Las empresas de Internet se han convertido en intermediarios fundamentales para la democratización del debate público. Al mismo tiempo, han acelerado problemas como pérdida de la calidad de la información, amplificación de acciones violentas, desinformación, entre otros. ¿Cómo conciliar entre la libertad de expresión y las preocupaciones por el derecho a la privacidad y la seguridad nacional?

En esta “batalla” entre los Estados y las empresas de tecnología, el principal riesgo es limitar los derechos de las y los usuarios de Internet, reconocidos como derechos fundamentales. Según el reporte de Freedom House, publicado en 2021, uno de cada cuatro gobiernos del mundo ha trabajado en nuevas reglas para que las empresas tecnológicas regulen el contenido de los usuarios en los últimos años, y buena parte de estas normas entrañan riesgos para la libertad de expresión y ejercen una presión considerable sobre las empresas para que tomen medidas restrictivas.

En Colombia, cabe mencionar dos ejemplos de intentos de regulación que suponen un riesgo de censura. En medio del paro nacional de 2021, el Ministerio de Defensa lanzó la campaña #ColombiaEsMiVerdad que fue justificada para combatir las noticias falsas que circulan en Internet. Se basó en la creación de un enemigo: las y los usuarios de redes sociales que criticaron o cuestionaron el accionar de la fuerza pública. La campaña tachaba de falsas sus publicaciones y así inauguró una vigilancia sin aclarar el procedimiento que se lleva a cabo para identificar los contenidos ni los criterios usados para definir la veracidad de los mismos que, al parecer, terminan siendo insumo para investigaciones penales o disciplinarias en contra de las y los usuarios de Internet. 

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

También vale la pena mencionar la consulta pública que hizo la Secretaría de Transparencia en octubre de 2021 sobre este tema, que incluyó preguntas como: “¿Estaría de acuerdo con la regulación de las redes sociales con el fin de evitar la desinformación, el debilitamiento de las democracias, los discursos de odio y la propaganda deshonesta?”, una forma de reducir una discusión compleja que puede fácilmente convertirse en otra herramienta para que el Estado silencie voces críticas. 

De igual manera, es importante anotar el rol de los Estados frente a las plataformas. Estos tienen la obligación de velar por que las entidades privadas no interfieran con la libertad de opinión y de expresión. Ante el amplio poder de las grandes organizaciones para moldear el debate público en línea y la opacidad en el funcionamiento de sus algoritmos de moderación de contenidos, también hace falta mayor claridad y transparencia. En medio de movilizaciones sociales en septiembre de 2020, Facebook decidió bloquear temporalmente la etiqueta #ACAB (All Cops Are Bastards) y, en 2021, Twitter hizo lo mismo con las cuentas del periodista Gustavo Gómez por supuestamente incumplir las normas de Twitter y de la columnista Ana Bejarano por vestir una camiseta con la frase “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”. La eliminación de contenido de forma automática lleva consigo el riesgo de que aparezcan nuevas formas de censura que ya amenazan los esfuerzos creativos en el contexto de los derechos de autor.

Cuando la regulación ataca la libertad de expresión

• El 2021 fue el año en el que se registró el mayor número de arrestos a usuarios por expresar contenido sobre asuntos de discurso político, social o religioso.
  
  
• Veinte países suspendieron el acceso a Internet y veintiún estados bloquearon el acceso a las plataformas de redes sociales.
  
  
• Organizaciones internacionales sospechan que las autoridades de al menos 45 países obtienen software espía sofisticado o tecnología de extracción de datos de proveedores privados.
  
  
• A finales de 2020, en Nicaragua entró en vigencia la Ley Especial de Ciberdelitos que castiga con penas de cárcel a quienes difundan “noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia”. Esta ley ha sido utilizada por el Gobierno para perseguir a periodistas y personas críticas del presidente Daniel Ortega.
  
  
• En por lo menos 38 países del mundo, los gobiernos están trabajando en reformas legales sobre la gestión de los datos personales que recopilan las grandes compañías de sus usuarios. El problema es que algunas de estas medidas no apuntan a proteger la privacidad de las y los usuarios, sino a darles facilidad a los Estados para solicitarles a las plataformas dicha información, lo que abre la puerta a perfilamientos y vigilancia minuciosa por parte del Estado hacia la ciudadanía.

Este es un problema de Estado. En los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en Colombia. La persistencia de los homicidios como la forma más severa de silenciamiento, prende alertas y reclama una respuesta estatal urgente e integral. Los impactos sociales por la falta de justicia en estos crímenes alimentan el ambiente de autocensura.

Los efectos más notorios de la impunidad son que (i) impide conocer la verdad sobre los hechos violentos, las razones, el alcance del riesgo y los responsables; (ii) se dejan de conocer los patrones de violencia y no se pueden adoptar medidas de prevención y de no repetición; (ii) no se consigue disuadir la repetición del crimen, pues la falta de sanción efectiva alimenta un ciclo de permisividad, además, somete al olvido las investigaciones periodísticas que originan los ataques; y (iv) la excesiva duración de las investigaciones en las agresiones contra periodistas agrava el efecto de la impunidad. 

El contexto de violencia contra la prensa y la impunidad han sido una constante en Colombia desde los años noventa. Al momento de dictaminar la responsabilidad del Estado colombiano en el caso del que fue víctima la periodista Nelson Carvajal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró “que ese contexto de homicidios de periodistas iba acompañado por altos índices de impunidad y de investigaciones que no desembocaban en la determinación y procesamiento de los responsables y que por ende seguían en la impunidad”. En 2021, en la sentencia del caso de Jineth Bedoya, la Corte IDH sostuvo que esta situación de violencia no ha sido superada y que se agudiza en la actualidad, pues es evidente que las agresiones violentas contra periodistas siguen siendo alarmantes y han aumentado en los últimos cinco años. 

En efecto, Colombia es de los pocos países donde en los últimos años ha aumentado el número de asesinatos a periodistas, contrario a la tendencia mundial registrada por la UNESCO. En los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el país, mientras que entre el 2011 y 2015 fueron asesinados siete. La persistencia de los homicidios como la forma más severa de silenciamiento prende alertas y demanda una respuesta estatal inmediata e integral.

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En la reciente decisión del caso de Jineth Bedoya, la Corte IDH estudió el problema estructural de la impunidad en los crímenes contra la prensa y explicó que el Estado no debe desligar el acceso a la justicia de las estrategias de prevención. En ese sentido, ordenó al Estado colombiano articular las estrategias de prevención y de investigación y procuración de justicia, pues el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan gozan de condiciones seguras. Además, indicó la necesidad de adoptar medidas diferenciadas, ya que los impactos de la impunidad no son iguales y se acentúan cuando las víctimas son mujeres.

Al respecto, una de las recomendaciones principales del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad es la coordinación de mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas de las causas profundas de la violencia contra periodistas.

En suma, el Estado debe comprometerse a investigar los crímenes contra la prensa ya que, ante la ausencia de la justicia, la convivencia democrática se ve profundamente distorsionada y los contextos de violencia se recrudecen. Permitir que se viole la ley impunemente alienta a que los violentos sigan cometiendo crímenes, promueve la repetición crónica de la violencia, genera un efecto inhibidor para la libertad de expresión y reduce la confianza pública en el Estado y su imparcialidad.

Para afinar y articular las acciones del Estado es indispensable estudiar el ambiente y formas de violencia actuales a partir de una lectura cualitativa, cuantitativa, seria, integral y actualizada de los contextos, patrones y actores. Para ello, en primera medida, se requiere crear un sistema de recopilación de datos y cifras que permita dar cuenta de los riesgos diferenciados e incorpore la información de todas las entidades del Estado. 

Dicho sistema deberá asegurar la disponibilidad, accesibilidad, independencia y transparencia para promover la investigación independiente y participativa de la academia y sociedad civil. También debe incorporar información registrada por la sociedad civil y promover la denuncia de los y las periodistas afectados. Esto puede ayudar a resolver el subregistro que se origina por la desconfianza en el Estado, pues la prensa ha sido objeto de distintas formas de violencia perpetrada por el Estado, y esto ha dificultado que se denuncie ante las autoridades ciertas formas de violencia.  

Compromisos versus estadísticas

1. Según la UNESCO, en los últimos 15 años, el 87% de los casos de periodistas asesinados no se ha resuelto o no se ha denunciado. Solo el 13% de los casos  registrados desde 2006 (aproximadamente uno de cada diez) se considera actualmente resuelto judicialmente.
   
   
2. La FLIP ha documentado 163 casos de periodistas asesinados en Colombia. La impunidad en estos casos alcanza el 78.8%. Esta cifra aumenta si se tienen en cuenta otros crímenes como las amenazas que llegan al 98% de impunidad. 
   
   
3. A la fecha, 92 casos han prescrito sin procuración de justicia. 
   
   
4. Esta negación de justicia propicia la autocensura y agrava la afectación de derechos como la libertad de expresión, prensa, garantías judiciales y vida. A la vez, esto puede constituir actos de tortura en contra de las víctimas por generar graves impactos en su integridad psíquica.
   
   
5. Colombia ha suscrito múltiples instrumentos comprometiéndose a promover medidas de prevención, investigación y sanción de la violencia contra la prensa e inclusive de toma de responsabilidad, todo con el fin de garantizar que los ataques no queden impunes. Sin embargo, casi cuatro meses después de la declaratoria de responsabilidad del Estado colombiano en el caso de Jineth Bedoya, no se conocen medidas que tiendan a cumplir con lo ordenado por la CIDH. 
   
   
6. Este año, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se pronunciará por primera vez sobre la muerte de tres periodistas. Colombia debería estar alerta de las recomendaciones que resulten en este proceso, pues seguramente los expertos darán recomendaciones concretas y específicas para abordar de manera integral la impunidad. Las decisiones del TPP no tienen implicaciones judiciales para los Estados, pero apelan a la conciencia ética de la humanidad para condenar graves violaciones a los derechos humanos y cambiar el rumbo de Estados y sociedades.

En Colombia la prensa recibe más agresiones que mensajes de respaldo por parte de funcionarios públicos y de la institucionalidad. Los remitentes son desde el Fiscal General hasta alcaldes, gobernadores y miembros de la fuerza pública. Un contexto como ese es insostenible para la libertad de expresión. Catalina Botero, exrelatora especial para la libertad de expresión de la CIDH y miembro del Consejo asesor de contenido de Facebook, explora las acciones necesarias para que el aparato estatal le dé mayores garantías a la prensa. 

FLIP: ¿Qué le parece clave que cambie en la narrativa que tienen los funcionarios públicos con el periodismo?

Catalina Botero (C.B): Cualquier Gobierno tiene que adoptar una narrativa a favor de la libertad de expresión. Ese debe ser el gran contexto en el que se promuevan todas las políticas públicas de promoción de la libertad de expresión. Esta es fundamental en una democracia, ya que hay unas amenazas que solo cambiarán si la gente y los funcionarios públicos entienden por qué defender la libertad de expresión es tan importante. 

FLIP: ¿Por ejemplo qué tipo de amenazas?

C.B: Las amenazas que sufren especialmente los periodistas locales, los que no están en las grandes ciudades. Hay una deuda inmensa con la prensa que está en esos territorios. Los reportajes de esos periodistas son claves para combatir, por ejemplo, a los grupos armados. Pero esas historias no se están contando, porque los y las periodistas no pueden estar en esas zonas. Para solucionar este problema de protección no solo hay que entregarles un chaleco antibalas, hay que garantizarles la protección de todo el sistema que permite las comunicaciones desde esos lugares. 

FLIP: El periodismo se ha visto enfrentado históricamente a la violencia en el marco del conflicto armado. ¿Cree usted que la JEP debería abrir un macrocaso para tratar la violencia contra la prensa?

C.B: Claro, yo creo que sería un macrocaso. A partir del informe que hizo Germán Reyes para el Centro de Memoría Histórica, La Palabra y el Silencio, es posible pedirle a la JEP que estudie como fenómeno criminal los atentados contra periodistas, y la violencia contra la prensa en el marco del conflicto armado. 

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FLIP: Otro de los grandes problemas de los medios hoy en día es la financiación. Hace poco Unesco propuso que fueran los Gobiernos quienes financiaran el periodismo. ¿En el contexto colombiano, usted ve viable esta recomendación?

C.B: Entiendo la propuesta de Unesco porque la información es un bien público, entonces debería estar financiada por el Estado. Sin embargo, en el panorama político de Colombia creo que es inviable. La mayoría de políticos realmente creen que la información seria, imparcial, veraz, curada, es solo aquella que habla bien de su candidato; es decir, no evalúan la información por el proceso, sino por el contenido del resultado, entonces sería muy peligroso. Así, se terminarían entregando miles de millones de dólares a medios que solo dicen lo que ellos quieren, no se lo van a dar a los medios con estándares serios que critican a sus líderes. 

FLIP: La mirada suele estar dirigida a lo que hace o deja de hacer el Gobierno de turno, pero no se habla del conjunto del Estado, ¿cómo trabajar con todas las instituciones en materia de libertad de expresión?

C.B: Es importante que haya una formación en democracia para los funcionarios públicos. Este tipo de acciones podrían contribuir a la prevención de agresiones a la libertad de expresión, como, por ejemplo, las relacionadas con el acceso a la información pública. Es recordarles a los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de recolectar, custodiar y entregar de manera oportuna, completa, accesible y fidedigna toda la información que tengan. 

Además, la Procuraduría tiene que iniciar investigaciones con perspectiva de libertad de expresión contra los funcionarios públicos que utilicen el discurso público para estigmatizar o afectar la libertad de expresión. Por ejemplo, esto es muy claro en el caso de Daniel Quintero, donde habían unas afrentas contra la prensa, contra El Colombiano, por ejemplo. La investigación que abrió la Procuraduría era clave.

Por otro lado, está la necesidad de transparentar el uso que hacen funcionarios de las redes sociales y de la publicidad oficial. La Contraloría debería investigar el uso de fondos públicos para la publicidad oficial mal destinada, y el uso de recursos públicos para la contratación de community managers, por ejemplo. 

La mayoría de las agresiones a la prensa durante el 2021 fueron perpetradas por miembros de la fuerza pública durante las jornadas de protestas sociales. En otros momentos la presión vino por parte del acoso judicial, las amenazas y las restricciones de acceso a la información impuestas sin razón por funcionarios e instituciones estatales. Las siguientes son las estadísticas de agresiones que registró la FLIP el año pasado.

Total agresiones*: 684 

Total víctimas: 768 

*En un solo episodio de agresión puede haber más de un periodista víctima.

1. 172 amenazas

La amenaza ha sido por muchos años una de las formas predilectas para atacar a la prensa. En el 2021 hubo un incremento de casos con respecto al año anterior, cuando registramos 152. Las amenazas tienen diferentes consecuencias: desde la autocensura, hasta el abandono del ejercicio periodístico.

¿Quiénes amenazan a la prensa?

Fuerza pública: 18 casos.

Particulares: 52 casos.

Desconocidos: 56 casos.

2. 168 agresiones físicas

El 93% de las agresiones físicas a la prensa sucedieron durante el cubrimiento de las jornadas de manifestaciones, entre mayo y julio. Los periodistas fueron empujados, golpeados con puños, piedras, escudos y patadas e incluso algunos fueron apuñalados. En el 2021 registramos un gran incremento en los casos de agresión física, comparado con el 2020, cuando documentamos 30 casos.

3. 65 hostigamientos.

4. 57 obstrucciones al trabajo periodístico.

5. 4 atentados.

6. 1 asesinato.

7. 1 secuestro.

8. 43 obstrucciones de acceso a la información

El acceso a la información pública es un derecho fundamental de la ciudadanía y vital para el ejercicio de la prensa. Todos los días los periodistas solicitan datos e información a entidades del Estado para realizar veeduría sobre temas de alto interés público. Obstaculizar este derecho nos afecta como sociedad, pues tenemos menos insumos para tomar decisiones informadas.

En el 2021 registramos 42 casos en los que servidores públicos faltaron a su deber constitucional y se negaron a brindar información sobre temas como la gestión de la pandemia, de las manifestaciones sociales, contratación pública y administraciones locales. 

9. 36 casos de acoso judicial

Esta es una forma menos violenta físicamente de intimidar a la prensa, pero igual de efectiva y perjudicial. El acoso judicial impacta a los y las periodistas emocional, económica y socialmente. Les obliga a dejar de cubrir ciertos temas, por lo que se pierde veeduría en asuntos de alto interés público. 

¿Quiénes acosan judicialmente a la prensa?

Funcionarios públicos: 10

Particulares: 24

10.  137 agresiones de otras formas.

Los seis departamentos con más agresiones a la prensa:

1. Bogotá: 197
2. Antioquia: 90
3. Valle del Cauca: 81
4. Santander: 37
5. Cauca: 30
6. Tolima: 24
   
   

En la FLIP nos preocupa, especialmente, la situación de la prensa en Arauca y Norte de Santander. Allí, las agresiones a periodistas han aumentado sin que haya medidas de prevención y protección articuladas, diferenciadas y adaptadas a los diferentes contextos. En el 2020 la FLIP registró 13 agresiones contra la prensa en Arauca y otras 13 en Norte de Santander.  Para el 2021 se registraron 21 casos en cada departamento.

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Manifestaciones sociales 

Total agresiones: 359*

Total víctimas: 408 

*Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Solo entre abril y julio registramos 304 agresiones.

Las seis agresiones más frecuentes:

1. 155 agresiones físicas.
2. 58 amenazas.
3. 33 casos de obstrucción al trabajo periodístico.
4. 28 hostigamientos.
5. 19 robos o eliminación del material periodístico.
6. 16 detenciones ilegales.

La fuerza pública fue el mayor agresor de la prensa durante las jornadas de manifestaciones y se convirtió también en el máximo agresor de la prensa en todo el 2021. Tampoco hubo un respaldo público oportuno de las autoridades a la labor periodística.

Total de agresiones de fuerza pública durante todo el año: 247 

Total de agresiones de fuerza pública en contextos de protestas: 227

La violencia permanente contra los y las reporteras se traduce en menos información valiosa para la ciudadanía y en posibilidades limitadas para indagar sobre asuntos de interés público. Si bien el Estado colombiano ha realizado esfuerzos importantes para reaccionar a esa violencia, es necesario revisar las políticas de protección. Se requieren estrategias diferenciadas y enfoques particulares.

Entre 180 países, Colombia ocupa el puesto 130 con las peores condiciones para el ejercicio de la prensa. Según la clasificación más reciente realizada por Reporteros sin Fronteras, en América Latina, el nuestro es el segundo país más letal para el periodismo, después de México. En los últimos cinco años, han sido asesinados ocho periodistas y por lo menos 782 han sido amenazados. 

Bajo estas circunstancias, es necesario reiterar que la seguridad debe ser una prioridad para los Estados y que deben hacer todo lo posible para prevenir actos de violencia, intimidación, amenazas y agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Así ha quedado nuevamente consignado en la resolución adoptada, de manera unánime, por la Asamblea General de Naciones Unidas en noviembre de 2021.

En Colombia, el programa de protección se creó en el año 2000 y se ajustó en el 2012, momento desde el cual está en manos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Este programa no es suficiente para atender las vulnerabilidades de los y las reporteras. Es un mecanismo que, aunque fue pionero en su momento, actúa, principalmente, de manera reactiva, no opera articuladamente con otras entidades y desconoce las condiciones y prácticas únicas del ejercicio periodístico, así como las diferencias entre las violencias ejercidas en cada región del país. 

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Por otro lado, la pedagogía alrededor de la autoprotección es insuficiente y prácticamente no existen medidas preventivas. En la mayoría de los casos, al menos de la población de periodistas, estas acciones se limitan a patrullajes y revistas policiales que no se cumplen a cabalidad y que casi nunca tiene en cuenta el contexto en el que se encuentran las personas en riesgo o la capacidad del cuerpo policial que debe prestar esta función. La FLIP ha advertido en diferentes informes que este programa se ha transformado en un mecanismo burocrático, cada vez más inclinado a tomar decisiones por motivaciones políticas y no técnicas.

En el Decreto 1139 de 2021, que establece la reingeniería de la UNP contemplada en el Plan de acción oportuna de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (PAO), se establecieron algunas modificaciones dirigidas a reducir los tiempos de respuesta de los análisis de riesgo y a formalizar espacios y prácticas que ya existían. Sin embargo, no es suficiente ni útil reducir tiempos de respuesta si no se subsanan vacíos en la ruta de protección como la formación de los analistas en temas relacionados con labor periodística, enfoque de género, derechos humanos, etc. Tampoco es eficiente en la medida en que no hay disponibilidad de recursos para asignar medidas adaptadas a los territorios y garantizar su correcto funcionamiento. Además, sigue sin haber un espacio abierto a la veeduría por parte de organizaciones de la sociedad civil a la ruta de protección.

También existen riesgos de otra naturaleza que no están siendo reconocidos por el mecanismo y que pesan sobre la seguridad de los periodistas en la era digital como la vulnerabilidad a convertirse en blanco de la vigilancia, el acoso en línea o la intercepción ilegal o arbitraria de comunicaciones. En el 2020, el Ejército Nacional vigiló y parametrizó a periodistas etiquetando su trabajo. Con base en sus reportajes periodísticos o líneas editoriales, les relacionó, de manera estigmatizante, con grupos al margen de la ley y recolectó información personal sin su autorización. Casi dos años después no hay sanciones disciplinarias ni penales por estos hechos.

Además de la protección reactiva, el Estado también está llamado a promover la diversidad y la independencia de los medios de comunicación y el acceso a la información. Pero acontecimientos recientes evidencian la especial fragilidad de los medios independientes y del periodismo ciudadano, pues son blanco recurrente de ataques y estigmatizaciones. Por ejemplo, este tipo de medios de comunicación fueron los más afectados durante las manifestaciones del 2021; sobrevivieron a semanas muy violentas sin garantías para hacer su trabajo y cubrir las protestas sociales. 

Crímenes contra la prensa

1. La FLIP ha registrado desde 1938 hasta la fecha 163 casos de asesinatos a periodistas por razón de su oficio. 
   
   
2. De los 782 periodistas que han sido amenazados en los últimos cinco años en Colombia, en cuarenta casos tal amenaza ha derivado en desplazamientos internos y exilios. 
   
   
3. Entre 2016 y 2021, ha habido ocho atentados y ocho secuestros contra periodistas.
   
   
4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que existe una situación de riesgo para la prensa en Colombia, que además se une a altas tasas de impunidad en la investigación de crímenes contra la prensa. 

La identificación y reconocimiento de los hechos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, así como de las afectaciones al oficio periodístico y las consecuencias para la sociedad es una tarea que, pese a los avances, persiste inconclusa. Es una necesidad pendiente que implica memoria, verdad, justicia y reparación al oficio periodístico. 

Colombia ha sido uno de los países con mayores riesgos para ejercer el periodismo en el mundo: 162 periodistas han sido asesinados por razones vinculadas a su oficio entre 1977 y 2021. Esta cifra, consolidada por la prensa, la academia y organizaciones sociales, muestra solo una parte de la dimensión de la violencia sobre el periodismo en el país, que en el contexto del prolongado conflicto armado incluye secuestros, desplazamientos, exilios, amenazas, estigmatizaciones, hostigamientos, entre otras agresiones. La violencia no solo ha sido dirigida a los y las reporteras, también ha impactado sobre una larga cadena de colaboradores que nutren los procesos informativos. 

En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que existen siete macro casos abiertos, hasta la fecha no se han priorizado hechos victimizantes sufridos por los y las periodistas en el marco del conflicto armado interno. Si bien, en el caso 01, Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC-EP, se analizó la situación de un periodista retenido, la JEP no se refirió a las afectaciones a nivel individual y colectivo del derecho a la libertad de expresión. Aunque la JEP organizó un seminario sobre violencia contra periodistas en 2019, en el que se analizaron los contextos de los crímenes y los retrocesos en materia de investigación, a la fecha no se han promovido más espacios de esa naturaleza.

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Hay otros antecedentes relevantes. En 2012, se anunció el comienzo del proceso de reparación colectiva a periodistas por parte de la Unidad para las Víctimas; en este se reconoció a la prensa como víctima del conflicto armado y consideró que la violencia en su contra no solo generó afectaciones individuales, sino también colectivas. En 2014, se oficializó a la comunidad de periodistas como un sujeto de reparación colectiva, el cual, según cifras de la Unidad para las Víctimas, contempla unas 400 mil personas en todos los departamentos del país. En este proceso, que está por cumplir una década, tan solo el ejercicio de diagnóstico de los impactos y los daños colectivos al periodismo ha tomado más de seis años. La FLIP participó de varias mesas de trabajo con la Unidad de Víctimas y con periodistas entre 2012 y  2015, pero ante la ausencia de un plan detallado, la Fundación decidió apartarse del proceso.

En 2015, el Centro Nacional de Memoria Histórica, con apoyo de la FLIP, presentó el informe La palabra y el silencio, una investigación que mostró las principales características, dinámicas, lógicas y patrones de la violencia ejercida contra medios y periodistas desde 1977 hasta 2015. Los asesinatos, secuestros, desplazamientos, violencia sexual, entre otros hechos de violencia, fueron recopilados en este trabajo al que contribuyeron con su testimonio varios profesionales que habían sido víctimas del conflicto. Este informe evidenció que la información periodística era objeto de persecución por parte de todos los actores armados involucrados en el conflicto. 

Desde 2017, la Comisión de la Verdad adelanta procesos de escucha e investigaciones que dan cuenta, entre otras, de afectaciones contra medios y periodistas, y que servirán de insumo para el informe final de la Comisión, que brindará un análisis más completo de las motivaciones que llevaron a actores armados a atentar contra la prensa.

El relato amplio y complejo de la violencia contra el periodismo en Colombia debe dar señales claras del porqué el control de la información es esencial para el ejercicio del poder por parte de actores violentos; de cómo, para qué y quiénes fueron protagonistas de esa persecución; y de cómo las líneas de continuidad de las censuras tienen relación con esas violencias, que pese a sus modificaciones, siguen presentes en muchas zonas del país, alterando el sano ejercicio de informar lo que acontece, nos interesa y preocupa como sociedad.

Resarcir las heridas del periodismo violentado requiere de más acciones concretas y menos actos de protocolo. No se trata de brindar  anuncios institucionales empáticos y pomposos, como ha sucedido en determinados momentos, sino de permitir que las nuevas generaciones gocen de la posibilidad de expresarse libremente, de no seguir cargando las censuras y la violencia como una pesada herencia. 

Durante el año pasado fuimos testigos del período más violento contra la prensa en años recientes en Colombia. El asesinato de un periodista demuestra que la prensa se sigue enfrentando a agresiones extremas sin garantías por parte del Estado. Este es un repaso por los momentos que marcaron la libertad de prensa del 2021. 

1. Asesinato de Marcos Efraín Montalvo

El 19 de septiembre fue asesinado Marcos Efraín Montalvo, un periodista veterano de Tuluá, Valle del Cauca. Su trabajo periodístico es recordado por las denuncias y críticas a la administración local. Su asesinato es el segundo que ocurre en menos de un año en el Valle del Cauca. Este contexto genera temor entre los y las periodistas de la región que ante estos hechos de violencia pueden verse obligados a autocensurarse y dejar de denunciar temas como los que cubría Montalvo. 

Por el asesinato ya fue capturado un menor de edad y la principal hipótesis de la Fiscalía General de la Nación es que el crimen fue motivado por el trabajo periodístico de Montalvo. 

2. Récord de periodistas agredidos en manifestaciones sociales

A lo largo del año registramos 359 agresiones a la prensa durante las manifestaciones sociales. Especialmente nos llama la atención el período entre el 28 de abril y el 19 de julio, en el que documentamos 304 agresiones contra periodistas y medios. En los contextos de protesta del 2021, la fuerza pública fue responsable del 63% de las agresiones. A pesar del compromiso institucional de investigar y sancionar a los responsables, hasta el momento, solo hay siete procesos abiertos y no conocemos de ninguna sanción a los responsables.

3. Ciberpatrullaje y vigilancia en línea

Durante el paro nacional el Ministerio de Defensa y la Policía iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según ellos, son noticias falsas que circulan en Internet. Esta política, que va en contravía de las indicaciones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, institucionaliza un discurso de estigmatización y censura arbitraria contra voces críticas del Estado que denuncian irregularidades de las instituciones. Preocupa la vigilancia y seguimiento que puedan hacer a usuarios de redes sociales y periodistas, en especial porque el país ya tiene antecedentes de perfilamientos a la prensa. 

Hasta ahora, ni el ministerio ni la Policía han asumido alguna responsabilidad y se escudan en decir que se trataba de una campaña pedagógica para hacer frente a las noticias falsas. 

4. Visita de la CIDH

En junio, la CIDH visitó Colombia y se reunió con periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo era recolectar información sobre las múltiples violaciones a derechos humanos durante el período de manifestaciones sociales. Luego de la visita, la CIDH publicó un informe con recomendaciones para el Estado colombiano. Algunas de ellas: asegurar la protección de periodistas, no intervenir en el libre funcionamiento de los medios, abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura, brindar información sobre el funcionamiento de las redes de Internet y que la Policía deje de categorizar contenidos como verdaderos o falsos. 

El Gobierno rechazó algunas de las recomendaciones y dejó entrever su falta de disposición en la implementación de las mismas. 

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5. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso Jineth Bedoya

Después de más de 20 años en búsqueda de justicia, en octubre de 2021 la Corte IDH condenó al Estado colombiano por el secuestro, la tortura y la violación de Jineth Bedoya. La sentencia es histórica porque representa un gesto de justicia para todas las víctimas de violencia sexual en el conflicto.

En su fallo, la corte le ordena al Estado investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra Bedoya; llevar a cabo una política integral para la protección de los y las periodistas; la creación del Centro Investigativo No es Hora de Callar; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre violencia de género, amenazas y violencia contra periodistas y defensores(as) de derechos humanos; y la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.

6. Acoso judicial: los casos de Vicky Dávila y Cecilia Orozco

Durante el 2021, el acoso judicial contra la prensa se incrementó. En abril conocimos la decisión en segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia que sentenciaba a la periodista Vicky Dávila a indemnizar al excomandante de la Policía, Jorge Hilario Estupiñán, por los cuestionamientos que hizo frente a un posible acto de corrupción de Estupiñán. Judicializar una opinión es un golpe contundente contra la libertad de expresión, pues en una democracia se deben proteger los discursos en todas sus formas y manifestaciones.

Por otro lado, se dio la sentencia a favor de Cecilia Orozco en un caso en el que el abogado Abelardo de la Espriella la acusó de dañar su honra y buen nombre. Aunque la decisión represente un alivio para el ejercicio de la prensa libre en Colombia, esta no elimina los efectos negativos que representó el proceso judicial para la periodista.

7. Interferencias y ataques a los medios

En marzo, el gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, realizó llamados de atención a los periodistas por la forma en la que se estaban emitiendo las noticias. Y en octubre, despidieron al director del sistema informativo de Telemedellín, Hernán Muñoz, como sanción a las críticas que realizaba a la Alcaldía de Medellín. Según el periodista, el nuevo gerente del canal habría dicho en una reunión de empalme que el noticiero “ya no sería para la gente, sino para defender al alcalde”.

Además, el alcalde Daniel Quintero arremetió contra el periódico El Colombiano, que ha realizado varias investigaciones sobre corrupción en la alcaldía. Les han desacreditado, por ejemplo, diciendo que el periódico es un “pasquín”. Por este hecho, a inicios de enero del 2022, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Quintero.

Estas intimidaciones son una carta blanca para que otras entidades y funcionarios dejen de lado su obligación de propiciar un clima óptimo para el periodismo.

8. MinTIC cancela ayudas económicas a medios

A inicios del 2021, el MinTIC anunció la entrega de 85.000 millones de pesos para la transformación digital y la reactivación económica de los medios. Sobre esto, la FLIP advirtió acerca de la necesidad de establecer mecanismos de evaluación independientes para dar mayor transparencia al proceso y establecer expresamente una cláusula de respeto a la libertad editorial de los medios. El MinTIC respondió que el proceso de evaluación sería objetivo y transparente, y que no debía haber preocupación alguna frente a posibles vulneraciones a la libertad de prensa. 

Sin embargo, en septiembre, se anunció la terminación anticipada del proceso de convocatoria. Supuestamente, ninguno de los 354 medios que participó cumplía con los requisitos, pero nunca se explicó por qué las propuestas no se ajustaban a los ejes de la convocatoria o por qué los presupuestos no se adecuaban a las condiciones del MinTIC. Así, el Estado dejó en vilo a un aproximado del 15% de los medios del país y se lavó las manos de su responsabilidad en apoyarles. 

9. La Cámara aprueba artículo que limita la libertad de expresión

En diciembre, las dos cámaras del Congreso aprobaron un artículo que amenazaba la libertad de prensa, pues imponía sanciones desproporcionadas para quienes injurien o calumnien a funcionarios o exfuncionarios públicos. A pesar de que días después fue eliminado, es sumamente alarmante que el Congreso haya aprobado en primera instancia una legislación regresiva contra la prensa, que desconoce los estándares internacionales, sofoca el debate público y crea un terreno fértil para la corrupción, pues le impide a la prensa y a las organizaciones civiles cumplir su rol de veedores.

10. Agresiones contra la prensa que caminan hacia la impunidad

El año pasado se cumplieron tres años del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. En mayo tuvo lugar el acto de perdón de alias “Cherry”, responsable del asesinato de los periodistas ecuatorianos. Sin embargo, el acusado mostró contradicciones en su relato y no evidenció un interés de revelar la verdad del crimen. Es clave que se dé una reparación a través de espacios de perdón que esclarezcan la verdad y eviten nuevos gestos de revictimización.

Por otro lado, en enero la CIDH concedió medidas cautelares a favor del periodista Ricardo Calderón por las agresiones de las que fue víctima en el caso de perfilamiento a periodistas por parte de miembros del Ejército. Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría no han avanzado en las sanciones a los responsables, con lo cual se evidencia la falta de interés estatal en avanzar en el esclarecimiento del caso. 

Se cumplen 20 años del asesinato del periodista y subdirector del diario La Patria, Orlando Sierra, en Manizales, Caldas. De los 163 casos registrados de asesinatos a periodistas, este es el único en el que se ha condenado a toda la cadena criminal: desde autores materiales hasta determinadores. Sin embargo, tuvieron que pasar 17 años para que eso sucediera. En Colombia, la impunidad en casos de homicidios a periodistas alcanza el 78.8%.

El 30 de enero de 2002, mientras llegaba de almorzar junto a su hija, Orlando Sierra recibió dos disparos en frente de la sede del diario La Patria. Tras el ataque, Orlando fue trasladado de urgencia al Hospital de Caldas e intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, dos días después, el 1 de febrero, falleció. Orlando era el subdirector de La Patria y en su columna Punto de Encuentro denunciaba la corrupción en Caldas.

La justicia encontró como determinador del crimen a Ferney Tapasco, excongresista y exdirector del Partido Liberal en Caldas. Además, los hermanos Fabio y Jorge López Escobar fueron condenados como cómplices del homicidio. Luis Fernando Soto Zapata, el sicario, y Luis Miguel Tabares, el jefe de sicarios, fueron condenados como autores materiales. Así mismo, Luis Arley Ortiz Orozco y Francisco Antonio Quintero Tabares fueron condenados como coautores del crimen.  

Días después del homicidio, varios medios de comunicación, invitados por la FLIP, decidieron unir sus esfuerzos para investigar el crimen. En el caso de Orlando Sierra fue determinante la presión que ejerció la prensa para que se juzgaran a los responsables del asesinato. Sin embargo, la justicia tardó 17 años en llegar. 

Contrario a la disminución mundial de asesinatos a periodistas entre 2016 y 2020, que ha reportado Unesco, en Colombia en los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el país, mientras que entre el 2011 y 2015 fueron asesinados siete. 

Para encontrar justicia en crímenes contra periodistas es necesario que las entidades hagan un trabajo conjunto en la investigación de estos ataques, teniendo en cuenta el contexto de violencia diferenciada contra la prensa y las características regionales de cada caso. Además, es vital que los casos sean investigados sólidamente y, posteriormente, judicializados en plazos razonables, las dilaciones hacen que se pierda la posibilidad de juzgar debidamente a los responsables de los crímenes. 

Recientemente, se aprobó una nueva ley de seguridad ciudadana, en la que se incrementan las penas a quienes sean encontrados responsables de homicidios contra periodistas. Esta medida solo podrá contrarrestar la violencia en la medida que se reduzca el índice de impunidad y se concluyan los procesos en sanciones a toda la cadena de responsables. Para ello, es indispensable que la Fiscalía se enfoque en entender las particularidades de la violencia contra la prensa y en investigar diligentemente para dar con los determinadores y autores materiales de los asesinatos.

El legado de Orlando Sierra sigue vivo, en la redacción de La Patria y en sus compañeros, familiares y amigos. A continuación podrá ver un video realizado en conjunto con La Patria, en el que excompañeros recuerdan su trabajo y cómo éste impactó en ellos y en la sociedad caldense. 

También podrá escuchar nuestra cápsula de audio conmemorativa y navegar por la línea de tiempo de este caso. 

En la FLIP no olvidamos. 

Ayer, 19 de enero, en Saravena, Arauca, un carro bomba explotó frente al edificio Héctor Alirio Martínez, casa sede de las organizaciones sociales del Centro Oriente en Saravena, y donde opera el medio digital e impreso Trochando Sin Fronteras. Con esta explosión también se afectaron las instalaciones de Sarare Stereo, una emisora comunitaria con alta difusión en el municipio, que está ubicada a una calle del lugar de la explosión. Este atentado afecta el funcionamiento de estos dos medios. Es urgente que las autoridades locales y nacionales actúen conjuntamente con el fin de proteger el trabajo de las y los periodistas del departamento.