Rafael Moreno: una voz de la verdad que sigue reclamando justicia

Hoy, 26 de octubre, Rafael Emiro Moreno estaría cumpliendo 39 años. Como era costumbre, para él y su familia, celebrarían, junto a su sobrino mayor, el hecho casual de nacer el mismo día. Dos años atrás esta celebración, que estaba planificada para hacerse en el local de comidas rápidas en Montelíbano, Córdoba, de su propiedad, fue interrumpida porque 10 días antes, el 16 de octubre, en ese mismo local, una persona aún sin identificar, asesinó a Moreno. La falta de esclarecimiento e impunidad de este caso sigue demarcando la cotidianidad de periodistas que continúan ejerciendo su oficio en el sur del departamento.

Rafael Moreno era director de Voces de Córdoba, donde informaba sobre la corrupción y problemas de contratación pública en el sur de departamento. En su medio, que funcionaba en Facebook, denunciaba, sustentando con documentos, los retrasos en la ejecución de obras en los municipios de Puerto Libertador, San José de Uré o Montelibano. Como retaliación a sus publicaciones periodísticas, Moreno recibió diferentes tipos de amenazas, varias de ellas de muerte. En la FLIP tenemos registro de siete intimidaciones de este tipo en contra de Rafael desde que creó su medio en 2019. Debido a la gravedad de las agresiones, contaba con un esquema de seguridad, otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), que incluía un hombre de protección, un botón de apoyo y un chaleco blindado. Sin embargo, el día del asesinato, el escolta no estaba con Moreno.

Todavía no hay avances concretos para esclarecer los hechos, pues no se han identificado ni judicializado a los responsables y el Estado no ha reconocido su responsabilidad en el asesinato de un periodista que estaba bajo su protección. En este último contexto, iniciamos una demanda de reparación directa y realizamos una solicitud de conciliación con las entidades demandadas; sin embargo, aún no hay respuesta por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Hoy en día, los grupos armados que controlan el territorio usan el asesinato de Rafael para amedrentar a la prensa y evitar que realicen el tipo de investigaciones que él hacía. Durante estos dos años, tres colegas del periodista han sido víctimas de amenazas y hostigamientos, y han recibido mensajes en los que les escriben “usted es el próximo, le va a pasar lo de Rafael Moreno” o “Dentro de poco vas a hacerle compañía a Rafael Moreno”. Estas intimidaciones les obligaron a autocensurarse, limitar el cubrimiento periodístico o salir de la región para proteger su vida.

Esta violencia contra la prensa también vulnera el tejido social de las comunidades, ya que en varios municipios del país las y los comunicadores también ejercen labores de liderazgo y de defensa de derechos humanos. Rafael era uno de esos guardianes del territorio que aprendió su oficio de manera empírica y ejerció un liderazgo en la región. Sus amigos y conocidos le recuerdan por las obras comunitarias que impulsaba, como la entrega y recolecta de juguetes durante Navidad y la repartición de mercados entre las personas más vulnerables de la región.

Dada la importancia de este caso, reiteramos el llamado a la Fiscalía para que continúe con las investigaciones de manera diligente, y de esta manera se logre identificar y sancionar a quienes ordenaron y ejecutaron el asesinato. También le pedimos a la Procuraduría que, en los términos legales, tramite nuestra solicitud de conciliación, la cual tiene como finalidad que la Policía, la UNP y la Fiscalía reconozcan que incumplieron sus obligaciones de prevenir los hechos de violencia y proteger la vida del periodista, y así poder reparar integralmente a la familia de Rafael.

El escalamiento de la violencia contra la prensa y los intentos de silenciamiento por parte de los grupos armados ilegales exigen un mayor compromiso por parte de las autoridades locales y nacionales que, dentro de sus funciones, deben respaldar y garantizar el ejercicio periodístico. Esto implica rechazar estos hechos de violencia, establecer políticas de prevención y fortalecer los mecanismos de protección de periodistas, con el fin de atender las agresiones que vulneran sus derechos de libertad de expresión, y el acceso de la información de la ciudadanía.