La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alerta sobre el riesgo inminente sobre la seguridad e integridad del periodista de Canal 2 José Alberto Tejada, quien volvió a ser víctima de amenazas y hostigamientos. Rechazamos la publicación de datos personales del periodista, ya que esto podría generar un factor de riesgo adicional para la vida del reportero.

La FLIP tuvo conocimiento de que esta mañana dos individuos, uniformados sin identificación, se presentaron en la residencia del periodista Tejada e increparon a los escoltas. Esto ocurrió luego de que en un comunicado emitido por el encargado de la protección de defensores humanos de la Policía Nacional se publicara la dirección de la residencia personal del periodista. 

Tejada ha hecho un amplio cubrimiento de las manifestaciones en la ciudad de Cali. Desde finales de abril de este año y hasta la fecha la FLIP ha registrado siete ataques contra el reportero, incluidos disparos directos por parte de integrantes del  Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). En las últimas dos semanas, la FLIP ha registrado tres ataques contra el periodista. Esto demuestra la agudización del riesgo al que está expuesto el reportero y exige la acción inmediata de las autoridades garantes.

La FLIP conoció que a través de Whatsapp habría circulado un comunicado atribuido a la Policía Nacional donde se filtró la dirección de residencia del periodista. Resulta altamente preocupante que se le atribuya la divulgación de esta información a la Policía, que es la autoridad que conoce de primera mano los problemas de seguridad de Tejada. Esta exposición de datos personales indudablemente incrementa la posibilidad de concretar el daño sobre la vida del periodista.

La Fundación conoció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) inició la evaluación de riesgo del periodista por trámite de emergencia, sin embargo,  han pasado ocho días desde que se le informó al periodista y aún no ha habido una respuesta de protección por parte de la UNP. De igual modo, solicitamos a la UNP que de manera urgente implemente medidas de protección a Alberto Tejada y que concerté con él la asignación de las mismas teniendo en cuenta los antecedentes de sus agresiones y las vulnerabilidades a las que está expuesto. 

No existe nada más permisivo para  la repetición de las violencias contra la prensa que la ausencia de una reacción institucional contundente. Por este motivo, pedimos a la Fiscalía General de la Nación que se articule con la UNP y realice una investigación de oficio de estos hechos de público conocimiento, para que se dé con los responsables y se procure la desactivación del riesgo.

La situación de Tejada evidencia que no se está dando cumplimiento a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a los niveles de violencia sin precedentes que conoció durante su visita. En su informe, la CIDH recomendó al Estado colombiano “Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en particular, mediante la protección de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones  intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios  de comunicación”.

Por lo anterior, la FLIP hace un llamado a la CIDH para que tenga en cuenta estos nuevos hechos y, en consecuencia, priorice la decisión de la solicitud de medidas cautelares en curso para el periodista Tejada, así como todas aquellas que se refieren a la seguridad de la prensa en las protestas sociales que siguen en curso.

Atilano Segundo Pérez era el director del programa El Diario de Marialabaja en la emisora Radio Vigía de Todelar en Cartagena. En su última emisión radial, Atilano había denunciado la presunta financiación de grupos paramilitares a cinco candidaturas a la Alcaldía de Marialabaja.

Atilano fue asesinado el 22 de agosto de 2006 por un desconocido que ingresó a su vivienda y escapó en una motocicleta. Hoy, a 15 años de su muerte, se desconocen los autores materiales e intelectuales de su homicidio. 

En la FLIP no olvidamos a todos los y las periodistas que en medio de su labor por exponer las irregularidades de sus regiones han sido asesinados y hacemos un llamado para que este caso no prescriba en la impunidad. Gracias por recordar con nosotros. 

La voz que acaban de escuchar era la de Juan Carlos Benavides Arévalo, locutor de la radio comunitaria Manantial Estéreo en Sibundoy, Putumayo. Juan Carlos fue asesinado hace dieciocho años. Las FARC atentaron contra el carro en el que se transportaba, cuando iba hacia Puerto Asís, Putumayo a cubrir el primer consejo comunal del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 

El periodista murió cuando guerrilleros de las FARC dispararon indiscriminadamente contra la camioneta en la que él se transportaba hacia Puerto Asís. Hasta ahora, su caso permanece en total impunidad.

En la FLIP reconocemos el esfuerzo de Juan Carlos por fortalecer la radio comunitaria en el departamento de Putumayo y aplaudimos el legado comunicativo que construyó para los y las habitantes de la región. Gracias por recordar con nosotros.

Iván Darío Pelayo trabajaba como director de la emisora Llanorámica Estéreo en Puerto Rondón, Arauca, cuando fue asesinado hace 26 años por el ELN. Este grupo armado lo acusó de ser colaborador de grupos paramilitares.

Su caso prescribió en 2015, luego de que en febrero de 1998 la Fiscalía Especializada de Cúcuta suspendiera las investigaciones. En la actualidad, se desconocen los autores materiales e intelectuales del crimen. De acuerdo con la documentación de la FLIP, la Fiscalía solo destinó tres años a la investigación del homicidio. 

La muerte de Iván también supuso el fin de Llanorámica Estéreo. Con esto, se afectó el derecho a la información de la comunidad de Puerto Rondón. 

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactar a colegas o personas cercanas a Iván Darío. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a info@flip.org.co. 

En la FLIP no olvidamos a los y las periodistas que han sido asesinados por causa del conflicto armado mientras cumplían con su labor. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la desprotección estatal de la prensa en Arauca, cuya falta de respuesta a la violencia sostenida en el departamento obliga a los y las periodistas a optar por la autocensura como mecanismo de autoprotección. El ambiente hostil contra la prensa se ha generalizado en los últimos años, en particular afectando a quienes cubren temas relacionados al orden público y seguridad.

Amparo Leonor Jiménez fue periodista de los noticieros televisivos QAP y En Vivo en Valledupar, Cesar. Allí, además coordinó un programa de reinserción de guerrilleros a la vida civil y apoyó la coordinación de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra.

El 11 de agosto de 1998, luego de llevar a su hijo al colegio, Amparo fue asesinada por Libardo Prado Bayona, un preso de la cárcel de Santa Marta que fue dejado en libertad por error. Libardo fue condenado a 37 años por el homicidio de la periodista. Hoy, veintitrés años después de su muerte, no hay respuestas sobre los autores intelectuales del crimen.  

Amparo fue la décima periodista asesinada en 1998 en Colombia y, en la FLIP, no olvidamos a los y las periodistas que, como ella, fueron silenciados por contar la verdad de lo que sucedía en sus territorios. Gracias por recordar con nosotros.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) y Reporteros sin Fronteras (RSF) reiteran la alerta sobre la precaria garantía de seguridad, por parte del Estado colombiano, a los periodistas que cubren protestas sociales. Las agresiones que comprometen la salud y la vida de los periodistas, al igual que la impunidad de estos hechos, tienen un impacto inhibidor en el derecho a la libre información.

El pasado 28 de julio Andrés Cardona recibió un disparo directo de un gas lacrimógeno por parte de agentes del ESMAD mientras cubría las manifestaciones en la localidad de Usme, Bogotá, una ciudad en la que ya se superan las 80 víctimas, a pesar de haber iniciado diálogos con la Alcaldía y miembros de la Policía para desescalar la violencia contra los comunicadores.

Para el periodista y fotógrafo de medios internacionales las lesiones han tenido un impacto severo en su integridad y capacidad laboral. Además, su elemento de trabajo, la cámara fotográfica, también resultó afectada por el ataque. Esta no es la primera vez que el periodista es atacado por miembros de la Policía Nacional en medio del cubrimiento de protestas, la FLIP y RSF tienen documentadas dos agresiones físicas más: en una de ellas también tuvo que recibir atención médica luego que un uniformado le pegara con el arma de dotación en la cabeza. En todas las situaciones el periodista se encontraba identificado como prensa con carnet, chaleco y casco.

Estos ataques se suman a la difícil situación de seguridad que ha tenido que enfrentar el periodista desde hace varios años; Cardona ha recibido amenazas, ha sido perfilado ilegalmente y ha tenido que desplazarse de su territorio para proteger su vida. Hasta el momento no hay una respuesta eficiente y oportuna por parte del Estado para garantizar su seguridad y el desarrollo de su labor periodística.   

La FLIP, APIC y Reporteros sin Fronteras expresamos nuestro rechazo categórico al sostenimiento de la violencia contra la prensa por parte de la fuerza pública en contravía de la obligación de garantizar las condiciones de seguridad para el cubrimiento y así la libertad de información en el país.  Exigimos al Estado colombiano que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que la Fiscalía y la Policía Nacional adelanten sin dilaciones la investigación imparcial, que obedezca a los estándares mínimos de investigación de crímenes contra la prensa. Los responsables deben ser sancionados y el Estado debe garantizar la reparación de los daños causados al fotógrafo. 

Reiteramos la alerta sobre la precaria garantía de seguridad, por parte del Estado colombiano, a los periodistas que cubren protestas sociales. En particular es inexplicable que con los desmedidos niveles de violencia (sin precedentes) no actúe para detener los abusos de la fuerza dirigidos contra la prensa en estos escenarios. Desde el 28 de abril, la FLIP, con el apoyo RSF, ha documentado 314 agresiones - 62.5% de los casos son atribuidos a fuerza pública- y 388 víctimas.

El caso de Cardona es uno entre los 114 casos donde los periodistas han sido agredidos físicamente por integrantes de fuerza pública durante el cubrimiento en tan solo 3 meses. El uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones ha tenido como víctima diferenciada a la prensa, una problemática ignorada por las autoridades, cuyo silencio e inacción cómplice encubre la responsabilidad de la fuerza pública. 

Ante el sostenimiento de esta grave situación, en todo el país, donde las autoridades garantes de las condiciones para ejercer la libertad de prensa se apartan de manera recurrente de su rol y se han convertido en el principal agresor contra la prensa, cuando no se adoptan medidas estructurales para el cese definitivo de esta violencia, resulta imperativo y urgente que organismos internacionales continúen sus denuncias e insistan en exigir al Estado Colombiano cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. 

En particular, interpelamos a la comunidad internacional para que se dé respuesta a la comunicación que FLIP y RSF remitieron desde mayo de 2021 alertando sobre esta situación al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Secretario General de las Naciones Unidas , así como al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Interamericanos (OEA) y a la Unesco.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), representantes de las familias Chaparro y Torres, celebramos la decisión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de estudiar el caso de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, quienes fueron asesinados el 24 de abril de 1991. Esta decisión es un avance significativo en la lucha que por 30 años han tenido que librar los familiares de los periodistas víctimas para acceder a la justicia y la verdad, y enaltecer la memoria de los periodistas.

El pasado 28 de julio, la CIDH decidió declarar la admisibilidad del caso de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres contra el Estado colombiano. Esto quiere decir que la Comisión estudiará el fondo del caso y determinará si existió o no responsabilidad del Estado por la ausencia de una debida investigación y sanción de los responsables del homicidio de los periodistas, hechos que se mantienen en la impunidad. 

En abril de 1991, Julio Daniel y Jorge Enrique, quienes trabajaban para El Espectador, se habían desplazado al municipio de Segovia, en Antioquia, para investigar la masacre paramilitar que había ocurrido tres años atrás y en la que más de cuarenta personas fueron asesinadas. Mientras se encontraban en Segovia, los periodistas fueron asesinados. Según la investigación que adelanta la Fiscalía los hechos fueron ejecutados por guerrilleros del Ejército Nacional de Liberación (ELN).

La investigación no ha avanzado y se ha caracterizado por largos periodos de inactividad, errores durante el trámite de indagación y la falta de aplicación de los estándares internacionales para la investigación de los crímenes contra la prensa. Por esta razón, en diciembre de 2011, la Sociedad Interamericana de Prensa presentó el caso a la Comisión. Ante esta situación, el Estado colombiano desconoció su responsabilidad en el caso, valiéndose de argumentos procesales sostuvo que la petición era infundada.

Luego de diez años, la CIDH concluyó que en el caso particular se advierte un retardo injustificado en el acceso a la justicia, pues han transcurrido 30 años y los hechos continúan en impunidad. En este sentido, Colombia no cuenta con recursos idóneos para proporcionar una reparación integral y justicia a los familiares. 

Por lo tanto, la Comisión entrará a definir la responsabilidad del Estado colombiano por la violación a los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, y protección judicial consagrados en la Convención Americana, en relación a la falta de la debida investigación y sanción de los responsables del homicidio de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, de conformidad con los estándares interamericanos para la investigación, judicialización y sanción de los crímenes contra la prensa. 

Para Daniel Chaparro, hijo de Julio Daniel, esta decisión representa un paso significativo en la búsqueda de justicia y verdad en el doble homicidio de los periodistas, que hasta el momento, después de 30 años, no ha encontrado una debida investigación por parte de la justicia colombiana.  

Las organizaciones continuaremos acompañando a las familias en la lucha contra la impunidad y en los próximos meses remitiremos observaciones de fondo sobre el caso, con el ánimo de que el trámite se surta de manera diligente y dentro de un plazo razonable por parte de la Comisión, concluyendo con un informe de fondo que garantice los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

Por Silvio Waisbord

Doctor en sociología, experto en política y comunicación

El periodismo sigue siendo el blanco preferido del autoritarismo en América Latina. Esto lo demuestran episodios recientes donde el poder apuntó con violencia contra cronistas que cubrían protestas populares. En Colombia, periodistas sufrieron agresiones en medio de extensas violaciones a los derechos humanos en reacción a la movilización ciudadana en las calles. Varios reporteros han sufrido salvajes ataques durante las sorpresivas protestas en Cuba. Autoridades locales y nacionales continúan siendo responsables de la persecución de periodistas en México. Periodistas críticos en El Salvador y Nicaragua tuvieron que exiliarse después de sufrir recurrentes ataques a manos de fuerzas de inteligencia y la policía.

Desafortunadamente, los ataques ponen en evidencia que cierto periodismo hace lo que debe hacer: muestra el descontento popular producto de demandas postergadas, la crisis socioeconómica agudizada por la pandemia, y la corrupción estructural; investiga los pliegues oscuros del poder empecinado en darle la espalda a reclamos ciudadanos y aferrarse a un estatus quo político que muestra fisuras; y desenmascara mentiras y ficciones mantenidas desde los gobiernos centrales a pura propaganda.  

Las acciones destinadas a acallar a la prensa e intimidar al periodismo son comunes al poder, más allá de etiquetas partidarias e ideológicas. Gobiernos autodenominados de izquierda, centro, o derecha tienen en común la particular saña contra la prensa critica. Así como apapachan al periodismo querendón con dinero e información, persiguen a quienes informan lo que verdaderamente ocurre.

Combatir al periodismo con violencia es señal de la desesperación oficial ante la protesta ciudadana. Es señal inequívoca de gobiernos que rechazan la labor esencial de la prensa en democracia, y se empecinan en doblegar los derechos humanos para acallar el disenso. Estigmatizar y hostigar a periodistas críticos y acusarlos de trabajar para conspiraciones recónditas son elementos comunes del manual autoritario. 

En contextos de violencia oficial contra la ciudadanía, cubrir protestas es una misión peligrosa. No hay garantías para que el periodismo pueda ejercer su función sin temores o cuidados. Perseguir y golpear a cronistas tiene por objeto enviar una señal inhibitoria al periodismo: de correrlo hacia la autocensura. Una advertencia para cerrar el límite de lo publicable.

Lea y descargue aquí la edición de protestas de Páginas para la Libertad de Expresión

En una época donde pareciera que la comunicación digital, especialmente la de los “medios sociales” eclipsa a la prensa, la violencia oficial sugiere que el periodismo crítico sigue cumpliendo un rol importante. Prensa perseguida es señal inequívoca de que todavía importa. Si no fuera así, ¿cómo explicar que el poder se ensañe con una institución supuestamente en su ocaso en épocas de influencers, contenido viral y memes?

Las plataformas digitales son centrales para las manifestaciones populares, en tanto ofrecen mecanismos descentralizados para la coordinación de actividades y mensajes. Esta dinámica no implica que el periodismo no importe. De hecho, sigue siendo fundamental como cámara de eco de las protestas callejeras y el descontento ciudadano. El periodismo visibiliza lo que ocurre en lugares públicos. Le da entidad y presencia a la bronca masiva. Genera imágenes y voces que se multiplican en espacios digitales. Imprime el sello de realidad a la postergación y la frustración popular. Pone al desnudo las fake news fogueadas por los empleados mediáticos del poder. Les muestra a las élites, tan afectas a la prensa como house organ de la política oficial, que su realidad imaginada dista de la existente.

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El periodismo es perseguido simplemente porque muestra la cruda realidad de la violencia y la postergación social, política y económica, documenta las voces de la furia y la falta de garantías democráticas, y descorre el telón del país de fantasías pergeñado desde el poder. Hacer esto siempre es arriesgado en contextos de autoritarismo enquistado y listo a recurrir a la violencia como forma de hacer política.