que informe sobre los avances en la investigación de los hechos que originaron la solicitud de la medida cautelar.  

En marzo de 2020, la Fundación para la Libertad de Prensa y el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) solicitaron a la CIDH otorgar medidas cautelares para garantizar la protección a la integridad de Ricardo Calderón y de los periodistas víctimas de perfilamientos sistemáticos por parte del Ejército Nacional. 

Respecto a la situación de Ricardo Calderón, se sometieron a consideración de la Comisión una serie de amenazas, hostigamientos, seguimientos e interceptaciones ilegales, que están relacionadas con el ejercicio del trabajo periodístico. Durante 2019 y 2020, Ricardo Calderón publicó en Revista Semana una serie de investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción y violaciones a derechos humanos por parte del Ejército de Colombia. Una de esas investigaciones es “Las Carpetas Secretas”, en la cual se revelaba el perfilamiento y vigilancia masiva de periodistas por parte de organismos de inteligencia militar.

En su decisión, la Comisión valoró el contexto en el cual se origina el riesgo al que está expuesto el periodista, haciendo énfasis en que los espionajes ilegales y perfilamientos por parte del Ejército Nacional a periodistas, operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos en Colombia constituyen una práctica intrusiva e ilegal que cuenta con varios antecedentes graves en el país. En este sentido, llamó la atención sobre el preocupante incremento de amenazas hacia periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales que investigan y denuncian temas de alta sensibilidad.

Por otra parte, enfatizó en la falta de sanción de los responsables, señalando que el avance en las investigaciones es elemental para establecer el riesgo al que se enfrenta el periodista y prevenir la posible afectación de los derechos a la vida e integridad personal.

Respecto a las medidas de protección hasta ahora implementadas, la Comisión señaló que el Estado no aportó información sobre la efectividad de las mismas y advirtió que en este caso existe una situación de vulnerabilidad especial, ya que la mayor agresión provino de agentes del Estado. Por este motivo, las medidas deben ser concertadas con el beneficiario. 

La FLIP continuará realizando seguimiento a la adopción de medidas de protección y el desarrollo de una investigación seria e imparcial, que conlleve a la sanción de los responsables de las agresiones y perfilamientos de las que ha sido víctima Ricardo Calderón y otros periodistas colombianos. La FLIP recuerda al Estado colombiano que han pasado diez meses sin que a los periodistas víctimas se les conceda su derecho de conocer la verdad y obtener justicia frente a los perfilamientos y la vigilancia realizada por el Ejército. 

Bogotá D.C., 14 de enero del 2021.

Las organizaciones abajo firmantes, interesadas y apoderadas de personas víctimas de violencia policial en el marco del Paro Nacional del 2019, instauramos una acción de tutela con el fin de que se protegieran los derechos fundamentales a la protesta, vida, integridad personal, libertad de expresión, debido proceso, entre otros. A partir de esa tutela la honorable Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia STC-7641-2020 del 22 de septiembre del 2020. Este fallo ordenó al presidente de la República convocar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en manifestaciones y expedir un “Estatuto de Uso, Reacción y Verificación de la Fuerza”. 

Entre el 14 de octubre y el 28 de diciembre de 2020 hicimos presencia en la Mesa de Trabajo, convocada por el Gobierno nacional para dar cumplimiento a la sentencia en mención.

Durante nueve semanas, tanto los accionantes como ciudadanos y ciudadanas con interés en el asunto, discutimos y analizamos con los representantes del Gobierno nacional, dentro de un diálogo respetuoso, un conjunto de generalidades sobre la actuación de las autoridades de Policía en manifestaciones públicas, además de las acciones que aquellas deben observar en etapas preventivas, concomitantes y posteriores al desarrollo de las manifestaciones. 

Sin embargo, varios puntos de gran importancia no fueron tenidos en cuenta para una adecuada y efectiva reglamentación que limite la actuación policial y evite excesos  en su labor de atención a manifestaciones públicas, la cual debe  procurar por una garantía real del derecho fundamental a la protesta social y la protección a la vida, integridad personal, libertad de expresión y debido proceso en el marco del ejercicio de este derecho. A continuación nos permitimos reseñar algunos de estos disensos:

1. En primer lugar, los y las accionantes rechazamos que el Gobierno nacional, a lo largo de las discusiones de la mesa de trabajo,  desestimara de plano cualquier posibilidad de que se revisaran las directrices de uso de la fuerza vigentes con fines de reestructuración, como lo ordenó la honorable Corte Suprema de Justicia. A nuestro juicio, estas directrices resultan insuficientes y permisivas para el abuso de la fuerza por parte de la fuerza pública. Entre dichas directrices se encuentran las Resoluciones 2903 y 3002 de 2017, expedidas por el Director General de la Policía Nacional, en donde se establecen pautas generales sobre uso de armas de letalidad reducida y sobre la atención en manifestaciones, respectivamente. Estas reglamentaciones, que configuran el marco operacional que posibilitó la brutalidad policial durante el Paro Nacional de 2019 y durante las movilizaciones de 2020, no fueron cuestionadas ni revisadas bajo la negativa férrea del Gobierno, lo cual resulta ser una grave actitud de invisibilización de los hechos de violencia evidenciados por la Corte Suprema de Justicia, que dan cuenta de una intervención sistemática, arbitraria y violenta de la fuerza pública sobre la manifestación pública y pacífica. 
   
   
2. Rechazamos que el Gobierno no admitiera la posibilidad de redefinir algunos elementos de importancia para una adecuada prevención de actuaciones arbitrarias por parte de la Policía en atención a manifestaciones. En este punto nos referimos a la posibilidad de que la ciudadanía y organismos externos a la Policía revisen las fichas académicas que sirven para la formación y capacitación de los funcionarios de policía; así como la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil tengan participación en los Puestos de Mando Unificado que se convocan con el fin de coordinar la actuación institucional para la conservación del orden público en las manifestaciones sociales, como lo permite el Decreto 563 de 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
   
   
3. Confirmamos a su vez que en la mesa de trabajo no se llegó a un consenso sobre la necesidad de una regulación clara, estricta y restrictiva del papel de las Fuerzas Militares de manera previa y posterior al desarrollo de manifestaciones. 
   
   
4. En la mesa de trabajo encontramos obstáculos para la inclusión del respeto a la misión periodística, y a la labor de documentación en los casos específicos donde se presentan focos de violencia. Si bien quedó incluida una disposición de respeto transversal en las acciones previas, no hubo consenso por parte del Gobierno Nacional en la inclusión de este deber de respeto en el artículo de los focos de violencia, a pesar de haber advertido que en este escenario concreto es donde se materializan gran parte de las agresiones a la prensa en las manifestaciones. 
   
   
5. Por último, rechazamos que el Gobierno Nacional se opusiera a la inclusión de criterios ciertos, claros y completos para limitar la realización de capturas, traslados por protección y traslado para procedimiento policivo durante el desarrollo de manifestaciones, y la posibilidad de que las organizaciones de derechos humanos podamos ejercer una labor de verificación de la integridad personal de las personas sujetos de estas medidas.

Estos aspectos, que consideramos centrales para una adecuada regulación del uso de la fuerza en garantía del derecho fundamental a la protesta, resultan ser indispensables para dar cumplimiento integral a las órdenes impartidas por la honorable Corte Suprema de Justicia. 

Vemos con preocupación que esta nueva reglamentación sea una declaración de principios que en lo operativo no modifica sustancialmente ningún aspecto de la actuación de la Policía Nacional en manifestaciones, la cual a lo largo del 2020 continuó siendo arbitraria y desproporcionada. Asimismo, denunciamos que la actitud del Gobierno nacional en lo atinente a su férrea oposición de discutir y debatir estos temas, a la luz de las recomendaciones internacionales y de instancias judiciales, resulta ser una grave  restricción del derecho a la participación de las personas y organizaciones que acudieron a la Mesa de Trabajo.

La sociedad colombiana necesita de manera urgente una regulación del uso de la fuerza en las manifestaciones públicas por parte de las autoridades, que sea compatible con los derechos a la participación en asuntos públicos, la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas, especialmente las disidentes, que a lo largo de setenta años de historia política han sido excluidas y estigmatizadas. 

Firman:

María Angélica Prada
Douglas Lorduy Montañez
Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos - DH Colombia
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
La red de derechos humanos del Suroccidente colombiano "Francisco Isaias Cifuentes"
La Coordinación Social y Política Marcha Patriótica
La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” - CAJAR
Comisión Colombiana de Juristas - CCJ
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - CSPP 
Dejusticia
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

En días pasados, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la aprehensión de un menor de edad que presuntamente es el autor material del homicidio del periodista Felipe Guevara, a quien se le imputaron los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El menor no aceptó su responsabilidad en los hechos y se le impuso medida internamiento preventivo por parte del Juez Quinto Penal para Adolescentes con función de control de garantías de Cali.

En este nuevo año, nos gustaría conocerte más para comunicarnos directamente contigo. Por eso, te invitamos a que te suscribas a nuestro newsletter y a otros canales de difusión de la información sobre la FLIP. Si ya lo has hecho, por favor, ayúdanos a actualizar tus datos.

Puede acceder al formulario en el siguiente enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfncckI9zMRFgtY2hBLAk6T_sqQllqdPRDvaDfaN7mEQ89KQA/viewform?usp=sf_link

Los representantes de Bedoya Lima alertamos sobre la constante negligencia, falta de compromiso e irrespeto hacia la víctima por parte de la Fiscalía General de la Nación.

*La FLIP tuvo conocimiento de que en la tarde del 23 de diciembre el periodista Felipe Guevara falleció a causa de complicaciones médicas producidas por los impactos de bala. Esta noticia nos entristece infinitamente. Acompañamos a la familia y los amigos de Felipe.

Atentan contra la vida del periodista Felipe Guevara en Cali 

22 de diciembre de 2020

La FLIP rechaza el atentado del que fue víctima Felipe Guevara, periodista del Q’Hubo en la ciudad de Cali*. A la Fundación le preocupa que la Policía descarte anticipadamente la relación de estos hechos con su actividad periodística. La FLIP le hace un llamado a las autoridades para que realicen una investigación seria, imparcial y diligente sobre estos hechos y que se tenga como primera línea de investigación la relación con su oficio.

Según ha conocido la FLIP, la noche del 21 de diciembre Guevara recibió cuatro disparos que le afectaron el tórax, el estómago y una pierna. El hecho ocurrió en el barrio Mariano Ramos, perteneciente a la Comuna 16 al oriente de Cali donde vive el comunicador. El periodista fue trasladado de urgencia a una clínica de la ciudad donde permanece en este momento bajo pronóstico reservado.

Guevara ha trabajado los últimos tres años para el periódico Q'hubo de la casa editorial El País y actualmente cubre temas judiciales. Fuentes consultadas por la FLIP, entre ellos periodistas colegas de Guevara, han manifestado que desde hace un par de años él había recibido amenazas que estarían relacionadas con su trabajo periodístico.

Precisamente, y según la información recolectada por la FLIP, a raíz de estas amenazas Guevara había tenido que irse del barrio Mariano Ramos en el 2017, luego de que hiciera algunas notas sobre una banda criminal que operaba en ese sector. Según conocen las personas allegadas al comunicador, él había puesto una denuncia ante las autoridades por estos hechos. Además, en 2018 y en agosto de este año, Guevara reportó nuevamente amenazas y hostigamientos y afirmó que ya no quería salir de su casa porque no se sentía seguro.

La Fundación expresa su preocupación por los antecedentes que tendría el periodista en torno a su seguridad y exige a las autoridades que investiguen este caso con celeridad y que contemplen como primera hipótesis la relación con su labor periodística. Es preocupante que la Policía Nacional descarte desde un inicio que el atentado contra Guevara podría estar relacionado con su trabajo como periodista. El general Manuel Antonio Vásquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, expresó que “preliminarmente desvirtúan que este suceso estuviera relacionado con su profesión”.

La Fundación se solidariza con los familiares del comunicador y desea una pronta recuperación. Además, la FLIP se suma al llamado de las y los periodistas del suroccidente del país frente este terrible atentado.