La violencia permanente contra los y las reporteras se traduce en menos información valiosa para la ciudadanía y en posibilidades limitadas para indagar sobre asuntos de interés público. Si bien el Estado colombiano ha realizado esfuerzos importantes para reaccionar a esa violencia, es necesario revisar las políticas de protección. Se requieren estrategias diferenciadas y enfoques particulares.

Entre 180 países, Colombia ocupa el puesto 130 con las peores condiciones para el ejercicio de la prensa. Según la clasificación más reciente realizada por Reporteros sin Fronteras, en América Latina, el nuestro es el segundo país más letal para el periodismo, después de México. En los últimos cinco años, han sido asesinados ocho periodistas y por lo menos 782 han sido amenazados. 

Bajo estas circunstancias, es necesario reiterar que la seguridad debe ser una prioridad para los Estados y que deben hacer todo lo posible para prevenir actos de violencia, intimidación, amenazas y agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Así ha quedado nuevamente consignado en la resolución adoptada, de manera unánime, por la Asamblea General de Naciones Unidas en noviembre de 2021.

En Colombia, el programa de protección se creó en el año 2000 y se ajustó en el 2012, momento desde el cual está en manos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Este programa no es suficiente para atender las vulnerabilidades de los y las reporteras. Es un mecanismo que, aunque fue pionero en su momento, actúa, principalmente, de manera reactiva, no opera articuladamente con otras entidades y desconoce las condiciones y prácticas únicas del ejercicio periodístico, así como las diferencias entre las violencias ejercidas en cada región del país. 

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

Por otro lado, la pedagogía alrededor de la autoprotección es insuficiente y prácticamente no existen medidas preventivas. En la mayoría de los casos, al menos de la población de periodistas, estas acciones se limitan a patrullajes y revistas policiales que no se cumplen a cabalidad y que casi nunca tiene en cuenta el contexto en el que se encuentran las personas en riesgo o la capacidad del cuerpo policial que debe prestar esta función. La FLIP ha advertido en diferentes informes que este programa se ha transformado en un mecanismo burocrático, cada vez más inclinado a tomar decisiones por motivaciones políticas y no técnicas.

En el Decreto 1139 de 2021, que establece la reingeniería de la UNP contemplada en el Plan de acción oportuna de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (PAO), se establecieron algunas modificaciones dirigidas a reducir los tiempos de respuesta de los análisis de riesgo y a formalizar espacios y prácticas que ya existían. Sin embargo, no es suficiente ni útil reducir tiempos de respuesta si no se subsanan vacíos en la ruta de protección como la formación de los analistas en temas relacionados con labor periodística, enfoque de género, derechos humanos, etc. Tampoco es eficiente en la medida en que no hay disponibilidad de recursos para asignar medidas adaptadas a los territorios y garantizar su correcto funcionamiento. Además, sigue sin haber un espacio abierto a la veeduría por parte de organizaciones de la sociedad civil a la ruta de protección.

También existen riesgos de otra naturaleza que no están siendo reconocidos por el mecanismo y que pesan sobre la seguridad de los periodistas en la era digital como la vulnerabilidad a convertirse en blanco de la vigilancia, el acoso en línea o la intercepción ilegal o arbitraria de comunicaciones. En el 2020, el Ejército Nacional vigiló y parametrizó a periodistas etiquetando su trabajo. Con base en sus reportajes periodísticos o líneas editoriales, les relacionó, de manera estigmatizante, con grupos al margen de la ley y recolectó información personal sin su autorización. Casi dos años después no hay sanciones disciplinarias ni penales por estos hechos.

Además de la protección reactiva, el Estado también está llamado a promover la diversidad y la independencia de los medios de comunicación y el acceso a la información. Pero acontecimientos recientes evidencian la especial fragilidad de los medios independientes y del periodismo ciudadano, pues son blanco recurrente de ataques y estigmatizaciones. Por ejemplo, este tipo de medios de comunicación fueron los más afectados durante las manifestaciones del 2021; sobrevivieron a semanas muy violentas sin garantías para hacer su trabajo y cubrir las protestas sociales. 

Crímenes contra la prensa

1. La FLIP ha registrado desde 1938 hasta la fecha 163 casos de asesinatos a periodistas por razón de su oficio. 
   
   
2. De los 782 periodistas que han sido amenazados en los últimos cinco años en Colombia, en cuarenta casos tal amenaza ha derivado en desplazamientos internos y exilios. 
   
   
3. Entre 2016 y 2021, ha habido ocho atentados y ocho secuestros contra periodistas.
   
   
4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que existe una situación de riesgo para la prensa en Colombia, que además se une a altas tasas de impunidad en la investigación de crímenes contra la prensa. 

Las empresas de Internet se han convertido en intermediarios fundamentales para la democratización del debate público. Al mismo tiempo, han acelerado problemas como pérdida de la calidad de la información, amplificación de acciones violentas, desinformación, entre otros. ¿Cómo conciliar entre la libertad de expresión y las preocupaciones por el derecho a la privacidad y la seguridad nacional?

En esta “batalla” entre los Estados y las empresas de tecnología, el principal riesgo es limitar los derechos de las y los usuarios de Internet, reconocidos como derechos fundamentales. Según el reporte de Freedom House, publicado en 2021, uno de cada cuatro gobiernos del mundo ha trabajado en nuevas reglas para que las empresas tecnológicas regulen el contenido de los usuarios en los últimos años, y buena parte de estas normas entrañan riesgos para la libertad de expresión y ejercen una presión considerable sobre las empresas para que tomen medidas restrictivas.

En Colombia, cabe mencionar dos ejemplos de intentos de regulación que suponen un riesgo de censura. En medio del paro nacional de 2021, el Ministerio de Defensa lanzó la campaña #ColombiaEsMiVerdad que fue justificada para combatir las noticias falsas que circulan en Internet. Se basó en la creación de un enemigo: las y los usuarios de redes sociales que criticaron o cuestionaron el accionar de la fuerza pública. La campaña tachaba de falsas sus publicaciones y así inauguró una vigilancia sin aclarar el procedimiento que se lleva a cabo para identificar los contenidos ni los criterios usados para definir la veracidad de los mismos que, al parecer, terminan siendo insumo para investigaciones penales o disciplinarias en contra de las y los usuarios de Internet. 

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También vale la pena mencionar la consulta pública que hizo la Secretaría de Transparencia en octubre de 2021 sobre este tema, que incluyó preguntas como: “¿Estaría de acuerdo con la regulación de las redes sociales con el fin de evitar la desinformación, el debilitamiento de las democracias, los discursos de odio y la propaganda deshonesta?”, una forma de reducir una discusión compleja que puede fácilmente convertirse en otra herramienta para que el Estado silencie voces críticas. 

De igual manera, es importante anotar el rol de los Estados frente a las plataformas. Estos tienen la obligación de velar por que las entidades privadas no interfieran con la libertad de opinión y de expresión. Ante el amplio poder de las grandes organizaciones para moldear el debate público en línea y la opacidad en el funcionamiento de sus algoritmos de moderación de contenidos, también hace falta mayor claridad y transparencia. En medio de movilizaciones sociales en septiembre de 2020, Facebook decidió bloquear temporalmente la etiqueta #ACAB (All Cops Are Bastards) y, en 2021, Twitter hizo lo mismo con las cuentas del periodista Gustavo Gómez por supuestamente incumplir las normas de Twitter y de la columnista Ana Bejarano por vestir una camiseta con la frase “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”. La eliminación de contenido de forma automática lleva consigo el riesgo de que aparezcan nuevas formas de censura que ya amenazan los esfuerzos creativos en el contexto de los derechos de autor.

Cuando la regulación ataca la libertad de expresión

• El 2021 fue el año en el que se registró el mayor número de arrestos a usuarios por expresar contenido sobre asuntos de discurso político, social o religioso.
  
  
• Veinte países suspendieron el acceso a Internet y veintiún estados bloquearon el acceso a las plataformas de redes sociales.
  
  
• Organizaciones internacionales sospechan que las autoridades de al menos 45 países obtienen software espía sofisticado o tecnología de extracción de datos de proveedores privados.
  
  
• A finales de 2020, en Nicaragua entró en vigencia la Ley Especial de Ciberdelitos que castiga con penas de cárcel a quienes difundan “noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia”. Esta ley ha sido utilizada por el Gobierno para perseguir a periodistas y personas críticas del presidente Daniel Ortega.
  
  
• En por lo menos 38 países del mundo, los gobiernos están trabajando en reformas legales sobre la gestión de los datos personales que recopilan las grandes compañías de sus usuarios. El problema es que algunas de estas medidas no apuntan a proteger la privacidad de las y los usuarios, sino a darles facilidad a los Estados para solicitarles a las plataformas dicha información, lo que abre la puerta a perfilamientos y vigilancia minuciosa por parte del Estado hacia la ciudadanía.

Durante el año pasado fuimos testigos del período más violento contra la prensa en años recientes en Colombia. El asesinato de un periodista demuestra que la prensa se sigue enfrentando a agresiones extremas sin garantías por parte del Estado. Este es un repaso por los momentos que marcaron la libertad de prensa del 2021. 

1. Asesinato de Marcos Efraín Montalvo

El 19 de septiembre fue asesinado Marcos Efraín Montalvo, un periodista veterano de Tuluá, Valle del Cauca. Su trabajo periodístico es recordado por las denuncias y críticas a la administración local. Su asesinato es el segundo que ocurre en menos de un año en el Valle del Cauca. Este contexto genera temor entre los y las periodistas de la región que ante estos hechos de violencia pueden verse obligados a autocensurarse y dejar de denunciar temas como los que cubría Montalvo. 

Por el asesinato ya fue capturado un menor de edad y la principal hipótesis de la Fiscalía General de la Nación es que el crimen fue motivado por el trabajo periodístico de Montalvo. 

2. Récord de periodistas agredidos en manifestaciones sociales

A lo largo del año registramos 359 agresiones a la prensa durante las manifestaciones sociales. Especialmente nos llama la atención el período entre el 28 de abril y el 19 de julio, en el que documentamos 304 agresiones contra periodistas y medios. En los contextos de protesta del 2021, la fuerza pública fue responsable del 63% de las agresiones. A pesar del compromiso institucional de investigar y sancionar a los responsables, hasta el momento, solo hay siete procesos abiertos y no conocemos de ninguna sanción a los responsables.

3. Ciberpatrullaje y vigilancia en línea

Durante el paro nacional el Ministerio de Defensa y la Policía iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según ellos, son noticias falsas que circulan en Internet. Esta política, que va en contravía de las indicaciones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, institucionaliza un discurso de estigmatización y censura arbitraria contra voces críticas del Estado que denuncian irregularidades de las instituciones. Preocupa la vigilancia y seguimiento que puedan hacer a usuarios de redes sociales y periodistas, en especial porque el país ya tiene antecedentes de perfilamientos a la prensa. 

Hasta ahora, ni el ministerio ni la Policía han asumido alguna responsabilidad y se escudan en decir que se trataba de una campaña pedagógica para hacer frente a las noticias falsas. 

4. Visita de la CIDH

En junio, la CIDH visitó Colombia y se reunió con periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo era recolectar información sobre las múltiples violaciones a derechos humanos durante el período de manifestaciones sociales. Luego de la visita, la CIDH publicó un informe con recomendaciones para el Estado colombiano. Algunas de ellas: asegurar la protección de periodistas, no intervenir en el libre funcionamiento de los medios, abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura, brindar información sobre el funcionamiento de las redes de Internet y que la Policía deje de categorizar contenidos como verdaderos o falsos. 

El Gobierno rechazó algunas de las recomendaciones y dejó entrever su falta de disposición en la implementación de las mismas. 

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5. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso Jineth Bedoya

Después de más de 20 años en búsqueda de justicia, en octubre de 2021 la Corte IDH condenó al Estado colombiano por el secuestro, la tortura y la violación de Jineth Bedoya. La sentencia es histórica porque representa un gesto de justicia para todas las víctimas de violencia sexual en el conflicto.

En su fallo, la corte le ordena al Estado investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra Bedoya; llevar a cabo una política integral para la protección de los y las periodistas; la creación del Centro Investigativo No es Hora de Callar; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre violencia de género, amenazas y violencia contra periodistas y defensores(as) de derechos humanos; y la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.

6. Acoso judicial: los casos de Vicky Dávila y Cecilia Orozco

Durante el 2021, el acoso judicial contra la prensa se incrementó. En abril conocimos la decisión en segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia que sentenciaba a la periodista Vicky Dávila a indemnizar al excomandante de la Policía, Jorge Hilario Estupiñán, por los cuestionamientos que hizo frente a un posible acto de corrupción de Estupiñán. Judicializar una opinión es un golpe contundente contra la libertad de expresión, pues en una democracia se deben proteger los discursos en todas sus formas y manifestaciones.

Por otro lado, se dio la sentencia a favor de Cecilia Orozco en un caso en el que el abogado Abelardo de la Espriella la acusó de dañar su honra y buen nombre. Aunque la decisión represente un alivio para el ejercicio de la prensa libre en Colombia, esta no elimina los efectos negativos que representó el proceso judicial para la periodista.

7. Interferencias y ataques a los medios

En marzo, el gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, realizó llamados de atención a los periodistas por la forma en la que se estaban emitiendo las noticias. Y en octubre, despidieron al director del sistema informativo de Telemedellín, Hernán Muñoz, como sanción a las críticas que realizaba a la Alcaldía de Medellín. Según el periodista, el nuevo gerente del canal habría dicho en una reunión de empalme que el noticiero “ya no sería para la gente, sino para defender al alcalde”.

Además, el alcalde Daniel Quintero arremetió contra el periódico El Colombiano, que ha realizado varias investigaciones sobre corrupción en la alcaldía. Les han desacreditado, por ejemplo, diciendo que el periódico es un “pasquín”. Por este hecho, a inicios de enero del 2022, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Quintero.

Estas intimidaciones son una carta blanca para que otras entidades y funcionarios dejen de lado su obligación de propiciar un clima óptimo para el periodismo.

8. MinTIC cancela ayudas económicas a medios

A inicios del 2021, el MinTIC anunció la entrega de 85.000 millones de pesos para la transformación digital y la reactivación económica de los medios. Sobre esto, la FLIP advirtió acerca de la necesidad de establecer mecanismos de evaluación independientes para dar mayor transparencia al proceso y establecer expresamente una cláusula de respeto a la libertad editorial de los medios. El MinTIC respondió que el proceso de evaluación sería objetivo y transparente, y que no debía haber preocupación alguna frente a posibles vulneraciones a la libertad de prensa. 

Sin embargo, en septiembre, se anunció la terminación anticipada del proceso de convocatoria. Supuestamente, ninguno de los 354 medios que participó cumplía con los requisitos, pero nunca se explicó por qué las propuestas no se ajustaban a los ejes de la convocatoria o por qué los presupuestos no se adecuaban a las condiciones del MinTIC. Así, el Estado dejó en vilo a un aproximado del 15% de los medios del país y se lavó las manos de su responsabilidad en apoyarles. 

9. La Cámara aprueba artículo que limita la libertad de expresión

En diciembre, las dos cámaras del Congreso aprobaron un artículo que amenazaba la libertad de prensa, pues imponía sanciones desproporcionadas para quienes injurien o calumnien a funcionarios o exfuncionarios públicos. A pesar de que días después fue eliminado, es sumamente alarmante que el Congreso haya aprobado en primera instancia una legislación regresiva contra la prensa, que desconoce los estándares internacionales, sofoca el debate público y crea un terreno fértil para la corrupción, pues le impide a la prensa y a las organizaciones civiles cumplir su rol de veedores.

10. Agresiones contra la prensa que caminan hacia la impunidad

El año pasado se cumplieron tres años del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. En mayo tuvo lugar el acto de perdón de alias “Cherry”, responsable del asesinato de los periodistas ecuatorianos. Sin embargo, el acusado mostró contradicciones en su relato y no evidenció un interés de revelar la verdad del crimen. Es clave que se dé una reparación a través de espacios de perdón que esclarezcan la verdad y eviten nuevos gestos de revictimización.

Por otro lado, en enero la CIDH concedió medidas cautelares a favor del periodista Ricardo Calderón por las agresiones de las que fue víctima en el caso de perfilamiento a periodistas por parte de miembros del Ejército. Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría no han avanzado en las sanciones a los responsables, con lo cual se evidencia la falta de interés estatal en avanzar en el esclarecimiento del caso. 

Al periodista Martín La Rotta lo recuerdan como un hombre comprometido con la comunidad, alegre y jovial. Era la voz crítica de San Alberto, César, donde fue asesinado el 7 de febrero del 2004. Todo porque Martín decidió hacerles frente a los paramilitares.

Martín empezó a hablar con las personas del municipio y hacer declaraciones en contra del paramilitarismo en la emisora Las Palmas Estéreo, del cual era gerente y propietario. Y fue así, como se convirtió en su enemigo.

En la FLIP no olvidamos a Martín, gracias por recordar con nosotros.

A pesar de su función e importancia social, la televisión pública enfrenta varios desafíos para mantenerse al aire. Sus puntos más débiles: una financiación desequilibrada, una gobernanza débil, la centralización de poderes en el MinTIC, la ausencia de contenidos digitales y la notable diferencia entre canales regionales y nacionales.

Para conocer un poco más sobre este panorama conversamos con Marcela Benavides, quien tiene más de 20 años de experiencia en el sector. Exdirectora de Señal Colombia y actual líder de ciudadanía, cultura y educación de Canal Capital. La independencia, el financiamiento y la necesidad de que la ciudadanía reconozca y se apropie de los canales son los temas clave.

FLIP: ¿Cuáles son las fortalezas y falencias que presentan los medios públicos, específicamente en la televisión?

Marcela Benavides (M.B): Los medios públicos hacen un gran aporte porque tienen unas miradas que los privados no: atienden realidades culturales, sociales y educativas que completan una visión mucho más plural, y consideran a los ciudadanos como personas y no como consumidores. Pero sucede que tienen desarrollos muy desiguales dependiendo de si son regionales o nacionales. He estado en Señal Colombia y Canal Capital, y los presupuestos y la forma de trabajo son diferentes porque Señal Colombia recibe financiación estatal, mientras que los regionales deben vender servicios para complementar el presupuesto que les da MinTIC. 

FLIP: ¿Cómo calificaría la regulación actual sobre medios públicos en Colombia?

M.B: Con la última ley hubo una concentración de poderes en el MinTIC, que además de ser parte de las decisiones y de la financiación, está centrado en las mesas de regulación. Antes no era perfecto, pero por lo menos estaban separados y creo que eso causa dificultades. 

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FLIP: En noviembre del año pasado, el MinTIC aseguró que la inversión en televisión pública ascendió a más de 300 millones de pesos. Para muchos, la financiación sería una solución a las falencias actuales, pero ¿qué otros incentivos necesitan los medios públicos para su sostenimiento? 

M.B: Las vigencias de los recursos y la posibilidad de usarlos. Por ejemplo, MinTIC abre un presupuesto en enero para que los canales hagan unas convocatorias públicas hasta, aproximadamente junio. Quedarían solo seis meses (si el plazo alcanza el 31 de diciembre) para entregar los proyectos. La producción de televisión de mayor complejidad y calidad necesita más tiempo. 

Hace unos diez años, cuando estaba en Señal Colombia y lanzamos el mercado de coproducción, teníamos recursos privados, nacionales e internacionales para hacer proyectos y logramos que duraran 18 meses. Tampoco es el tiempo ideal, pero para hacer proyectos con mayor envergadura y complejidad narrativa, o desarrollos transmediales, se necesita más tiempo. 

FLIP: Otra propuesta en auge son los contenidos digitales. Sin embargo, vivimos en un país con un bajo índice de conectividad. ¿Cómo promover esta iniciativa y acercar a nuevas audiencias?

M.B: Hay algo particular, y es que todavía no se tiene el desarrollo de contenidos nativos digitales y no hay una financiación específica hacia allá. Todo pasa por el embudo de la TV abierta, y eso hace que no se estipulen proyectos muy grandes, excepto RTVC que tiene RTVC Play. Pero los canales regionales estamos en YouTube o tenemos unos sitios web bastante arcaicos en comparación con otras ofertas digitales. 

Con la cuarentena subieron las audiencias en los canales privados y públicos, pero volvieron a bajar hace varios meses con el retorno a las actividades presenciales. ¿Qué lecciones deja esto? Identificamos una mayor audiencia en niños y madres que necesitaron la TV educativa en casa, y atendimos estratos más populares que no tienen acceso a la conectividad. 

Lo que falta es hacer más promoción, más publicidad para que la gente sepa qué puede encontrar en esta TV. La gente no confía en que puede encontrar contenidos valiosos, entretenidos y pertinentes en la TV pública. Pero cuando encuentran por casualidad o por necesidad, como ocurrió con la cuarentena, descubren cosas que les gustan. 

FLIP: Se han presentado varios casos que afectan la independencia de los medios públicos: Juan Pablo Bieri en RTVC, Telemedellín y Telecafé. ¿Cómo prevenir estos hechos y ganar independencia?

M.B: En primer lugar, haciendo unos planes estratégicos sobre el tipo de contenidos que se quieren producir a largo plazo; un plan con valores, principios y objetivos anuales que estén blindados. También podría darse alguna veeduría de independencia editorial, así como se revisan con los contratos y los procesos para que no haya corrupción. En RTVC, antes de lo de Bieri, había una cantidad de protocolos que diseñamos para evitar esa intromisión a la independencia. 

La independencia también se pierde si las decisiones creativas y de pensamiento quedan en cabeza de los gerentes o de los presidentes, que en realidad no deberían determinar los contenidos. Además, los gerentes no deberían seguir siendo nombrados por los gobernantes de turno, sino por concurso o un equipo técnico especializado e independiente, y por un periodo que sobrepase los cuatro años del gobernante. La participación plural ayuda a mantener esa independencia editorial. 

FLIP: ¿Qué otras sugerencias propone para garantizar un modelo plural e incluyente en los medios públicos?

M.B: Insisto en la planeación a largo plazo, con unos principios de pluralidad, inclusión y diversidad pero que también tenga en cuenta las necesidades de las regiones. Por ejemplo, en Telepacífico el canal Origen, que es afro, es un acierto teniendo en cuenta el gran número de población afro en la región del Pacífico.

Así mismo, sería una riqueza que los canales públicos no solamente estén circunscritos a la regionalidad sino también a intereses editoriales que sean pertinentes para la realidad actual. En Canal Capital, por ejemplo, estamos haciendo énfasis en el trabajo feminista, con mirada y perspectiva de género, y también en la infancia. Para fortalecer estas apuestas se debe tener diálogo con lo internacional y contar con adquisiciones porque los canales regionales no tenemos la misma capacidad de compra de licencias extranjeras como las que tiene Señal Colombia. 

FLIP: Sobre esas otras realidades, ¿qué referentes internacionales en televisión conoce?

M.B: Los canales argentinos como Encuentro, que tiene muchas lecciones sobre innovación porque tienen procesos de producción que duran meses y años para poder hacer contenidos de muy alta calidad. Otro gran ejemplo es Pakapaka, que ha hecho un trabajo de innovación en los contenidos porque alcanzaron a hacer un parque temático en Buenos Aires en el que los próceres de Argentina eran los protagonistas y contaban la historia del país. Es un canal que ha logrado la apropiación de los contenidos fuera y dentro de las pantallas, la gente los quiere. Eso está lejos de ocurrir acá. Somos invisibles y si desaparecemos a nadie le importa.

El plan que establezca el próximo gobierno para abordar las problemáticas del periodismo deberá tener suficiente reconocimiento público, y contemplar que las nuevas medidas no solo tienen que ser aprobadas, sino implementadas. Existen muchos ejemplos en diferentes países del mundo que incluyen buenas ideas sobre cómo salvaguardar el ejercicio periodístico. Con el propósito de persuadir al público y a los formuladores de políticas de que es necesario y de que se puede hacer algo, presentamos treinta recomendaciones que buscan hacer frente a nueve problemas estructurales. 

Frente a la urgencia en políticas para prevenir, proteger y garantizar justicia

1. Implementar una política pública que garantice y fortalezca el derecho a la libertad de expresión y de información de quienes ejercen el periodismo en el país. Esta política deberá reconocer abiertamente que el periodismo es un servicio público cuando provee información de alto interés para la ciudadanía. Los Estados deben garantizar que los y las periodistas gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones.
   
   
2. Crear un nuevo puesto temporal de enviado presidencial especial para la libertad de prensa.
   
   
3. Adoptar, en cabeza del Gobierno nacional, una narrativa favorable con la libertad de prensa. Promover la defensa de este derecho contrarresta la violencia y habilita el acceso a la información. Las cabezas de gobierno deben reconocer de manera pública el rol social de la prensa como guardián de la democracia, ello implica, abstenerse de hacer declaraciones falsas que ataquen la integridad de periodistas y trabajadores de los medios.
   
   
4. Prestar apoyo a la rama judicial para que realice actividades de capacitación y sensibilización en libertad de expresión entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
   
   
5. Impulsar a la Procuraduría para que realice capacitaciones a funcionarios públicos de diferentes instituciones del Estado en libertad de expresión, especialmente en acceso a la información. De igual manera, invitar a la Procuraduría a que presente un informe anual sobre la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
   
   
6. Capacitar de manera permanente y especializada a la Policía y a las entidades de investigación criminal, fiscales y jueces, para asegurar que las investigaciones sobre delitos contra la libertad de expresión sean exhaustivas, rigurosas y efectivas. 

Frente a la lucha contra la impunidad

1. Solicitar a los órganos de control un informe anual sobre el estado de las investigaciones disciplinarias y penales por violaciones y amenazas a la libertad de expresión.
   
   
2. Crear un cuerpo especializado en la Fiscalía General de la Nación para la investigación de crímenes contra la prensa, como lo ha recomendado la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este organismo podría resolver algunos obstáculos ya identificados: i) facilitar el análisis de los casos de manera más técnica, ii) disponer de un recurso humano que permita dar un ritmo investigativo para que no prescriban más casos, iii) orientar eficazmente los recursos ya previstos en el Plan Nacional de Política Criminal 2021 a 2025 para mejorar su capacidad operativa y de reacción.
   
   
3. Establecer una política integral para mitigar los riesgos diferenciados de género en el trabajo periodístico, tal como fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Jineth Bedoya. En ese sentido, la Corte ordenó: i) construir un centro de memoria dedicado a la dignificación de las mujeres víctimas de violencia sexual y de mujeres periodistas, ii) crear un fondo para la financiación de programas de prevención, protección y asistencia a mujeres periodistas víctimas de violencia, iii) capacitar y sensibilizar a funcionarios que atienden los casos de violencia contra mujeres periodistas y iv) recopilar datos y cifras de violencia basada en género.
   
   
4. La Fiscalía debe adoptar una directiva especial para la investigación de crímenes contra la libertad de expresión, en la cual incorpore los lineamientos de la Unesco para fiscales en casos relacionados con delitos contra periodistas. Esto permitirá adecuar las prácticas investigativas y procedimentales a estándares internacionales. 

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

Frente a las medidas preventivas y de protección de periodistas

1. Iniciar un plan de trabajo con la Unidad Nacional de Protección (UNP) que aborde las siguientes acciones: i) articular las labores de la Fiscalía y la UNP para robustecer los procesos investigativos y de análisis de riesgo, ii) incorporar una asesoría técnica en libertad de expresión y del ejercicio periodístico, con el fin de garantizar que las evaluaciones tengan en cuenta las diferencias que hay entre periodistas y las demás poblaciones, iv) capacitar a todos sus analistas de riesgo y demás funcionarios en violencia de género, con el fin de establecer un enfoque diferencial, v) incluir a los beneficiarios, durante las reuniones en las que sesiona el CERREM. Esto con el fin de brindar más transparencia al proceso de evaluación y recoger de primera mano información de contexto y del ejercicio periodístico, vi) el Ministerio del Interior debe solicitar la evaluación internacional del programa de protección que entregue un diagnóstico de su funcionamiento y recomendaciones para mejorarlo. 

Frente a la sostenibilidad de los medios de comunicación 

1. Crear un instituto para el periodismo en Internet que sea financiado por el Gobierno. El Estado debería trabajar con las partes interesadas para establecer un organismo independiente con fuentes de financiación que representen la diversidad de las audiencias colombianas. Este deberá realizar estudios sobre el mercado y consumo de medios, que reconozcan y aborden las necesidades de la industria de medios y las propuestas que se han planteado desde el sector para salir de la crisis.
   
   
2. Establecer una ruta para que ese organismo tenga un proceso de diálogo con los medios digitales para suscribir estándares de un código público y común de la industria.
   
   
3. Adoptar medidas directas, como la destinación de un porcentaje del recaudo de impuestos bajo criterios de transparencia con evaluadores externos que eviten la cooptación de la información y blinden la independencia editorial. También debe haber medidas indirectas como la reducción de impuestos a medios y emprendimientos periodísticos, alivios tributarios para suscriptores de medios independientes y para anunciantes que compren espacios publicitarios en ellos.
   
   

Frente a la publicidad oficial

1. Establecer mecanismos para que la asignación de publicidad oficial siempre tenga en cuenta la libertad de expresión. De acuerdo a la CIDH, “los Estados deben adoptar reglas legales específicas sobre publicidad oficial en cada uno de sus niveles de gobierno. La carencia de un marco legal específico y adecuado para la definición de los objetivos, la asignación, contratación y control de la pauta estatal permite una utilización arbitraria de estos recursos en detrimento de la libertad de expresión”.
   
   A través de la vía legislativa, Colombia podría hacerle frente al asunto. Sin embargo, esta salida resulta riesgosa con un Congreso que ha demostrado poca comprensión frente a la libertad de expresión. Una ley que regule la publicidad oficial debe tener los más altos estándares de respeto a la libertad de expresión y a la garantía de acceso a la información, debe reunir y definir principios que delimiten cuál es el propósito de la publicidad oficial, sus fines, prohibiciones explícitas y procedimientos de contratación transparentes.
   
   
2. Fijar una categoría específica de contratos de publicidad oficial de forma que: i) se garantice su trazabilidad, ii) se puedan establecer reglas claras de interventoría, iii) se fortalezca el control disciplinario, iv) se obligue a las entidades a publicar informes de asignación y ejecución de recursos, v) se generen instancias de veeduría a través de informes periódicos a cargo de entidades independientes y vi) se destine parte del presupuesto de publicidad oficial en subsidios a medios de comunicación, diferenciándolo de la contratación de publicidad.
   
   
3. Crear una comisión con participación de actores de la sociedad civil, academia, periodistas y representantes del Estado, que tenga como propósito hacerle seguimiento y control a las contrataciones de publicidad oficial. Dentro de sus funciones se podrían establecer: i) ser órgano de consulta para entidades públicas y contratistas, ii) denunciar ante las autoridades violaciones contempladas al régimen de contratación de publicidad oficial, iii) elaborar informes a modo de orientación para entidades públicas, y recibir y tramitar quejas relativas al uso y asignación de la publicidad oficial y iv) contratar la elaboración de estudios del orden municipal, departamental y nacional en materia de audiencias, rating, tiraje y lectoría para que sean utilizados como parámetro objetivo en los procesos de contratación. 

Frente a la gobernanza e independencia de los medios públicos

1. Hacer cambios normativos para que se establezca una estructura de gobernanza más amplia, participativa y compleja, con inclusión de la sociedad civil organizada. Dentro de esto mismo, se puede dar la construcción de un modelo de gestión de medios públicos con pesos y contrapesos, a través de la definición de periodos cruzados entre los cargos directivos, y de gestión de los medios públicos con los periodos gubernamentales. También, es clave la incorporación de mecanismos de participación ciudadana y transparencia en la elección de las o los directivos de medios públicos.
   
   
2. Crear un sistema de medios públicos unificado del que hagan parte todos los canales regionales, que permita desarrollar estrategias independientes a los gobiernos y a tono con la convergencia digital actual que dé paso a una mirada más estratégica de las parrillas de los canales. Esto también permitirá desarrollar un modelo económico para los medios públicos, en el que se disminuyan las brechas entre los medios públicos regionales y nacionales, al tiempo que conceda mayores espacios concursables. Este fondo debe ser liderado por un órgano independiente. 

Frente a la defensa de la libertad de expresión en línea 

1. Promover un programa amplio y sostenido en el tiempo de alfabetización digital y mediática que brinde herramientas a la ciudadanía para discernir sobre el contenido que recibe a través de las redes sociales. La desinformación no se combate con censura, sino con conocimiento.
   
   
2. Participar activamente y promover la participación de la ciudadanía y representantes de las plataformas en Colombia en diálogos amplios, como el Diálogo de las Américas sobre Libertad de Expresión en Internet adelantado por la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH. En esos encuentros se podrá discutir como sociedad cuál es la mejor manera de regular las plataformas de redes sociales. Este diálogo tendrá que trazar unos lineamientos clave para que cualquier intento de regulación de plataformas se ajuste a los marcos normativos interamericanos.
   
   
3. Rechazar pública y abiertamente todos los proyectos de ley que, si bien no regulan directamente las redes sociales, crean marcos normativos agresivos para la libertad de expresión, al controlar lo que la ciudadanía dice o no en los entornos digitales. Esto podría abrir la puerta para el bloqueo de aplicaciones, páginas y conexiones a Internet.

Frente a la promoción de la comunicación ciudadana en un país silenciado 

1. Retomar el Conpes 3506, sobre lineamientos de política para el fortalecimiento del servicio comunitario de radiodifusión sonora, y actualizarlo de acuerdo con los avances y cambios de contexto en el ecosistema de medios del país, siguiendo estándares interamericanos de libertad de expresión para una radiodifusión libre.
   
   
2. Establecer una política de fomento de comunicación comunitaria que ayude a garantizar condiciones mínimas de infraestructura y acceso, y una mirada estratégica para que los contenidos fortalezcan la diversidad y el pluralismo.
   
   
3. Reevaluar el estatus de clase D que determina la regulación de la radio comunitaria, para que esta goce de un mayor alcance. Esto traería consecuencias positivas en su sostenimiento y legitimidad.
   
   
4. Retomar los diagnósticos de funcionamiento, sostenibilidad, programación y contenidos de la radio pública y comunitaria para conocer el estado actual de las emisoras. 

Frente al rezago en memoria y reparación del periodismo

1. Socializar los resultados del informe de la Comisión de la Verdad sobre las causas e impactos de la violencia ejercida sobre el periodismo en Colombia en el desarrollo del conflicto armado, y establecer medidas de no repetición de estos hechos teniendo en cuenta la labor periodística.
   
   
2. Extender las buenas prácticas en memoria que han enaltecido el nombre de periodistas asesinados, como Orlando Sierra o Guillermo Cano, a un conjunto más amplio de periodistas y medios que han sido víctimas de la violencia en el país.
   
   
3. Establecer un comité que permita conciliar los esfuerzos que ha impulsado el Estado en las últimas dos décadas en mecanismos de justicia transicional. En este punto, los derechos de las y los periodistas violentados en el marco del conflicto, cobran especial relevancia y así han sido recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica, por la Comisión de la Verdad y por la Unidad de Víctimas. Este comité podrá presentar ante la Justicia Especial para la Paz la solicitud de establecer un macro caso de violencia contra la prensa.
   
   
4. Acompañar a la Unidad de Víctimas para que en un corto plazo formule el Plan Integral de Reparación Colectiva a Periodistas, en el que ha trabajado durante los últimos diez años. 

La identificación y reconocimiento de los hechos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, así como de las afectaciones al oficio periodístico y las consecuencias para la sociedad es una tarea que, pese a los avances, persiste inconclusa. Es una necesidad pendiente que implica memoria, verdad, justicia y reparación al oficio periodístico. 

Colombia ha sido uno de los países con mayores riesgos para ejercer el periodismo en el mundo: 162 periodistas han sido asesinados por razones vinculadas a su oficio entre 1977 y 2021. Esta cifra, consolidada por la prensa, la academia y organizaciones sociales, muestra solo una parte de la dimensión de la violencia sobre el periodismo en el país, que en el contexto del prolongado conflicto armado incluye secuestros, desplazamientos, exilios, amenazas, estigmatizaciones, hostigamientos, entre otras agresiones. La violencia no solo ha sido dirigida a los y las reporteras, también ha impactado sobre una larga cadena de colaboradores que nutren los procesos informativos. 

En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que existen siete macro casos abiertos, hasta la fecha no se han priorizado hechos victimizantes sufridos por los y las periodistas en el marco del conflicto armado interno. Si bien, en el caso 01, Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC-EP, se analizó la situación de un periodista retenido, la JEP no se refirió a las afectaciones a nivel individual y colectivo del derecho a la libertad de expresión. Aunque la JEP organizó un seminario sobre violencia contra periodistas en 2019, en el que se analizaron los contextos de los crímenes y los retrocesos en materia de investigación, a la fecha no se han promovido más espacios de esa naturaleza.

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

Hay otros antecedentes relevantes. En 2012, se anunció el comienzo del proceso de reparación colectiva a periodistas por parte de la Unidad para las Víctimas; en este se reconoció a la prensa como víctima del conflicto armado y consideró que la violencia en su contra no solo generó afectaciones individuales, sino también colectivas. En 2014, se oficializó a la comunidad de periodistas como un sujeto de reparación colectiva, el cual, según cifras de la Unidad para las Víctimas, contempla unas 400 mil personas en todos los departamentos del país. En este proceso, que está por cumplir una década, tan solo el ejercicio de diagnóstico de los impactos y los daños colectivos al periodismo ha tomado más de seis años. La FLIP participó de varias mesas de trabajo con la Unidad de Víctimas y con periodistas entre 2012 y  2015, pero ante la ausencia de un plan detallado, la Fundación decidió apartarse del proceso.

En 2015, el Centro Nacional de Memoria Histórica, con apoyo de la FLIP, presentó el informe La palabra y el silencio, una investigación que mostró las principales características, dinámicas, lógicas y patrones de la violencia ejercida contra medios y periodistas desde 1977 hasta 2015. Los asesinatos, secuestros, desplazamientos, violencia sexual, entre otros hechos de violencia, fueron recopilados en este trabajo al que contribuyeron con su testimonio varios profesionales que habían sido víctimas del conflicto. Este informe evidenció que la información periodística era objeto de persecución por parte de todos los actores armados involucrados en el conflicto. 

Desde 2017, la Comisión de la Verdad adelanta procesos de escucha e investigaciones que dan cuenta, entre otras, de afectaciones contra medios y periodistas, y que servirán de insumo para el informe final de la Comisión, que brindará un análisis más completo de las motivaciones que llevaron a actores armados a atentar contra la prensa.

El relato amplio y complejo de la violencia contra el periodismo en Colombia debe dar señales claras del porqué el control de la información es esencial para el ejercicio del poder por parte de actores violentos; de cómo, para qué y quiénes fueron protagonistas de esa persecución; y de cómo las líneas de continuidad de las censuras tienen relación con esas violencias, que pese a sus modificaciones, siguen presentes en muchas zonas del país, alterando el sano ejercicio de informar lo que acontece, nos interesa y preocupa como sociedad.

Resarcir las heridas del periodismo violentado requiere de más acciones concretas y menos actos de protocolo. No se trata de brindar  anuncios institucionales empáticos y pomposos, como ha sucedido en determinados momentos, sino de permitir que las nuevas generaciones gocen de la posibilidad de expresarse libremente, de no seguir cargando las censuras y la violencia como una pesada herencia. 

Se cumplen 20 años del asesinato del periodista y subdirector del diario La Patria, Orlando Sierra, en Manizales, Caldas. De los 163 casos registrados de asesinatos a periodistas, este es el único en el que se ha condenado a toda la cadena criminal: desde autores materiales hasta determinadores. Sin embargo, tuvieron que pasar 17 años para que eso sucediera. En Colombia, la impunidad en casos de homicidios a periodistas alcanza el 78.8%.

El 30 de enero de 2002, mientras llegaba de almorzar junto a su hija, Orlando Sierra recibió dos disparos en frente de la sede del diario La Patria. Tras el ataque, Orlando fue trasladado de urgencia al Hospital de Caldas e intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, dos días después, el 1 de febrero, falleció. Orlando era el subdirector de La Patria y en su columna Punto de Encuentro denunciaba la corrupción en Caldas.

La justicia encontró como determinador del crimen a Ferney Tapasco, excongresista y exdirector del Partido Liberal en Caldas. Además, los hermanos Fabio y Jorge López Escobar fueron condenados como cómplices del homicidio. Luis Fernando Soto Zapata, el sicario, y Luis Miguel Tabares, el jefe de sicarios, fueron condenados como autores materiales. Así mismo, Luis Arley Ortiz Orozco y Francisco Antonio Quintero Tabares fueron condenados como coautores del crimen.  

Días después del homicidio, varios medios de comunicación, invitados por la FLIP, decidieron unir sus esfuerzos para investigar el crimen. En el caso de Orlando Sierra fue determinante la presión que ejerció la prensa para que se juzgaran a los responsables del asesinato. Sin embargo, la justicia tardó 17 años en llegar. 

Contrario a la disminución mundial de asesinatos a periodistas entre 2016 y 2020, que ha reportado Unesco, en Colombia en los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el país, mientras que entre el 2011 y 2015 fueron asesinados siete. 

Para encontrar justicia en crímenes contra periodistas es necesario que las entidades hagan un trabajo conjunto en la investigación de estos ataques, teniendo en cuenta el contexto de violencia diferenciada contra la prensa y las características regionales de cada caso. Además, es vital que los casos sean investigados sólidamente y, posteriormente, judicializados en plazos razonables, las dilaciones hacen que se pierda la posibilidad de juzgar debidamente a los responsables de los crímenes. 

Recientemente, se aprobó una nueva ley de seguridad ciudadana, en la que se incrementan las penas a quienes sean encontrados responsables de homicidios contra periodistas. Esta medida solo podrá contrarrestar la violencia en la medida que se reduzca el índice de impunidad y se concluyan los procesos en sanciones a toda la cadena de responsables. Para ello, es indispensable que la Fiscalía se enfoque en entender las particularidades de la violencia contra la prensa y en investigar diligentemente para dar con los determinadores y autores materiales de los asesinatos.

El legado de Orlando Sierra sigue vivo, en la redacción de La Patria y en sus compañeros, familiares y amigos. A continuación podrá ver un video realizado en conjunto con La Patria, en el que excompañeros recuerdan su trabajo y cómo éste impactó en ellos y en la sociedad caldense. 

También podrá escuchar nuestra cápsula de audio conmemorativa y navegar por la línea de tiempo de este caso. 

En la FLIP no olvidamos. 

Ayer, 19 de enero, en Saravena, Arauca, un carro bomba explotó frente al edificio Héctor Alirio Martínez, casa sede de las organizaciones sociales del Centro Oriente en Saravena, y donde opera el medio digital e impreso Trochando Sin Fronteras. Con esta explosión también se afectaron las instalaciones de Sarare Stereo, una emisora comunitaria con alta difusión en el municipio, que está ubicada a una calle del lugar de la explosión. Este atentado afecta el funcionamiento de estos dos medios. Es urgente que las autoridades locales y nacionales actúen conjuntamente con el fin de proteger el trabajo de las y los periodistas del departamento.