La Unidad Nacional de Protección (UNP) está recolectando de manera masiva y sin autorización datos altamente sensibles de la periodista Claudia Julieta Duque y posiblemente de otros periodistas. 

El lunes 25 de octubre, la FLIP tuvo acceso a más de 25 mil registros recolectados por la UNP entre febrero y agosto del 2021 por medio del GPS instalado en el carro de protección asignado a la periodista. El monitoreo es permanente y detallado, y en ocasiones es realizado cada 15 o 30 segundos e incluye datos de los movimientos de la periodista como fecha, hora, direcciones exactas, y localización de Google Maps. Estos son datos personales y sensibles que requieren un consentimiento informado que nunca ha sido autorizado por Duque. Esta información afecta su seguridad, la de sus familiares y sus fuentes.

La información recolectada por la UNP es más de la estrictamente necesaria para proteger a sus beneficiarios. Además, no existe un documento público que informe a los protegidos de los monitoreos y la Unidad negó a la FLIP información al respecto, alegando reserva legal. Por eso, solicitamos a la entidad una respuesta pública frente a estos hechos de alta gravedad y que informe si el monitoreo se hace a todos los y las periodistas que tienen asignados vehículos como parte de su esquema de protección. De ser así, pedimos que se entregue a cada periodista la información recolectada.

También hacemos un llamado a los órganos de control para que investiguen estos hechos y la falta de transparencia por parte de la UNP sobre qué información recolecta el GPS, qué tratamiento se le da y cómo se expresa el consentimiento de las y los beneficiarios. 

En la FLIP rechazamos este nuevo episodio de monitoreo hacia Claudia Duque y respaldamos su solicitud para que se retire el GPS del vehículo o se le asigne uno nuevo.

Para conocer más pueden acceder a la carta emitida por la FLIP haciendo clic en el siguiente enlace 

El periodista Alejandro Jaramillo Barbosa fue presidente de la Asociación Colombiana de Periodistas (ACP) y cronista del Diario del Sur. Un día como hoy, hace 24 años, fue asesinado en Pasto, Nariño. El 24 de octubre de 2017, el caso de Alejandro prescribió en completa impunidad sin que las autoridades identificaran a los responsables del crimen. 

El periodista del diario El Caleño, Fernando Abadía, recuerda a Alejandro como uno de los periodistas más destacados de la crónica roja en la región. “Antes de trabajar en el Diario del Sur, Alejandro era el encargado de las noticias judiciales en el periódico El Caleño de Cali. En la década de 1970, dictó clases de periodismo junto a Evaristo Bugallo y tuve la oportunidad de aprender de los dos. Era un periodista extraordinario”, señaló Abadía. 

Para Jorge Carvajal, colega de Alejandro en el periódico Occidente de Cali y del Diario del Sur, Alejandro fue un cronista ejemplar que guió su carrera dentro y fuera de la redacción. “Alejandro me aconsejó mucho. Recuerdo que un día, a eso de la 1:00 p.m., llamaron de una empresa de transporte y nos informaron que había una maleta extraña. Cuando la abrí, había una cabeza adentro. Me asusté mucho, pero junto a él aprendí cómo asumir los gajes del oficio”, recordó Carvajal.

Antes de su muerte, Alejandro fue hostigado y amenazado por las investigaciones y relatos que realizó como parte de su oficio periodístico. En 1984, el periodista fue víctima de un atentado en Cali, Valle del Cauca y tiempo después abandonó su cargo como director del diario El Caleño. Al parecer, en sus últimos reportajes, Alejandro había denunciado las actividades ilícitas de los carteles del narcotráfico en Colombia. 

El viernes 24 de octubre de 1997, Alejandro de 67 fue reportado como desaparecido por sus familiares. Días después, partes de su cuerpo fueron halladas en diferentes puntos de la ciudad. La crueldad de su asesinato dejó un mensaje amedrantandor para la prensa de la región. Pese al llamado de varias organizaciones para investigar y judicializar a los autores de su homicidio, el caso de Alejandro prescribió hace cuatro años sin que nadie fuera judicializado por el crimen. 

En la FLIP, no olvidamos la labor periodística de Alejandro y recordamos a los y las periodistas que han sido asesinados a causa de su labor investigativa para contar y denunciar lo que sucede en las diferentes regiones del país. 

Gracias por recordar con nosotros.

18 de octubre de 2021, Washington, D.C., Bogotá.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió histórica sentencia en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima contra Colombia, donde analiza por primera vez el uso de la violencia sexual como forma de silenciamiento y control en contra de una mujer periodista en el marco del conflicto armado colombiano. 

"El 18 de octubre de 2021 pasa a la historia como el día en que una lucha, que empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de los derechos de miles de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de su vida en su oficio" señaló Jineth Bedoya, periodista, víctima y sobreviviente.

En su sentencia, la Corte declaró al Estado de Colombia responsable por la violación diversos derechos  incluidos el derecho a la integridad personal, libertad personal, honra y dignidad y libertad de pensamiento y expresión de la periodista Jineth Bedoya Lima, como resultado de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando fue interceptada secuestrada y sometida a numerosas agresiones físicas, sexuales y verbales mientras se encontraba cumpliendo labores periodísticas sobre distintos crímenes y violaciones a derechos humanos que ocurrían dentro de la cárcel la Modelo en Bogotá. 

La Corte IDH reconoció la existencia de actos de tortura que tuvieron una clara conexión con su actividad periodística y tenían como fin castigarla, intimidarla y silenciarla. La Corte dio cuenta que las agresiones en contra de la periodista, no solo vulneran su libertad de expresión en el ámbito individual, sino que tuvieron un impacto colectivo, tanto en la sociedad colombiana en su derecho a la información como en otras personas que ejercían el periodismo. Por su parte, en relación con las amenazas que Jineth Bedoya ha recibido al menos desde el año 1999, la Corte resolvió que debido a la falta de investigación estas constituyen actos de tortura.

En su sentencia, la Corte da cuenta de la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los hechos de tortura física, sexual y psicológica en contra de la periodista. La Corte determinó que estos hechos no pudieron llevarse a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia. Esto es aún más grave teniendo en cuenta que Jineth investigaba precisamente delitos cometidos en un contexto de criminalidad organizada con intervención de agentes estatales dentro de la cárcel La Modelo.

Debido al grave clima de impunidad y el uso de estereotipos de género y discriminación dentro de la investigación que ha rodeado el caso de Jineth Bedoya por más de dos décadas, la Corte declaró la responsabilidad internacional de Colombia por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia en las investigaciones.

La sentencia reconoce que en la actualidad persiste en Colombia un contexto grave de amenazas, ataques y asesinatos contra líderes y lideresas sociales, así como contra defensores y defensoras de derechos humanos, dentro de los que se encuentra la categoría de periodistas. 

La Corte ordenó una serie de medidas de reparación incluyendo medidas simbólicas y garantías de no repetición a fin de reparar los daños causados a Jineth Bedoya y a la sociedad en general.

Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte destacamos la obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra la periodista, particularmente tomando en cuenta que la Corte determinó que a la fecha no se ha determinado la autoría intelectual de los hechos ni de otros coautores que pudieran haber participado.

Además, la Corte ordenó al Estado de Colombia  llevar a cabo; “una política integral para la protección de los y las periodistas, la creación del “Centro Investigativo No es Hora de Callar”; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre de violencia de género y sobre amenazas y violencia contra periodistas y defensores/as de derechos humanos; y la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.

La sentencia de la Corte da cuenta de la existencia del uso sistemático de la violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto armado colombiano y del riesgo particular que enfrentan las mujeres periodistas. Además, evidencia la existencia de una impunidad sistemática y generalizada en relación con la violencia sexual durante el conflicto.

Jineth Bedoya lleva más de 20 años buscando justicia incansablemente y se ha convertido en un símbolo y referente en la lucha contra la violencia sexual, particularmente en relación con las mujeres periodistas. Esta decisión de la Corte Interamericana es dignificante no solo para Jineth, sino que representa una esperanza para las miles de victimas de violencia sexual durante el conflicto armado colombiano.

Las organizaciones representantes del caso en el proceso internacional son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 

Rueda de prensa: 

 

 

Contacto de prensa:
3103419744 - Andrea Torres Perdomo (FLIP)

El 18 de octubre de 1996, el periodista Norvey Díaz Cardona fue asesinado en Girardot, Cundinamarca. Norvey era director y fundador del noticiero radial “Rodando barrios” en la emisora regional Radio Colina y, durante seis años, fue hostigado y amenazado por las   denuncias periodísticas que realizó. Hace cinco años su caso prescribió en total impunidad. 

Una vida periodística hostigada  

Durante 1990, el periodista Norvey Díaz estuvo denunciado ante la opinión pública el asesinato masivo de habitantes de calle, recicladores y presuntos raponeros en Girardot. Norvey aseguró en sus reportajes que esta serie de crímenes respondía a la “limpieza social” que estaría haciendo un grupo ilegal denominado “Muerte a ladrones y bazuqueros” que, a través de avisos pintados en las paredes, amenazó con asesinatos selectivos. 

Además, según Norvey, algunos miembros de la Policía Nacional estarían implicados en las masacres, por lo que decidió denunciar los homicidios ante la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía. En consecuencia, varios policías  fueron investigados, pero las autoridades no determinaron la relación entre los agentes y estos asesinatos, de modo que ningún funcionario policial fue hallado culpable.

Sin embargo, a partir de ese momento, Norvey empezó a recibir amenazas e intimidaciones que pretendían silenciar su voz. En varias oportunidades, llegaron a la puerta de su casa coronas fúnebres con su nombre y cartas en las que lo amenazaban de muerte. Ante esto, el periodista empezó a abordar otros temas de investigación , en su mayoría relacionados con el orden público y la administración de recursos públicos de  la alcaldía de Girardot. 

Hasta 1996, Norvey no dejó de recibir amenazas y hostigamientos que intimidaron su ejercicio periodístico. Un día como hoy, hace 25 años, el periodista fue asesinado en Ricaurte, Cundinamarca a sus 42 años. La Fiscalía jamás determinó quién podría estar detrás del homicidio, por lo que su caso prescribió en 2016 en total impunidad. 

Para la fecha de publicación de este artículo nuestro equipo FLIP no ha podido contactar a colegas o personas cercanas a Norvey. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a info@flip.org.co. 

En la FLIP, no olvidamos a los y las periodistas que como Norvey han sido asesinados por denunciar las irregularidades administrativas y las violaciones a los derechos humanos en sus regiones.

Gracias por recordar con nosotros.

En tan solo un mes, el periodista Juan Pablo Barrientos debió atender siete procesos de tutela que pretendían violar la reserva de la fuente y censurar la publicación de su libro “Este es el cordero de Dios”, basado en una investigación periodística. Estos procesos fueron promovidos por distintos sacerdotes del departamento del Meta de manera coordinada, sin aportar pruebas de ningún tipo, para intimidar al periodista y desgastar la administración de justicia. Esta semana se conocieron cuatro fallos de tutela que protegieron el trabajo periodístico de Barrientos.

Barrientos ya había sido acosado judicialmente por su investigación sobre este mismo tema en 2019 por miembros de la iglesia católica en Antioquia. En tres años, han habido al menos diez procesos de tutela mediante los cuales miembros de la iglesia buscan silenciar las denuncias de violaciones de derechos humanos de menores, que son sujetos de especial protección.

En los cuatro fallos de tutela conocidos esta semana se resolvieron seis de las siete tutelas. En una de estas decisiones, a pesar de que en primera instancia el juez reconoció la garantía de la libertad de prensa, el proceso continúa ya que los denunciantes impugnaron el fallo. En estos casos es evidente que existe un patrón y un comportamiento inequívoco que busca censurar la investigación sobre estos casos de pederastia, incluso con respaldo de la Arquidiócesis de Villavicencio que intervino directamente en los procesos. 

Desde la FLIP destacamos que el Juez Segundo Civil del Circuito de Villavicencio protegió la libertad de expresión y la reserva de las fuentes, y reiteró que el derecho a opinar o informar no se supedita a que exista un fallo condenatorio o absolutorio. Por lo tanto, contrario a lo que sostienen los sacerdotes, una publicación que se refiera a un asunto en investigación no viola el derecho al debido proceso o presunción de inocencia de los involucrados. Además, el juez resaltó que la reserva de la fuente es central para la labor periodística. Esta autoridad resolvió tres tutelas, gracias a la acumulación de expedientes, por solicitud de la FLIP y del periodista para contrarrestar la estrategia de acoso judicial de los sacerdotes. 

Si bien la decisión fue garante de la libertad de prensa, es indispensable que se fortalezca la formación de los jueces en materia de libertad de expresión y de prensa, para impedir que se usen vías judiciales con una finalidad de censura contra la prensa. La judicialización sistemática de la libertad de prensa es un mal síntoma en una sociedad democrática. Desde el 2018 a la fecha, la FLIP ha registrado 157 casos de acoso judicial con una tendencia de incremento en las regiones.

La FLIP seguirá acompañando este proceso y hace un llamado a los operadores judiciales para que reconozcan su importante rol a la hora de frenar el acoso judicial, que es una de las principales amenazas a la libertad de prensa. Esto ha sido reconocido internacionalmente mediante el Nobel de Paz otorgado a los periodistas María Ressa y Dmitri Muratov. Precisamente este premio valoró los esfuerzos que realizan las y los reporteros, a pesar de enfrentar de manera recurrente procesos judiciales en su contra como represalia a su oficio periodístico. 

El 14 de octubre de 2010, el comunicador y líder indígena Rodolfo Maya Aricape fue asesinado en Caloto, Cauca. Rodolfo era periodista de Radio Payumat, secretario del Cabildo Indígena de López Adentro e integrante de la Escuela del Tejido de Comunicaciones NASA ACIN.

 

Un periodista que rechazó la presencia de grupos armados en la región

Rodolfo era el penúltimo de los siete hijos de la familia Maya Aricape. A sus 12 años, dejó el municipio de Caldono, Cauca y, en compañía de dos de sus hermanas mayores, viajó a Bogotá para finalizar sus estudios de bachillerato. En la capital, trabajó como ayudante en una ensambladora de automóviles y en una carpintería. Sin embargo, tras 10 años lejos de su comunidad, regresó a Cauca para apoyar el proceso de organización indígena de su región.

Al volver a Cauca, Rodolfo integró el movimiento juvenil Álvaro Ulcué Chocué, una colectividad que buscaba posicionar a los jóvenes Nasa dentro de la esfera política en el municipio de Corinto, Cauca. Años más tarde, Rodolfo ingresó a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) como secretario del Cabildo Indígena del resguardo de López Adentro. A la vez,  se desempeñó como coordinador de la Escuela del Tejido de Comunicaciones y comunicador en Radio Payumat.

El liderazgo y compromiso con el que asumió la tarea de informar a la población, lo convirtió en un periodista reconocido dentro de la comunidad indígena Nasa. “Siempre estaba con su cámara capturando momentos en familia, tomando fotos y grabando en eventos y marchas. Una de sus motivaciones fue el apoyo de la comunidad frente a sus procesos de comunicación”, recuerda su hija, Xiomara Maya.

Desde 2009, Rodolfo estuvo liderando las comunicaciones del pueblo Nasa. Sus notas informativas y reportajes denunciaban la presencia de grupos armados en los territorios, el reclutamiento de jóvenes y la amenaza a líderes indígenas. “Era muy espontáneo al hablar, identificándose con el proceso de la comunidad. Por eso Rodolfo empezó a denunciar los atropellos del mismo gobierno y de los actores armados legales e ilegales que se disputaban el territorio”, señala su hermano, Diego Maya.

 

El silencio que dejó el conflicto

En septiembre de 2010, los pronunciamientos periodísticos de Rodolfo empezaron a generar malestar en los grupos armados que rodeaban la zona. Dos semanas antes de su muerte, Rodolfo recibió una amenaza en la que, además, fue señalado como miembro de la guerrilla. “En las paredes de un colegio del municipio, aparecieron unos escritos en los que lo señalaban de ser cabecilla de la guerrilla. Había un número de teléfono y una recompensa de 20 millones. Él alcanzó a denunciar este hecho”, cuenta el hermano del periodista. 

A pesar de que esta amenaza fue puesta en conocimiento de las autoridades, con 36 años, Rodolfo fue asesinado el jueves 14 de octubre de 2010, en Caloto, Cauca. Alrededor de las 4:30 p.m., dos sicarios que iban en una moto lo abordaron en la puerta de su casa y silenciaron su voz. Hoy, once años después de su asesinato, la Fiscalía continúa en indagaciones por su homicidio, pero nadie ha sido responsabilizado por el crimen

En la FLIP, no olvidamos a los comunicadores indígenas que, como Rodolfo, han sido asesinados por denunciar la violación de derechos humanos en sus comunidades y hacemos un llamado a la Fiscalía para que su caso no quede en la impunidad.

Gracias por recordar con nosotros. 

El Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Ariel Ortega Martínez a 76 meses de prisión por el delito de amenazas contra los periodistas Julio César González Quiceno (conocido como Matador), Daniel Samper Ospina y María Antonia García de la Torre. Además, a Ortega se le impuso una multa por 29.67 salarios mínimos y la inhabilitación del ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal. 

Entre marzo y abril del 2018, Ortega Martínez compartió en su cuenta de Twitter múltiples mensajes de amenazas de muerte, en los cuales se hacía alusión a la falta que hacían las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para callar a la prensa. Algunos de los mensajes dirigidos en contra de María Antonia García de la Torre incluían mensajes discriminatorios por género. 

El juzgado consideró que las declaraciones de Ortega afectaron al gremio periodístico y a la opinión pública, pues los mensajes en Twitter fueron utilizados como una herramienta de intimidación a la prensa. Para el juzgado, es reprochable que Ortega haya hecho alusión a las AUC para intimidar a periodistas y consideró que la amenaza es especialmente grave porque el Estado tiene la obligación de asegurar la libertad de expresión y, en una democracia, los periodistas ejercen este derecho de manera continua, estable y reiterada. 

La FLIP celebra la decisión adoptada por el juzgado pues se tuvo en cuenta el grave impacto que tienen las amenazas para el trabajo de una prensa libre en Colombia. Sin embargo, la impunidad en estos crímenes sigue siendo la regla general, pues el 98% de los casos de amenazas contra periodistas continúan sin esclarecer.

La FLIP advierte que perdura una situación de riesgo para el ejercicio de la labor periodística por la falta de investigación y sanción de las amenazas y otros crímenes. Esto envía un mensaje permisivo a quienes atacan a la prensa y deja inconclusa la desactivación del riesgo. 

Por lo anterior, es necesario que la Fiscalía refuerce sus técnicas de investigación y judicialización de las amenazas contra periodistas, pues este es uno de los delitos que más afecta a la prensa en Colombia, siendo cada año la principal agresión contra la prensa. 

Las organizaciones firmantes rechazamos de manera categórica las intimidaciones y hostigamientos en contra del periodista Roberto Deniz, así como el montaje judicial que se trama en su contra. Esta situación pone en grave riesgo su seguridad y la de su familia.

El pasado 12 de octubre, el periodista Roberto Deniz, del medio independiente Armando.Info,  fue informado de que autoridades venezolanas abrieron un nuevo proceso penal en su contra, como represalia por su trabajo periodístico. Al día siguiente fue alertado sobre un posible allanamiento a su residencia familiar, donde viven su hermano, cuñada y dos menores de edad. Desde el 2018, debido al hostigamiento que sufrían, Deniz, junto a los fundadores de Armando.Info, Ewald Scharfenberg, Joseph Poliszuk y Alfredo Meza, se vieron obligados a salir de Venezuela y se instalaron en Colombia, donde actualmente se encuentran radicados.

A lo largo de este año se han incrementado los ataques, insultos y mensajes intimidatorios en contra de Deniz, a raíz de la cobertura que ha realizado sobre el caso de Alex Saab. Esta campaña de desprestigio es difundida a través de redes sociales y es liderada por cuentas asociadas al gobierno de Nicolás Maduro. La intensidad de la campaña ha sido tal que se produjeron miles de tuits en contra del periodista Roberto Deniz y la etiqueta #Denizvendepatria llegó al primer lugar en Twitter en Venezuela solo horas después de iniciada la campaña.

En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a Deniz y a su familia medidas cautelares para proteger su vida e integridad personal, al advertir que el periodista ha estado involucrado en procesos penales como consecuencia de una serie de investigaciones en las que se denunciaban actos de corrupción del gobierno venezolano. Esta situación se enmarca en un patrón de persecución a través de procesos penales contra periodistas y medios de comunicación, dirigidos a castigar e inhibir expresiones críticas a la actuación de autoridades estatales o sobre cuestiones de interés público. En esa oportunidad, la CIDH advirtió que esto viene acompañado de un discurso altamente estigmatizante e intimidatorio promovido por autoridades del Estado en contra de la prensa.

La manipulación del poder estatal para presionar y hostigar a los periodistas y sus familiares es inadmisible en un régimen democrático. El amedrentamiento de autoridades investigativas y judiciales desprovistas de independencia del poder ejecutivo no tienen un objetivo distinto al de censurar a los medios y periodistas que emiten información que no se encuentre alineada con sus intereses.

Esto genera un ambiente de censura para otros medios de comunicación, que se abstienen de realizar investigaciones rigurosas sobre los miembros del Gobierno, por temor a las represalias que puedan existir en contra suya o de su familia.

Alertamos que estos nuevos hostigamientos en contra del periodista Deniz y su familia, así como la criminalización de quienes emiten opiniones políticas o difunden información que no encuentra aprobación estatal, es una amenaza grave para la libertad de prensa y sienta un peligroso precedente en la región. Resulta imperativo que organismos internacionales y multilaterales vigilen de cerca el riesgo inminente al que están expuestos Deniz y su familia y se dispongan medidas para asegurar su protección. 

Firmantes:

Fundación para la Libertad de Prensa — FLIP (Colombia)
Voces del Sur
Fundamedios
Instituto de Prensa y Sociedad — Ipys (Venezuela)
Instituto de Prensa y Sociedad — Ipys (Perú)
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública — Cainfo (Uruguay)
Abraji (Brasil)
Instituto DEMOS (Guatemala)
Foro de Periodismo Argentino — FOPEA (Argentina)
El Veinte (Colombia)

El 9 y 10 de octubre de 2021 realizamos el primer Gran Consejo de Redacción de Consonante con la red de periodistas de cuatro municipios: Tadó y El Carmen de Atrato en Chocó; y San Juan del Cesar y Fonseca en La Guajira. 

Quibdó, Chocó, fue el lugar elegido para reunir a más de treinta reporteros y reporteras locales que pasaron por el proceso de formación de Consonante, y que ahora producen noticias desde sus municipios.

El encuentro se centró en orientar y acompañar los procesos de definición de agendas noticiosas, la búsqueda y selección de fuentes, y la elección de enfoques periodísticos. El proceso de planeación contó con el acompañamiento y tutoría de la periodista Jineth Bedoya Lima, de El Tiempo y la iniciativa No Es Hora de Callar, y el reconocido periodista Víctor Diusabá. 

Durante el  consejo de redacción los y las participantes nutrieron la discusión con las perspectivas y experiencias de los otros municipios. Entre los temas propuestos se destacan los problemas de atención en el hospital de Fonseca, el feminicidio y dificultades en el acceso a educación sexual y planificación familiar para mujeres, niñas y adolescentes en Tadó, hasta los incumplimientos en obras públicas en San Juan del César y el impacto territorial de una hidroeléctrica en El Carmen de Atrato. 

Leonard Rentería, líder social de Buenaventura y la cantante venezolana Reymar Perdomo también participaron en el encuentro y compartieron sus testimonios sobre liderazgo y visibilización de problemáticas sociales. Ambos compartieron estrategias para aumentar el impacto de las noticias locales en las comunidades. 

“No dejen que el miedo los paralice”, les recomendó Leonard. Con esto en mente, los y las periodistas de la red compartieron sus preocupaciones e identificaron los riesgos a los que podrían exponerse en su nueva labor con el fin de construir un protocolo de autoprotección colectivo. Entre los riesgos identificados se destacaron los robos en ciertas vías, amenazas, agresiones físicas, estigmatización y exclusión en su entorno laboral. Muchas de las reflexiones coincidieron, dando cuenta de un relato común frente a la violencia y la censura. 

Finalmente, los y las periodistas confirmaron su compromiso con la red. Le estamos apostando a la construcción de pensamiento crítico y trabajo colectivo como parte del proceso noticioso. Por eso, desde la FLIP celebramos y estimulamos estos espacios plurales de escucha y aprendizaje colectivo, que nos unen bajo un mismo objetivo: hablar de temas que están silenciados.