El plan que establezca el próximo gobierno para abordar las problemáticas del periodismo deberá tener suficiente reconocimiento público, y contemplar que las nuevas medidas no solo tienen que ser aprobadas, sino implementadas. Existen muchos ejemplos en diferentes países del mundo que incluyen buenas ideas sobre cómo salvaguardar el ejercicio periodístico. Con el propósito de persuadir al público y a los formuladores de políticas de que es necesario y de que se puede hacer algo, presentamos treinta recomendaciones que buscan hacer frente a nueve problemas estructurales. 

Frente a la urgencia en políticas para prevenir, proteger y garantizar justicia

1. Implementar una política pública que garantice y fortalezca el derecho a la libertad de expresión y de información de quienes ejercen el periodismo en el país. Esta política deberá reconocer abiertamente que el periodismo es un servicio público cuando provee información de alto interés para la ciudadanía. Los Estados deben garantizar que los y las periodistas gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones.
   
   
2. Crear un nuevo puesto temporal de enviado presidencial especial para la libertad de prensa.
   
   
3. Adoptar, en cabeza del Gobierno nacional, una narrativa favorable con la libertad de prensa. Promover la defensa de este derecho contrarresta la violencia y habilita el acceso a la información. Las cabezas de gobierno deben reconocer de manera pública el rol social de la prensa como guardián de la democracia, ello implica, abstenerse de hacer declaraciones falsas que ataquen la integridad de periodistas y trabajadores de los medios.
   
   
4. Prestar apoyo a la rama judicial para que realice actividades de capacitación y sensibilización en libertad de expresión entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
   
   
5. Impulsar a la Procuraduría para que realice capacitaciones a funcionarios públicos de diferentes instituciones del Estado en libertad de expresión, especialmente en acceso a la información. De igual manera, invitar a la Procuraduría a que presente un informe anual sobre la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
   
   
6. Capacitar de manera permanente y especializada a la Policía y a las entidades de investigación criminal, fiscales y jueces, para asegurar que las investigaciones sobre delitos contra la libertad de expresión sean exhaustivas, rigurosas y efectivas. 

Frente a la lucha contra la impunidad

1. Solicitar a los órganos de control un informe anual sobre el estado de las investigaciones disciplinarias y penales por violaciones y amenazas a la libertad de expresión.
   
   
2. Crear un cuerpo especializado en la Fiscalía General de la Nación para la investigación de crímenes contra la prensa, como lo ha recomendado la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este organismo podría resolver algunos obstáculos ya identificados: i) facilitar el análisis de los casos de manera más técnica, ii) disponer de un recurso humano que permita dar un ritmo investigativo para que no prescriban más casos, iii) orientar eficazmente los recursos ya previstos en el Plan Nacional de Política Criminal 2021 a 2025 para mejorar su capacidad operativa y de reacción.
   
   
3. Establecer una política integral para mitigar los riesgos diferenciados de género en el trabajo periodístico, tal como fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Jineth Bedoya. En ese sentido, la Corte ordenó: i) construir un centro de memoria dedicado a la dignificación de las mujeres víctimas de violencia sexual y de mujeres periodistas, ii) crear un fondo para la financiación de programas de prevención, protección y asistencia a mujeres periodistas víctimas de violencia, iii) capacitar y sensibilizar a funcionarios que atienden los casos de violencia contra mujeres periodistas y iv) recopilar datos y cifras de violencia basada en género.
   
   
4. La Fiscalía debe adoptar una directiva especial para la investigación de crímenes contra la libertad de expresión, en la cual incorpore los lineamientos de la Unesco para fiscales en casos relacionados con delitos contra periodistas. Esto permitirá adecuar las prácticas investigativas y procedimentales a estándares internacionales. 

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

Frente a las medidas preventivas y de protección de periodistas

1. Iniciar un plan de trabajo con la Unidad Nacional de Protección (UNP) que aborde las siguientes acciones: i) articular las labores de la Fiscalía y la UNP para robustecer los procesos investigativos y de análisis de riesgo, ii) incorporar una asesoría técnica en libertad de expresión y del ejercicio periodístico, con el fin de garantizar que las evaluaciones tengan en cuenta las diferencias que hay entre periodistas y las demás poblaciones, iv) capacitar a todos sus analistas de riesgo y demás funcionarios en violencia de género, con el fin de establecer un enfoque diferencial, v) incluir a los beneficiarios, durante las reuniones en las que sesiona el CERREM. Esto con el fin de brindar más transparencia al proceso de evaluación y recoger de primera mano información de contexto y del ejercicio periodístico, vi) el Ministerio del Interior debe solicitar la evaluación internacional del programa de protección que entregue un diagnóstico de su funcionamiento y recomendaciones para mejorarlo. 

 

Frente a la sostenibilidad de los medios de comunicación 

1. Crear un instituto para el periodismo en Internet que sea financiado por el Gobierno. El Estado debería trabajar con las partes interesadas para establecer un organismo independiente con fuentes de financiación que representen la diversidad de las audiencias colombianas. Este deberá realizar estudios sobre el mercado y consumo de medios, que reconozcan y aborden las necesidades de la industria de medios y las propuestas que se han planteado desde el sector para salir de la crisis.
   
   
2. Establecer una ruta para que ese organismo tenga un proceso de diálogo con los medios digitales para suscribir estándares de un código público y común de la industria.
   
   
3. Adoptar medidas directas, como la destinación de un porcentaje del recaudo de impuestos bajo criterios de transparencia con evaluadores externos que eviten la cooptación de la información y blinden la independencia editorial. También debe haber medidas indirectas como la reducción de impuestos a medios y emprendimientos periodísticos, alivios tributarios para suscriptores de medios independientes y para anunciantes que compren espacios publicitarios en ellos.
   
   

Frente a la publicidad oficial

1. Establecer mecanismos para que la asignación de publicidad oficial siempre tenga en cuenta la libertad de expresión. De acuerdo a la CIDH, “los Estados deben adoptar reglas legales específicas sobre publicidad oficial en cada uno de sus niveles de gobierno. La carencia de un marco legal específico y adecuado para la definición de los objetivos, la asignación, contratación y control de la pauta estatal permite una utilización arbitraria de estos recursos en detrimento de la libertad de expresión”.
   
   A través de la vía legislativa, Colombia podría hacerle frente al asunto. Sin embargo, esta salida resulta riesgosa con un Congreso que ha demostrado poca comprensión frente a la libertad de expresión. Una ley que regule la publicidad oficial debe tener los más altos estándares de respeto a la libertad de expresión y a la garantía de acceso a la información, debe reunir y definir principios que delimiten cuál es el propósito de la publicidad oficial, sus fines, prohibiciones explícitas y procedimientos de contratación transparentes.
   
   
2. Fijar una categoría específica de contratos de publicidad oficial de forma que: i) se garantice su trazabilidad, ii) se puedan establecer reglas claras de interventoría, iii) se fortalezca el control disciplinario, iv) se obligue a las entidades a publicar informes de asignación y ejecución de recursos, v) se generen instancias de veeduría a través de informes periódicos a cargo de entidades independientes y vi) se destine parte del presupuesto de publicidad oficial en subsidios a medios de comunicación, diferenciándolo de la contratación de publicidad.
   
   
3. Crear una comisión con participación de actores de la sociedad civil, academia, periodistas y representantes del Estado, que tenga como propósito hacerle seguimiento y control a las contrataciones de publicidad oficial. Dentro de sus funciones se podrían establecer: i) ser órgano de consulta para entidades públicas y contratistas, ii) denunciar ante las autoridades violaciones contempladas al régimen de contratación de publicidad oficial, iii) elaborar informes a modo de orientación para entidades públicas, y recibir y tramitar quejas relativas al uso y asignación de la publicidad oficial y iv) contratar la elaboración de estudios del orden municipal, departamental y nacional en materia de audiencias, rating, tiraje y lectoría para que sean utilizados como parámetro objetivo en los procesos de contratación. 

 

Frente a la gobernanza e independencia de los medios públicos

1. Hacer cambios normativos para que se establezca una estructura de gobernanza más amplia, participativa y compleja, con inclusión de la sociedad civil organizada. Dentro de esto mismo, se puede dar la construcción de un modelo de gestión de medios públicos con pesos y contrapesos, a través de la definición de periodos cruzados entre los cargos directivos, y de gestión de los medios públicos con los periodos gubernamentales. También, es clave la incorporación de mecanismos de participación ciudadana y transparencia en la elección de las o los directivos de medios públicos.
   
   
2. Crear un sistema de medios públicos unificado del que hagan parte todos los canales regionales, que permita desarrollar estrategias independientes a los gobiernos y a tono con la convergencia digital actual que dé paso a una mirada más estratégica de las parrillas de los canales. Esto también permitirá desarrollar un modelo económico para los medios públicos, en el que se disminuyan las brechas entre los medios públicos regionales y nacionales, al tiempo que conceda mayores espacios concursables. Este fondo debe ser liderado por un órgano independiente. 

 

Frente a la defensa de la libertad de expresión en línea 

1. Promover un programa amplio y sostenido en el tiempo de alfabetización digital y mediática que brinde herramientas a la ciudadanía para discernir sobre el contenido que recibe a través de las redes sociales. La desinformación no se combate con censura, sino con conocimiento.
   
   
2. Participar activamente y promover la participación de la ciudadanía y representantes de las plataformas en Colombia en diálogos amplios, como el Diálogo de las Américas sobre Libertad de Expresión en Internet adelantado por la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH. En esos encuentros se podrá discutir como sociedad cuál es la mejor manera de regular las plataformas de redes sociales. Este diálogo tendrá que trazar unos lineamientos clave para que cualquier intento de regulación de plataformas se ajuste a los marcos normativos interamericanos.
   
   
3. Rechazar pública y abiertamente todos los proyectos de ley que, si bien no regulan directamente las redes sociales, crean marcos normativos agresivos para la libertad de expresión, al controlar lo que la ciudadanía dice o no en los entornos digitales. Esto podría abrir la puerta para el bloqueo de aplicaciones, páginas y conexiones a Internet.

 

Frente a la promoción de la comunicación ciudadana en un país silenciado 

1. Retomar el Conpes 3506, sobre lineamientos de política para el fortalecimiento del servicio comunitario de radiodifusión sonora, y actualizarlo de acuerdo con los avances y cambios de contexto en el ecosistema de medios del país, siguiendo estándares interamericanos de libertad de expresión para una radiodifusión libre.
   
   
2. Establecer una política de fomento de comunicación comunitaria que ayude a garantizar condiciones mínimas de infraestructura y acceso, y una mirada estratégica para que los contenidos fortalezcan la diversidad y el pluralismo.
   
   
3. Reevaluar el estatus de clase D que determina la regulación de la radio comunitaria, para que esta goce de un mayor alcance. Esto traería consecuencias positivas en su sostenimiento y legitimidad.
   
   
4. Retomar los diagnósticos de funcionamiento, sostenibilidad, programación y contenidos de la radio pública y comunitaria para conocer el estado actual de las emisoras. 

 

Frente al rezago en memoria y reparación del periodismo

1. Socializar los resultados del informe de la Comisión de la Verdad sobre las causas e impactos de la violencia ejercida sobre el periodismo en Colombia en el desarrollo del conflicto armado, y establecer medidas de no repetición de estos hechos teniendo en cuenta la labor periodística.
   
   
2. Extender las buenas prácticas en memoria que han enaltecido el nombre de periodistas asesinados, como Orlando Sierra o Guillermo Cano, a un conjunto más amplio de periodistas y medios que han sido víctimas de la violencia en el país.
   
   
3. Establecer un comité que permita conciliar los esfuerzos que ha impulsado el Estado en las últimas dos décadas en mecanismos de justicia transicional. En este punto, los derechos de las y los periodistas violentados en el marco del conflicto, cobran especial relevancia y así han sido recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica, por la Comisión de la Verdad y por la Unidad de Víctimas. Este comité podrá presentar ante la Justicia Especial para la Paz la solicitud de establecer un macro caso de violencia contra la prensa.
   
   
4. Acompañar a la Unidad de Víctimas para que en un corto plazo formule el Plan Integral de Reparación Colectiva a Periodistas, en el que ha trabajado durante los últimos diez años. 

En más de la mitad del país no existen medios de comunicación que produzcan información local. Esto, sumado a las precarias condiciones de conectividad, ha instalado el silencio informativo y un riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

Según los datos de 2019 de la investigación Cartografías de la Información, los desiertos de información en el país se extienden por 666 municipios, y de acuerdo con el último informe trimestral del sector TIC publicado por MinTIC, Bogotá D.C. es el territorio con mayor penetración de Internet fijo con apenas el 27.5%. Mientras que 18 departamentos no llegan al 10% de penetración, entre ellos: Guaviare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Arauca, Nariño, Magdalena, Chocó, Córdoba y Cauca. Adicionalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó su ranking más reciente de países donde hay acceso a por lo menos un computador por hogar, Colombia está en el último puesto. 

La imposibilidad de establecer un ecosistema plural impide el debate público local y dificulta que se consolide la democracia en lugares que han sido históricamente precarizados y silenciados. Una de las alternativas más valiosas para hacer frente a esta situación está en la comunicación comunitaria de voces organizadas que dinamizan el debate en los territorios. Sin embargo, el modelo actual no termina de cumplir su función a cabalidad, pues sus problemas estructurales ponen en jaque la posibilidad de consolidar medios comunitarios sostenibles y legítimos. 

Para la muestra, un botón: la radio comunitaria. La radio es el medio con mayor alcance en todo el país, allí donde no llega internet ni televisión es probable que sí llegue una frecuencia radial, pues cubre alrededor del 95% del territorio nacional. Hay más de 600 emisoras comunitarias. Incluso, con ocasión del Acuerdo de Paz, se abrieron dos nuevas convocatorias para radios comunitarias y étnicas. A la fecha hay 74 en funcionamiento. A eso se le suman las emisoras de paz que transmiten en once zonas. Aunque no son comunitarias, ilustran la importancia de la radiodifusión para la construcción de paz. 

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

Sin embargo, las emisoras comunitarias sobreviven a pesar de: (i) Una regulación restrictiva que las categoriza como emisoras Clase D con la menor de las potencias y por ende, poco alcance y cobertura. (ii) Desigualdad de condiciones frente a emisoras comerciales y emisoras de la fuerza pública. En varias ocasiones no logran transmitir en todo el municipio. (iii) Procesos burocráticos que no atienden los contextos diferenciados que viven las organizaciones comunitarias. (iv) Altas cargas financieras que dificultan la sostenibilidad: pagos de servicios, arriendos, licencias y SAYCO y ACINPRO, entre otros. (v) Falta de capacitación técnica y acompañamiento institucional, y (vi) Dependencia de la publicidad oficial que en ocasiones obliga a la autocensura para asegurar recursos. 

La comunicación comunitaria tiene el potencial de dar lugares de enunciación y participación a las comunidades, de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. Sin embargo, se ha encontrado constantemente escalando un muro de obstáculos a los que la institucionalidad no responde. Organismos como la CIDH han establecido que los procesos de asignación deben hacerse mediante procedimientos especiales que no exijan requisitos tecnológicos severos. Asimismo, otras condiciones discriminatorias son las limitaciones injustificadas de potencia, contenidos, cubrimiento territorial o acceso a fuentes de financiamiento. 

En Colombia, aparecen varias de las anteriores condiciones que impiden la consolidación de una radio comunitaria robusta y sostenible. Le corresponde al Estado evaluar la regulación existente, y más que simplemente limitarse a otorgar licencias, velar porque a estas se les dé buen uso, por brindar capacitación y herramientas para que los medios comunitarios cumplan con el rol fundamental que requiere un país en silencio.

El dial perdido

• Entre el 2019 y el 2020 el Gobierno nacional abrió convocatorias para emisoras comunitarias y con enfoque étnico, después de diez años de inactividad en este campo. En la primera, 188 emisoras fueron declaradas viables. Sin embargo, solo 74 están funcionando. Diez viabilidades fueron canceladas por el MinTIC porque no pagaron a tiempo los derechos de concesión. 
  
  
• En la segunda convocatoria, la de emisoras con enfoque étnico, 116 propuestas fueron evaluadas y solo quince cumplieron con los criterios establecidos por el MinTIC.
  
  
• Las emisoras del Ejército llegan a tener hasta 15 kW de potencia (ninguna tiene menos de 1 kW), mientras que las comunitarias tienen una potencia restringida en la mayoría de casos a 0.25kW. Esto ilustra la disparidad en las condiciones que afecta a la radio comunitaria.

 

Durante el año pasado fuimos testigos del período más violento contra la prensa en años recientes en Colombia. El asesinato de un periodista demuestra que la prensa se sigue enfrentando a agresiones extremas sin garantías por parte del Estado. Este es un repaso por los momentos que marcaron la libertad de prensa del 2021. 

1. Asesinato de Marcos Efraín Montalvo

El 19 de septiembre fue asesinado Marcos Efraín Montalvo, un periodista veterano de Tuluá, Valle del Cauca. Su trabajo periodístico es recordado por las denuncias y críticas a la administración local. Su asesinato es el segundo que ocurre en menos de un año en el Valle del Cauca. Este contexto genera temor entre los y las periodistas de la región que ante estos hechos de violencia pueden verse obligados a autocensurarse y dejar de denunciar temas como los que cubría Montalvo. 

Por el asesinato ya fue capturado un menor de edad y la principal hipótesis de la Fiscalía General de la Nación es que el crimen fue motivado por el trabajo periodístico de Montalvo. 

2. Récord de periodistas agredidos en manifestaciones sociales

A lo largo del año registramos 359 agresiones a la prensa durante las manifestaciones sociales. Especialmente nos llama la atención el período entre el 28 de abril y el 19 de julio, en el que documentamos 304 agresiones contra periodistas y medios. En los contextos de protesta del 2021, la fuerza pública fue responsable del 63% de las agresiones. A pesar del compromiso institucional de investigar y sancionar a los responsables, hasta el momento, solo hay siete procesos abiertos y no conocemos de ninguna sanción a los responsables.

3. Ciberpatrullaje y vigilancia en línea

Durante el paro nacional el Ministerio de Defensa y la Policía iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según ellos, son noticias falsas que circulan en Internet. Esta política, que va en contravía de las indicaciones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, institucionaliza un discurso de estigmatización y censura arbitraria contra voces críticas del Estado que denuncian irregularidades de las instituciones. Preocupa la vigilancia y seguimiento que puedan hacer a usuarios de redes sociales y periodistas, en especial porque el país ya tiene antecedentes de perfilamientos a la prensa. 

Hasta ahora, ni el ministerio ni la Policía han asumido alguna responsabilidad y se escudan en decir que se trataba de una campaña pedagógica para hacer frente a las noticias falsas. 

4. Visita de la CIDH

En junio, la CIDH visitó Colombia y se reunió con periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo era recolectar información sobre las múltiples violaciones a derechos humanos durante el período de manifestaciones sociales. Luego de la visita, la CIDH publicó un informe con recomendaciones para el Estado colombiano. Algunas de ellas: asegurar la protección de periodistas, no intervenir en el libre funcionamiento de los medios, abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura, brindar información sobre el funcionamiento de las redes de Internet y que la Policía deje de categorizar contenidos como verdaderos o falsos. 

El Gobierno rechazó algunas de las recomendaciones y dejó entrever su falta de disposición en la implementación de las mismas. 

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

 

5. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso Jineth Bedoya

Después de más de 20 años en búsqueda de justicia, en octubre de 2021 la Corte IDH condenó al Estado colombiano por el secuestro, la tortura y la violación de Jineth Bedoya. La sentencia es histórica porque representa un gesto de justicia para todas las víctimas de violencia sexual en el conflicto.

En su fallo, la corte le ordena al Estado investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra Bedoya; llevar a cabo una política integral para la protección de los y las periodistas; la creación del Centro Investigativo No es Hora de Callar; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre violencia de género, amenazas y violencia contra periodistas y defensores(as) de derechos humanos; y la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.

6. Acoso judicial: los casos de Vicky Dávila y Cecilia Orozco

Durante el 2021, el acoso judicial contra la prensa se incrementó. En abril conocimos la decisión en segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia que sentenciaba a la periodista Vicky Dávila a indemnizar al excomandante de la Policía, Jorge Hilario Estupiñán, por los cuestionamientos que hizo frente a un posible acto de corrupción de Estupiñán. Judicializar una opinión es un golpe contundente contra la libertad de expresión, pues en una democracia se deben proteger los discursos en todas sus formas y manifestaciones.

Por otro lado, se dio la sentencia a favor de Cecilia Orozco en un caso en el que el abogado Abelardo de la Espriella la acusó de dañar su honra y buen nombre. Aunque la decisión represente un alivio para el ejercicio de la prensa libre en Colombia, esta no elimina los efectos negativos que representó el proceso judicial para la periodista.

7. Interferencias y ataques a los medios

En marzo, el gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, realizó llamados de atención a los periodistas por la forma en la que se estaban emitiendo las noticias. Y en octubre, despidieron al director del sistema informativo de Telemedellín, Hernán Muñoz, como sanción a las críticas que realizaba a la Alcaldía de Medellín. Según el periodista, el nuevo gerente del canal habría dicho en una reunión de empalme que el noticiero “ya no sería para la gente, sino para defender al alcalde”.

Además, el alcalde Daniel Quintero arremetió contra el periódico El Colombiano, que ha realizado varias investigaciones sobre corrupción en la alcaldía. Les han desacreditado, por ejemplo, diciendo que el periódico es un “pasquín”. Por este hecho, a inicios de enero del 2022, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Quintero.

Estas intimidaciones son una carta blanca para que otras entidades y funcionarios dejen de lado su obligación de propiciar un clima óptimo para el periodismo.

8. MinTIC cancela ayudas económicas a medios

A inicios del 2021, el MinTIC anunció la entrega de 85.000 millones de pesos para la transformación digital y la reactivación económica de los medios. Sobre esto, la FLIP advirtió acerca de la necesidad de establecer mecanismos de evaluación independientes para dar mayor transparencia al proceso y establecer expresamente una cláusula de respeto a la libertad editorial de los medios. El MinTIC respondió que el proceso de evaluación sería objetivo y transparente, y que no debía haber preocupación alguna frente a posibles vulneraciones a la libertad de prensa. 

Sin embargo, en septiembre, se anunció la terminación anticipada del proceso de convocatoria. Supuestamente, ninguno de los 354 medios que participó cumplía con los requisitos, pero nunca se explicó por qué las propuestas no se ajustaban a los ejes de la convocatoria o por qué los presupuestos no se adecuaban a las condiciones del MinTIC. Así, el Estado dejó en vilo a un aproximado del 15% de los medios del país y se lavó las manos de su responsabilidad en apoyarles. 

9. La Cámara aprueba artículo que limita la libertad de expresión

En diciembre, las dos cámaras del Congreso aprobaron un artículo que amenazaba la libertad de prensa, pues imponía sanciones desproporcionadas para quienes injurien o calumnien a funcionarios o exfuncionarios públicos. A pesar de que días después fue eliminado, es sumamente alarmante que el Congreso haya aprobado en primera instancia una legislación regresiva contra la prensa, que desconoce los estándares internacionales, sofoca el debate público y crea un terreno fértil para la corrupción, pues le impide a la prensa y a las organizaciones civiles cumplir su rol de veedores.

10. Agresiones contra la prensa que caminan hacia la impunidad

El año pasado se cumplieron tres años del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. En mayo tuvo lugar el acto de perdón de alias “Cherry”, responsable del asesinato de los periodistas ecuatorianos. Sin embargo, el acusado mostró contradicciones en su relato y no evidenció un interés de revelar la verdad del crimen. Es clave que se dé una reparación a través de espacios de perdón que esclarezcan la verdad y eviten nuevos gestos de revictimización.

Por otro lado, en enero la CIDH concedió medidas cautelares a favor del periodista Ricardo Calderón por las agresiones de las que fue víctima en el caso de perfilamiento a periodistas por parte de miembros del Ejército. Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría no han avanzado en las sanciones a los responsables, con lo cual se evidencia la falta de interés estatal en avanzar en el esclarecimiento del caso. 

Este es un problema de Estado. En los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en Colombia. La persistencia de los homicidios como la forma más severa de silenciamiento, prende alertas y reclama una respuesta estatal urgente e integral. Los impactos sociales por la falta de justicia en estos crímenes alimentan el ambiente de autocensura.

Los efectos más notorios de la impunidad son que (i) impide conocer la verdad sobre los hechos violentos, las razones, el alcance del riesgo y los responsables; (ii) se dejan de conocer los patrones de violencia y no se pueden adoptar medidas de prevención y de no repetición; (ii) no se consigue disuadir la repetición del crimen, pues la falta de sanción efectiva alimenta un ciclo de permisividad, además, somete al olvido las investigaciones periodísticas que originan los ataques; y (iv) la excesiva duración de las investigaciones en las agresiones contra periodistas agrava el efecto de la impunidad. 

El contexto de violencia contra la prensa y la impunidad han sido una constante en Colombia desde los años noventa. Al momento de dictaminar la responsabilidad del Estado colombiano en el caso del que fue víctima la periodista Nelson Carvajal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró “que ese contexto de homicidios de periodistas iba acompañado por altos índices de impunidad y de investigaciones que no desembocaban en la determinación y procesamiento de los responsables y que por ende seguían en la impunidad”. En 2021, en la sentencia del caso de Jineth Bedoya, la Corte IDH sostuvo que esta situación de violencia no ha sido superada y que se agudiza en la actualidad, pues es evidente que las agresiones violentas contra periodistas siguen siendo alarmantes y han aumentado en los últimos cinco años. 

En efecto, Colombia es de los pocos países donde en los últimos años ha aumentado el número de asesinatos a periodistas, contrario a la tendencia mundial registrada por la UNESCO. En los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el país, mientras que entre el 2011 y 2015 fueron asesinados siete. La persistencia de los homicidios como la forma más severa de silenciamiento prende alertas y demanda una respuesta estatal inmediata e integral.

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

En la reciente decisión del caso de Jineth Bedoya, la Corte IDH estudió el problema estructural de la impunidad en los crímenes contra la prensa y explicó que el Estado no debe desligar el acceso a la justicia de las estrategias de prevención. En ese sentido, ordenó al Estado colombiano articular las estrategias de prevención y de investigación y procuración de justicia, pues el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan gozan de condiciones seguras. Además, indicó la necesidad de adoptar medidas diferenciadas, ya que los impactos de la impunidad no son iguales y se acentúan cuando las víctimas son mujeres.

Al respecto, una de las recomendaciones principales del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad es la coordinación de mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas de las causas profundas de la violencia contra periodistas.

En suma, el Estado debe comprometerse a investigar los crímenes contra la prensa ya que, ante la ausencia de la justicia, la convivencia democrática se ve profundamente distorsionada y los contextos de violencia se recrudecen. Permitir que se viole la ley impunemente alienta a que los violentos sigan cometiendo crímenes, promueve la repetición crónica de la violencia, genera un efecto inhibidor para la libertad de expresión y reduce la confianza pública en el Estado y su imparcialidad.

Para afinar y articular las acciones del Estado es indispensable estudiar el ambiente y formas de violencia actuales a partir de una lectura cualitativa, cuantitativa, seria, integral y actualizada de los contextos, patrones y actores. Para ello, en primera medida, se requiere crear un sistema de recopilación de datos y cifras que permita dar cuenta de los riesgos diferenciados e incorpore la información de todas las entidades del Estado. 

Dicho sistema deberá asegurar la disponibilidad, accesibilidad, independencia y transparencia para promover la investigación independiente y participativa de la academia y sociedad civil. También debe incorporar información registrada por la sociedad civil y promover la denuncia de los y las periodistas afectados. Esto puede ayudar a resolver el subregistro que se origina por la desconfianza en el Estado, pues la prensa ha sido objeto de distintas formas de violencia perpetrada por el Estado, y esto ha dificultado que se denuncie ante las autoridades ciertas formas de violencia.  

Compromisos versus estadísticas

1. Según la UNESCO, en los últimos 15 años, el 87% de los casos de periodistas asesinados no se ha resuelto o no se ha denunciado. Solo el 13% de los casos  registrados desde 2006 (aproximadamente uno de cada diez) se considera actualmente resuelto judicialmente.
   
   
2. La FLIP ha documentado 163 casos de periodistas asesinados en Colombia. La impunidad en estos casos alcanza el 78.8%. Esta cifra aumenta si se tienen en cuenta otros crímenes como las amenazas que llegan al 98% de impunidad. 
   
   
3. A la fecha, 92 casos han prescrito sin procuración de justicia. 
   
   
4. Esta negación de justicia propicia la autocensura y agrava la afectación de derechos como la libertad de expresión, prensa, garantías judiciales y vida. A la vez, esto puede constituir actos de tortura en contra de las víctimas por generar graves impactos en su integridad psíquica.
   
   
5. Colombia ha suscrito múltiples instrumentos comprometiéndose a promover medidas de prevención, investigación y sanción de la violencia contra la prensa e inclusive de toma de responsabilidad, todo con el fin de garantizar que los ataques no queden impunes. Sin embargo, casi cuatro meses después de la declaratoria de responsabilidad del Estado colombiano en el caso de Jineth Bedoya, no se conocen medidas que tiendan a cumplir con lo ordenado por la CIDH. 
   
   
6. Este año, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se pronunciará por primera vez sobre la muerte de tres periodistas. Colombia debería estar alerta de las recomendaciones que resulten en este proceso, pues seguramente los expertos darán recomendaciones concretas y específicas para abordar de manera integral la impunidad. Las decisiones del TPP no tienen implicaciones judiciales para los Estados, pero apelan a la conciencia ética de la humanidad para condenar graves violaciones a los derechos humanos y cambiar el rumbo de Estados y sociedades.

La violencia permanente contra los y las reporteras se traduce en menos información valiosa para la ciudadanía y en posibilidades limitadas para indagar sobre asuntos de interés público. Si bien el Estado colombiano ha realizado esfuerzos importantes para reaccionar a esa violencia, es necesario revisar las políticas de protección. Se requieren estrategias diferenciadas y enfoques particulares.

Entre 180 países, Colombia ocupa el puesto 130 con las peores condiciones para el ejercicio de la prensa. Según la clasificación más reciente realizada por Reporteros sin Fronteras, en América Latina, el nuestro es el segundo país más letal para el periodismo, después de México. En los últimos cinco años, han sido asesinados ocho periodistas y por lo menos 782 han sido amenazados. 

Bajo estas circunstancias, es necesario reiterar que la seguridad debe ser una prioridad para los Estados y que deben hacer todo lo posible para prevenir actos de violencia, intimidación, amenazas y agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Así ha quedado nuevamente consignado en la resolución adoptada, de manera unánime, por la Asamblea General de Naciones Unidas en noviembre de 2021.

En Colombia, el programa de protección se creó en el año 2000 y se ajustó en el 2012, momento desde el cual está en manos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Este programa no es suficiente para atender las vulnerabilidades de los y las reporteras. Es un mecanismo que, aunque fue pionero en su momento, actúa, principalmente, de manera reactiva, no opera articuladamente con otras entidades y desconoce las condiciones y prácticas únicas del ejercicio periodístico, así como las diferencias entre las violencias ejercidas en cada región del país. 

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

Por otro lado, la pedagogía alrededor de la autoprotección es insuficiente y prácticamente no existen medidas preventivas. En la mayoría de los casos, al menos de la población de periodistas, estas acciones se limitan a patrullajes y revistas policiales que no se cumplen a cabalidad y que casi nunca tiene en cuenta el contexto en el que se encuentran las personas en riesgo o la capacidad del cuerpo policial que debe prestar esta función. La FLIP ha advertido en diferentes informes que este programa se ha transformado en un mecanismo burocrático, cada vez más inclinado a tomar decisiones por motivaciones políticas y no técnicas.

En el Decreto 1139 de 2021, que establece la reingeniería de la UNP contemplada en el Plan de acción oportuna de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (PAO), se establecieron algunas modificaciones dirigidas a reducir los tiempos de respuesta de los análisis de riesgo y a formalizar espacios y prácticas que ya existían. Sin embargo, no es suficiente ni útil reducir tiempos de respuesta si no se subsanan vacíos en la ruta de protección como la formación de los analistas en temas relacionados con labor periodística, enfoque de género, derechos humanos, etc. Tampoco es eficiente en la medida en que no hay disponibilidad de recursos para asignar medidas adaptadas a los territorios y garantizar su correcto funcionamiento. Además, sigue sin haber un espacio abierto a la veeduría por parte de organizaciones de la sociedad civil a la ruta de protección.

También existen riesgos de otra naturaleza que no están siendo reconocidos por el mecanismo y que pesan sobre la seguridad de los periodistas en la era digital como la vulnerabilidad a convertirse en blanco de la vigilancia, el acoso en línea o la intercepción ilegal o arbitraria de comunicaciones. En el 2020, el Ejército Nacional vigiló y parametrizó a periodistas etiquetando su trabajo. Con base en sus reportajes periodísticos o líneas editoriales, les relacionó, de manera estigmatizante, con grupos al margen de la ley y recolectó información personal sin su autorización. Casi dos años después no hay sanciones disciplinarias ni penales por estos hechos.

Además de la protección reactiva, el Estado también está llamado a promover la diversidad y la independencia de los medios de comunicación y el acceso a la información. Pero acontecimientos recientes evidencian la especial fragilidad de los medios independientes y del periodismo ciudadano, pues son blanco recurrente de ataques y estigmatizaciones. Por ejemplo, este tipo de medios de comunicación fueron los más afectados durante las manifestaciones del 2021; sobrevivieron a semanas muy violentas sin garantías para hacer su trabajo y cubrir las protestas sociales. 

Crímenes contra la prensa

1. La FLIP ha registrado desde 1938 hasta la fecha 163 casos de asesinatos a periodistas por razón de su oficio. 
   
   
2. De los 782 periodistas que han sido amenazados en los últimos cinco años en Colombia, en cuarenta casos tal amenaza ha derivado en desplazamientos internos y exilios. 
   
   
3. Entre 2016 y 2021, ha habido ocho atentados y ocho secuestros contra periodistas.
   
   
4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que existe una situación de riesgo para la prensa en Colombia, que además se une a altas tasas de impunidad en la investigación de crímenes contra la prensa. 

En Colombia existen cerca de 600 emisoras comunitarias. La gran mayoría afronta graves problemas para su sostenibilidad y la producción de contenido. El modelo necesita adaptarse para que pueda jugar su rol en los ecosistemas mediáticos actuales y de tal manera garantizar mayor pluralidad. 

El tercer sector de la comunicación que agrupa a los medios comunitarios (radio y televisión) enfrenta un escenario convergente difícil dado el rezago en su legislación, licencias, burocracia y sus apuestas de contenidos. En esta entrevista conversamos con Edison Lanza, exrelator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien nos habló sobre la legislación de los medios comunitarios y el rol que juegan en una democracia.

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FLIP: ¿Cómo calificaría la legislación de nuestro país frente a emisoras comunitarias?

Edison Lanza (E.L): Es insuficiente. Es decir, no hay unas leyes que garanticen que estas emisoras puedan tener condiciones de calidad para emitir. Otro de los problemas es que el Estado a veces se demora en la entrega de títulos y de frecuencias.

Esos problemas de las emisoras comunitarias suceden mientras que hay una cantidad desmedida de radios militares y policiales, que cuentan con todas las garantías para transmitir. El país está en un período de transición, de posguerra, por lo que creo que habría que reducir la cantidad de frecuencias que están en manos de las agencias de seguridad del Estado para dárselas a sectores civiles, bien sean radios comunitarias, públicas o comerciales. 

FLIP: El año pasado en la FLIP conocimos el caso de una emisora comunitaria que no podía emitir correctamente su señal, pues la antena que les adjudicaron fue instalada a quince minutos en moto del casco urbano donde tienen licencia para transmitir y la baja potencia hace que no se pueda sintonizar la emisora en todo el municipio. ¿Qué debería hacerse en cuanto a regulación para lidiar con situaciones como esta?

E.L: Una buena regulación no puede imponer limitaciones geográficas o de potencia, que sean innecesarias o que limiten el tipo de servicio o el tipo de comunidad. La recomendación sería que el regulador vea caso a caso cada emisora. Por ejemplo, puede haber una radio que requiera una potencia reducida porque emite geográficamente para una pequeña comunidad en el territorio; pero puede haber también una radio vinculada a las mujeres, o a la agenda de los derechos de las mujeres que necesitaría una potencia mayor porque su comunidad está diseminada en distintas partes del territorio.

FLIP: ¿Qué ejemplos podría seguir Colombia para tener una mejor legislación en esta materia?

E.L: Hay ejemplos latinoamericanos muy buenos, como los de Uruguay, Brasil o Chile. En el resto del mundo están los ejemplos de Canadá o la Unión Europea. Allí está claramente identificado el sector comunitario, se definen sus características, se establecen mecanismos de concurso, en general, donde no tenga un peso lo lucrativo o el precio por el uso de la frecuencia. El gobierno lo que debería vigilar es que no se disfrace una radio comercial de una comunitaria.

Las regulaciones de estos países también se caracterizan por que no tienen limitaciones de ningún tipo: pueden tener acceso a publicidad, a recursos tanto públicos como privados, para tener una radio con estándares de calidad. Para poner otro ejemplo, en México se aprobó una legislación que facilitaba el acceso de los pueblos indígenas a las radios comunitarias, pero se les impedía acceder a publicidad privada y solo se les otorgaba un 1% de la publicidad estatal. 

En el caso de Colombia sería clave prever algunas reservas para pueblos originarios, afrodescendientes, que en general se han visto excluidos de la radiodifusión.

FLIP: ¿Y qué debería hacer un próximo gobierno con las radios que por alguna razón han estado emitiendo por fuera de la regulación?

E.L: Puede ser frecuente que haya emisoras comunitarias que durante varios años emitieron señal por fuera de los parámetros que establece la ley porque no tenían las facilidades o las frecuencias asignadas. El gobierno entonces debería tener una ley garantista, que cuente con la participación de las propias asociaciones de radios comunitarias para así hacer un censo o línea de base que permita establecer cuáles son las emisoras que han operado, entre comillas, de forma irregular. De esta manera, el gobierno podría establecer una suerte de amnistía o mecanismos para que estas radios se acojan a una serie de beneficios. 

FLIP: Hablemos ahora de la televisión pública. Durante el 2021 nos enfrentamos a un escenario en el que diferentes gobernantes querían interferir en la línea editorial de medios como Telecafé o Telemedellín. ¿Cómo se le puede hacer frente a esto?

E.L: En general, en América Latina, hay un déficit de gobernanza democrática. Por lo general, quien está en el gobierno tiende a pensar que debe gobernar la televisión pública. Yo creo que eso al final juega en contra y debilita la televisión pública porque los ciudadanos no son todos ciudadanos partidistas. La televisión pública debería ser un contrapeso de la disputa política y partidaria, generando información de calidad, documentales, informativos que tengan altos estándares de objetividad, de pluralismo, neutralidad. 

Todo eso solo se logra con una gobernanza compleja, donde tenga participación la sociedad civil, la academia, los representantes de los gobiernos y de la oposición y se rindan cuentas al congreso. Obviamente también hay que garantizar un financiamiento por alguna vía, ya sea por medio de algún impuesto o asignación específica. No tenemos ejemplos claros de cómo funciona esto en Latinoamérica, pero sí tenemos de referentes a la BBC de Reino Unido, la Deutsche Welle en Alemania, la televisión Sueca, e incluso la PBS de Estados Unidos. 

FLIP: Y hablando en general de todo el ecosistema de canales de televisión, ¿hacia dónde debería apuntar una regulación que busque mayor pluralidad?

E.L: En nuestros países no hay per se un pluralismo en la televisión, pues nacieron como grupos de comunicación dominantes y heterogéneos y así se han mantenido, aunque los Estados tengan la obligación de promover el pluralismo. Para introducir elementos de pluralismo progresivamente se podría poner límites razonables a la concentración. Por ejemplo, si hay un grupo que ya tiene cuatro canales en televisión abierta y la televisión digital permite que haya nuevos canales, pues no debería ser ese mismo grupo el que siga quedándose con ellos, sino que tendrían que ingresar nuevas voces.

FLIP: Finalmente, queremos preguntarle sobre las plataformas de streaming, que en su mayoría no son empresas nacionales, pero que entran al ecosistema de medios en Colombia. ¿Qué clase de legislación puede ser pertinente en esta materia?

E.L: En los países de Latinoamérica no tenemos mucha experiencia regulando esto, precisamente porque se trata de un actor nuevo. Algunas regulaciones sí se han hecho en Europa, Australia o Canadá. Allí se ha establecido alguna cuota de pantalla para la producción nacional, y también se ha determinado que paguen los mismos impuestos que abonan otros medios de comunicación para que no haya una discriminación positiva en ese sentido. 

La crisis económica del sector de medios de comunicación es un problema que no da espera. Los despidos masivos de personal, el cierre de medios de larga trayectoria y un deterioro en la calidad de la información periodística han moldeado durante los últimos años el nuevo panorama de la industria.

Esta dinámica, que se ha reproducido en todo el mundo y se aceleró con motivo de la pandemia, ha llevado a un consenso global de que en un futuro próximo no será posible la sustentabilidad para el periodismo regional, local o de nicho, a menos que se financie con recursos públicos. Se trata de un cambio radical en el paradigma del negocio que ha impulsado a que, tanto la Unesco como las Naciones Unidas, apunten a la necesidad de la intervención de los Estados para evitar que la información de calidad desaparezca.

La situación en Colombia es particularmente delicada. En más de 600 municipios, que corresponden a dos terceras partes del país, no existen medios de comunicación con la capacidad de producir información local. La publicidad oficial ha operado durante años como un subsidio encubierto que ha servido para mantener a flote a muchos medios pero a un costo altísimo, toda vez que la falta de transparencia en la asignación deriva, en muchos casos, en la pérdida de independencia editorial. Además, según Asomedios, desde el 2014 la inversión publicitaria en medios de comunicación ha decrecido constantemente y hoy en día, el mayor porcentaje de la torta de ese mercado se la están llevando las plataformas digitales, dinero que, además, no queda circulando en el mercado colombiano, pues son recursos que se van para el exterior y dejan de retroalimentar la industria de medios y de información.

En medio de esta crisis y asfixia mediática, existen varios ejemplos de medios de comunicación e iniciativas particulares que han experimentado con ideas, técnicas y modelos operacionales innovadores. Sin embargo, estos proyectos no encuentran prácticamente ningún apoyo estatal que permita impulsar a mediano y largo plazo un entorno más propicio para su viabilidad, respetando los principios innegociables de independencia editorial y libertad de expresión.

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Aunque son diversas las propuestas que se están implementando en diferentes países, como las deducciones fiscales y subvenciones directas, no existe por ahora una única solución o modelo. Su abordaje debe partir de una lectura clara y completa del contexto nacional y requiere incluir a los gobiernos nacionales y regionales, a la sociedad civil y al sector privado.

La necesidad de encontrar nuevas medidas para el sostenimiento del ejercicio periodístico debe ser prioridad en un gobierno comprometido con la democracia y la libertad de expresión. Sin independencia económica, no hay garantías para que fluya información no tendenciosa entre la sociedad, tampoco para la vigilancia sobre los gobiernos que ejerce el periodismo ni para garantizar que la ciudadanía acceda a información de interés público.

Prensa sin fondos

- La FLIP registró un aproximado de 1.500 despidos de periodistas y personal de medios de comunicación entre el 2016 y el 2019. 

- Solo en Medellín, tres medios de comunicación de larga trayectoria llegaron a su final durante el primer año de pandemia (2020). 

- Según cifras de Asomedios, la facturación en publicidad de los medios en Colombia de octubre de 2021 fue apenas similar a la del 2016. 

- El sector de las revistas fue el más afectado. En el 2021 registró 43% menos de lo que facturó en el 2020. 

- El anuncio, hecho a inicios del 2021, por parte del gobierno de Iván Duque de destinar 85.000 millones de pesos para ayudar a la reactivación económica de los medios más afectados durante la pandemia se quedó en eso: un anuncio vacío. En septiembre, MinTIC dio por terminada la convocatoria para adjudicar los recursos porque ninguno de los 354 medios, cerca del 15% del total de medios del país, que habían participado cumplía con los requisitos. Nunca se hicieron públicos los detalles o la postura del ministerio ni hubo más explicaciones sobre su decisión.

- Las plataformas de redes sociales se instalaron como el principal competidor de los medios por ambas pautas, la comercial y la pública. Las redes sociales están captando un porcentaje muy alto de estos recursos sin someterse a ningún tipo de regulación tributaria y además, usando el contenido producido por terceros, como el de la prensa, sin que los creadores, medios y periodistas reciban alguna retribución.

- Muchos analistas del tema sostienen que no hay forma de recuperar los ingresos que han quedado en manos de las grandes compañías de tecnología y que sin intervención estatal los medios desaparecerán.

Las declaraciones estigmatizantes contra periodistas por parte de funcionarios del Estado con alta influencia en la opinión pública tienen un impacto nefasto en la seguridad y en las garantías de las que debería gozar la prensa. Es urgente que esto cambie. Los mensajes que emiten los dirigentes deben ayudar a fortalecer el derecho a la libertad de expresión.

Asustar con asfixiar a la prensa ha dejado de ser una actitud que genera mayores inconvenientes ante la opinión pública. Por el contrario, el discurso de poner límites a las y los periodistas es cada vez más reiterativo por parte de los representantes del Estado. Incluso, resulta atractivo para diversos sectores de la ciudadanía.

En los últimos años, han sido varios los casos en los que dirigentes políticos, funcionarios públicos o autoridades colombianas han denigrado, intimidado o amenazado a los medios de comunicación sin recibir ningún tipo de penalidad. Esa ola de represión, que también es global, ha convertido al periodismo en una piñata ideológica y ha permeado las garantías legales para el ejercicio periodístico, a pesar de ser protegidas de manera clara por la Constitución.

A esto se suma una larga lista de problemas estructurales en el periodismo colombiano y que durante décadas han sido eclipsados por otros asuntos en las agendas de los últimos gobiernos.

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En una era de noticias falsas y de debilitamiento de los mecanismos democráticos, esta problemática no puede continuar invisible en el debate público. En particular, teniendo en cuenta lo difícil que resulta para los medios de comunicación preservar su profesionalismo en un entorno tóxico amenazado por la violencia, la crisis económica y en el que proliferan las campañas selectivas de desinformación y estigmatización para desacreditar la labor de las y los periodistas.

Para que puedan trabajar en un entorno seguro y propicio, el próximo gobierno de Colombia deberá implementar una política pública que garantice y fortalezca el derecho a la libertad de expresión y de información de quienes ejercen el periodismo en el país.

Este plan que debe estar llamado a restaurar el ecosistema del periodismo, entre otras cosas, deberá tener suficiente reconocimiento público y tener claro que estos nuevos programas no sólo tienen que ser aprobados sino implementados. Es necesario recordar que, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el Ministerio del Interior trabajó en la elaboración de una política pública de libertad de expresión. Sin embargo, y después de cuatro años de trabajo, ese documento terminó archivado.

Esta política deberá reconocer abiertamente que el periodismo es un servicio público cuando provee información de alto interés para la ciudadanía y deberá adoptar acciones claras con las que el Estado garantizará que las y los periodistas, que trabajan en los medios de comunicación, gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad. Para liderar ese trabajo será ideal que la próxima cabeza del ejecutivo designe, de manera temporal, a un enviado presidencial especial para la libertad de prensa.

La proyección de esa política pública sobre libertad de expresión también deberá contar con la participación de los diferentes miembros del sector y de las audiencias, para así recoger los insumos suficientes que permitan complementar un diagnóstico actual, que entre otros asuntos, incluye las siguientes problemáticas:

1. Adoptar medidas para prevenir, proteger y garantizar justicia en los crímenes contra periodistas y así acabar con el ciclo violento de la impunidad.
   
   
2. Defender la libertad de expresión en línea, evitar la censura por parte del Estado y promover la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas.
   
   
3. Replantear el modelo de los medios públicos de tal manera que se garantice su gobernanza e independencia.
   
   
4. Atender las consecuencias del conflicto armado contra la prensa: memoria y reparación.
   
   
5. Implementar nuevas medidas de sostenibilidad de los medios que garanticen su independencia y el acceso a la información por parte de los ciudadanos.
   
   
6. Promover la comunicación ciudadana en un país silenciado y respaldar a medios de comunicación que garanticen la comunicación propia y el  pluralismo.
   
   
7. Revisar las condiciones desfavorables en la contratación de la publicidad oficial, promover su transparencia y blindar para que estos contratos no amenacen la independencia editorial de los medios.

El éxito del buen periodismo, el que es responsable, no dependerá solo de resolver algún aspecto en particular sino de atender todo su ecosistema. No se trata solamente de procurar garantías como el respeto a los derechos fundamentales y a la libertad de los medios, también resulta necesario atender la desfinanciación del sector para garantizar genuinamente el periodismo independiente.

Esa tarea es urgente, crítica y exigente, pero puede comenzar con unos pocos pasos muy visibles que incluyen que quienes se conviertan en los próximos funcionarios públicos, y especialmente el próximo presidente, se pronuncien enérgicamente en defensa de la libertad de prensa. 

Es necesario adoptar, en cabeza del gobierno nacional, una narrativa favorable con la libertad de prensa que permita contrarrestar la violencia contra las y los periodistas. Los funcionarios públicos deben reconocer de manera pública el rol social de la prensa como guardián de la democracia. Ello implica abstenerse de hacer declaraciones falsas que ataquen la integridad de periodistas y trabajadores de medios de comunicación  y procurar un mejor acceso a la información pública. Esto permitirá reconocer el papel fundamental que desempeña la prensa al brindar información confiable, precisa y oportuna.

El momento exige pensar en trascender a los esfuerzos voluntarios del pasado. Reparar el periodismo requiere del apoyo público, específicamente, de un respaldo por parte de quienes integren el próximo Congreso y de quien llegue a ocupar la Presidencia. 

La asignación de la pauta oficial se ha convertido en uno de los factores más determinantes en la autocensura. Esto se acentúa por la falta de una legislación adecuada y, al ser, en muchos casos, la mayor fuente de ingresos de los medios de comunicación. Es necesario encontrar soluciones concretas en las que participen otros actores de la sociedad civil, como universidades, periodistas y agremiaciones locales. 

La publicidad oficial es una herramienta legítima e importante para la comunicación entre los Gobiernos y la ciudadanía. Su principal objetivo es servir de puente y así informar y promover políticas públicas, obligaciones y deberes de la ciudadanía o situaciones de urgencia que se presenten. Sin embargo, la ausencia de un marco legal regulatorio claro ha desdibujado la naturaleza de estos objetivos, transformándola en un mecanismo para la autopromoción de gobernantes y de presión económica para castigar las líneas editoriales de los medios de comunicación. Así, la asignación de la publicidad oficial es, después de la violencia, el segundo factor más determinante de censura y autocensura en el periodismo colombiano. 

De acuerdo con la información recaudada por el proyecto Pauta Visible de la FLIP, entre 2016 y 2020, 75 entidades de todo el país invirtieron cerca de 860 mil millones de pesos en contratos de publicidad oficial. Se trata de una billetera con recursos públicos que tiene una influencia determinante en la economía de las empresas periodísticas generando interrogantes frente a las garantías que tienen los medios para mantener su independencia editorial. }

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En varias regiones del país, donde la publicidad privada es mínima, los ingresos de la publicidad oficial pueden suponer el 70% o el 80% de los ingresos totales de un medio. El impacto de estos recursos en la economía de las empresas periodísticas se ha convertido en una suerte de subsidio encubierto para medios de comunicación. Por lo tanto, abordar la regulación de la pauta oficial también implica entender la necesidad de poder reemplazar esos ingresos bajo otro modelo. 

Adicionalmente, la legislación actual, que se resume en el artículo 10 del Estatuto Anticorrupción y en un decreto reglamentario del mismo, deja muchas puertas abiertas para la asignación discrecional de estos recursos, su difícil trazabilidad y, en general, una ausencia de principios protectores de la libertad de expresión que profundizan los problemas ya descritos. La FLIP ha identificado patrones y abusos en la asignación de publicidad oficial a través de diferentes investigaciones que dan luces sobre un asunto determinante para la sostenibilidad de los medios de comunicación, para la garantía del acceso a la información de la ciudadanía y, en últimas, para la libertad de expresión. 

Así, debe partirse de la base de que hay un problema ya evidente por años al que no se le ha brindado una solución concreta, ni suficiente atención desde las diferentes ramas del poder, particularmente desde el legislativo y el ejecutivo. A pesar de los intentos por instaurar buenas prácticas en algunas administraciones, hacen falta mecanismos vinculantes que atiendan la situación en todos los niveles de la administración pública en el país. Estas reformas, toda vez que tocan puntos neurálgicos del sistema de financiación mediático, se deben hacer de manera consensuada, progresiva y que integren ejercicios de socialización que cuenten con la participación de otros actores de la sociedad civil, como universidades, periodistas y agremiaciones locales. 

La pauta perdida 

• Preponderancia de la contratación directa: la contratación directa, si bien no es ilegal, es nociva para asegurar la objetividad y transparencia de los procesos. En el 2020 la FLIP encontró que de 800 contratos celebrados entre el 2016 y 2019, en promedio entre el 50% y el 60% fueron asignados directamente. La gobernación que más recursos de publicidad oficial gastó realizó el 91% de sus contrataciones directamente. 
  
  
• Se desdibuja el propósito de la publicidad oficial: en 2018 la FLIP y la Misión de Observación Electoral (MOE) analizaron los mensajes de publicidad oficial ordenados por diez alcaldías del país. De 2128 mensajes, 1237 (58%) tenían una intención de autopromoción. En varios casos se invierten recursos públicos en autopromoción de los mandatarios y no en información. 
• Compra de contenidos: en el 2019 una gobernación gastó más de 350 millones de pesos en contratar a un medio de comunicación nacional para la difusión de ediciones especiales con material favorable a la administración sin rótulos de publicidad pagada. Esta práctica, conocida como content marketing, hace pasar como información lo que en realidad es propaganda.
  
  

Los países que han regulado la pauta

• Hay ejemplos de regulación valiosos en varios países, como Canadá, Perú o España. Todos coinciden en hacer explícita la definición de publicidad oficial, sus fines, prohibiciones específicas, criterios y procedimientos para hacer efectiva la contratación pública. 
  
  
• Canadá dispuso la creación de comités específicos que sirven como filtro para todos los procesos de contratación estatal de publicidad.
  
  
• En España, la ley prohíbe que aparezcan personalmente voces o imágenes de funcionarios públicos de elección popular en los mensajes publicitarios del Estado. 
  
  
• En Uruguay, se estableció la creación de la Unidad para la Asignación de Publicidad Oficial (UPAO), una instancia con tres representantes: uno del Gobierno y dos elegidos por el legislativo en función de su experiencia, calidades e independencia. En el anteproyecto la UPAO está destinada al monitoreo, control y asesoramiento de los procesos de publicidad oficial.