La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza que congresistas y sectores políticos y empresariales amenacen con utilizar los recursos de publicidad oficial con el propósito de controlar la narrativa de los medios de comunicación. Esta práctica de instrumentalización de dineros públicos para controlar el debate y favorecer discursos es un chantaje claro y directo que evidencia un comportamiento antidemocrático y representa un ataque a la independencia periodística.

La FLIP rechaza las agresiones y obstrucciones de las que fueron víctimas los periodistas Juan Ortega, Óscar Solarte y Kevin Acosta mientras cubrían las manifestaciones en Popayán el pasado 12 de mayo. Acosta fue fuertemente atacado por miembros de la Policía, mientras que Ortega y Solarte fueron agredidos por personas encapuchadas que participaban de la manifestación.

Hemos documentado más de 122 agresiones contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación durante el cubrimiento del Paro. Las autoridades nacionales no han emitido ningún rechazo público de los actos de violencia contra la prensa que cubre las manifestaciones. El trabajo de una prensa libre es un imperativo para salvaguardar el Estado democrático.

Durante el programa “Cuando suena el Clarín'', a través de los micrófonos de Radio Manizales, la voz del periodista Jesús José Valencia Castro narraba las corridas del fin de semana. “Pepe Valencia”, como le conocían sus colegas, fue asesinado el 10 de mayo de 1980, víctima de la corrupción política en Manizales, Caldas. 

José no solo se dedicaba a la radio, también trabajaba en un espacio para la prensa taurina como corresponsal del periódico La Patria. El terremoto del 23 de noviembre de 1979, lo llevó también a solidarizarse con los damnificados de la tragedia y a usar los medios informativos para defenderlos. A esto se sumaron las críticas que hacía sobre las actuaciones de los empresarios taurinos que lideraban las corridas en el Festival Taurino de Manizales. 

Sus reseñas taurinas y sus denuncias contra la élite manizaleña se apagaron hace 41 años, cuando un desconocido le disparó mientras José ingresaba a su casa en el tradicional sector de Los Agustinos. Tras su muerte, la sospecha se dirigió hacia ciertos sectores de la política que pudieron tomar represalias. 

La investigación fue bastante lenta y precaria. Por lo que en 1992, 12 años después, la Procuraduría General de la Nación reveló que las investigaciones en el caso de Jesús José Valencia y de otros diez periodistas asesinados no prosperaron. Según el Ministerio Público, muchos de los crímenes contra periodistas fueron archivados porque los sindicados habían sido absueltos o ni siquiera fue posible determinar quiénes fueron los autores del crimen. 

Y, para el 10 de mayo de 2002, el caso prescribió judicialmente sin que nadie fuera procesado por el asesinato. 

En la FLIP no olvidamos a periodistas que como José, usaron su voz para denunciar y atender los problemas de su comunidad. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza y condena los ataques dirigidos contra tres periodistas del medio alternativo Loco Sapiens por parte de miembros del ESMAD en Sibaté, Cundinamarca. Dos periodistas resultaron heridos por los impactos de los perdigones disparados por los uniformados. Estos ataques son totalmente inaceptables y nuevamente dejan en evidencia que hay agentes de la Policía que están utilizando la fuerza y la violencia para censurar a los periodistas que cubren estas manifestaciones nacionales.

Organizaciones de derechos humanos y apoderados de los accionantes de la tutela que condujo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de septiembre de 2020 que protegió el derecho a la protesta consideramos que existe un incumplimiento sistemático, masivo y flagrante de lo ordenado por la Corte.

Ismael Jaimes Cortés era periodista, presidente del partido político Unión Patriótica y director del periódico La Opinión del Magdalena Medio, en Barrancabermeja, Santander. Hoy tras 29 años de su asesinato recordamos su trayectoria. 

A sus 35 años y con la creación del diario La Opinión del Magdalena Medio, Ismael había encontrado en el periodismo la forma de profundizar en los problemas sociales de su comunidad.

Pese a que Ismael había recibido amenazas durante su ejercicio político, sus colegas afirman que durante su ejercicio como periodista nunca les expresó que corría peligro. Sin embargo, a las 7 de la mañana del 6 de mayo de 1992, Ismael fue asesinado por hombres que le dispararon en el barrio Torcoroma.

En 1998, el Tribunal Administrativo de Santander vinculó al Coronel Rodrígo Quiñonez como autor intelectual y a Ancízar Castaño, alias “cachetes”, como autor material al servicio de la Red de Inteligencia Número 7 de la Armada Nacional. Y se identificó que el trabajo periodístico de Ismael y sus denuncias sobre la participación de la Fuerza Pública y del accionar de grupos paramilitares en varias de las masacres cometidas en la región habían sido el móvil para su asesinato. 

Sin embargo, los suboficiales que realizaron la denuncia temían por su vida y se retractaron de sus declaraciones. En consecuencia y ante la falta de otras pruebas determinantes para vincular al Estado en el crimen, el caso prescribió en 2012 sin que nadie fuera judicializado por el homicidio. 

En la FLIP rechazamos el asesinato de los periodistas y líderes sociales que al igual que Ismael denuncian los abusos del Estado. Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, reproduce el siguiente audio. 

Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa alertamos que existe un riesgo inminente de autocensura de quienes cubren las protestas debido a la escalada del uso excesivo de la fuerza policial contra periodistas, que da indicios claros de la intencionalidad de las agresiones y su sistematicidad, sin que exista un reproche público por parte de las autoridades.

La jornada de protestas del 28 de abril reafirma que el escenario de las manifestaciones sociales es el más riesgoso para el cubrimiento de la prensa. En los últimos 3 años, la FLIP ha documentado 150 ataques que han dejado a 182 periodistas víctimas. Tan solo ayer se registraron 19 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Especialmente grave es que la mayor parte de las agresiones provienen de la fuerza pública. 

Las ciudad donde se registraron más agresiones fue Bogotá con siete ataques, seguida de Bucaramanga, Medellín, Popayán y Cali con un registro de dos agresiones en cada ciudad. Los tipos de ataques de los que fueron objeto los y las periodistas en la jornada son: robos o eliminaciones de material (7), agresiones (4), daños a infraestructuras (2), exclusión (1), obstrucciones (3). Estos hechos coartan severamente la libertad de prensa y dificultan la veeduría de los medios. 

Los ataques direccionados contra los medios de comunicación como Canal RCN y Semana ponen en riesgo la integridad física de los y las periodistas y dificultan el desarrollo del servicio público informativo. Sobre esto la FLIP llama la atención porque de manera reiterada ha existido la intención de dañar y estigmatizar a estos medios, por parte de distintas figuras públicas. En años anteriores, las instalaciones de RCN han sido atacadas por manifestantes en Bogotá. 

Estos hechos ejemplifican los riesgos de los discursos estigmatizantes contra la prensa. Este tipo de ataques, arraigados en los señalamientos por parte de distintos sectores sociales y políticos, se materializan el día de las protestas pero se alimentan previamente de mensajes dosificados de alta difusión que, en su conjunto, incitan a la violencia y ponen en peligro a la democracia. 

De ahí que surja una gran responsabilidad de las figuras públicas de los movimientos sociales y partidos políticos, que deben promover un clima óptimo para el ejercicio de la prensa en lugar de amedrentarla, y fomentar un ambiente permisivo en su contra.

La libertad de expresión y de prensa no implican solamente la posibilidad de expresar ideas y opiniones, sino también la posibilidad de hacerlo sin sufrir consecuencias arbitrarias ni acciones intimidatorias. 

La FLIP insta a los convocantes del paro y los dirigentes y figuras públicas de los movimientos sociales y partidos políticos, a que rechacen todo tipo de agresión contra la prensa. De igual manera, que se abstengan de hacer señalamientos que estigmaticen el oficio periodístico. Estos señalamientos pueden incitar a la violencia o verse como autorizaciones indirectas de futuras agresiones.

Así mismo, la FLIP hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que asuma poder preferente en las investigaciones disciplinarias de las agresiones contra la prensa para cumplir con el deber de investigación y sanción de los responsables. A su vez, exigimos que se investiguen diligentemente tanto los hechos en donde la prensa fue afectada por la fuerza pública como por particulares. En algunos casos se evidenció abuso de la fuerza por el desconocimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad. 

Finalmente, invitamos a los alcaldes de las ciudades de Bogotá, Cali, Popayán, Medellín y Bucaramanga, donde se registraron la mayor cantidad de agresiones a la prensa, para que se rechacen los hechos violentos contra la prensa y envíen un mensaje claro de cero tolerancia para los miembros de la fuerza pública involucrados en dichas agresiones.

El Gobierno sigue en deuda de tomar acciones firmes y urgentes para la protección transversal de la prensa antes, durante y después de la manifestación social como se incorporó en el “Estatuto de protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. Su ineficacia promueve decisiones editoriales hacia la autocensura, en perjuicio de los valores democráticos.