Por Silvio Waisbord

Doctor en sociología, experto en política y comunicación

 

El periodismo sigue siendo el blanco preferido del autoritarismo en América Latina. Esto lo demuestran episodios recientes donde el poder apuntó con violencia contra cronistas que cubrían protestas populares. En Colombia, periodistas sufrieron agresiones en medio de extensas violaciones a los derechos humanos en reacción a la movilización ciudadana en las calles. Varios reporteros han sufrido salvajes ataques durante las sorpresivas protestas en Cuba. Autoridades locales y nacionales continúan siendo responsables de la persecución de periodistas en México. Periodistas críticos en El Salvador y Nicaragua tuvieron que exiliarse después de sufrir recurrentes ataques a manos de fuerzas de inteligencia y la policía.

Desafortunadamente, los ataques ponen en evidencia que cierto periodismo hace lo que debe hacer: muestra el descontento popular producto de demandas postergadas, la crisis socioeconómica agudizada por la pandemia, y la corrupción estructural; investiga los pliegues oscuros del poder empecinado en darle la espalda a reclamos ciudadanos y aferrarse a un estatus quo político que muestra fisuras; y desenmascara mentiras y ficciones mantenidas desde los gobiernos centrales a pura propaganda.  

Las acciones destinadas a acallar a la prensa e intimidar al periodismo son comunes al poder, más allá de etiquetas partidarias e ideológicas. Gobiernos autodenominados de izquierda, centro, o derecha tienen en común la particular saña contra la prensa critica. Así como apapachan al periodismo querendón con dinero e información, persiguen a quienes informan lo que verdaderamente ocurre.

Combatir al periodismo con violencia es señal de la desesperación oficial ante la protesta ciudadana. Es señal inequívoca de gobiernos que rechazan la labor esencial de la prensa en democracia, y se empecinan en doblegar los derechos humanos para acallar el disenso. Estigmatizar y hostigar a periodistas críticos y acusarlos de trabajar para conspiraciones recónditas son elementos comunes del manual autoritario. 

En contextos de violencia oficial contra la ciudadanía, cubrir protestas es una misión peligrosa. No hay garantías para que el periodismo pueda ejercer su función sin temores o cuidados. Perseguir y golpear a cronistas tiene por objeto enviar una señal inhibitoria al periodismo: de correrlo hacia la autocensura. Una advertencia para cerrar el límite de lo publicable.

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En una época donde pareciera que la comunicación digital, especialmente la de los “medios sociales” eclipsa a la prensa, la violencia oficial sugiere que el periodismo crítico sigue cumpliendo un rol importante. Prensa perseguida es señal inequívoca de que todavía importa. Si no fuera así, ¿cómo explicar que el poder se ensañe con una institución supuestamente en su ocaso en épocas de influencers, contenido viral y memes?

Las plataformas digitales son centrales para las manifestaciones populares, en tanto ofrecen mecanismos descentralizados para la coordinación de actividades y mensajes. Esta dinámica no implica que el periodismo no importe. De hecho, sigue siendo fundamental como cámara de eco de las protestas callejeras y el descontento ciudadano. El periodismo visibiliza lo que ocurre en lugares públicos. Le da entidad y presencia a la bronca masiva. Genera imágenes y voces que se multiplican en espacios digitales. Imprime el sello de realidad a la postergación y la frustración popular. Pone al desnudo las fake news fogueadas por los empleados mediáticos del poder. Les muestra a las élites, tan afectas a la prensa como house organ de la política oficial, que su realidad imaginada dista de la existente.

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El periodismo es perseguido simplemente porque muestra la cruda realidad de la violencia y la postergación social, política y económica, documenta las voces de la furia y la falta de garantías democráticas, y descorre el telón del país de fantasías pergeñado desde el poder. Hacer esto siempre es arriesgado en contextos de autoritarismo enquistado y listo a recurrir a la violencia como forma de hacer política. 

En Cali un medio comunitario que publicaba notas de salud comenzó a transmitir el paro nacional desde el lugar de las manifestaciones y los puntos de resistencia. Los reporteros salieron a las calles y se ganaron el respaldo de la gente, pero así como sus seguidores crecen, también lo hacen los ataques y amenazas que reciben.

“Están lanzando gases sin ninguna consideración, incluso dentro de las unidades residenciales, donde nos tuvimos que resguardar”, dice José Alberto Tejada en uno de sus cubrimientos en vivo para el Canal 2, de Cali, en el Valle del Cauca. Jhonatan Buitrago, el periodista que está detrás de la cámara, deja de enfocar a los manifestantes que corren. Camina un poco, descuelga la cámara y el lente comienza a enfocar el pavimento. Al fondo se escuchan los quejidos de los reporteros, el gas lacrimógeno les penetra los ojos. Se alcanza a escuchar a miembros de la misión médica que reparten agua y bicarbonato para aliviar la irritación de los que inhalaron el gas.

Ese mismo día, el 4 de junio, mientras grababan las protestas y los enfrentamientos entre fuerza pública y manifestantes, un policía les dijo que “aguantaba pegarles un tiro”. José Alberto tiene claro que se han vuelto indeseables para las autoridades. Una de sus transmisiones en directo por Facebook tuvo más de 2.800 reproducciones. Más de 650.000 perfiles lo siguen en esa red social. Hace tres meses no superaba los 15.000. 

En 2005 Canal 2 fue fundado como medio comunitario de la Fundación Daniel Gillard, una organización que trabaja por la juventud y que también es dirigida por José Alberto. Antes de que ganaran reconocimiento por el cubrimiento que han hecho del paro nacional en el Valle del Cauca, publicaban notas de salud, economía, de eventos en universidades y tenían segmentos esporádicos de entretenimiento.

Las dinámicas y el equipo de Canal 2 han cambiado. Hoy cuentan con cuatro periodistas, entre ellos están Jhonatan y el director José Alberto. Ambos se han encargado de acudir a los llamados de la gente cuando hay abusos de fuerza pública o cuando hay un evento comunitario.

Canal 2 ha dejado clara una marcada diferencia con el resto de medios de la ciudad.  José Alberto define su línea editorial como contrainformación, según él se concentran en controvertir lo que dicen otras fuentes, especialmente las oficiales, sobre el paro. “Si dicen que los muchachos están armados, nosotros vamos a la comunidad a demostrar que no es así”, dice José Alberto. 

 

No hay un día de calma

Uno de los primeros días del paro, José Alberto y Jhonatan estaban reportando cerca de la Universidad del Valle. Ambos llevaban chalecos e identificación de prensa, pero esto no detuvo a unos civiles que empezaron a disparar en dirección al sitio donde estaban. Jhonatan cuenta que él y José Alberto comenzaron a gritar que eran prensa y, contrario a lo que esperaban, los disparos se multiplicaron. Las balas les pasaron por un lado. 

José Alberto y Jhonatan han tenido que hacer frente a todo tipo de ataques. El equipo administrativo del Canal 2 tiene un cuaderno donde a modo de bitácora apunta cada una de las estigmatizaciones, los hostigamientos y las amenazas que han recibido. También los seguimientos y las veces que desconocidos han fotografiado las fachadas de sus casas y de las instalaciones del canal. 

En una ocasión estaban intentando entrevistar a una capitana de la Policía y mientras tanto otros patrulleros alrededor interrumpían diciendo: “ese es el canal que no es. Son los que nos desprestigian”. En otra oportunidad, en Buga, un soldado se acercó con una cámara profesional y le tomó fotos directo al rostro de José Alberto.

Las amenazas también han llegado por redes sociales. A mediados de junio, un miembro del equipo periodístico recibió un mensaje con un pantallazo de la ubicación de su residencia y la de su familia. “Estamos cansados de ustedes, tienen pocos días para que se vayan” decía el mensaje.

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Las estigmatizaciones y las amenazas han tenido efectos secundarios en la economía del canal. José Alberto afirma que algunos de los empresarios que pautaban se han retirado porque argumentan que tienen que cuidarse y defender su marca. 

Los periodistas de Canal 2 no consideran una buena opción denunciar ante el Estado los abusos de la Policía o de estos civiles sin identificación. Desconfían de las instituciones y de la protección que les puedan ofrecer. “Sería como llamar al diablo a que nos proteja”, sentencia José Alberto. 

 

Le creo, no le creo, le creo…

Aunque se enfrenten a todo tipo de agresiones por parte de civiles y fuerza pública, Canal 2 tiene un respaldo multitudinario de varios sectores de la ciudad. El día del cumpleaños de José Alberto, y en medio de un cubrimiento, decenas de personas lo celebraron con vuvuzelas y arengas que decían “qué viva el Canal 2”. Un colorido mural de Cali tiene la imagen de los periodistas y algunos integrantes del Concejo municipal propusieron entregarles un reconocimiento por su valentía. Para José Alberto, la cercanía que tienen con la comunidad es la respuesta a su determinación de quedarse reportando en las calles, incluso cuando empezaban las balaceras. 

Por otro lado, varias voces del gremio se levantan señalando críticas al trabajo de Canal 2, y son claros en señalar que el medio ha difundido noticias sin sustento. Por ejemplo, aseguran, que ellos nunca tuvieron pruebas contundentes para informar que el Éxito de Calipso había sido usado por la Policía como centro de tortura. 

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La ausencia de información contrastada ha sido reiterativa y ha impactado de manera directa en la calidad de la información que ha recibido la ciudadanía, que no ha tenido material suficiente que le permita tener certeza de qué es real y qué no. Este vacío de información es alimentado también por la opacidad de las instituciones estatales. Por ejemplo, una periodista de Cali, cuyo nombre mantendremos en reserva, aseguró que en las primeras semanas del paro la Fiscalía no entregaba información de cuántas personas habían muerto en Cali en medio de las manifestaciones, y que la Defensoría del Pueblo tampoco ofrecía respuestas en sus canales oficiales. 

En el mejor de los escenarios las instituciones publican comunicados cinco o diez días después de los eventos y es casi imposible que los periodistas puedan hacer cuestionamientos sobre esos boletines. El 19 de mayo, cuando se publicó la denuncia del Éxito de Calipso, pasaron más de 24 horas antes de que organizaciones de derechos humanos y entidades del Estado pudieran acudir al sitio y verificar lo acontecido.

En una coyuntura en la que varios medios están siendo puestos a prueba, enfrentando bloqueos de los que no hay precedentes, el Canal 2 ha despertado un fervor sin comparación de parte de un sector de la ciudadanía. Las personas que siguen sus transmisiones se enteran de los detalles de las manifestaciones y de lo que pasa en los puntos de resistencia de Cali, lugares a los que no todos los periodistas pueden acceder.

Los medios de comunicación masivos y regionales han recibido ataques a sus infraestructuras durante la protesta social. La FLIP habló con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, sobre la relación con las audiencias y el cubrimiento de las manifestaciones desde los medios nacionales. 

 

Durante los últimos meses, los medios masivos del país han sido objeto de constantes amenazas, bloqueos y ataques. En Bogotá, las sedes de Revista Semana y Noticias RCN fueron violentadas; y en Neiva las del diario La Nación, incendiadas. Los y las periodistas del periódico El País de Cali no podían salir a cubrir los principales puntos de las concentraciones sin recibir ataques. Otros reporteros y reporteras decidieron salir a cubrir las manifestaciones sin llevar ninguna identificación de sus medios. 

Para comprender una parte de este fenómeno hay que mencionar la larga historia de estigmatización contra medios de comunicación. Desde hace varios años, figuras políticas han incitado campañas contra las publicaciones que no son de su agrado. En marzo de este año, el Centro Democrático, el partido de gobierno, calificó a Noticias Caracol de ser “militantes” y de recoger voces de “políticos corruptos consagrados desde hace años a desinformar a la opinión y a divulgar noticias falsas”. También el expresidente Uribe ha descalificado estratégicamente a Noticias Uno, Daniel Coronell y Revista Semana. 

En la otra orilla, Gustavo Petro se ha encargado de estigmatizar a RCN, Caracol y Revista Semana. Durante las manifestaciones del 2019, el senador dijo, sin tener pruebas y sin que fuera cierto, que un periodista de Noticias Caracol “pidió que mataran a algún manifestante”. Como consecuencia el reportero recibió varias amenazas. 

La ruptura entre algunos medios y parte de la ciudadanía podría convertirse en un escenario en el que se propongan leyes de medios que instauren canales de censura oficiales. En diálogo con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, analizamos algunos de estos factores y qué implicaciones tienen para los medios y para la sociedad.

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La prensa en general ha sido muy atacada en los últimos meses al tratar de hacer cubrimientos del paro, y sabemos que parte del equipo de Caracol también ha tenido que enfrentarse a esto. Por eso para empezar quisiéramos saber ¿cuál es la reflexión que hace Caracol sobre lo que han tenido que vivir en esta coyuntura de manifestaciones?

Juan Roberto Vargas: Nos ha tocado navegar en medio de la rabia generalizada. Por un lado, tenemos que lidiar con la estigmatización por parte del establecimiento, pues nos han vetado en chats de la Policía o en reuniones de empresarios. Eso va calando con la narrativa de que Caracol es “el medio de la guerrilla”. 

Y por otro lado, tenemos que hacer reportería en momentos en los que quienes son protagonistas de la noticia odian a quienes los van a cubrir; nosotros nunca nos habíamos enfrentado a eso. Eso nos presentó varios desafíos. El primero, la cobertura, y el segundo, que para mí se volvió una obsesión, era descifrar el porqué del odio. Por eso fui a Cali a hablar con los muchachos de la primera línea, y ahorita van a venir otros al canal a reunirse con nosotros. Hay que buscarlos, charlar con ellos y encontrar respuestas. 

 

Ante este odio por el que tienen que navegar, y el hecho de que algunas personas los vean lejanos ¿cree que ha hecho falta autocrítica por parte de los medios de comunicación? 

J.R.V: Creo que sí nos hace falta autocrítica, no hablo por los colegas, pero sí por lo menos por Caracol. Seguramente nos ha faltado cubrir más la calle, a la gente, al país. Nos hace falta que la gente nos vea auténticos y empáticos; porque aunque esta sea nuestra época de mayor rating, estamos ante el barranco de la credibilidad. La gente nos ve, pero no nos cree. Para eso, quizás hay que darle más voz a las personas, para que hablen y se sientan identificadas.

Sin embargo, genuinamente les digo que siempre nos preguntamos en los consejos de redacción si lo que vamos a publicar tiene todas las miradas o la mayoría de miradas que uno quisiera tener para que haya un equilibrio. 

 

En ese ejercicio de autocrítica ¿cuál cree que ha sido el mayor error que han cometido durante el cubrimiento de estas manifestaciones?

J.R.V: El error que más me ha pesado sucedió el día en el que yo más me he preocupado porque hubiese un equilibrio. Fue cuando en Cali pasaron los enfrentamientos con la Minga y la gente del sur de la ciudad. Ese día nos llegaban videos de todos lados y no sabíamos qué era lo que estaba pasando, mi gente allá no podía salir de la oficina, y yo decía "y ahora qué hacemos". Llamaba a la Policía, no tenían ni idea, la Alcaldía tampoco, el mismo alcalde nos dijo "yo perdí el control de la ciudad". 

Ese día, fuimos tan animales de poner un titular que decía "choques entre ciudadanos e indígenas". Y eso nos costó lágrimas de sangre y tenía por qué costarnos. En un momento de fragor no podemos, de la manera más tonta, cometer un error así. 

 

¿Y cuál ha sido la decisión editorial más difícil que han tenido que tomar durante esta coyuntura?

J.R.V: Fue cuando decidimos no publicar los videos del día en que en Cali civiles dispararon contra manifestantes y lincharon a un funcionario de la Fiscalía. Ese día nos sentamos con el jefe de la mesa editorial, el productor general y el jefe de emisión, y les dije: "pensemos qué efecto va a tener, en el país y la sociedad, que el noticiero que tiene más de siete millones de espectadores publique estos videos". Seguramente en redes los videos iban a seguir circulando y los otros medios los iban a publicar, pero no nos iba a traer ningún beneficio mostrar una ciudad absolutamente incendiada. Fue una decisión muy difícil, que no la consultamos ni con Gonzalo Córdoba, el presidente de Caracol, ni con Liseth Arango, nuestra vicepresidenta, pero quienes finalmente nos respaldaron. 

 

Ya para terminar nos gustaría preguntar sobre ¿qué reflexión haría sobre el colegaje dentro del periodismo?, ¿cree que sería posible que desde distintos medios se sentaran a conversar sobre sus diferentes experiencias y perspectivas?

J.R.V: Yo conozco gremios mezquinos y este. Solo en la época del narcoterrorismo vi algo de compañerismo y era porque todos teníamos un enemigo en común. Hoy el enemigo somos nosotros mismos. Aquí los mismos colegas se encargaron de dividirnos entre buenos y malos. Cuando fui a Cali a visitar a los muchachos de la primera línea me dijeron nombres de periodistas nacionales y extranjeros que les dijeron "no le hablen a Caracol porque reciben plata del gobierno Duque" o que "al director de Caracol le pagan para que hablen mal de ustedes". Pero yo les decía "estoy aquí".

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Creo que la conversación de la que hablas es un ejercicio muy necesario, pero soy muy escéptico porque aquí hay mucho colega que confunde la necesidad de autocrítica con el canibalismo. Súmale a eso el descubrimiento fascinante de estos medios en redes sociales, que hacen fiestas con la línea editorial de los medios tradicionales. Nos hace falta esa conversación porque en redes también hay gente muy valiosa, el mismo señor del Canal 2 en Cali, que puede uno no estar de acuerdo con él, pero igual lo que hace es valiosísimo.

Policías y ciudadanos particulares repiten patrones de agresiones contra periodistas, alimentan la estigmatización y obstruyen la circulación de la información. Olvidan que la prensa no está allí para ratificar sus discursos o ensalzar su imagen. Estas son las formas de agresión y las cifras de las agresiones contra periodistas que la FLIP ha documentado entre el 28 de abril y el 19 de julio.

 

TOTAL DE AGRESIONES: 300 / TOTAL DE VÍCTIMAS: 342

 

1. AGRESIONES DE LA FUERZA PÚBLICA CONTRA LA PRENSA

 Los miembros de la Policía han sido los mayores agresores contra periodistas que cubren las manifestaciones sociales. A pesar de que su deber es proteger a la ciudadanía y garantizar el ejercicio periodístico, ellos han golpeado, pateado, disparado, detenido y amenazado a quienes están haciendo cubrimientos desde las calles. 

TOTAL: 181 AGRESIONES / 224 VÍCTIMAS

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7 categorías de agresión por parte de la fuerza pública contra periodistas:

1. Agresión física (8 patrones)
2. Amenaza (2 patrones)
3. Detención ilegal (2 patrones)
4. Obstrucción al trabajo periodístico (3 patrones)
5. Hostigamiento (1 patrón)
6. Robo o eliminación de material periodístico (3 patrón)
7. Violación a la reserva de la fuente (1 patrón)

 

2. AGRESIONES DE PARTICULARES CONTRA LA PRENSA

Si bien el nivel de responsabilidad de un agente de la Policía es muy diferente al de un civil, y así mismo debería ser la forma como debe comportarse en escenarios de protesta social, la ciudadanía también debe respetar el ejercicio de la prensa. Estos agresores pueden ser manifestantes o civiles a favor o en contra de la protesta social.

TOTAL: 79 AGRESIONES / 93 VÍCTIMAS

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10 categorías de agresión:

1. Agresión física
2. Amenaza
3. Daño a la infraestructura
4. Estigmatización
5. Exclusión
6. Hostigamiento
7. Obstrucción al trabajo periodístico
8. Robo o eliminación del material periodístico
9. Acciones arbitrarias en redes sociales
10. Espionajes o invasión

 

Durante las manifestaciones del paro nacional, salir a la calle a hacer reportería, el acto más cotidiano para las y los periodistas, se convirtió en una acción que los ponía en alto riesgo. En este artículo recopilamos testimonios de periodistas que han cubierto el paro en todo el país.

 

Camilo Andrés Rojas, periodista de Loco Sapiens, Sibaté, Cundinamarca

Cuando la tanqueta empezó a avanzar, decidimos poner nuestras manos en alto. El compañero que estaba transmitiendo mantuvo el directo y es en ese momento cuando aparecen, en medio de la oscuridad, cinco agentes del Esmad que corrían hacia nosotros. Uno de ellos nos apunta con una de esas armas que disparan balines y nos dice “¿qué hacen ahí hijueputas? ¡Los voy a pelar aquí a estas gonorreas!”. Eso nos intimida, nos deja sin palabras, porque nosotros solo seguíamos diciendo “¡somos prensa, somos prensa!”; pero en un segundo ¡Pum!, disparan.

Ahí es impactado Fernando, mi compañero que tenía el celular con el que transmitimos en vivo. Él cae con la cámara al piso y ellos nos dicen “¿prensa de qué?”, miran nuestros carnés, que los teníamos colgados, los toman y una vez que se dan cuenta de que estamos identificados se retiran solo diciendo “hermano es que ustedes vienen aquí a hacer amarillismo”.

 

Juan Manuel Satizabal, periodista independiente de Popayán, Cauca

Yo me acostumbré a transmitir al frente de donde se genere la noticia, no puedo hacer los directos dos o tres cuadras lejos. Un día estaba cubriendo las manifestaciones en la Vía Panamericana, los policías sabían que yo era periodista y aún así uno de ellos destapó una aturdidora, y me estalló como a un metro de distancia. En un momento corrí y es cuando un policía me grita “ahora sí corre, marica”. Ese día seguí cubriendo, porque yo sé que estar grabando un en vivo es la presión que tienen para que no cometan cosas. 

Leidy Albarán, periodista de Última Hora Cauca, Popayán, Cauca

“Váyase para allá, usted por qué no graba en otro lado”, es lo que le dice a uno la policía, porque saben que por ser mujer ellos se tienen que cuidar más. Algunos piensan que las mujeres somos débiles pero no es así. Claro, hay temor de quedar sola porque uno siente la fuerza de las agresiones, porque muchos de los que están en esos enfrentamientos son solo hombres, pero lo hago por la labor de poder hacerle llegar información a las personas que no pueden salir, que puedan saber cómo está nuestra ciudad y nuestro país. 

 

Jahfrann, periodista gráfico independiente en Cali, Valle del Cauca

El ejercicio de prensa está totalmente limitado. Uno constantemente está siendo atacado por la fuerza pública, que “por qué no muestra este otro lado” o “venga y tómele foto a esto otro”. Todo lo no les interese que sea visible está condenado a ser perseguido. Si tienes un chaleco o un casco de prensa, en algunos sectores te pueden tirar el carro, te pueden gritar “váyase de acá”. 

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Nicole Bravo, periodista de la Silla Vacía en Cali, Valle del Cauca

Es muy difícil contrastar información porque muchas veces dependemos de lo que la gente nos envía y ahí se pueden filtrar un montón de cosas, porque no tengo con quién verificar. Estuvimos cuatro días sin tener comunicación con la Alcaldía, todos los periodistas preguntaban por los chats por cuántos muertos o heridos había, pero no había ninguna respuesta. 

 

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Nicolás Sánchez, reportero gráfico independiente de Bogotá

Estábamos con mi compañero, también reportero gráfico, en el enfrentamiento entre manifestantes y fuerza pública. En un momento uniformados del Esmad arremetieron contra nosotros y nos intimidaron con sus bolillos. Nosotros nos identificamos con el carné de prensa, mostramos nuestras cámaras, pero uno de ellos me mandó contra la pared. Mientras eso pasaba, otro policía me propina el golpe en el glúteo izquierdo*; en ese momento no sentí que fuera una puñalada. 

Caigo al suelo y mi compañero se hace encima de mí para protegerme, otro uniformado me pega una patada en la cara. Ahí es cuando pierdo el conocimiento mientras mi compañero continúa haciendo el llamado a derechos humanos. 

*Nicolás fue apuñalado por un policía esa noche.

 

Yurani Alzate, periodista de Análisis Urbano Medellín, Antioquia

Ser mujer y ser periodista no es nada fácil dentro de la movilización porque es la calle y un espacio político, y las mujeres no tenemos ese permiso para estar en discusiones políticas, ni en las calles. La policía me dice “quítese de ahí, perra chismosa”, por eso casi siempre busco a la gente de prensa para no ir sola, porque sola sí me da miedo. 

Dentro de la manifestación hay violencia contra la mujer no solo por parte de la policía, sino también de los manifestantes. A mí nunca me ha pasado nada porque siempre he estado en un medio alternativo y me respetan, pero sé que chicos de primera línea han atacado a compañeras solo porque pertenecen a medios grandes. 

 

John Jairo Astudillo, director de noticias Última Hora Cauca, Popayán, Cauca

Ser comunicador en esta zona se ha convertido en algo muy riesgoso porque no hay garantías por parte del Estado o de la fuerza pública. Física y verbalmente mi equipo y yo hemos sido agredidos. Las transmisiones en directo que hemos hecho han servido para garantizar los derechos humanos y también para denunciar a quienes actúan de mala forma, bien sea de parte de manifestantes o de fuerza pública. Es por eso que en esos directos tratamos de ser muy neutrales.

 

Jennifer Mejía, periodista de Le Cuento, Medellín, Antioquia

Los en vivos yo los defiendo mucho y los veo como una forma de experimentación. No son bonitos, la imagen queda sucia, pero es muy importante para registrar lo que está pasando. Si no estás en directo y sucede algo, puede que muchas veces no te dé el tiempo de sacar el celular y grabar. Me parece muy valioso, además, el hecho de que personas que están en contra de las movilizaciones vean los videos, comenten y a partir de eso se forme un debate. Quizás hay cosas que hemos hecho mal o que tengamos que mejorar, y hay que ser críticos porque muchas veces se está mostrando solo una parte de lo que pasa, pero el directo es una parte importante de la reportería en medio del paro.

Sorprende el mutismo de las autoridades frente a los niveles inusitados de violencia contra la prensa en el cubrimiento del paro nacional. ¿Es una forma de respaldo o de negación a las agresiones? Por acción o por omisión, lo que han hecho las entidades públicas sienta un precedente pésimo sobre la voluntad política del Estado para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información de alto interés público.

 

En los días cuando la prensa estuvo bajo ataque, como no se había visto en décadas, resultaba prioritario que las instituciones, llamadas a garantizar la libertad y la pluralidad informativa, lucharan por la protección de los/as reporteros/as. Sin embargo, ninguna institución estatal ni autoridad pública defendió el ejercicio del periodismo de manera clara y sin ambigüedades. Era un primer paso fundamental en la urgencia de encontrar medidas específicas que garantizaran que el trabajo vital que hace la prensa se hiciera sin temor a represalias ni lesiones. La ausencia de esta defensa terminó generando un ambiente de permisividad, fomentando la censura y, consecuentemente, negándole información independiente a la ciudadanía. El Estado incumplió su responsabilidad de proteger un derecho establecido en la Constitución. 

 

Entes de control de papel

El 8 de junio del 2021, la Fiscalía General de la Nación notificó a los periodistas del medio de comunicación LocoSapiens que archivaría la investigación abierta a raíz de las agresiones que sufrieron tres periodistas del equipo por parte de la fuerza pública en Sibaté, Cundinamarca. Esta fue la justificación: “Sin embargo, se realizaron los actos de verificación pertinentes, estableciéndose que, el denunciante no ha mostrado ningún interés frente a los hechos denunciados, razón por la cual no se cuenta con elementos materiales probatorios que pudiesen ser útiles para la indagación que avoquen éxito, concluyendo así, que es imposible contar con información necesaria.” 

Había transcurrido un mes desde que los periodistas pusieron la denuncia. La Fiscalía contaba con el material probatorio de la agresión que, además, fue conocido ampliamente por la opinión pública: en el video se escucha cómo los reporteros gritan a todo pulmón que son prensa mientras se refugian detrás de unos arbustos intentando esquivar los disparos de la Policía. Suspender la investigación de este caso desconoce todos los mandatos constitucionales de la Fiscalía. Al día siguiente la FLIP publicó un comunicado en el que informaba sobre la situación y horas más tarde, la entidad anunció que reabriría la investigación. 

Para la FLIP, la Fiscalía no parece tener la intención de recabar en los orígenes de estas agresiones ni adoptar medidas de prevención, mucho menos un compromiso claro de investigación y sanción de esta violencia. Es preocupante la falta de diligencia con la que se están conduciendo las investigaciones, en particular, en aquellos casos donde hay responsabilidad de agentes públicos.

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Alcaldías trasnochadas 

Pocas autoridades territoriales han emitido respuestas frente a la violencia contra la prensa. La mayoría han sido emisiones tardías, algunas, desarticuladas con las agresiones directas y sostenidas de los dos meses de protestas, y otras fueron reactivas y con interés político para posicionar un mensaje de presunta garantía de la libertad de prensa frente a la CIDH. Nada más alejado de la realidad. 

En el caso de Bogotá y Medellín la alcaldesa y el alcalde se pronunciaron el 29 de junio y 2 de julio, respectivamente. Sus mensajes abordaron solo casos muy particulares. En la capital del país, al momento de la comunicación de Claudia Lopez, se habían registrado 65 agresiones, y en Medellín 33. La falta de respaldo por parte de las máximas autoridades en las ciudades es alarmante, favorece la continuidad de las agresiones e invisibiliza la gravedad de la violencia contra la prensa.

Por otro lado, la FLIP no ha conocido comunicaciones directas de los alcaldes de Popayán y Cali, a pesar de que ambas ciudades han sido focos de violencia contra periodistas durante las jornadas del paro.

Fuerza agresora, no garante

Los hechos de violencia policial cometidos durante los meses de las manifestaciones impulsaron una conversación nacional sobre la Policía. Su desenlace fue el anuncio del presidente Duque de que impulsará ante el Congreso una reforma. 

El abuso de la fuerza por parte de los agentes ha tenido una afectación directa sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, y desde las manifestaciones del 2019 los espacios de protestas y los lugares militarizados son un entorno sumamente hostil para la prensa: disparos de balas de goma, daños al equipo, lesiones y amenazas hacen parte del cubrimiento. En total, 216 periodistas resultaron agredidos por un agente. 

Las falencias de las fuerzas armadas en cuanto a formación en asuntos de libertad de expresión quedaron totalmente expuestas. También quedó en evidencia la alta estigmatización que existe en la institución hacia el trabajo que hacen los medios de comunicación. Normalmente, antes o después de una agresión, los agentes lanzaban alguna frase como “prensa amarillista” o algún comentario ‘aleccionador’ sobre cómo debían los reporteros hacer su trabajo. 

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El ministro de Defensa, Diego Molano, lejos de asumir una postura acorde con esta realidad, profundizó en la estigmatización: en diferentes espacios, cerrados y públicos, arremetió contra la libertad de expresión y reprochó el libre flujo de información en las redes sociales. 

El ministro fue la cabeza visible de la campaña #ColombiaEsMiVerdad que defendió diciendo: “información como ésta es terrorismo digital y es falsa”, “es falso que la policía ataca la manifestación pública y pacífica” y “unámonos, la mentira genera odio”. 

Lejos de respaldar la labor de la prensa y el libre flujo de la información, lo que hizo esta propuesta fue señalar y poner en riesgo a los/as periodistas que cubren estos escenarios. 

Cuando el Congreso le adelantó la fallida moción de censura a Molano, éste no hizo ningún reconocimiento, ni se pronunció sobre el riesgo de autocensura que generan este tipo de mensajes. El ministro se reafirmó en su discurso: “Muchas veces es muy fácil decir mentiras que no requieren evidencia y se mueven raudas por las redes sociales. Pero a los funcionarios públicos nos corresponde asumir la verdad (...) como funcionario público asumimos esa responsabilidad”.

La FLIP expresa su preocupación por la censura indirecta que existe para los y las periodistas que están cubriendo el retorno de los desplazados en el municipio de Ituango, Antioquia. Más de 4.000 personas han sido forzadas a salir de la región, debido a las amenazas e intimidación ejercida por grupos ilegales al margen de la ley. Un problema mayor que señalan los y las periodistas es la falta de acceso a la información en terreno por parte de las autoridades así como un trato hostil por parte de funcionarios públicos. 

Preocupa particularmente que algunos periodistas han señalado obstrucciones al cubrimiento por parte de integrantes del Ejército Nacional, sin que exista alguna  explicación clara sobre los motivos para impedir el registro fotográfico o fílmico por parte de la prensa. Sumado a esto, se ha evidenciado un temor por parte de la comunidad para entregar sus testimonios a periodistas que han estado realizando los cubrimientos por la situación de orden público. 

Al respecto, alertamos que el cubrimiento sobre el desplazamiento en Ituango es de alta relevancia nacional y es prioritario establecer los mecanismos necesarios para fomentar su registro -que servirá de testimonio- y mayor transparencia, en lugar de restringirlo. El cubrimiento en terreno debe ser garantizado porque aporta al debate público, ya que permite visibilizar de primera mano lo que ocurre con aquellos afectados en contraste con lo señalado por la información oficial.  

Periodistas en territorio -cuya identidad protegemos por seguridad- han denunciado que las autoridades locales y la fuerza pública no han implementado medidas de prevención y acompañamiento. Hasta ahora no conocemos que se haya establecido un mecanismo conjunto entre Policía, Defensoría y Procuraduría para hacer el acompañamiento a la prensa en el municipio y proporcionar las condiciones de seguridad necesarias para que se haga el cubrimiento, a pesar de que la Defensoría ha emitido una alerta de seguridad en la zona. Esta articulación es indispensable en un contexto tan complejo, de alto riesgo y vulnerabilidad para los periodistas, quienes deben enfrentar el peligro que supone la presencia de grupos armados y su interés por silenciar lo que está ocurriendo. 

Frente a ello, la Corte IDH y la Corte Constitucional han sido insistentes en el deber que tienen las autoridades estatales de garantizar las condiciones de protección a la vida e integridad de las personas que ejercen el oficio periodístico cuando existe un riesgo especial. Este debe ser evaluado a la luz del contexto existente en el país y puede surgir por factores tales como el tipo de hechos que los periodistas cubren, el interés público de la información que difunden o la zona a la que deben acceder para cumplir con su labor, así como [por] amenazas en relación con la difusión de esa información o por denunciar o impulsar la investigación de violaciones que sufrieron o de las que se enteraron en el ejercicio de su profesión.

Frente a esta situación, la FLIP solicita a:

1. La Alcaldía local que se articule con las demás instituciones locales e incluya a la prensa en las medidas de protección que se discuten en los consejos de seguridad y demás mecanismos dispuestos para atender la crisis.
   
   
2. La Defensoría del Pueblo Regional Antioquia que haga una evaluación integral sobre la situación específica de la prensa en la región y adopte mecanismos especiales de acompañamiento para que se garanticen las condiciones para el cubrimiento en terreno.
   
   
3. Al Ministerio de Defensa y al Comandante del Ejército Nacional emitir una directriz clara sobre las obligación de proteger y garantizar el ejercicio periodístico en el territorio. 
   
   
4. La Procuraduría regional para que investigue los reportes de restricciones a la libertad de prensa por parte de funcionarios públicos en la zona.
   
   
5. La Procuraduría General de la Nación para que promueva la publicidad activa y la garantía del derecho al acceso a la información como estrategia para fomentar mayor transparencia sobre la situación de derechos humanos en Ituango. 

 

Hace 2 años un contenedor cargado de computadores abrió sus puertas laterales para dar su primer programa de periodismo. Lo hizo en Chaparral, Tolima. Era la primera de ochenta horas del proceso de formación. Esa mañana, a los líderes y lideresas les preguntamos: ¿qué expectativas tenían sobre el periodismo? Varios respondieron: aprender cómo funciona la radio; luchar para que nunca se apague mi voz; poder expresar mejor mis pensamientos y mis ideas; escribir mejor; comunicar para cambiar la imagen de que en mi vereda somos guerrilleros.

Desde entonces el laboratorio ha seguido su recorrido. Hemos visitado 18 municipios, en cinco departamentos y trabajamos con cerca de 400 personas para fortalecer sus capacidades de producción de información local. La mayoría de los y las participantes que se han acercado al laboratorio no tienen experiencia previa en periodismo, pero están interesados en aprender sobre libertad de expresión, redacción de artículos periodísticos, producción de videos y gestión de redes sociales para fortalecer el debate público en sus territorios. 

Hoy, con ellos y ellas, abrimos el laboratorio para poner a prueba esta sala de redacción abierta y participativa. En la plataforma www.consonante.org encontrarán noticias, historias y proyectos especiales en distintos formatos. Buscamos cubrir la agenda noticiosa de los desiertos de información, lugares como El Carmen de Atrato (Chocó) o Montelíbano (Córdoba) en donde la población no tiene acceso a noticias y contenido producido por un equipo de periodistas. 

Para conseguirlo, haremos periodismo a varias manos, sobre temas locales, en distintos formatos y distribuido por canales locales y accesibles a esas audiencias. Los trabajos publicados serán producto de un esfuerzo colectivo realizado por el equipo de periodistas del proyecto junto con los líderes y lideresas locales de distintas regiones del país que han sido formados y hoy hacen parte de la Red Consonante. 

Este laboratorio móvil de periodismo nació en 2019 luego de que el equipo de la FLIP hiciera el primer diagnóstico del ecosistema de los medios de comunicación en Colombia. Esta investigación, llamada Cartografías de la Información, arrojó un panorama alarmante: en 666 municipios —más de la mitad del país— no existen medios o equipos de periodistas que produzcan información local. Es decir, cerca de 10 millones de personas no tienen acceso a información veraz e independiente y confiable sobre lo que sucede a su alrededor. 

Visite aquí el nuevo portal de noticias de Consonante www.consonante.org 

La ausencia de comunicación local en centenares de municipios debe ser una realidad que llame a reaccionar al conjunto de la sociedad: universidades, empresas, sociedad civil y, por supuesto, al gobierno. En una era de noticias falsas y políticas nacionales divisivas, el destino de las comunidades en todo el país, así como de la democracia debe estar vinculado estrechamente a la vitalidad del periodismo local. 

¡Bienvenidos y bienvenidas!

Para estar al pendiente del trabajo de Consonante sigan al proyecto en sus redes sociales: en Facebook, Instagram y Twitter @consonante_lab

Si quieren sumarse a la campaña de esta nueva fase, usen el hashtag #AbrimosElLaboratorio y cuéntennos sus experiencias e ideas sobre cómo combatir el silencio informativo en Colombia. 

También, aquí pueden descargar el material de redes de la campaña.

 

Nelson de la Rosa Toscazo fue un reportero gráfico del periódico El Universal en Cartagena asesinado junto a su esposa el martes 3 de agosto de 1993. Semanas antes, Nelson había publicado una serie de fotografías de una banda criminal.

En su momento, la FLIP, Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa instaron al Estado colombiano y a la Fiscalía a investigar el asesinato de Nelson y a encontrar a los responsables. Sin embargo, en 2013 el caso de Nelson prescribió, por lo que se dejó de buscar a los autores del crimen. La Fiscalía continúa sin tener registros sobre la investigación de su muerte, además de desconocer a los responsables del homicidio, se desconoce qué autoridad judicial recibió el caso.

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactar a colegas o personas cercanas a Nelson. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a info@flip.org.co. 

En la FLIP no olvidamos a los fotoperiodistas que como Nelson han sido asesinados por contar historias a través de sus lentes. Gracias por recordar con nosotros.