Seguridad, recursos y mejores condiciones: tres desafíos urgentes para garantizar el ejercicio de las mujeres periodistas

En el Día Internacional de la Mujer, resaltamos el trabajo fundamental y valiente de las periodistas en Colombia quienes han sido las principales impulsoras en la promoción de la igualdad de género en el periodismo, a pesar de las barreras significativas que afectan su visibilidad, seguridad y acceso a los espacios de decisión dentro del ecosistema mediático.

Aunque en las últimas tres décadas ha habido avances por parte de distintos gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y los propios medios de comunicación; y el desarrollo de nuevas plataformas digitales han ampliado las posibilidades para que las mujeres periodistas influyan y difundan sus voces más allá de los límites tradicionales de los medios, todavía persisten desafíos y problemas que requieren atención urgente para avanzar en su protección:

1. La seguridad de las periodistas mujeres

En Colombia las mujeres periodistas son objeto de acoso, ciberataques, amenazas, agresiones físicas, obstrucción al trabajo periodístico y estigmatizaciones; ataques que se han dado a través del uso de lenguaje ofensivo o sexista contra ellas y/o sus familias, intimidación por investigaciones relacionadas con violencias basadas en género, y, uso de lenguaje ofensivo respecto a su orientación sexual o identidad de género diversa.

Esto da muestra de que la situación sigue siendo crítica. Aunque el número de agresiones no es tan alto como en el caso de los periodistas hombres, lo que demuestra que sigue siendo una profesión ejercida en su mayoría por ellos, el impacto en las periodistas mujeres tiene múltiples dimensiones que incluyen efectos psicológicos, sociales, políticos y, por supuesto, en el ejercicio de su trabajo profesional. Ante esto, no existe una respuesta efectiva y diferenciada por parte de las entidades y autoridades estatales encargadas de brindarles protección.

Por el contrario, en muchos casos son las y los funcionarios públicos y políticos quienes agreden a las periodistas, sobre todo en entornos digitales, un escenario que se ha convertido en el lugar para amenazarlas y atacarlas. La violencia digital crea un temor que limita su libertad para informar y opaca sus voces, especialmente cuando cubren temas relacionados con derechos humanos, género, justicia social o corrupción.

Pese a que en 2023 la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-087 en la que reconoce la violencia en línea contra las mujeres periodistas y establece responsabilidades para prevenirla y sancionarla, poco se ha avanzado en la implementación de medidas como los códigos de ética que los partidos y movimientos políticos debían adoptar para sancionar a las y los miembros que promuevan o ejerzan violencia en línea contra ellas. Tampoco hay avances en el proyecto de ley que regule la violencia en línea contra mujeres, especialmente contra las periodistas en el que debían avanzar los ministerios de Justicia y TIC.

2. Garantías y mejores condiciones para que las periodistas mujeres ejerzan su labor

Aunque el Estado ha intentado incorporar y avanzar en medidas y políticas para mejorar las condiciones de las periodistas mujeres, aún falta mucho para garantizar la labor que ellas hacen. El caso de Jineth Bedoya Lima es un ejemplo. Pues, a pesar de la sentencia histórica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió a su favor en 2021, y en la cual condenó al Estado colombiano, cuatro años después, los avances en la implementación han sido lentos, re-victimizantes y ausentes de justicia, en algunos casos por falta de voluntad de las instituciones y en otros por desconocimiento del tema.

A pesar de que la Corte ordenó que se llevara a cabo una investigación rigurosa y exhaustiva para dar con los responsables del ataque contra Jineth Bedoya, la investigación judicial ha sido lenta y con múltiples fallas. El proceso ha sido marcado por la falta de avances significativos, por la ausencia de una investigación seria que conduzca a la identificación y castigo de los autores intelectuales y materiales del crimen. Esto refleja una clara falta de voluntad política por parte del Estado colombiano para garantizar que los crímenes de violencia sexual, especialmente los cometidos contra mujeres periodistas, sean tratados con la seriedad que requieren.

Así mismo, pese a que la sentencia le ordenó al Estado garantizar la protección de Jineth Bedoya, las amenazas de muerte y los ataques cibernéticos continúan siendo parte de la cotidianidad de la periodista lo que demuestra que el Estado no ha logrado garantizar su derecho a vivir libre de violencia.

El caso de Jineth Bedoya es solo uno de los muchos ejemplos de la violencia que enfrentan las periodistas en Colombia, y el incumplimiento de la sentencia no solo la afecta directamente a ella, sino que tiene un impacto negativo en el acceso a la justicia de todas las mujeres víctimas de violencia de género en el país. La falta de acción por parte del Estado envía un mensaje de impunidad y desprotección, lo que perpetúa el ciclo de violencia hacia las mujeres y especialmente hacia aquellas que luchan por visibilizar las injusticias.

3. Recursos para cubrir la agenda de género

Es imperativo avanzar en la recaudación y destinación de recursos que impulsen medios que incorporen en sus agendas temas de género, así como capacitaciones para crear políticas y protocolos al interior de las redacciones que garanticen que estén libres de violencias basadas en género.

Si bien se han creado medios con estas características, lograr su sostenibilidad es el gran desafío. La desfinanciación de proyectos periodísticos que centran su agenda en temas de género ha sido otro golpe en el camino por la igualdad y equidad. La reducción de fondos provenientes de cooperaciones internacionales, como la de los Estados Unidos, está afectando la capacidad de los medios y organizaciones para cubrir de manera adecuada los temas relacionados con violencia de género, feminicidios y derechos reproductivos dejando a las mujeres en una posición de desventaja tanto en los medios como en la sociedad.

Desde la FLIP, hacemos un llamado a todos los actores del ecosistema mediático, así como a autoridades, instituciones y entidades para que garanticen un entorno seguro, inclusivo y equitativo para las mujeres periodistas. Es urgente que se implementen políticas públicas que garanticen la seguridad digital de las periodistas, que se restablezcan los fondos para la cobertura de temas de género y que se promueva la equidad en los espacios de toma de decisiones dentro de los medios de comunicación.

El acceso a la información libre y plural es un derecho fundamental que debe ser protegido para todas las personas, sin importar su género. La lucha de las mujeres periodistas es, al final, la lucha por un periodismo más ético, más libre, y más justo.