Hoy, 10 de Septiembre de 2015 hacia las 11:30 de la mañana al sur de la ciudad de Pitalito departamento del Huila, fue asesinada la periodista Flor Alba Núñez Vargas coordinadora de noticias de la emisora La preferida Stereo de ese municipio.

Flor Alba trabajaba además en los espacios informativos locales de Canal 6, TV5 y del Canal Nación TV.  Anteriormente había trabajado para la emisora HJDOBLEK.

De acuerdo con la información recolectada por la FLIP, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta la abordaron para dispararle cuando se disponía a ingresar a la emisora donde transmitiría el informativo del medio día.

Hasta el momento se manejan tres posibles hipótesis sobre los móviles del asesinato. La primera es que Flor Alba publicó recientemente - en su cuenta personal de Facebook - fotografías de una banda delincuencial que realizó un atraco en inmediaciones de la Alcaldía de Pitalito.

La segunda hipótesis plantea una relación entre el asesinato y el cubrimiento sobre el proceso electoral.

Por último, fuentes consultadas por la FLIP indican que la periodista habría recibido amenazas e intimidaciones con posterioridad a la publicación de una entrevista hecha a las personas que se vieron implicadas en el asesinato de un perro de raza bull terrier el pasado mes de Agosto.

La FLIP quiere recordar que el asesinato es la forma de censura más extrema. No solo atenta contra la expresión del periodista asesinado, sino que impide que la comunidad conozca la verdad sobre lo que se quería informar. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que "los actos de violencia que se cometen contra periodistas violan el derecho de estas personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”.

Flor Alba había estudiado Licenciatura en Lengua Castellana y se preparaba para especializarse en Comunicación.

Una misión de la FLIP se dirigirá hasta Pitalito con el fin de averiguar en terreno más detalles sobre lo sucedido.

La FLIP envía un mensaje solidario a familiares y colegas y hace un llamado a la Fiscalía General para que actúe con diligencia. Las primeras horas son esenciales para la recolección de la información y de las pruebas que podrán ayudar a dar con los responsables tanto materiales como intelectuales. Dejar pasar el tiempo sin actuar, a pocas horas de ocurrido el asesinato, en otros casos ha resultado un obstáculo para la investigación penal. 

Este martes 8 de septiembre, en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, se realizará una audiencia de imputación contra Nahún Sánchez por el delito de injuria. Al comunicador se le quiere condenar penalmente por lo escrito en tres columnas de opinión, publicadas en el 2012 en distintos medios del departamento. En ellas el periodista criticó la gestión del entonces secretario de educación de Ocaña, Rafael López.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y canciller de ese país, Delcy Rodríguez, sobre los medios de comunicación colombianos.

El pasado 21 de agosto, el Estado de Venezuela ordenó el cierre de la frontera con Colombia, esta decisión es de interés público para la sociedad colombiana, especialmente en las regiones limítrofes con ese país.

Hoy se cumplen 16 años del homicidio del periodista Jaime Garzón Forero. El 13 de agosto de 1999, cuando se dirigía a la emisora Radionet en la ciudad de Bogotá, fue interceptado y asesinado por sicarios bajo las órdenes del Bloque Capital de las Autodefensas.

La muerte de Garzón dio inicio a una de las épocas más violentas y difíciles para la prensa colombiana, pues entre 1999 y 2002 fueron asesinados 32 periodistas, 13 de los cuales murieron por acciones de grupos paramilitares. Todos estos casos se encuentran en la impunidad.

Después de un largo proceso judicial e investigativo, los resultados para sancionar estos hechos son mínimos, ya que hasta la fecha sólo se ha condenado al ex jefe paramilitar Carlos Castaño. Esta decisión se tomó en 2004, fecha en la que ya estaba muerto, por lo que nunca cumplió la condena. Además, las investigaciones no han develado toda la verdad sobre los móviles del crimen y los determinadores del homicidio del periodista.

Un lento avance judicial que incluye un montaje

En el desarrollo del proceso judicial se ha logrado establecer que los paramilitares del Bloque Capital, bajo las órdenes de Carlos Castaño, fueron quienes cometieron el crimen. Sin embargo, las investigaciones también han dejado en evidencia la participación de agentes del Estado de alto nivel quienes actuaron como determinadores y, posteriormente, contribuyeron a desviar la investigación.

Durante las primeras investigaciones realizadas por la Fiscalía, que involucran a Castaño, a Juan Pablo Ortiz, alias ‘Bochas’, y a Edilberto Antonio Sierra, alias ‘Toño’, se evidenció que todo correspondió a un montaje judicial en cabeza del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con testigos falsos e información errada que buscaba encubrir a los verdaderos responsables del crimen.

Después de la única condena en 2004, el proceso estuvo estancado, debido a que las investigaciones para encontrar a los verdaderos culpables se paralizaron. Solo hasta el 2009 la Fiscalía vinculó al ex director del DAS, José Miguel Narváez, quien para la fecha del asesinato era oficial de la reserva militar e impartía cursos en la Escuela Superior de Guerra.

Pero Narváez no es el único funcionario involucrado en el caso. El 17 de julio de 2014, la Fiscalía dictó resolución de acusación contra el Coronel (r) Plazas Acevedo, quien se encontraba prófugo de la justicia. El 31 de julio el ex Coronel fue detenido y se espera que a finales de agosto de este año inicie su juicio.

Nuevas vinculaciones a miembros de la Fuerza Pública

Después de tres años de su última declaración, hace dos días, Diego Murillo, alias ‘Don Berna’ ante una comisión de la Fiscalía vinculó al General (r) Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de la Presidencia de la República, y al General (r) Rito Alejo del Río. Según ‘Don Berna’, estos oficiales participaron en la estrategia para desviar el caso, que incluyó el asesinato de varios miembros de la banda “La Terraza”, autores materiales del homicidio.

Crimen de lesa humanidad

En junio de este año, la Fiscalía reiteró que el asesinato de Garzón no podía ser declarado como un crimen de lesa humanidad, porque en su concepto este homicidio no ocasionó “un perjuicio directo a una colectividad con características étnicas, religiosas o políticas”. Esta es la cuarta vez que la Fiscalía se niega a hacer esta declaración ante la solicitud de los familiares.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CAJAR) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) consideran que este caso sí es un delito de lesa humanidad por su gran impacto y afectación para la sociedad colombiana, y porque el asesinato del comunicador y periodista hizo parte de una práctica sistemática y generalizada contra amplios sectores de la sociedad civil organizada, ejecutada por grupos paramilitares bajo la determinación de altos mandos militares.

Además, reiteran su llamado a la Fiscalía General de la Nación para que los juicios contra José Miguel Narváez y el Coronel (r) Plazas Acevedo sean llevados de manera concentrada y sin dilaciones. Igualmente, insisten en la necesidad de que las diferentes autoridades involucradas esclarezcan los hechos e identifiquen y sancionen a todos los responsables. 

Con motivo de este aniversario y en memoria del periodista Jaime Garzón, compartimos la infografía que contiene la información y momentos más importantes de este emblemático caso. La infografía se encuentra en el documento adjunto. 

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CAJAR)

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

Hoy, 31 de julio de 2015, el Juzgado Segundo Penal de Conocimiento de Calarcá, Quindío, ordenó archivar la investigación en contra del periodista Jorge Eliécer Orozco por el delito de calumnia agravada. Orozco fue denunciado por una columna de opinión que escribió en el año 2008, en la cual criticaba a varias figuras políticas del departamento del Quindío, entre ellas al excongresista Óscar Gómez Agudelo, quien interpuso la denuncia.