Tribunal Superior de Bogotá admite tutela para proteger el derecho a la protesta
En una acción judicial sin precedentes se busca la protección frente a las prácticas de violación sistemática de derechos humanos cometidas por las autoridades públicas durante las protestas. Los jueces y organismos de control deberán tomar medidas efectivas.
Bogotá, 16 de enero de 2020. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá admitió la acción de tutela presentada por diversas organizaciones de derechos humanos, profesores universitarios y litigantes, en representación de manifestantes y víctimas, contra la Presidencia de la República, los Ministerios de Defensa y del Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Dirección General de la Policía Nacional y el Comando Policía Metropolitana de Bogotá por violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas que iniciaron el 21 de noviembre de 2019 en todo el país.
La magistrada ponente, Hilda González Neira, vinculó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que participen en el caso. Igualmente, solicitó a otras entidades no demandadas, como la Personería de Bogotá, la Cámara de Representantes, la Procuraduría, la Alcaldía de Medellín y las gobernaciones de Nariño y Boyacá, que entreguen información sobre los hechos ocurridos en las movilizaciones recientes en las que no se empleó el ESMAD para reprimir protestas pacíficas.
Entre las organizaciones de la sociedad civil que se unieron para presentar la tutela se encuentran la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP, Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas - CCJ, el Colectivo de Abogados José Álvear Restrepo - CAJAR, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, dhColombia y Humanidad Vigente Corporación Jurídica, integrantes de la “Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas”.
En la acción judicial se denuncian detalladamente conductas arbitrarias cometidas de forma sistemática por las autoridades públicas como: la disolución violenta de protestas pacíficas, el uso indebido de armas potencialmente letales y la retención arbitraria de personas que participan en protestas.
Las prácticas represivas y violentas de los organismos de seguridad del Estado, especialmente el ESMAD, la Policía y el Ejército Nacional, vulneran el derecho fundamental a la protesta y significan un riesgo para los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, el debido proceso, la libertad de expresión, entre otros.
Todas las conductas documentadas en la tutela han ocurrido en movilizaciones indígenas, afro y campesinas del sur del país, en protestas estudiantiles en las grandes ciudades y, recientemente, han tenido su mayor expresión en la jornada de Paro y Movilización Nacional desde el 21 de noviembre de 2019.
Las organizaciones, manifestantes y víctimas le pedimos al Tribunal de Bogotá y a los organismos de control que tomen medidas efectivas para que cesen estas prácticas y se garantice la movilización, la protesta y el ejercicio pacífico de la política en las calles.
Contactos:
Dejusticia
Adriana Abramovits. Comunicadora.
+57 3163565681
aabramovits@dejusticia.org
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CAJAR
Angélica Chaparro. Prensa.
+57 321 3819733
prensa@cajar.org
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
Comunicaciones.
+57 3103419744.
comunicaciones@flip.org.co
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Erik Cano. Encargado de comunicaciones.
+57 310 2307374.
prensa@humanidadvigente.net
Comisión Colombiana de Juristas
Paola Sánchez. Jefa de Prensa.
paolasanchez@coljuristas.org
+057 7449333 ext. 1021.
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sábado, 15 diciembre 2018
La FLIP rechaza graves agresiones del ESMAD en medio de las manifestaciones sociales
La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las agresiones a periodistas que se registraron durante la última jornada de manifestaciones estudiantiles en Bogotá, el 13 de diciembre de 2018. Varios periodistas resultaron agredidos en medio de los enfrentamientos entre el ESMAD y algunos manifestantes.
El 13 de diciembre, el fotoperiodista independiente Nelson Cárdenas fue agredido por integrantes del ESMAD durante el cubrimiento de las protestas sociales en Bogotá. Cárdenas manifiesta que, mientras realizaba el cubrimiento de la movilización, sobre la Avenida Caracas con carrera 39, un agente del ESMAD se acercó y de manera violenta intentó quitarle la cámara fotográfica con la que estaba registrando la detención de uno de los jóvenes que participaba en la marcha. Ante la resistencia del reportero, el agente del ESMAD lo arrojó al suelo y empezó a patearlo, mientras otro miembro del escuadrón le quitaba las gafas. Cárdenas asegura que en repetidas ocasiones alertó a los miembros de la Policía Nacional sobre su condición de periodista independiente y que estaba realizando una labor periodística en medio de las manifestaciones. El reportero manifesta que entre la agresión y la revisión de sus pertenencias por parte de miembros del ESMAD, pasaron alrededor de 20 minutos.
El periodista independiente Kevin Molano también manifiesta que fue agredido por integrantes de la Policía Nacional en medio de los disturbios. El reportero asegura que dos Policías en una moto se acercaron a él, le quitaron la máscara antigases, que usaba por protección, e intentaron arrebatarle la cámara, mientras que alrededor de seis policías lo golpeaban. El periodista afirma que estaba identificado como prensa y que en todo momento se los hizo saber a lo uniformados.
Por otra parte, la periodista de Caracol Radio Valentina Pérez fue víctima de un artefacto que le golpeó fuertemente la cabeza. La periodista estaba cubriendo la movilización sobre la Avenida Caracas con Calle 38, cuando, en medio de los disturbios que se presentaron entre algunos manifestantes y el ESMAD, sintió que algo le golpeó la cabeza y notó un polvo blanco en su chaqueta. La reportera abandonó inmediatamente la movilización y se dirigió a un centro médico, donde le dijeron que tenia una inflamación en la parte inferior izquierda de la cabeza y le dieron tres días de incapacidad.
La FLIP rechaza enérgicamente las agresiones contra periodistas y las obstrucciones a su trabajo periodístico.
Adicionalmente, la FLIP le solicitará a la Policía Nacional que se inicie una investigación disciplinaria a los agentes del ESMAD responsables de las agresiones y hace un llamado a la institución para que tome los correctivos necesarios con el fin de que estos hechos de violencia contra la prensa no se vuelva a presentar.
jueves, 21 marzo 2019
La FLIP rechaza las agresiones del Esmad en contra de periodistas que cubrían la Minga en el Cauca
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las violaciones a la libertad de prensa de las que fueron víctimas dos periodistas el pasado 16 de marzo, mientras cubrían la Minga indígena y campesina a la altura de El Cairo, Cajibío, en el departamento del Cauca.
La FLIP conoció que William Enrique Becerra, periodista de Marcha Patriótica, fue víctima de obstrucción, agresión y retención arbitraria por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía cuando cubría la intervención de ese cuerpo policial en el campamento de El Cairo.
Becerra manifestó que cuando empezó a grabar el operativo, un agente del Esmad le arrebató la cámara y se la lanzó a la cabeza, dañando el equipo. Además, Becerra asegura que intentó hacer una transmisión en vivo que fue impedida por agentes que lo tumbaron al piso, le propinaron varios golpes y le quitaron su celular. Después de eso, el comunicador fue trasladado a la estación de Policía del municipio de Piendamó en donde se verificó que él es periodista.
En comunicación con la FLIP, el Comandante del Departamento de Policía Cauca, Coronel Rojas García, manifestó no tener conocimiento de lo ocurrido. Por su parte, el jefe de Derechos Humanos de la Policía en el departamento, Capitán Trujillo, sostuvo que los agentes del Esmad en dos ocasiones solicitaron la identificación del periodistas y que, en una de ellas, no tenía ningún documento, por lo que el periodista fue trasladado a la estación de policía para identificación por huella digital. Sobre la agresión y el daño a los equipos, el Capitán asegura no haber recibido ningún reporte.
Sin embargo, Becerra asegura que cuando ocurrió la agresión y el daño de la cámara, él portaba su documento de identificación y un chaleco rojo de prensa. Además, al ser traslado a la estación de policía él informó a los dos agentes que lo recibieron el maltrato del que había sido víctima y la afectación de su equipo.
El periodista Andrés Martínez, de Colombia Informa, también fue víctima de agresiones. Martínez contó que fue impactado por uno de los gases lacrimógenos que lanzó el Esmad al campamento, lo que le ocasionó una leve lesión muscular en una de sus piernas. Además, la carpa en la que estaba instalado, para realizar el cubrimiento de la Minga, fue incendiada en medio del operativo. El periodista portaba chaleco y credencial de prensa.
La FLIP rechaza las agresiones de las que fueron víctimas estos dos periodistas. Resulta altamente preocupante que las autoridades encargadas de generar un ambiente seguro para el trabajo de los periodistas, por el contrario, generan un ambiente hostil para la prensa.
La Fundación solicitará que se inicie una investigación disciplinaria sobre los hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de los ataques contra la prensa. La FLIP además hace una llamado a la institución para que garantice el cubrimiento periodístico de todo tipo de manifestaciones sociales, para que la ciudadanía reciba un flujo de información plural sobre este tipo de asuntos de alto interés público.
miércoles, 20 noviembre 2019
FLIP rechaza solicitud de Policía de eliminar el manual de autoprotección contra el ESMAD de Cerosetenta
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la solicitud que hizo el Centro Cibernético de la Policía Nacional al medio digital Cerosetenta para que eliminara de su sitio web el Manual 070 de autoprotección contra el ESMAD. Dicha solicitud busca que se oculte información de interés público y que cuenta con especial protección constitucional.
El pasado 15 de noviembre, la Jefatura del Centro Cibernético Policial, adscrita a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, solicitó mediante un correo electrónico a la Universidad de los Andes, a la cual está vinculado el medio, que estudiara la posibilidad de eliminar este contenido referente al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). El manual de autoprotección publicado por el medio contenía diversas recomendaciones para proteger los derechos fundamentales y la integridad física de personas que asisten a marchas, así como cifras sobre presuntas agresiones cometidas por el ESMAD durante las manifestaciones.
Según la solicitud de la Policía, la publicación, al hablar de mecanismos de autoprotección durante protestas, supuestamente “incita el carácter violento al derecho de la manifestación”. Además, la Policía asegura que las cifras publicadas no son oficiales y, al estar relacionadas con delitos graves, “calumnian el nombre de la Policía Nacional de Colombia”.
Respecto de estos señalamientos, la FLIP se permite recordar a la Policía Nacional que según la jurisprudencia constitucional, en caso de que existan reparos por supuesta información errónea o inexacta es procedente una solicitud de rectificación y no de eliminación.
Además, es necesario señalar que la ley no exige que una publicación se realice con base en información confirmada por publicaciones oficiales. Imponer dicha medida constituirá establecer una forma de control previo a la publicación de contenidos, lo cual está prohibido por el artículo 20 de la Constitución Política (Sentencia T-145-19).
En el caso de Cerosetenta, el medio especificó que las cifras usadas tienen como fuente el informe Silencio Oficial, un aturdido grito de justicia por los 20 años de la ESMAD, realizado por Temblores ONG. Dicho informe está próximo a su publicación y contó con, al menos, siete tipos de fuentes en su metodología de investigación. Además, se especificó que las cifras usadas no habían sido confirmadas por el ESMAD.
Finalmente, es necesario señalar que, contrario a lo dicho por la Policía, el contenido publicado no constituye una incitación a la violencia de acuerdo con los estándares interamericanos. Por el contrario, al dar indicaciones para garantizar el ejercicio de derechos fundamentales y tratar asuntos de interés público, la publicación constituye un discurso especialmente protegido de acuerdo con la jurisprudencia constitucional e interamericana. Sobre todo teniendo en cuenta la vigencia del contenido del mismo a solo dos días del paro nacional programado el 21 de noviembre.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la FLIP hace un llamado a la Policía Nacional para que como funcionarios públicos asuman su deber de tolerancia a la crítica de su labor y se abstenga de hacer solicitudes a medios que vulneren los derechos a la libertad de expresión y de información.