Cada vez son más los periodistas que ejercen un liderazgo social en sus comunidades y se enfrentan a múltiples violencias: actores armados, desprecio de la política local e intereses económicos. Este periodismo de urgencia es uno de los cambios más relevantes del ecosistema mediático y su protección uno de los desafíos más urgentes del Estado. ¿Quiénes encarnan esas voces y por qué es tan importante su papel?

Han pasado dos meses y no se conocen avances en la investigación sobre los responsables del asesinato del periodista. En el municipio nadie se atreve a continuar con sus denuncias. Por: Ángela María Agudelo Urrego

En los primeros seis meses del gobierno de Gustavo Petro, dos periodistas han sido asesinados y se han registrado 76 amenazas. En conversación con la FLIP, Franklin Castañeda, director de derechos humanos del Ministerio del Interior, reconoció que el sistema de protección actual no genera las suficientes garantías sino que más bien produce temores. También dio detalles de cómo el Gobierno pretende avanzar para proteger a la prensa.

La FLIP rechaza la orden que concede la libertad de Jorge Luis Alfonso López, condenado por el asesinato del periodista Rafael Prins, en Magangué, Bolívar. Esta orden, que fue tomada este 2 de febrero, por el Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla viola los derechos de los familiares del periodista. 

Según Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, la liberación de Alfonso López no tiene sustento legal. En su comunicado afirma que Alfonso López está autorizado para contribuir a la labor de “verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”, pero que en ningún momento se solicitó la libertad o la suspensión de medidas. 

El Gobierno Nacional solicitó al juez que revoque la decisión. Y la Fiscalía emitió un comunicado en el que afirmó que investigará al juez que emitió la orden por el delito de prevaricato, ya que la decisión no tiene sustento legal. 

Rafael Enrique Prins fue asesinado el 18 de febrero del 2005, como retaliación a las denuncias que hacía sobre actos de corrupción cometidos por Jorge Luis Alfonso López, quien para esa fecha era alcalde de Magangué. En el 2014 el exalcalde fue condenado a 39 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir. Este es el primer caso en el que se hizo efectiva una condena a un autor intelectual. Sin embargo, como la defensa de Alfonso López apeló la decisión, en el 2017 el Tribunal Superior de Bogotá, modificó la sentencia y redujo la pena a 29 años de prisión.

Hacemos un llamado a la administración de justicia para que la decisión sea revocada y se siga cumplimiendo a la condena impuesta a Jorge Luis Alfonso López, responsable del asesinato del periodista Prins.

En el último mes el Presidente Gustavo Petro ha difundido en su cuenta de Twitter por lo menos 34 trinos en los que menciona a nueve medios de comunicación. La frecuencia con la que el Presidente controvierte a la prensa deja entrever una estrategia para posicionar su narrativa y su agenda en redes. Del mismo modo, pretende sembrar la duda ante la audiencia, sobre la idoneidad de los medios para hacer su trabajo.

La FLIP celebra la decisión tomada por la Corte Constitucional en su sentencia T-454 de 2022. En esta se revierte la condena en contra de la periodista Vicky Dávila y Radio Cadena Nacional SAS (La FM) por haber informado sobre un supuesto acto de corrupción del excomandante de la Policía José Hilario Estupiñán Carvajal en 2014. Esta decisión tiene efectos positivos para la libertad de prensa y es un avance en la lucha contra el acoso judicial a periodistas.

En su fallo, la Corte afirma que en los procesos civiles por responsabilidad extracontractual no sé debe entrar a evaluar la ética periodística, sino los elementos  de la responsabilidad civil. Además, ordena que se haga un “análisis juicioso sobre la verificación de las cargas de veracidad, imparcialidad y equilibrio periodístico cuando se trate del ejercicio de la libertad de información, y de la real malicia tratándose de la libertad de opinión”.

La sentencia reconoce que en los procesos civiles contra la prensa las y los jueces deben tener un rol activo en el que analicen y distingan si se está opinando o informando y valorar el contenido que se emitió en su conjunto, el contexto en el que se publicó y establecer cuáles son las cargas y obligaciones correspondientes. También, aunque para la Corte la prensa sí puede ser sentenciada en el ámbito civil, es la persona demandante quien debe probar que el o la periodista es culpable.

En su decisión, la Corte también reiteró algunas garantías que se deben tener en cuenta para que los periodistas puedan desarrollar su trabajo libremente. Primero, cualquier medio es libre de informar sobre procesos judiciales, especialmente en los que está involucrado algún funcionario público. Deben prevalecer los principios de máxima divulgación y de respeto por la libertad de expresión, pues las actuaciones de servidores públicos son de alto interés para la sociedad.

Segundo, la prensa también puede publicar información u opiniones relacionadas con hechos que no han sido investigados por autoridades judiciales. En el caso de Dávila, se afirmaba que la periodista debía ser condenada pues señaló al excomandante Estupiñán de un delito del que la justicia lo absolvió posteriormente. Para la Corte “no es exigible el mismo estándar a una investigación adelantada por un periodista, que el aplicable en el marco de un proceso disciplinario o penal, sobre todo cuando se trata de denuncias por posibles actos de corrupción”. En consecuencia, para la FLIP, la verdad judicial no puede confundirse con el acercamiento que realizan las y los periodistas a la verdad. De ser así, existirían dificultades para publicar investigaciones relacionadas, por ejemplo, con corrupción.

Este caso demuestra el desgaste que ocasiona el uso de acciones legales en contra de periodistas y medios. Este caso implicó ocho años y dos procesos judiciales, cada uno de dos instancias y la revisión extraordinaria de una alta Corte. Este tipo de acciones desgastan la aplicación de justicia y evidencian el patrón de uso del acoso judicial, es decir el uso de herramientas judiciales (como tutelas, denuncias penales y demandas civiles) para censurar información de alto interés. Precisamente, en los últimos 3 años, la FLIP ha documentado 102 casos de acoso judicial, de los cuales 44 fueron adelantados por funcionarios públicos.

Por todo esto, hacemos un llamado al Ministerio de Justicia a que realice un estudio de los procesos donde se judicializa la libertad de expresión y que promueva medidas para evitar las demandas y denuncias cuyo objeto es censurar a la opinión crítica. Esto es necesario para seguir fortaleciendo la robusta protección a la libertad de expresión y de prensa, a través de la protección del debate público y plural.

Hoy, 28 de diciembre, se conmemoran 31 años del asesinato del periodista Néstor Rojas, quien trabajaba y residía Arauca, Arauca. Trabajó en El Tiempo y fue director del periódico Concordia Fronteriza hasta el día de su muerte. Como periodista, se caracterizó por cubrir temas políticos, regionales y tener una postura inflexible antiguerrillera.

Rojas era oriundo de Neiva, Huila y desde muy joven se interesó por el periodismo, “tenía tal vez 15 o 16 años cuando ingresó a la radio en el Huila”, recuerda Patricia Rojas, su hija. “Su voz era muy hermosa, entonces él hacía cositas pequeñas en la radio”. A sus 18 años, migró al municipio de Arauca y allá afianzó su carrera periodística. Fue jefe de prensa de la gobernación de Arauca; durante 10 años fue el corresponsal de El Tiempo en ese departamento y fundó el periódico Concordia Fronteriza, un medio regional que nació de la necesidad por mantener al pueblo informado.

“Mi papá era una persona amable, con buen léxico, sociable y siempre dispuesto a ayudar a la gente”, indica Patricia. Su forma de ser y profesión fueron la combinación perfecta para relacionarse con diferentes representantes de la sociedad y ser un hombre muy querido por el pueblo. “Hay demasiada gente que yo ni siquiera conozco y dice que él era como de la familia, él llegaba a cuánta casa y era súper bien recibido”, agrega. 

Sus convicciones lo llevaron a forjar un carácter fuerte y desde su rol como periodista apoyó los procesos democráticos que se adelantaron en el departamento. De modo que, durante la campaña política para las elecciones de gobernadores para el periodo 1992 - 1994, trabajó como jefe de prensa en la candidatura a la gobernación de Luis Alfredo Colmenares Chía.

El día de cierre de campaña, Marcos Ataya, también aspirante a la gobernación, amenazó a Rojas como consecuencia de un reportaje publicado El Tiempo en el que se informaba sobre los pactos secretos que sostenía el candidato con jefes guerrilleros. “Para él [Ataya] fue fácil pensar que mi papá había sido el autor de esa noticia, pero realmente mi papá no fue el autor, él le confesó a mi mamá que esa no era la forma de redactar de él”, menciona su hija. 

El 28 de diciembre de 1991, cuando el periodista llegaba a su residencia, fue asesinado delante de su esposa e hijos. El homicida le hirió con tres disparos y fue auxiliado por su familia, pero falleció en el Hospital San Vicente. El 31 de diciembre de 1991, la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) capturaron a Wilson Eduardo Daza Rozo, exmiembro de las FARC, por ser el autor material del crimen y al soldado José Alberto Cristiano Riaño, como coautor. 

Según un artículo de El Tiempo, el crimen se le atribuye al dirigente político Marcos Ataya, debido a las amenazas que había realizado contra el periodista. La Segunda Brigada del Ejército, con sede en Bucaramanga, responsabilizó a las FARC por el asesinato de Rojas. Y la Procuraduría General de la Nación indicaba una posible participación de militares. El 12 de diciembre de 1998, la Fiscalía capturó a Diógenes Castellano, coronel retirado del Ejército Nacional, como presunto autor intelectual. No obstante, hasta la fecha no hay claridad sobre los responsables del crimen. 

Con el asesinato del periodista, dejó de circular el periódico Concordia Fronteriza y el municipio de Arauca perdió a un hombre que desde su labor buscó ayudar a su comunidad. Desde la FLIP, conmemoramos la labor que realizó Néstor Henry Rojas Monje.

Gracias por recordar con nosotros.

La FLIP conoció que el pasado 19 de diciembre de 2022 el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia publicó en redes sociales un comunicado en el que hacían calificaciones estigmatizantes contra medios de comunicación. Los acusan de hacer un ejercicio “desmedido del derecho a informar” con “notas periodísticas suspicaces”, y tildan la libertad de información de los medios como una “injerencia indebida en sus decisiones -las de los funcionarios judiciales-”. Con esto, imponen la carga a medios de comunicación y periodistas de “predisponer a la ciudadanía e incitar a la ligereza en el ejercicio de los poderes disciplinarios”; además, los responsabilizan de “menoscabar la imagen de funcionarios públicos y del poder judicial”.

Estos señalamientos, que se hacen de manera generalizada y sin aportar ningún contexto, son, particularmente, problemáticos al provenir de una organización que asocia a funcionarios judiciales del departamento de Antioquia que, como funcionarios públicos, tienen un mayor compromiso social y ostentan una posición de garante respecto de los derechos fundamentales de las personas.

Estas estigmatizaciones tienen el riesgo de impactar negativamente y de coartar la labor de aquellos medios de comunicación y periodistas que informan sobre el trabajo de los jueces y fiscales, es decir, sobre asuntos de alta relevancia para la ciudadanía, como lo son los seguimientos a los procesos judiciales en el departamento de Antioquia. Las publicaciones sobre estos temas y sus difusiones deben gozar de un amplio margen de apertura y sus restricciones deben ser excepcionales.

Por eso, hacemos un llamado al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia para que de manera constante, asuma como institución, y promueva en sus asociados, un discurso favorable para el ejercicio de la libertad de expresión. Asimismo, los invitamos a ofrecer públicamente un respaldo a la labor que desarrolla la prensa y a reconocer la importancia de la diversidad de opiniones y de pluralidad informativa para el mantenimiento de las sociedades democráticas. 

Lea aquí la carta completa enviada al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia.

El 24 de enero de 1974, en Florencia, Caquetá el cacique liberal Hernando Turbay Turbay y Nelson Hermosa fundaron la emisora La Voz de la Selva; medio desde el cual se respaldó al partido turbayista y se denunció abusos y casos de corrupción en el departamento. Su corte político y el temple de los periodistas la posicionó como una de las emisoras más escuchadas en la región. No obstante, el asesinato de seis de sus periodistas la condenó a apagar sus micrófonos. 

Durante la década de los sesenta y setenta, Hernando Turbay Turbay fue uno de los políticos más influyentes en el contexto nacional. Con la expansión de su caudal político, creó la Asociación Jorge Eliécer Gaitán, que gestionó y financió proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios públicos en Caquetá. Y bajo la idea de tener un espacio propio para difundir las acciones del turbayismo, en 1974 la Asociación financió la creación de la emisora La Voz de la Selva.

Con el rugido de un león, a las 4:00 de la mañana la emisora iniciaba operaciones. “Tenía sus estudios en el centro de Florencia y utilizó para la época los más modernos sistemas de radiodifusión, como fueron las antenas que se instalaron en medio de un lago y la adquisición de unos transmisores para tener la potencia y cobertura necesaria para llegar a todo el departamento del Caquetá”, menciona William Wilches, director del Museo Caquetá. “Para que la emisora estuviera a la altura, la Asociación no se limitó en recursos”, agrega.

La Voz de la Selva desde sus inicios estuvo marcada por la política, razón por la cual se promovieron programas como La Conga que, bajo la dirección de José Libardo Méndez y Carlos Julio Rodríguez, fueron el espacio de defensa de todo el ideario liberal. “Realizaban entrevistas a los dirigentes para que contaran sobre las gestiones que estaban adelantando. Pero también fue el espacio contestatario, donde a veces utilizaban unas palabras ofensivas y comentarios muy fuertes contra otros dirigentes. Entonces, además de defenderlo, le ganaban enemigos políticos a don Hernando”, explica Wilches.

En la década de los ochenta, inició un capítulo de violencia política en Caquetá, “las guerrillas de las FARC, empezaron a atacar por el lado débil, por el lado que más le doliera al turbayismo, entonces como los periodistas eran los que difundían las noticias de la región, empiezan a asesinarlos”, comenta Wilches. Desde ese momento, la emisora empezó a decaer, consecuencia de los ataques de las FARC contra la infraestructura del medio, el asesinato de varios de sus periodistas, la muerte de Hernando Turbay y el homicidio de varios integrantes de la familia. Estos hechos llevaron a una reducción en los apoyos económicos. 

“Las Farc logró su cometido de silenciar la emisora, fue una pérdida sensible porque a la ciudadanía le gustaban los programas que se hacían y les quitó la posibilidad de estar informados”, indica Wilches. Finalmente, después de la ola de violencia en Caquetá y el asesinato de seis de sus periodistas, la emisora fue vendida a Fernando Almario, parlamentario del Partido Conservador, que luego se la revendió a una comunidad evangélica.

A continuación encontrará una recopilación de la vida y obra de los periodistas que trabajaron en La voz de la Selva y fueron asesinados por la labor periodística que desempeñaron.