La FLIP lamenta y rechaza el homicidio de los periodistas Leiner Montero y Dilia Contreras, en un corregimiento de Fundación, departamento del Magdalena, ocurrido ayer 28 de agosto. Montero tenía amplio reconocimiento en la región y según fuentes cercanas a él, había recibido amenazas de muerte antes de su asesinato. 

Montero era el director de la emisora Sol Digital y también escribía en la página Leiner Montero - historias, donde publicaba contenido noticioso y denuncias enviadas por la ciudadanía. Por su parte, Contreras se desempeñó como reportera y locutora en RCN Radio en Bogotá, y en Santa Marta en la emisora comunitaria Voces 89.4 FM. Actualmente trabajaba con Montero para narrar las historias que publicaba en su página de Facebook. 

Contreras y Montero estaban realizando el cubrimiento de las fiestas patronales en el corregimiento Santa Rosa de Lima. Según fuentes consultadas por la FLIP, horas antes de su asesinato Montero tuvo una discusión en Santa Rosa y esa persona lo amenazó. Horas después, un desconocido les disparó en la carretera hacia Fundación. Joaquín Gutiérrez, quien también estaba en el vehículo, resultó herido por los disparos y está siendo atendido por personal médico. 

Según conoció la FLIP, en los últimos dos años Montero recibió amenazas en diferentes ocasiones, las más recientes ocurrieron en los últimos seis meses y llevaron al periodista a desinstalar los transmisores de la emisora que había puesto en el municipio.

Este asesinato ha provocado un efecto de zozobra y temor en los demás periodistas del municipio. El departamento de Magdalena es una región especialmente difícil para ejercer el periodismo por la presencia y el dominio de grupos armados como el Clan del Golfo; las tensiones que hay desde distintos sectores hacia la prensa; y las estigmatizaciones y falta de respaldo de las autoridades. Durante este año hemos registrado 14 agresiones en Magdalena, tres de esas ocurrieron en Fundación. 

En la mañana de hoy, lunes 29 de agosto, se está realizando un consejo de seguridad en Fundación con la participación de la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía. Además, la FLIP realizará una misión al municipio con el fin de recoger los testimonios para completar la documentación de estos lamentables hechos.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro rechazó el crimen y pidió a la Fiscalía que iniciara la investigación para encontrar a los responsables. Este mensaje es importante porque refuerza la obligación que tiene la Fiscalía de incluir en su línea de investigación el oficio periodístico como posible motivación del crimen, sin importar si esto posteriormente es descartado. 

Desde la FLIP expresamos nuestras condolencias y solidaridad con las familias y allegados de los periodistas. Estos crímenes deben ser rechazados por las autoridades y la ciudadanía.

En un comunicado de hoy, 25 de agosto, el Arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, acusa al periodista Juan Pablo Barrientos de llevar a cabo “una campaña malintencionada contra la Iglesia” y además afirma que es “calumnioso contra la Iglesia y que manipula la información para decir que hay una red de pederastia”. Este es el último episodio de múltiples intentos por parte de la Iglesia católica por acallar la investigación del periodista. Estas afirmaciones pretenden deslegitimar y censurar a Barrientos y a sus investigaciones, desconociendo que la judicatura ha protegido los derechos del periodista.

Además de este pronunciamiento público estigmatizante, hoy la Arquidiócesis envió al periodista una respuesta incompleta. De la información de los 915 sacerdotes presuntamente involucrados en actos de pederastia, solo se entregó reporte  de 36. Por distintas estrategias dilatorias, la investigación se ha paralizado por casi un año y medio.

Desde el 2018, Barrientos se ha dedicado a investigar y publicar información relacionada con los abusos sexuales a menores de edad por parte de sacerdotes de todo el país; hasta ahora el periodista ha publicado los libros Dejad que los niños vengan a mí y Este es el cordero de Dios. Desde entonces, la Iglesia católica se ha dedicado a interponer obstáculos para impedir que los reportajes se publiquen.

Primero, miembros de la Iglesia católica han acosado judicialmente a Barrientos. En 2019, interpusieron cuatro tutelas y una denuncia penal que buscaban suspender la reproducción, comercialización y venta del libro Dejad que los niños vengan a mí. En el 2021, en solo un mes, Barrientos debió atender siete procesos de tutela que pretendían violar la reserva de la fuente y censurar su libro. Estos fueron promovidos coordinadamente por sacerdotes del departamento del Meta, que no tenían pruebas, y que solo buscaban intimidar y desgastar la administración de justicia.

Segundo, las Arquidiócesis de Medellín, Rionegro, Bogotá y Cali se han negado a entregar la información que en el 2020 la Corte Constitucional dijo que debía ser pública, como por ejemplo, cuántos y cuáles sacerdotes han sido denunciados por abusar sexualmente de menores. Sin embargo, por hacer caso omiso a la orden de la Corte, en 2022 ésta tuvo que volver a pronunciarse y reiterar el deber que tienen las organizaciones religiosas de entregar la información semiprivada, que no está sujeta a reserva por ser de interés público.

A pesar de esto, la Arquidiócesis de Medellín ha dilatado la entrega de información: el 12 de agosto solicitó una aclaración impertinente sobre el fallo de la Corte. En la actualidad, Barrientos se enfrenta a una situación similar con otras Arquidiócesis en el país: en Bogotá han pasado más de nueve meses sin que le entregue la información solicitada y en Cali siete, obligándolo a interponer tutelas.

En esta misma estrategia de incumplir las órdenes judiciales, las Arquidiócesis se han justificado argumentando que se rigen por el Derecho Canónico antes que por el derecho nacional. Los miembros de la Iglesia desconocen que ese hecho no los exime de entregar la información. 

Ahora, la última estrategia es atacar la ética profesional de Barrientos y cuestionar los motivos de su investigación, con lo que pretenden minar la confianza de la sociedad en su trabajo. Horas después de la publicación de las declaraciones, varias personas ya han dirigido mensajes que atacan a Barrientos. El periodista le dijo a la FLIP que las declaraciones de Tobón son “una declaratoria de guerra, es como decirle a todos los fieles <<cáiganle al periodista>>”.

Hacemos un llamado a las Arquidiócesis de Medellín para que acate la orden de la Corte Constitucional a cabalidad. Los miembros de la Iglesia deben abstenerse de seguir intimidando a Barrientos mediante el uso del derecho o de declaraciones desacreditantes hacia su trabajo.

Los incansables intentos de censura en este caso afectan también el derecho del resto de la ciudadanía a informarse y participar en la discusión pública sobre los abusos sexuales a menores de edad, asunto de alto interés público. Adicionalmente, hacemos un llamado a los jueces de tutela para que vigilen el cumplimiento de sus órdenes para que se materialice la protección de los derechos fundamentales.

Ayer, 24 de agosto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Ariel Ortega, quien en 2018 compartió en su cuenta de Twitter mensajes en contra de los periodistas Julio César González (conocido como Matador), Daniel Samper Ospina y María Antonia García de la Torre. En las publicaciones se hacía alusión a la falta que hacían las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para callar a la prensa. Esta decisión no evalúa el impacto de mensajes violentos en línea contra la prensa porque desconoce las dinámicas propias de las interacciones en Internet. 

El año pasado,, Ortega fue condenado a 76 meses de prisión, pero su defensa apeló la decisión. En el proceso, Ortega negó que los mensajes hubieran sido emitidos por él; sin embargo, para el Tribunal no hay duda de que él es el autor de las publicaciones. No obstante, el juez decidió que dichos mensajes no constituyen el delito de amenaza, pues consideró que no tenían una probabilidad de llevarse a cabo, ya que para él las AUC están extintas y Ortega no tiene ningún poder sobre grupos armados ilegales.

Sin embargo, para la FLIP esta decisión no tiene en cuenta que los mensajes de Ortega son violentos y podrían ser tomados por otros usuarios como determinación para actuar en contra de los y las periodistas. La Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido consistente en identificar que los actos de violencia contra periodistas generan un efecto amedrentador y vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información. Para la FLIP estos mensajes también pretenden que los periodistas dejen de participar de espacios cívicos como las redes sociales.

El ciberacoso contra la prensa es una problemática en aumento a nivel mundial. De hecho, en mayo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya reconoció la existencia de la violencia en línea contra periodistas y el efecto diferenciado que tiene en las mujeres. En el 2019 la FLIP documentó 82 de estas agresiones; 117 en 2020; 114 en 2021 y, a corte de julio de 2022, van 122. 

Hacemos un llamado para que el gobierno nacional impulse la formación especializada en libertad de expresión de jueces, juezas, fiscales y otros operadores y operadoras de justicia. El rol de los jueces es central para la protección de la prensa y la creación de espacios seguros de participación, tanto para la prensa como para toda la ciudadanía.

También le hacemos un llamado a la delegada de la Defensoría del Pueblo para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión, para que haga un diagnóstico urgente de la violencia en línea contra la prensa. A partir de esto considere formular recomendaciones enfocadas en la protección de los derechos de la prensa, que articulen al Estado para dar una respuesta preventiva y de protección.

Revelaciones periodísticas publicadas por la Revista Raya advierten de un caso de espionaje que de manera directa o indirecta afectó a periodistas colombianos y extranjeros. 

Según la investigación, agentes del Estado colombiano rastrearon los contactos del agregado político cubano Joel Marrero Enríquez, quien para el gobierno colombiano realizaba actividades de espionaje. A raíz de esa vigilancia fueron vinculados por medio de menciones, registros de llamadas y fotografías los siguientes periodistas: Joshua Goodman (Associated Press), Gerald Bermúdez (fotoperiodista independiente) y José Luis Mayorga (Agencia de Reporteros Sin Fronteras).

La FLIP rechaza todo tipo de acciones de espionaje que pongan en riesgo a periodistas, ya que esto afecta gravemente su intimidad, integridad y la reserva de la fuente. Es necesario tener en cuenta que las conversaciones de periodistas están protegidas por los artículos 20 y 74 de la Constitución Política de Colombia.

El caso del reportero gráfico Gerald Bermudez es especialmente grave ya que también fue perfilado directamente por el Ejército en el 2020 y su actividad periodística se ha visto afectada por el impacto de estas actividades de vigilancia. La ausencia de investigaciones aumenta las inquietudes de los periodistas sobre el uso que se le ha dado a la información recolectada por Inteligencia a lo largo de los últimos años. Resulta inexplicable que a pesar de las múltiples denuncias se mantengan las mismas estrategias y metodologías de recolección y sistematización ilegal de información, sin que se logren determinar las responsabilidades individuales y políticas.

Resulta prioritario que el Estado realice una auditoría independiente sobre las actividades de inteligencia de la última década para establecer su alcance y la cadena de responsables y se adopten medidas de no repetición. De igual manera es prioritario que sea el Estado quien envíe un mensaje claro y contundente de rechazo a estas acciones. 

A mediados del año 93, Iván Pelayo, un joven de 24 años de edad, oriundo de Hato Corozal, Casanare, llegó al municipio vecino de Puerto Rondón para crear la emisora cultural Llanorámica Estéreo. El 17 de agosto de 1995, cuando el periodista se encontraba en la cabina de la emisora, un comando de la guerrilla del ELN lo asesinó. Los guerrilleros dejaron volantes en los que acusaban a Pelayo de tener nexos con los paramilitares. 

Pelayo conocía el potencial cultural que había en la región de los Llanos Orientales y, por eso, desde su emisora “se enfocó en resaltar e impulsar a los artistas musicales (...) dio a conocer a declamadores y compositores que necesitaban ser reconocidos”, explica Alberto, colega del periodista que pidió que su nombre real no fuera revelado.

A sus 16 años, Alberto conoció a Pelayo, quien se convertiría en su maestro en el periodismo. Alberto empezó aprendiendo a hacer cuñas radiales y, muy pronto, era capaz de presentar todo un programa musical. Lo que era una posibilidad remota para él, se convirtió en una labor gracias a las enseñanzas de su amigo Pelayo. 

Cada mañana, el periodista saludaba a su audiencia con un "vaya, vaya". Pelayo tenía buen humor y es recordado como una persona que, además, tenía vocación para colaborar con los demás, especialmente con los jóvenes. 

El 17 de agosto de 1995, Pelayo fue asesinado por dos sicarios en el local donde funcionaba el medio de comunicación. “Dijeron que él tenía vínculos con un grupo llamado los Masetos, que es filial de los paramilitares”, explica su colega. Este grupo armado operó desde los Llanos Orientales y fue un capítulo del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), creado por los jefes del Cartel de Medellín a principios de la década de los ochenta. 

Mediante panfletos, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pertenecientes al Frente Domingo Laín Sáenz, se atribuyeron el asesinato del periodista. Para Alberto, la afirmación sobre los nexos de Pelayo con los Masetos es falaz, pues él nunca se relacionó con integrantes de este grupo y no cubrió orden público. Después del asesinato la emisora tuvo varios dueños, pero por la situación de seguridad del municipio y la presencia de grupos al margen de la ley, el medio tuvo que cerrar. 

Sin tener mayores avances en las investigaciones para imputar a los autores intelectuales y materiales del homicidio del periodista, en febrero de 1998 la Fiscalía Especializada de Cúcuta suspendió la investigación. Y pese a los reiterados llamados de la FLIP a la Fiscalía, el caso prescribió en el 2015.

La existencia de medios de comunicación en las regiones es fundamental para que toda la ciudadanía pueda acceder a información. En la FLIP, no olvidamos al periodista Iván Darío Pelayo que desde su labor dio a conocer artistas, representaciones culturales de los Llanos Orientales y fue la voz de su comunidad. 

Después de dos años del asesinato de Abelardo Liz en Corinto, Cauca, las pruebas indican que un miembro del Ejército sería quien disparó al comunicador indígena. A pesar de que la investigación de la Fiscalía ha contado con largos periodos de inactividad, los recientes avances de la investigación penal apoyan esa hipótesis. A pesar de haber muerto ejerciendo su labor, la Fiscalía aún no formaliza dentro de la investigación la relación del crimen con el oficio.

John Félix Tirado Castañeda fue locutor de la emisora Ondas del Urrá y corresponsal del Diario del Otún en Cartago, Valle del Cauca, donde cubrió casos judiciales y orden público. “Recuerdo que era un muchacho aficionado a la comunicación y sobre todo al periodismo judicial”, menciona su colega Fernando Pineda, quien en esa época era editor judicial del Diario del Otún.

La Fundación Gabo, en alianza con el Festival Ajá y la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP), invita a comunicadores, periodistas, diseñadores gráficos e ilustradores de Cartagena, Colombia, a participar en la convocatoria del taller ‘La narrativa gráfica en el periodismo’, que se realizará el 25 de agosto de 2022 y será conducido por la ilustradora Catherine Dousdebes y el periodista David Lara Ramos.

¿Cómo investigar y organizar la información para crear una pieza gráfica periodística?, ¿cuáles son los formatos más utilizados en el periodismo gráfico?, ¿cómo hacer un cómic informativo? Estas y otras preguntas serán abordadas en este taller, que también funcionará como un laboratorio de cocreación en el que los participantes podrán crear piezas gráficas de manera colectiva. Asimismo, servirá como espacio de análisis sobre las tendencias en formatos comunicacionales, gráficos y digitales que las organizaciones, medios impresos y nativos digitales usan a la hora contar y compartir historias.

El taller se llevará a cabo de forma presencial y se desarrollará en el horario de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. (almuerzo de trabajo incluido).

¿Quiénes pueden participar?

Comunicadores, periodistas, diseñadores gráficos, ilustradores, creadores de contenidos digitales y estudiantes universitarios, mayores de 18 años, que residan en Cartagena de Indias (Colombia) y/o corregimientos cercanos, con experiencia en la creación y diseño de narrativas gráficas.

Serán seleccionados 18 participantes mediante convocatoria abierta, pública y gratuita.

Si te interesa postular a este taller, debes diligenciar el formulario de inscripción antes del jueves, 18 de agosto de 2022 a las 23:59 horas (hora de Colombia).

Publicación de seleccionados: viernes, 19 de agosto de 2022.
Fecha de sesión formativa: jueves, 25 de agosto de 2022.

NOTA: Sólo serán válidas las inscripciones en línea hechas a través del formulario de inscripción, en la página de internet de la Fundación Gabo. No se tendrán en cuenta inscripciones por correo electrónico.

Por disposición de su fundador, Gabriel García Márquez, la Fundación Gabo no expide diplomas ni certificados de asistencia a sus talleres y seminarios.

Para más información o ayuda, escriba a amouthon@fundaciongabo.org

3 de agosto de 2022

Las organizaciones internacionales que promovemos la defensa y protección de los derechos humanos y en particular la libertad de expresión, condenamos la detención arbitraria con fines políticos del prominente periodista José Rubén Zamora, fundador y presidente del diario elPeriódico, quien está siendo perseguido en represalia por su trabajo investigativo sobre corrupción y otros temas de interés público en el Guatemala. 

Su detención forma parte de una política sistemática de persecución arbitraria y criminalización, liderada por la Fiscalía General de la República, contra exfiscales y jueces anticorrupción, periodistas independientes y personas defensoras de derechos humanos. El mismo día del arresto de Zamora también fue arbitrariamente detenida la auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez Díaz, en represalia por su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 

El viernes 29 de julio en horas de la tarde en la ciudad de Guatemala, la policía y las fuerzas de seguridad del Ministerio Público allanaron las oficinas de elPeriódico y entraron a la casa del Sr. Zamora, quien fue recluido, junto con otras personas que se encontraban dentro, durante horas en régimen de incomunicación tras una puerta cerrada con llave. Horas más tarde, alrededor de la medianoche, las fuerzas de seguridad escoltaron a Zamora al edificio del tribunal y lo acusaron de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Seguidamente, el sábado 30 de julio, el periodista indicó que comenzaría una huelga de hambre para protestar por su detención. Además, el lunes 1 de agosto se conoció que las cuentas bancarias de elPeriódico fueron embargadas a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Tales acciones buscan censurar la libertad de prensa y cerrar aún más el espacio cívico del país.  

Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, fue quien solicitó e informó sobre la orden de aprehensión judicial girada contra Zamora. El Sr. Curruchiche fue recientemente incluido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos. Las organizaciones internacionales hemos alertado en múltiples ocasiones acerca de los ataques reiterados, la persecución y la criminalización contra operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos en Guatemala. Estos ataques forman parte de un patrón generalizado que ha venido agravándose, y que tiene como denominador común, la utilización del sistema de justicia penal para perseguir a las voces críticas y a quienes han contribuido a desentrañar las redes de corrupción en el país. 

Rechazamos enérgicamente la detención arbitraria del periodista José Rubén Zamora, una afrenta directa a la libertad de prensa, y el ejercicio del periodismo independiente e investigativo que involucra a individuos y grupos poderosos, así como sobre graves violaciones a los derechos humanos y corrupción a gran escala. Exigimos a las autoridades nacionales competentes poner de inmediato en libertad al periodista José Rubén Zamora, cesar el acoso judicial en su contra, y garantizar sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso. Asimismo, les hacemos un llamado urgente a que se abstengan de continuar los actos de criminalización e intimidación contra los y las periodistas del país. Por último convocamos a los organismos internacionales de protección de derechos humanos, y a la comunidad internacional, para que se pronuncien decididamente en rechazo de estos actos, que ponen en entredicho la integridad del sistema democrático en el país y en grave peligro a sus periodistas. 

American Jewish World Service (AJWS) 

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) - Colombia

Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC/USA) 

Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG)

IFEX-ALC 

Impunity Watch

Plataforma Internacional contra la Impunidad (PICI)

Protection International Mesoamérica

Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR)