Secretarías de Movilidad y Seguridad de Bogotá vulneran el derecho a la reserva de la fuente y presionan a medio de comunicación

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las actuaciones adelantadas por las Secretarías de Movilidad y de Seguridad de Bogotá, que frente a contenidos periodísticos difundidos por Canal Real, solicitaron a la Fiscalía General de la Nación citar a quienes realizaron la entrevista a grafiteros de la ciudad. Esta actuación implica una presión indebida sobre el medio de comunicación y desconoce la protección constitucional de la reserva de la fuente.

El pasado 16 de abril, a través de canales institucionales, el Secretario de Seguridad hizo pública esta solicitud dirigida al ente acusador, en la que pidió avanzar en la identificación de las fuentes que participaron en el contenido informativo. Estos hechos constituyen una grave vulneración a la libertad de prensa y de expresión, y además resultan incompatibles con las garantías que protegen el ejercicio del periodismo en una sociedad democrática.

Los hechos se originan en un videopodcast publicado el 12 de febrero en el canal de YouTube de Canal Real, un espacio dedicado al cubrimiento de la cultura urbana. En este episodio, personas dedicadas al muralismo y el graffiti compartieron testimonios sobre intervenciones en buses, columnas del Metro de Bogotá y otros espacios del sistema de transporte; prácticas que se enmarcan en expresiones de protesta y cultura urbana. Durante la entrevista, los grafiteros utilizaron pañoletas y máscaras, una práctica legítima en contextos en los que pueden existir riesgos de represalias en contra de las fuentes.

Las Secretarías de Movilidad y de Seguridad señalaron que los hechos descritos podrían configurar conductas punibles como daño en bien ajeno, interrupción del transporte público y concierto para delinquir, y anunciaron acciones legales. Sin embargo, resulta especialmente grave que, en ese contexto, la Secretaría de Seguridad haya pretendido involucrar al medio de comunicación en la obtención de información sobre sus fuentes, lo que constituye un desconocimiento de la reserva de la fuente, pilar esencial del periodismo y una garantía protegida por el ordenamiento jurídico.

La petición hecha a la Fiscalía desconoce las garantías mínimas del ejercicio informativo. Además, traslada una carga indebida a los medios de comunicación, quienes no pueden ser compelidos a participar en procesos judiciales que impliquen revelar información protegida por el secreto profesional.

El artículo 74 de la Constitución Política protege el secreto profesional, del cual hace parte la reserva de la fuente en el ejercicio periodístico. Este principio ha sido ampliamente desarrollado por estándares internacionales. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión (A/70/361 del 8 de septiembre de 2015), ha señalado que la confidencialidad de las fuentes es indispensable para garantizar el acceso a información de alto interés público, especialmente cuando las fuentes enfrentan represalias u otros daños si son descubiertas.

La FLIP hace un llamado a las Secretarías de Movilidad y de Seguridad para que se abstengan de promover actuaciones que vulneren la reserva de las fuentes periodísticas o que impliquen presiones indebidas contra medios de comunicación y espacios informativos. Asimismo, les insta a evitar discursos que puedan derivar en estigmatización contra periodistas, medios o personas que participan en espacios informativos.

Finalmente, solicita a la Fiscalía General de la Nación que garantice el respeto de los estándares constitucionales e internacionales en materia de libertad de expresión, y que se abstenga de adelantar actuaciones que comprometan la protección de las fuentes periodísticas o que desconozcan la función social del periodismo y los medios de comunicación en una sociedad democrática.