Colombia, 8 de abril del 2022.

Senadores y senadoras de Colombia,

Las Organizaciones de la Sociedad Civil firmantes, incluidas todas aquellas que integran el Comité de Estado Abierto, solicitamos al Senado de la República rechazar las objeciones del Presidente Iván Duque al proyecto de ley que pretende restablecer los plazos para dar respuesta a los derechos de petición, respetando el mandato de las leyes 1437 de 2011 y 1577 de 2015 que reglamentan el derecho de petición en Colombia.

La actual campaña electoral se ha caracterizado por los ataques diferenciales contra la prensa, que en ocasiones, son promovidos, alentados o tolerados por miembros de partidos, movimientos políticos y sus seguidores. Por este motivo, la FLIP le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Procuraduría General de la Nación que tomen acciones inmediatas frente a este tipo de violencia que afecta el libre trabajo de los medios de comunicación. 

De igual manera, la FLIP ha llamado la atención sobre las estrategias que deben implementarse para hacer frente a los contenidos que pueden configurarse como discurso de odio, mensajes que no están protegidos por la libertad de expresión y, que además, son los jueces quienes tienen competencia para determinar cuando se transgrede este límite. Resulta irresponsable que se señale a la prensa, como protectora y promotora de este tipo de expresiones. 

El periodismo juega un rol fundamental dentro de las elecciones, pues hace veeduría a los partidos, movimientos políticos, sus candidatos y líderes, para que la ciudadanía vote informada. Sin embargo, en los últimos tres meses, han ocurrido al menos 30 ataques contra la prensa por cubrimientos electorales.

Concretamente, preocupa la intensificación de una narrativa antagónica contra la prensa como parte de las campañas electorales. Es peligroso para la democracia que esto se normalice y acreciente, de manera que se avale la promoción de mensajes de odio y repudio contra la prensa. Algunos de los casos que ejemplifican cómo las estigmatizaciones afectan el debate público son el de la senadora , los tuits que emitió el senador Gustavo Bolívar en contra de la periodista Darcy Quinn y la publicación de Gustavo Petro en la que dijo habían “neonazis en RCN”.

Para la FLIP, las críticas contra la prensa son legítimas y existen herramientas legales diseñadas para dirimir errores o informaciones difundidas de mala fe. Además, la libertad de expresión no es absoluta y tiene límites. Sin embargo, los funcionarios públicos o candidatos no deben aleccionar o poner etiquetas al periodismo, esto tiene implicaciones negativas en el ecosistema mediático y en la seguridad de los y las reporteras. 

Los límites a la libertad de expresión no deben ser instrumentalizados por sectores cuya intención sea la de deslegitimar el papel de los medios de comunicación. Por el contrario, las autoridades electorales y los partidos y movimientos políticos deben prevenir que los políticos recurran a este tipo de discurso en el marco de las campañas electorales. 

Por ello, en aras de que se den garantías mínimas para el cubrimiento electoral, solicitamos al CNE y la Procuraduría que:

• Se establezca una estrategia de prevención de la violencia electoral cuando está direccionada contra la prensa, en la que se acojan las recomendaciones emitidas por las Relatorías para la libertad de expresión en la Declaración Conjunta sobre líderes políticos, personas que ejercen la función pública, y libertad de expresión.
  
  
• Vigilen y adopten medidas respecto de los partidos y movimientos, así como de sus miembros cuando incurran en hechos que atenten contra la buena fe o los intereses generales de la comunidad o la sociedad, como es una agresión contra la prensa.

El secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra es un punto de inflexión para el periodismo de Ecuador y en Colombia y un pendiente a reclamarle a ambos estados que han fallado en su deber de verdad y justicia. Un tablero al que le faltan fichas y en donde reina el silencio.

La FLIP rechaza el seguimiento del que fue víctima la periodista Cecilia Orozco, por parte de un carro fúnebre en Bogotá. Esto es una forma de intimidación hacia ella y al resto de su equipo periodístico en Noticias Uno. La FLIP le solicita a la Fiscalía que realice una investigación diligente sobre lo sucedido para dar con los responsables y los motivos de estos hechos.

Después de más de ocho años, no han habido avances significativos en la investigación del homicidio del periodista Edison Molina, ocurrido el 11 de septiembre de 2013 en Puerto Berrío, Antioquia. La investigación adelantada por la Fiscalía no ha arrojado resultados contundentes que permitan avanzar en la individualización, juzgamiento y sanción de los responsables de este crimen.  Por esta razón, le solicitamos a la Fiscalía que lleve a cabo un Comité Técnico Jurídico para apoyar, hacer seguimiento a la investigación e identificar  sus debilidades, para así construir una hoja de ruta que permita solventarlas.

A través de este Comité Técnico Jurídico, solicitamos que se evalúe el avance de la investigación y se identifiquen las fallas que no han permitido encontrar justicia. El Comité deberá entregar una serie de recomendaciones para que la Fiscalía a cargo del caso acelere el proceso de investigación. 

El periodista Edison Molina trabajaba en la emisora Puerto Berrío Estéreo y realizó más de 60 denuncias sobre distintas irregularidades de la administración municipal. Como represalia, Molina recibió amenazas y agresiones que fueron denunciadas ante la Fiscalía y la Procuraduría. Sin embargo, estas no fueron investigadas diligentemente ni se adoptaron medidas de protección. 

Durante estos años la FLIP, como representante de las víctimas, ha identificado una serie de errores en la investigación que han contribuido a que el proceso no avance. Ejemplo de esto es que en un comienzo no se garantizó la independencia del fiscal a cargo y la investigación no se orientó a establecer la relación que tenía el homicidio con la labor periodística de Molina.

A pesar de que el caso se trasladó a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; tampoco ha habido un avance diligente en la investigación: han habido deficiencias en la recolección oportuna de las pruebas y se han destacado largos períodos de inactividad procesal. Además, desde el 10 de junio de 2019, la Fiscalía no ha ordenado la práctica de pruebas que impulsen el avance de la investigación del homicidio del periodista Molina. 

El paso del tiempo, sin el desarrollo de una investigación diligente, condena a este caso a mantenerse en la lista de homicidios contra periodistas en total impunidad. Por eso, esperamos que la Fiscalía, en cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene para la investigación de crímenes contra la prensa, acoja nuestra solicitud de establecer un comité técnico jurídico, con el que se pueda dar esclarecimiento de los hechos.

Presentamos la serie de pódcast La verdad entre fuegos cruzados. Aquí podrán escuchar los testimonios de periodistas colombianos sobre el rol de los medios para escribir el borrador de la historia, el riesgo, responsabilidad y la impunidad en los casos de violencia. Una serie de cinco episodios realizada por el Proyecto Antonio Nariño (FLIP, CdR, Fescol, Ami y Fundación Gabo) para la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad realizó un proceso de escucha a periodistas de distintas regiones de Colombia con el fin de contar con una reflexión individual y colectiva sobre su papel, los impactos y sus propuestas para que la historia no se repita. La producción sonora es una curaduría de estos aportes para difundir masivamente los testimonios de periodistas con trayectorias diversas.

“Yo creo que gran parte de la prensa se silenció. Nos callamos porque había miedo y no se podía entrar a las regiones a contar nada de esto”, afirma José Navia, uno de los periodistas que más crónicas y reportajes ha realizado en zonas de conflicto. Su testimonio aborda los contextos de riesgo donde se ejerció el periodismo y cómo se vio afectada la libertad de prensa en Colombia.

A través de cinco episodios, los y las periodistas relatan su experiencia en distintos aspectos como: la soledad y la resistencia del periodismo regional en el marco del conflicto armado, la estigmatización a periodistas, la censura, las formas de resistencia para seguir informando en medio del fuego cruzado y, finalmente, su rol en el proceso de paz y sus recomendaciones de no repetición.

“La prensa ha padecido el frío de la impunidad tanto como la mayoría de víctimas en Colombia”, se escucha en uno de los episodios donde se recopilan relatos sobre la persecución, vigilancia y estigmatización que sufrieron tanto profesionales como medios de comunicación. Teléfonos interceptados, amenazas y hostigamientos fueron parte de su diario vivir o aún persiste.

María Paula Martínez Concha, coordinadora de la alianza proyecto Antonio Nariño e integrante del equipo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), destaca el valor de incluir voces diversas y ponerlas en diálogo: “Periodistas de larga trayectoria con periodistas más jóvenes o de gran experiencia en el periodismo regional. También familiares como es el caso de Daniel Chaparro, hijo de Julio Daniel, asesinado el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia; así como el punto de vista de corresponsales como Stephen Ferry”.

“El borrador de la historia lo escriben los medios de comunicación”, destacó en los espacios de escucha la comisionada Marta Ruiz, parafraseando a Oriana Fallaci, y en el marco del proceso de esclarecimiento de la verdad se resalta la importancia de que estas historias se cuenten desde las regiones y no solo desde el centro del país.

“La destrucción de sedes, como sucedió con la emisora Radio Caribabare de Saravena, Arauca; el asesinato de Guzmán Quintero, jefe del periódico El Pilón en Valledupar o la amenaza a todos los integrantes de una radio en la Amazonía son ejemplos de grandes relatos de censura que guardan las regiones de Colombia”, anota Martínez Concha. Por esta razón, después de los espacios de escucha, el pódcast quiso volver sobre la idea de la vulnerabilidad de la prensa regional en medio del conflicto y los esfuerzos que hizo para informar.

El auge del formato y la incipiente narrativa sonora sobre libertad de expresión y conflicto colombiano motivó la creación de este pódcast. Una memoria que también está hecha para jóvenes periodistas y estudiantes en proceso de formación.

Los espacios de escucha contaron con el apoyo del Proyecto Antonio Nariño, iniciativa que agrupa a las organizaciones civiles integradas por la Fundación Gabo, la FLIP, Consejo de Redacción, Fundación Fescol y Asociación Colombiana de Medios Informativos.

Episodio 1: La soledad y la resistencia del periodismo regional en el marco del conflicto armado

Periodistas rememoran el temor, los peligros, amenazas que tuvo que enfrentar el oficio en medio del principal escenario del conflicto armado en las regiones, lugares donde si no se lograba seducir a los y las periodistas, se les terminaba por estigmatizar, desprestigiar e incluso silenciar su vida.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorga el Gran Premio de Chapultepec a la FLIP. Para la SIP, el trabajo de la Fundación ha sido “profesional, incansable y valiente a favor de las libertades de expresión y de prensa en Colombia”. 

El premio se entrega anualmente desde 1998 a personas e instituciones que defienden y promueven los valores de la Declaración de Chapultepec. Este año, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, consideró que: “la FLIP es garante y regente de libertad de prensa, un sólido soporte de la sociedad colombiana, cuya metodología eficiente de trabajo es estudiada y emulada por otras organizaciones a nivel global”.

Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó que “reconocemos las batallas titánicas que ha librado la FLIP, entre ellas, el apoyo a la periodista Jineth Bedoya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También sabemos de otras luchas que no tuvieron el mismo impacto mediático, pero que igualmente sirvieron para aliviar el sufrimiento de los periodistas y sus familias”. 

Para Jonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP, este es un reconocimiento fundamental para la defensa de la prensa en Colombia. "La ola de represión en contra de la prensa en todo el continente es evidente. Se alimenta de líderes autoritarios que buscan deslegitimar ante la opinión pública el trabajo de los periodistas. Es en esta coyuntura que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de los defensores de la libertad de expresión debe potenciarse. Esperamos que este reconocimiento estimule y potencie el trabajo de periodistas, medios y organizaciones en toda la región", afirma Jonathan.

El premio será entregado en una ceremonia virtual el 19 de abril, en el marco de la reunión de Medio Año de la SIP que se extenderá hasta el 21 de abril.

La FLIP rechaza categóricamente la violencia que promueve el candidato presidencial Gustavo Petro contra el canal RCN. En su cuenta de Twitter, este 28 de marzo, Petro publicó el mensaje: “Neonazis en RCN”, refiriéndose a la columna de opinión de David Ghitis, titulada “Petro nos quiere atracar”. Estas estigmatizaciones no son nuevas, lesionan gravemente la libertad de prensa y por reiterativas estas se interpretan como una campaña de desprestigio, con fines electorales, contra este medio.

Han pasado cuatro años desde el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, a manos de una disidencia de las FARC. Luego de este tiempo, la deuda de verdad, justicia y reparación por parte de Ecuador y Colombia sigue intacta.

Si bien en Colombia la Fiscalía ha avanzado en la investigación y ha condenado a dos responsables de los crímenes, son pocos los avances en cuanto a verdad. Gran parte de la investigación ha estado fundamentada en las versiones —en ocasiones contradictorias— que han rendido exintegrantes del Frente Oliver Sinisterra, que no dejan claro el papel que desempeñaron las personas que participaron en los hechos y que no aclaran las condiciones en que se dio el secuestro y el homicidio del equipo periodístico

Además, el Estado se ha negado a responder las preguntas fundamentales sobre el caso: ¿cómo se desarrollaron las actividades de cooperación entre Ecuador y Colombia?, ¿por qué se negó sin mayor sustento que el cautiverio y asesinato tuvieron lugar en Colombia?, ¿por qué no se detuvieron las actividades militares del Ejército contra el Frente Oliver Sinisterra para facilitar la liberación de los periodistas?, ¿qué factores influyeron para que se frustrara la liberación de los periodistas?

En el 2021, la justicia colombiana condenó a Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, y a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, por los hechos en los que perdió la vida el equipo periodístico. Estas condenas se obtuvieron como parte de preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y los acusados, que incluían como medida de reparación actos de reconocimiento de verdad y perdón en aras de lograr el esclarecimiento de los hechos.

Sin embargo, estos actos, lejos de otorgar una verdad para las víctimas, se convirtieron en un nuevo escenario de revictimización debido a la falta de condiciones dignas para su realización y de las contradicciones entre las distintas versiones de los hechos. Específicamente, en el caso de alias Cherry existieron contradicciones evidentes que impiden afirmar que hubo una reparación real y efectiva a las víctimas. Sin embargo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Tumaco avaló el trámite del preacuerdo. Por esta razón, la FLIP apeló la sentencia condenatoria ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto. 

Además, en marzo del 2021 la Fiscalía anunció como un gran avance las futuras imputaciones de cargos en contra de Jesús Alfredo Segura Arroyo, alias Roberto, y Juan Carlos Portocarrero Cortés, alias Chuky. Sin embargo, esos avances prometidos no se han materializado, ya que la audiencia de formulación de imputación no pudo realizarse porque los procesados habían recobrado su libertad, pues no se encontraba pendiente una orden de captura por este caso. Sumado a esto, el proceso contra otro de los implicados, Gustavo Alonso Ospina, alias Barbas, no ha tenido muchos avances después de que fue dejado en libertad por vencimiento de términos, más allá de que se hayan programado las audiencias de juicio. 

Así, la Fiscalía, al no aportar más pruebas y quedarse únicamente con los testimonios de los procesados, perpetúa la revictimización y no aporta al esclarecimiento de los hechos. Esto va en contra de la recomendación que hizo el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que afirmó que la investigación y el juzgamiento no puede basarse únicamente en las versiones que rindan los acusados, pues deben contar otros elementos de prueba que corroboren lo dicho por los acusados. 

En su informe, el ESE “reconoce que han sido identificados los cabecillas de la organización, no obstante sería valioso documentar la forma en que se impartieron las órdenes desde esa dirigencia y cómo se condujo el secuestro, a fin de avanzar en la reconstrucción de lo sucedido y extender las imputaciones a la mayor cantidad de delitos investigados que se hubieran cometido bajo su mando”. 

Las fallas en el proceso demuestran que no se han seguido estas recomendaciones del ESE. Si bien las medidas cautelares de la CIDH fueron clausuradas en agosto del 2020, la CIDH indicó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en el marco de sus funciones, podría realizar seguimiento de la implementación de las recomendaciones y conclusiones. Por eso, la FLIP solicita a la RELE y a la CIDH que evalúen la posibilidad de hacer seguimiento a este caso y que emitan las alertas necesarias para encontrar verdad y justicia.

También es urgente que la Fiscalía adopte las recomendaciones dadas por el ESE y actúe con diligencia en el desarrollo de la investigación, aportando pruebas y adoptando las medidas necesarias para el adecuado juzgamiento de los responsables, dentro de términos razonables y evitando la configuración de escenarios de impunidad. Finalmente, los jueces a cargo del juzgamiento deben evaluar los actos de perdón y contrastar la información declarada con las demás pruebas, para determinar su consistencia y con ello, su potencial reparador.