La periodista Claudia Julieta Duque hizo entrega de su esquema de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras las reiteradas violaciones a sus datos personales. La UNP usó el esquema proporcionado a la periodista para recolectar y manejar datos sensibles. Esta situación es un claro incumplimiento del Estado colombiano a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la vida, integridad y libertad de expresión de la periodista.

El 27 de octubre de 2021, la FLIP alertó sobre la recolección de manera masiva y sin autorización de datos altamente sensibles de la periodista por medio de un dispositivo GPS instalado en el vehículo que hace parte de su esquema de protección. Dentro de la información recolectada se incluyen direcciones exactas y localización de Google Maps. Esto pone en riesgo la seguridad de la periodista, sus familiares y sus fuentes periodísticas. Además, preocupa que la UNP no haya garantizado el acceso a la información ni proporcionado alternativas para la protección de la periodista.

El 11 de noviembre la UNP respondió a un derecho de petición enviado por la FLIP en el que solicitamos información sobre el uso y la protección de los datos que se recolectan por medio de los dispositivos GPS. Según la entidad, la información era de carácter reservado, pero desconoce que los datos que solicitó la FLIP son de carácter general y estadístico, y no comprometen información privada de las personas protegidas. Por eso, el 17 de noviembre se presentó un recurso de insistencia, del cual se desconoce el trámite que haya adelantado la entidad. 

A raíz de todos estos hechos, el 9 de diciembre la Cancillería convocó a una reunión con la periodista y Alfonso Campo, director de la UNP. En el encuentro discutieron sobre el uso de los GPS en los vehículos de la entidad y Claudia Julieta Duque solicitó que se retirara dicho dispositivo. Sin embargo, no se llegó a una solución concreta.

El 13 de diciembre de 2021 la periodista reiteró la solicitud del retiro del GPS del vehículo, por medio de un derecho de petición. Diez días después, la entidad negó la solicitud alegando que el GPS “es la única herramienta con la que cuenta la UNP, para poder controlar la actividad de protección de manera idónea y eficaz”.

Luego de tres meses de dar a conocer la denuncia y de agotar infructuosamente distintas vías para llegar a una solución que sea acorde a su situación de riesgo, Claudia Julieta Duque tomó la decisión de entregar el vehículo de protección a la UNP. 

Esta es la segunda vez que se vulneran los derechos fundamentales de la periodista por medio del esquema de protección asignado por el Estado, pues anteriormente Claudia Julieta ya había sido víctima actividades de vigilancia realizadas por parte de los hombres de protección asignados al esquema que pertenecían al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La FLIP manifiesta su preocupación por la situación de seguridad de la periodista, que puede agudizarse por la falta de adopción de medidas de protección integrales por parte del Estado. Por eso, le solicitamos a la CIDH que realice un seguimiento especial a las medidas cautelares otorgadas a favor de la periodista, en el que evalúe los riesgos del uso de tecnologías en el mecanismo de protección, y reitere al Estado a que las mismas sean concertadas con la beneficiaria y acordes a su situación de riesgo. 

Recuerdo la noticia de un video viral: un criminal violó a unas niñas y grabó el delito. El video llegó a las redes sin saber cómo. Miles de personas “para condenar el horrendo crimen” lo compartieron y al hacerlo revictimizaron a las niñas y se volvieron cómplices del violador. Algunos medios lo publicaron y obtuvieron alto tráfico digital porque muchos querían ver el video del delito que decían condenar.

Durante el año pasado fuimos testigos del período más violento contra la prensa en años recientes en Colombia. El asesinato de un periodista demuestra que la prensa se sigue enfrentando a agresiones extremas sin garantías por parte del Estado. Este es un repaso por los momentos que marcaron la libertad de prensa del 2021. 

1. Asesinato de Marcos Efraín Montalvo

El 19 de septiembre fue asesinado Marcos Efraín Montalvo, un periodista veterano de Tuluá, Valle del Cauca. Su trabajo periodístico es recordado por las denuncias y críticas a la administración local. Su asesinato es el segundo que ocurre en menos de un año en el Valle del Cauca. Este contexto genera temor entre los y las periodistas de la región que ante estos hechos de violencia pueden verse obligados a autocensurarse y dejar de denunciar temas como los que cubría Montalvo. 

Por el asesinato ya fue capturado un menor de edad y la principal hipótesis de la Fiscalía General de la Nación es que el crimen fue motivado por el trabajo periodístico de Montalvo. 

2. Récord de periodistas agredidos en manifestaciones sociales

A lo largo del año registramos 359 agresiones a la prensa durante las manifestaciones sociales. Especialmente nos llama la atención el período entre el 28 de abril y el 19 de julio, en el que documentamos 304 agresiones contra periodistas y medios. En los contextos de protesta del 2021, la fuerza pública fue responsable del 63% de las agresiones. A pesar del compromiso institucional de investigar y sancionar a los responsables, hasta el momento, solo hay siete procesos abiertos y no conocemos de ninguna sanción a los responsables.

3. Ciberpatrullaje y vigilancia en línea

Durante el paro nacional el Ministerio de Defensa y la Policía iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según ellos, son noticias falsas que circulan en Internet. Esta política, que va en contravía de las indicaciones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, institucionaliza un discurso de estigmatización y censura arbitraria contra voces críticas del Estado que denuncian irregularidades de las instituciones. Preocupa la vigilancia y seguimiento que puedan hacer a usuarios de redes sociales y periodistas, en especial porque el país ya tiene antecedentes de perfilamientos a la prensa. 

Hasta ahora, ni el ministerio ni la Policía han asumido alguna responsabilidad y se escudan en decir que se trataba de una campaña pedagógica para hacer frente a las noticias falsas. 

4. Visita de la CIDH

En junio, la CIDH visitó Colombia y se reunió con periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo era recolectar información sobre las múltiples violaciones a derechos humanos durante el período de manifestaciones sociales. Luego de la visita, la CIDH publicó un informe con recomendaciones para el Estado colombiano. Algunas de ellas: asegurar la protección de periodistas, no intervenir en el libre funcionamiento de los medios, abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura, brindar información sobre el funcionamiento de las redes de Internet y que la Policía deje de categorizar contenidos como verdaderos o falsos. 

El Gobierno rechazó algunas de las recomendaciones y dejó entrever su falta de disposición en la implementación de las mismas. 

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

5. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso Jineth Bedoya

Después de más de 20 años en búsqueda de justicia, en octubre de 2021 la Corte IDH condenó al Estado colombiano por el secuestro, la tortura y la violación de Jineth Bedoya. La sentencia es histórica porque representa un gesto de justicia para todas las víctimas de violencia sexual en el conflicto.

En su fallo, la corte le ordena al Estado investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra Bedoya; llevar a cabo una política integral para la protección de los y las periodistas; la creación del Centro Investigativo No es Hora de Callar; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre violencia de género, amenazas y violencia contra periodistas y defensores(as) de derechos humanos; y la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.

6. Acoso judicial: los casos de Vicky Dávila y Cecilia Orozco

Durante el 2021, el acoso judicial contra la prensa se incrementó. En abril conocimos la decisión en segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia que sentenciaba a la periodista Vicky Dávila a indemnizar al excomandante de la Policía, Jorge Hilario Estupiñán, por los cuestionamientos que hizo frente a un posible acto de corrupción de Estupiñán. Judicializar una opinión es un golpe contundente contra la libertad de expresión, pues en una democracia se deben proteger los discursos en todas sus formas y manifestaciones.

Por otro lado, se dio la sentencia a favor de Cecilia Orozco en un caso en el que el abogado Abelardo de la Espriella la acusó de dañar su honra y buen nombre. Aunque la decisión represente un alivio para el ejercicio de la prensa libre en Colombia, esta no elimina los efectos negativos que representó el proceso judicial para la periodista.

7. Interferencias y ataques a los medios

En marzo, el gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, realizó llamados de atención a los periodistas por la forma en la que se estaban emitiendo las noticias. Y en octubre, despidieron al director del sistema informativo de Telemedellín, Hernán Muñoz, como sanción a las críticas que realizaba a la Alcaldía de Medellín. Según el periodista, el nuevo gerente del canal habría dicho en una reunión de empalme que el noticiero “ya no sería para la gente, sino para defender al alcalde”.

Además, el alcalde Daniel Quintero arremetió contra el periódico El Colombiano, que ha realizado varias investigaciones sobre corrupción en la alcaldía. Les han desacreditado, por ejemplo, diciendo que el periódico es un “pasquín”. Por este hecho, a inicios de enero del 2022, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Quintero.

Estas intimidaciones son una carta blanca para que otras entidades y funcionarios dejen de lado su obligación de propiciar un clima óptimo para el periodismo.

8. MinTIC cancela ayudas económicas a medios

A inicios del 2021, el MinTIC anunció la entrega de 85.000 millones de pesos para la transformación digital y la reactivación económica de los medios. Sobre esto, la FLIP advirtió acerca de la necesidad de establecer mecanismos de evaluación independientes para dar mayor transparencia al proceso y establecer expresamente una cláusula de respeto a la libertad editorial de los medios. El MinTIC respondió que el proceso de evaluación sería objetivo y transparente, y que no debía haber preocupación alguna frente a posibles vulneraciones a la libertad de prensa. 

Sin embargo, en septiembre, se anunció la terminación anticipada del proceso de convocatoria. Supuestamente, ninguno de los 354 medios que participó cumplía con los requisitos, pero nunca se explicó por qué las propuestas no se ajustaban a los ejes de la convocatoria o por qué los presupuestos no se adecuaban a las condiciones del MinTIC. Así, el Estado dejó en vilo a un aproximado del 15% de los medios del país y se lavó las manos de su responsabilidad en apoyarles. 

9. La Cámara aprueba artículo que limita la libertad de expresión

En diciembre, las dos cámaras del Congreso aprobaron un artículo que amenazaba la libertad de prensa, pues imponía sanciones desproporcionadas para quienes injurien o calumnien a funcionarios o exfuncionarios públicos. A pesar de que días después fue eliminado, es sumamente alarmante que el Congreso haya aprobado en primera instancia una legislación regresiva contra la prensa, que desconoce los estándares internacionales, sofoca el debate público y crea un terreno fértil para la corrupción, pues le impide a la prensa y a las organizaciones civiles cumplir su rol de veedores.

10. Agresiones contra la prensa que caminan hacia la impunidad

El año pasado se cumplieron tres años del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. En mayo tuvo lugar el acto de perdón de alias “Cherry”, responsable del asesinato de los periodistas ecuatorianos. Sin embargo, el acusado mostró contradicciones en su relato y no evidenció un interés de revelar la verdad del crimen. Es clave que se dé una reparación a través de espacios de perdón que esclarezcan la verdad y eviten nuevos gestos de revictimización.

Por otro lado, en enero la CIDH concedió medidas cautelares a favor del periodista Ricardo Calderón por las agresiones de las que fue víctima en el caso de perfilamiento a periodistas por parte de miembros del Ejército. Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría no han avanzado en las sanciones a los responsables, con lo cual se evidencia la falta de interés estatal en avanzar en el esclarecimiento del caso. 

La crisis económica del sector de medios de comunicación es un problema que no da espera. Los despidos masivos de personal, el cierre de medios de larga trayectoria y un deterioro en la calidad de la información periodística han moldeado durante los últimos años el nuevo panorama de la industria.

Esta dinámica, que se ha reproducido en todo el mundo y se aceleró con motivo de la pandemia, ha llevado a un consenso global de que en un futuro próximo no será posible la sustentabilidad para el periodismo regional, local o de nicho, a menos que se financie con recursos públicos. Se trata de un cambio radical en el paradigma del negocio que ha impulsado a que, tanto la Unesco como las Naciones Unidas, apunten a la necesidad de la intervención de los Estados para evitar que la información de calidad desaparezca.

La situación en Colombia es particularmente delicada. En más de 600 municipios, que corresponden a dos terceras partes del país, no existen medios de comunicación con la capacidad de producir información local. La publicidad oficial ha operado durante años como un subsidio encubierto que ha servido para mantener a flote a muchos medios pero a un costo altísimo, toda vez que la falta de transparencia en la asignación deriva, en muchos casos, en la pérdida de independencia editorial. Además, según Asomedios, desde el 2014 la inversión publicitaria en medios de comunicación ha decrecido constantemente y hoy en día, el mayor porcentaje de la torta de ese mercado se la están llevando las plataformas digitales, dinero que, además, no queda circulando en el mercado colombiano, pues son recursos que se van para el exterior y dejan de retroalimentar la industria de medios y de información.

En medio de esta crisis y asfixia mediática, existen varios ejemplos de medios de comunicación e iniciativas particulares que han experimentado con ideas, técnicas y modelos operacionales innovadores. Sin embargo, estos proyectos no encuentran prácticamente ningún apoyo estatal que permita impulsar a mediano y largo plazo un entorno más propicio para su viabilidad, respetando los principios innegociables de independencia editorial y libertad de expresión.

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

Aunque son diversas las propuestas que se están implementando en diferentes países, como las deducciones fiscales y subvenciones directas, no existe por ahora una única solución o modelo. Su abordaje debe partir de una lectura clara y completa del contexto nacional y requiere incluir a los gobiernos nacionales y regionales, a la sociedad civil y al sector privado.

La necesidad de encontrar nuevas medidas para el sostenimiento del ejercicio periodístico debe ser prioridad en un gobierno comprometido con la democracia y la libertad de expresión. Sin independencia económica, no hay garantías para que fluya información no tendenciosa entre la sociedad, tampoco para la vigilancia sobre los gobiernos que ejerce el periodismo ni para garantizar que la ciudadanía acceda a información de interés público.

Prensa sin fondos

- La FLIP registró un aproximado de 1.500 despidos de periodistas y personal de medios de comunicación entre el 2016 y el 2019. 

- Solo en Medellín, tres medios de comunicación de larga trayectoria llegaron a su final durante el primer año de pandemia (2020). 

- Según cifras de Asomedios, la facturación en publicidad de los medios en Colombia de octubre de 2021 fue apenas similar a la del 2016. 

- El sector de las revistas fue el más afectado. En el 2021 registró 43% menos de lo que facturó en el 2020. 

- El anuncio, hecho a inicios del 2021, por parte del gobierno de Iván Duque de destinar 85.000 millones de pesos para ayudar a la reactivación económica de los medios más afectados durante la pandemia se quedó en eso: un anuncio vacío. En septiembre, MinTIC dio por terminada la convocatoria para adjudicar los recursos porque ninguno de los 354 medios, cerca del 15% del total de medios del país, que habían participado cumplía con los requisitos. Nunca se hicieron públicos los detalles o la postura del ministerio ni hubo más explicaciones sobre su decisión.

- Las plataformas de redes sociales se instalaron como el principal competidor de los medios por ambas pautas, la comercial y la pública. Las redes sociales están captando un porcentaje muy alto de estos recursos sin someterse a ningún tipo de regulación tributaria y además, usando el contenido producido por terceros, como el de la prensa, sin que los creadores, medios y periodistas reciban alguna retribución.

- Muchos analistas del tema sostienen que no hay forma de recuperar los ingresos que han quedado en manos de las grandes compañías de tecnología y que sin intervención estatal los medios desaparecerán.

En Colombia la prensa recibe más agresiones que mensajes de respaldo por parte de funcionarios públicos y de la institucionalidad. Los remitentes son desde el Fiscal General hasta alcaldes, gobernadores y miembros de la fuerza pública. Un contexto como ese es insostenible para la libertad de expresión. Catalina Botero, exrelatora especial para la libertad de expresión de la CIDH y miembro del Consejo asesor de contenido de Facebook, explora las acciones necesarias para que el aparato estatal le dé mayores garantías a la prensa. 

FLIP: ¿Qué le parece clave que cambie en la narrativa que tienen los funcionarios públicos con el periodismo?

Catalina Botero (C.B): Cualquier Gobierno tiene que adoptar una narrativa a favor de la libertad de expresión. Ese debe ser el gran contexto en el que se promuevan todas las políticas públicas de promoción de la libertad de expresión. Esta es fundamental en una democracia, ya que hay unas amenazas que solo cambiarán si la gente y los funcionarios públicos entienden por qué defender la libertad de expresión es tan importante. 

FLIP: ¿Por ejemplo qué tipo de amenazas?

C.B: Las amenazas que sufren especialmente los periodistas locales, los que no están en las grandes ciudades. Hay una deuda inmensa con la prensa que está en esos territorios. Los reportajes de esos periodistas son claves para combatir, por ejemplo, a los grupos armados. Pero esas historias no se están contando, porque los y las periodistas no pueden estar en esas zonas. Para solucionar este problema de protección no solo hay que entregarles un chaleco antibalas, hay que garantizarles la protección de todo el sistema que permite las comunicaciones desde esos lugares. 

FLIP: El periodismo se ha visto enfrentado históricamente a la violencia en el marco del conflicto armado. ¿Cree usted que la JEP debería abrir un macrocaso para tratar la violencia contra la prensa?

C.B: Claro, yo creo que sería un macrocaso. A partir del informe que hizo Germán Reyes para el Centro de Memoría Histórica, La Palabra y el Silencio, es posible pedirle a la JEP que estudie como fenómeno criminal los atentados contra periodistas, y la violencia contra la prensa en el marco del conflicto armado. 

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FLIP: Otro de los grandes problemas de los medios hoy en día es la financiación. Hace poco Unesco propuso que fueran los Gobiernos quienes financiaran el periodismo. ¿En el contexto colombiano, usted ve viable esta recomendación?

C.B: Entiendo la propuesta de Unesco porque la información es un bien público, entonces debería estar financiada por el Estado. Sin embargo, en el panorama político de Colombia creo que es inviable. La mayoría de políticos realmente creen que la información seria, imparcial, veraz, curada, es solo aquella que habla bien de su candidato; es decir, no evalúan la información por el proceso, sino por el contenido del resultado, entonces sería muy peligroso. Así, se terminarían entregando miles de millones de dólares a medios que solo dicen lo que ellos quieren, no se lo van a dar a los medios con estándares serios que critican a sus líderes. 

FLIP: La mirada suele estar dirigida a lo que hace o deja de hacer el Gobierno de turno, pero no se habla del conjunto del Estado, ¿cómo trabajar con todas las instituciones en materia de libertad de expresión?

C.B: Es importante que haya una formación en democracia para los funcionarios públicos. Este tipo de acciones podrían contribuir a la prevención de agresiones a la libertad de expresión, como, por ejemplo, las relacionadas con el acceso a la información pública. Es recordarles a los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de recolectar, custodiar y entregar de manera oportuna, completa, accesible y fidedigna toda la información que tengan. 

Además, la Procuraduría tiene que iniciar investigaciones con perspectiva de libertad de expresión contra los funcionarios públicos que utilicen el discurso público para estigmatizar o afectar la libertad de expresión. Por ejemplo, esto es muy claro en el caso de Daniel Quintero, donde habían unas afrentas contra la prensa, contra El Colombiano, por ejemplo. La investigación que abrió la Procuraduría era clave.

Por otro lado, está la necesidad de transparentar el uso que hacen funcionarios de las redes sociales y de la publicidad oficial. La Contraloría debería investigar el uso de fondos públicos para la publicidad oficial mal destinada, y el uso de recursos públicos para la contratación de community managers, por ejemplo. 

La asignación de la pauta oficial se ha convertido en uno de los factores más determinantes en la autocensura. Esto se acentúa por la falta de una legislación adecuada y, al ser, en muchos casos, la mayor fuente de ingresos de los medios de comunicación. Es necesario encontrar soluciones concretas en las que participen otros actores de la sociedad civil, como universidades, periodistas y agremiaciones locales. 

La publicidad oficial es una herramienta legítima e importante para la comunicación entre los Gobiernos y la ciudadanía. Su principal objetivo es servir de puente y así informar y promover políticas públicas, obligaciones y deberes de la ciudadanía o situaciones de urgencia que se presenten. Sin embargo, la ausencia de un marco legal regulatorio claro ha desdibujado la naturaleza de estos objetivos, transformándola en un mecanismo para la autopromoción de gobernantes y de presión económica para castigar las líneas editoriales de los medios de comunicación. Así, la asignación de la publicidad oficial es, después de la violencia, el segundo factor más determinante de censura y autocensura en el periodismo colombiano. 

De acuerdo con la información recaudada por el proyecto Pauta Visible de la FLIP, entre 2016 y 2020, 75 entidades de todo el país invirtieron cerca de 860 mil millones de pesos en contratos de publicidad oficial. Se trata de una billetera con recursos públicos que tiene una influencia determinante en la economía de las empresas periodísticas generando interrogantes frente a las garantías que tienen los medios para mantener su independencia editorial. }

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En varias regiones del país, donde la publicidad privada es mínima, los ingresos de la publicidad oficial pueden suponer el 70% o el 80% de los ingresos totales de un medio. El impacto de estos recursos en la economía de las empresas periodísticas se ha convertido en una suerte de subsidio encubierto para medios de comunicación. Por lo tanto, abordar la regulación de la pauta oficial también implica entender la necesidad de poder reemplazar esos ingresos bajo otro modelo. 

Adicionalmente, la legislación actual, que se resume en el artículo 10 del Estatuto Anticorrupción y en un decreto reglamentario del mismo, deja muchas puertas abiertas para la asignación discrecional de estos recursos, su difícil trazabilidad y, en general, una ausencia de principios protectores de la libertad de expresión que profundizan los problemas ya descritos. La FLIP ha identificado patrones y abusos en la asignación de publicidad oficial a través de diferentes investigaciones que dan luces sobre un asunto determinante para la sostenibilidad de los medios de comunicación, para la garantía del acceso a la información de la ciudadanía y, en últimas, para la libertad de expresión. 

Así, debe partirse de la base de que hay un problema ya evidente por años al que no se le ha brindado una solución concreta, ni suficiente atención desde las diferentes ramas del poder, particularmente desde el legislativo y el ejecutivo. A pesar de los intentos por instaurar buenas prácticas en algunas administraciones, hacen falta mecanismos vinculantes que atiendan la situación en todos los niveles de la administración pública en el país. Estas reformas, toda vez que tocan puntos neurálgicos del sistema de financiación mediático, se deben hacer de manera consensuada, progresiva y que integren ejercicios de socialización que cuenten con la participación de otros actores de la sociedad civil, como universidades, periodistas y agremiaciones locales. 

La pauta perdida 

• Preponderancia de la contratación directa: la contratación directa, si bien no es ilegal, es nociva para asegurar la objetividad y transparencia de los procesos. En el 2020 la FLIP encontró que de 800 contratos celebrados entre el 2016 y 2019, en promedio entre el 50% y el 60% fueron asignados directamente. La gobernación que más recursos de publicidad oficial gastó realizó el 91% de sus contrataciones directamente. 
  
  
• Se desdibuja el propósito de la publicidad oficial: en 2018 la FLIP y la Misión de Observación Electoral (MOE) analizaron los mensajes de publicidad oficial ordenados por diez alcaldías del país. De 2128 mensajes, 1237 (58%) tenían una intención de autopromoción. En varios casos se invierten recursos públicos en autopromoción de los mandatarios y no en información. 
• Compra de contenidos: en el 2019 una gobernación gastó más de 350 millones de pesos en contratar a un medio de comunicación nacional para la difusión de ediciones especiales con material favorable a la administración sin rótulos de publicidad pagada. Esta práctica, conocida como content marketing, hace pasar como información lo que en realidad es propaganda.
  
  

Los países que han regulado la pauta

• Hay ejemplos de regulación valiosos en varios países, como Canadá, Perú o España. Todos coinciden en hacer explícita la definición de publicidad oficial, sus fines, prohibiciones específicas, criterios y procedimientos para hacer efectiva la contratación pública. 
  
  
• Canadá dispuso la creación de comités específicos que sirven como filtro para todos los procesos de contratación estatal de publicidad.
  
  
• En España, la ley prohíbe que aparezcan personalmente voces o imágenes de funcionarios públicos de elección popular en los mensajes publicitarios del Estado. 
  
  
• En Uruguay, se estableció la creación de la Unidad para la Asignación de Publicidad Oficial (UPAO), una instancia con tres representantes: uno del Gobierno y dos elegidos por el legislativo en función de su experiencia, calidades e independencia. En el anteproyecto la UPAO está destinada al monitoreo, control y asesoramiento de los procesos de publicidad oficial. 

En más de la mitad del país no existen medios de comunicación que produzcan información local. Esto, sumado a las precarias condiciones de conectividad, ha instalado el silencio informativo y un riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

Según los datos de 2019 de la investigación Cartografías de la Información, los desiertos de información en el país se extienden por 666 municipios, y de acuerdo con el último informe trimestral del sector TIC publicado por MinTIC, Bogotá D.C. es el territorio con mayor penetración de Internet fijo con apenas el 27.5%. Mientras que 18 departamentos no llegan al 10% de penetración, entre ellos: Guaviare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Arauca, Nariño, Magdalena, Chocó, Córdoba y Cauca. Adicionalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó su ranking más reciente de países donde hay acceso a por lo menos un computador por hogar, Colombia está en el último puesto. 

La imposibilidad de establecer un ecosistema plural impide el debate público local y dificulta que se consolide la democracia en lugares que han sido históricamente precarizados y silenciados. Una de las alternativas más valiosas para hacer frente a esta situación está en la comunicación comunitaria de voces organizadas que dinamizan el debate en los territorios. Sin embargo, el modelo actual no termina de cumplir su función a cabalidad, pues sus problemas estructurales ponen en jaque la posibilidad de consolidar medios comunitarios sostenibles y legítimos. 

Para la muestra, un botón: la radio comunitaria. La radio es el medio con mayor alcance en todo el país, allí donde no llega internet ni televisión es probable que sí llegue una frecuencia radial, pues cubre alrededor del 95% del territorio nacional. Hay más de 600 emisoras comunitarias. Incluso, con ocasión del Acuerdo de Paz, se abrieron dos nuevas convocatorias para radios comunitarias y étnicas. A la fecha hay 74 en funcionamiento. A eso se le suman las emisoras de paz que transmiten en once zonas. Aunque no son comunitarias, ilustran la importancia de la radiodifusión para la construcción de paz. 

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Sin embargo, las emisoras comunitarias sobreviven a pesar de: (i) Una regulación restrictiva que las categoriza como emisoras Clase D con la menor de las potencias y por ende, poco alcance y cobertura. (ii) Desigualdad de condiciones frente a emisoras comerciales y emisoras de la fuerza pública. En varias ocasiones no logran transmitir en todo el municipio. (iii) Procesos burocráticos que no atienden los contextos diferenciados que viven las organizaciones comunitarias. (iv) Altas cargas financieras que dificultan la sostenibilidad: pagos de servicios, arriendos, licencias y SAYCO y ACINPRO, entre otros. (v) Falta de capacitación técnica y acompañamiento institucional, y (vi) Dependencia de la publicidad oficial que en ocasiones obliga a la autocensura para asegurar recursos. 

La comunicación comunitaria tiene el potencial de dar lugares de enunciación y participación a las comunidades, de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. Sin embargo, se ha encontrado constantemente escalando un muro de obstáculos a los que la institucionalidad no responde. Organismos como la CIDH han establecido que los procesos de asignación deben hacerse mediante procedimientos especiales que no exijan requisitos tecnológicos severos. Asimismo, otras condiciones discriminatorias son las limitaciones injustificadas de potencia, contenidos, cubrimiento territorial o acceso a fuentes de financiamiento. 

En Colombia, aparecen varias de las anteriores condiciones que impiden la consolidación de una radio comunitaria robusta y sostenible. Le corresponde al Estado evaluar la regulación existente, y más que simplemente limitarse a otorgar licencias, velar porque a estas se les dé buen uso, por brindar capacitación y herramientas para que los medios comunitarios cumplan con el rol fundamental que requiere un país en silencio.

El dial perdido

• Entre el 2019 y el 2020 el Gobierno nacional abrió convocatorias para emisoras comunitarias y con enfoque étnico, después de diez años de inactividad en este campo. En la primera, 188 emisoras fueron declaradas viables. Sin embargo, solo 74 están funcionando. Diez viabilidades fueron canceladas por el MinTIC porque no pagaron a tiempo los derechos de concesión. 
  
  
• En la segunda convocatoria, la de emisoras con enfoque étnico, 116 propuestas fueron evaluadas y solo quince cumplieron con los criterios establecidos por el MinTIC.
  
  
• Las emisoras del Ejército llegan a tener hasta 15 kW de potencia (ninguna tiene menos de 1 kW), mientras que las comunitarias tienen una potencia restringida en la mayoría de casos a 0.25kW. Esto ilustra la disparidad en las condiciones que afecta a la radio comunitaria.

Al periodista Martín La Rotta lo recuerdan como un hombre comprometido con la comunidad, alegre y jovial. Era la voz crítica de San Alberto, César, donde fue asesinado el 7 de febrero del 2004. Todo porque Martín decidió hacerles frente a los paramilitares.

Martín empezó a hablar con las personas del municipio y hacer declaraciones en contra del paramilitarismo en la emisora Las Palmas Estéreo, del cual era gerente y propietario. Y fue así, como se convirtió en su enemigo.

En la FLIP no olvidamos a Martín, gracias por recordar con nosotros.