Un día como hoy de 1996 fue asesinado el periodista y abogado Alfredo Antonio Matiz Espinosa, fundador y copropietario de la emisora La Voz del Cinaruco en Arauca. Los hechos ocurrieron cuando llegaba a la estación radial. Para el momento de su asesinato combinaba sus actividades en medios de comunicación con la política, por lo que se le acusaba de ser guerrillero y tal vez este fue el detonante de su muerte. 

Ayer, lunes 14 de diciembre,  el edificio de los juzgados especializados de Bogotá tenía planeado adelantar dos audiencias de juicio simultáneas en casos de crímenes contra periodistas: el juicio del exsubdirector del DAS por el asesinato de Jaime Garzón y el inicio de la audiencia de juzgamiento contra el paramilitar Mario Jaimes Mejia alias “El Panadero” por el secuestro, tortura y violencia sexual a Jineth Bedoya. Las audiencias citadas para las 9 de la mañana fueron aplazadas. La impunidad ya no sorprende, pero si profundiza la decepción en el sistema judicial y se vuelve irónica cuando tanto Jineth Bedoya como Marisol Garzón (hermana de Jaime Garzón) están en La Habana asistiendo a la presentación del acuerdo sobre víctimas de la mesa de negociación de paz.

Son ya cuatro los aplazamientos que sufre el inicio del juicio contra el panadero, son 8 meses desde que el juzgado tomó conocimiento del caso y 15 años esperando justicia en el caso de Jineth Bedoya. La razón en esta oportunidad fue una comunicación del INPEC que, a pesar de estar enterado de la diligencia con más de dos meses de antelación, un día antes informó que no trasladaría al procesado Mario Jaimes Mejía argumentando falta de presupuesto. De nada sirve los tímidos y tardíos avances judiciales si las autoridades carcelarias no proveen soluciones para que la justicia opere.

16 años han pasado desde el asesinato de Jaime Garzón, 6 años desde que el exdirectivo del DAS José Miguel Narváez fue vinculado a la investigación, 4 desde que inició el juicio en su contra y los alegatos de conclusión llevan 7 meses en curso y no pudieron continuarse porque Narváez revocó poder a su abogado de confianza, una estrategia de dilación tan vieja como efectiva.

Los casos de Jineth Bedoya y Jaime Garzón tienen muchos elementos el común, tanto en cuanto a os perpetradores, como en el tiempo y los móviles por los que fueron perpetrados, la impunidad también les acompaña. El Estado Colombiano lleva a cuestas demandas internacionales por los dos casos ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos, instancias en las que no sale bien librado, entre otras cosas por la impunidad.

Hoy 15 de diciembre, Jineth Bedoya y Marisol Garzón están en La Habana asistiendo a la presentación del acuerdo sobre víctimas y es importante resaltar la ironía de soportar años de impunidad a la par que se les reconoce como historias de vida emblemáticas en el marco del proceso de paz. La FLIP hace un público reconocimiento a la larga lucha, muchas veces solitaria, de estas dos mujeres a quienes la violencia contra la prensa y la búsqueda de justicia les hace coincidir en un momento de gran importancia para el país. 

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – rechaza el aplazamiento de las dos audiencias y exige a las autoridades judiciales celeridad en el curso de los procesos. De igual forma la FLIP respalda la solicitud del Juez Quinto especializado (a cargo de caso Bedoya) de compulsar copias para abrir investigaciones contra el INPEC con el fin de esclarecer que estos aplazamientos no obedezcan a un acto deliberado de torpedear el inicio del juicio.

La FLIP lamenta que a pesar de la relevancia pública de los casos persistan los obstáculos judiciales que se han acentuado durante el año 2015 y finalmente hace un llamado a la sociedad en general a estar atentos de que los posibles escenarios que surjan a partir del proceso de paz velen por la verdad, la justicia y la reparación de una manera pronta y efectiva. 

Vídeo: No aspiramos a estar 15 o 16 años más esperando de justicia http://bit.ly/1J98Z6v

Con ocasión de una misión de la Fundación para la Libertad de Prensa en la ciudad de Yopal (Casanare), se pudo conocer sobre la posibilidad de que mañana, 4 de diciembre, sea negado el acceso de periodistas a la audiencia de lectura de fallo contra John Jairo Torres Torres, el alcalde electo de esa ciudad, conocido como “John Calzones”. Esta información es preocupantes porque, de llegar a impedirse el acceso de periodistas, se atentaría contra el derecho de acceso a la información pública.

Se agudiza situación de espionaje e intimidación policial a periodistas en Colombia.  El Fiscal Montealegre y el General Palomino no solo están obligados a iniciar investigaciones, deben tomar responsabilidad y control sobre la capacidad de inteligencia en las entidades que lideran. La FLIP condena la vigilancia y seguimiento contra periodistas desde las agencias del Estado. 

Los casos.

A finales de octubre de 2015, la FLIP alertó  sobre un posible bloqueo a las páginas de La FM y Caracol Radio en la red de la Policía. Después de esta denuncia, tanto Vicky Dávila  como Claudia Morales empezaron a recibir información a través de correos electrónicos anónimos donde se planteaba que miembros de la Policía habían ordenado el seguimiento e interceptación de sus comunicaciones privadas.

En los primeros correos se alertaba sobre el hecho de estar siendo vigiladas, pero a partir del 28 de noviembre proporcionaban información muy concreta que demuestra monitoreo a su actividad periodística y personal. La documentación incluye el registro de conversaciones telefónicas, reuniones privadas, desplazamientos suyos y de sus familiares, incluyendo menores de edad.

El autor de los correos anónimos dice ser un policía y señala altos mandos de esta institución como líderes de la operación para interceptarlas. Se trata de alguien dentro de la Policía con acceso a información privilegiada, pues poco después de que Claudia Morales se reuniera con el General Palomino para informar de los anónimos, recibió un correo reprochándole por esta reunión. Además, el anónimo señaló los vehículos desde los cuáles presuntamente se estarían realizando los seguimientos, vehículos que efectivamente pertenecen a la Policía Nacional.

Sumado a lo anterior, el periodista Juan Pablo Barrientos de La FM fue víctima de un ataque informático el pasado 19 de noviembre.  Barrientos trabajaba en su computador personal en un texto con información sensible sobre la Policía Nacional, Juan Pablo notó que alguien tomó control remoto de su computador y hubo alteraciones a la información que estaba trabajando.

Por último, miembros del equipo periodístico de La FM, han reportado que notan seguimientos extraños en sus desplazamientos cotidianos. La FLIP ha recibido información sobre otros periodistas que podrían estar siendo vigilados.

Vigilancia estatal sin control.

Estos hechos no deben valorarse de manera aislada, es la constatación de un riesgo sobre el cual hemos alertado en el pasado: la ausencia de controles a las actividades de inteligencia en Colombia y las garantías al periodismo.

Es importante que tanto el General Palomino como el Fiscal Montealegre inicien investigaciones y manifiesten su rechazo. Sin embargo, esto no debe minimizar el hecho de que la capacidad de iniciar y mantener actividades de inteligencia está a cargo de las mismas entidades que ellos lideran. 

Siendo advertida la Policía -hace más de un mes- de ésta situación, sorprende que las actividades de espionaje en lugar de parar se agudicen sin que se esclarezcan responsabilidades. Si bien no hay información para confirmar que exista una orden del General Palomino para vigilar periodistas, sí es claro que no hay controles internos efectivos y esto genera algún grado de responsabilidad.

En Colombia se conoce de al menos tres plataformas  a través de las cuales Fiscalía y Policía tienen capacidad de interceptación de comunicaciones. Dos de ellas, PUMA y SIGD, han implicado retrocesos en garantías a la libertad de expresión.

Según Freedom House, Colombia pasó de tener un internet libre en 2014 a ser parcialmente libre en 2015  por la existencia de PUMA. Por su parte, una rigurosa investigación de la ONG Privacy International sobre Colombia  reveló que el SIGD (Sistema Integrado de Grabación Digital) es una herramienta sofisticada operada por inteligencia de la Policía colombiana. Una tecnología carente de mandato legal y sin controles adecuados para la dimensión de su capacidad invasiva.

Tampoco se puede desconocer las revelaciones sobre la compra por parte de la Policía colombiana del Software DaVinci a la cuestionada empresa italiana “Hacking Team”.  En un escándalo que la Policía quiso derivar en sus proveedores se constató que fue una herramienta que efectivamente se usó desde la Policía.

La FLIP exige a las autoridades de inteligencia o con capacidad de intervenir comunicaciones cesar cualquier tipo de espionaje en las comunicaciones de periodistas y recuerda que hacerlo es inconstitucional, viola la libertad de prensa, el derecho a la intimidad y el fuero de reserva a fuentes periodísticas. 

La FLIP convoca a los periodistas y medios a tomar muy en serio medidas de autoprotección digital, para lo cual ofrecemos esta guía  y nos ponemos a disposición para consultas específicas sobre protocolos de seguridad.

La FLIP espera que las investigaciones anunciadas arrojen resultados pronto, entre más se prolongue el esclarecimiento quedará en mayor evidencia la ausencia de controles a la capacidad de vigilancia en Colombia.

Por último la FLIP invita a los organismos de control, Defensoría, Procuraduría y la Comisión Legal de Inteligencia para que exijan a la Policía un informe detallado sobre el alcance de la capacidad de inteligencia y los controles previstos para evitar/sancionar abusos de manera oportuna.

La Fundación para la Libertad de Prensa rechaza la solicitud de la Procuraduría General de absolver a José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, por el asesinato del periodista Jaime Garzón. Se trata de una petición que desconoce las versiones de cinco jefes paramilitares que dentro del proceso penal han declarado sobre la responsabilidad de Narváez y de Carlos Castaño como determinadores del crimen.

En ese sentido, se trata de una actuación del Ministerio Público que va en contra del derecho de las víctimas a la justicia y a la verdad, que además amenaza con profundizar la impunidad que impera en el caso del humorista y periodista. En Colombia, las investigaciones contra los responsables de los asesinatos de periodistas no han logrado poner evidencia toda la cadena criminal, en otras palabras, han enfatizando en los autores materiales y han presentado un índice mínimo en condenas contra los autores intelectuales y determinadores. En ese orden de ideas, al solicitar la absolución de Narváez, aun conociendo los testimonios, la Procuraduría le pone obstáculos a la posibilidad de conocer a la totalidad de responsables.

El 10 de marzo de 2004 fue condenado Carlos Castaño como autor intelectual del crimen. En el 2012 fue vinculado al proceso el Coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo y en 2013 se inició la investigación contra Diego Murillo, alias “Don Berna”, ambos por ser posibles determinadores del crimen. José Miguel Narváez fue vinculado al proceso en el año 2009, es decir que lleva 6 años bajo investigaciones. En ese lapso se han conocido las versiones de jefes paramilitares como “HH”, “El Iguano”, “El Alemán”, “Bam Bam” y el mismo “Don Berna”, y en todas ellas se ha puesto de presente la responsabilidad de Narváez en el homicidio. Aun así, la Procuraduría insiste en su absolución.

El día de ayer en horas de la tarde, en el municipio de Caucasia, Dorancé Herrera se encontraba en la vivienda de su hermana con su compañero de estudios Marlon Quiroz, cuando sicarios los abordaron y sin mediar palabras les dispararon, acabando con la vida de los dos hombres.