Preocupante respuesta del Estado colombiano al informe de la CIDH

La FLIP manifiesta su preocupación frente a las apreciaciones realizadas por la Cancillería de Colombia y diversos funcionarios del gobierno, que rechazan algunas de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dejan entrever la falta de disposición del Estado en la implementación de las mismas. 

En su informe, la CIDH da recomendaciones al Estado colombiano frente al desarrollo de las protestas sociales. Cuatro de las recomendaciones se refieren a la libertad de prensa. 

1. Asegurar la protección de periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones, hostigamientos, y agresiones; y finalizar las acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios.
   
   
2. Respetar la independencia de los medios y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura. 
   
   
3. Brindar proactiva y periódicamente información sobre el funcionamiento de las redes de Internet; así, las denuncias sobre interrupciones y bloqueos pueden ser contrastadas. 
   
   
4. Cesar la categorización de contenidos como “falsos” o “verdaderos” desde la Policía, y abstenerse de asignar calificaciones estigmatizantes o que criminalicen a quienes se expresan en Internet sobre las protestas. 
   
   

La CIDH publicó las observaciones y recomendaciones con base en la visita de trabajo a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, en la que se reunió con organizaciones de la sociedad civil y con reporteros/as en Cali, Bogotá y Popayán. A partir de los más de 40 testimonios de periodistas, la CIDH pudo constatar el deterioro de las garantías para el cubrimiento y la escalada de violencia hacia la prensa en el contexto de protestas.

Para la FLIP, las recomendaciones realizadas y la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento son claves. Estas representan una oportunidad para que el Estado cumpla a cabalidad con sus obligaciones para procurar que existan condiciones óptimas para el trabajo de una prensa libre de violencias, y haya un esclarecimiento total de las agresiones que se han presentado en el contexto de protesta social. 

Como lo ha advertido la FLIP, la CIDH llamó la atención sobre un clima generalizado  de autocensura por miedo a represalias, agresiones o estigmatizaciones, y que es alentado por la “ausencia de una reacción institucional contundente”. También, la Comisión manifestó su preocupación sobre la violencia contra mujeres periodistas, la estigmatización a medios de comunicación y periodistas por parte de funcionarios públicos, las interrupciones al servicio de internet y los actos de vigilancia en línea o ciberpatrullaje.

Un mes después de la visita de la CIDH, la violencia contra periodistas continúa y sigue sin encontrar un freno institucional. A la fecha, la FLIP ha documentado 280 casos y un total de 321 víctimas de agresiones contra la prensa. Como se ha mencionado constantemente, para la FLIP es de extrema gravedad que sea la fuerza pública el principal agresor: 165 ataques, lo que representa el 59% de los casos. 

Ignorar los hallazgos y las recomendaciones formuladas por la Comisión es propio de regímenes autoritarios que ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país. Por esta razón, la FLIP hace un llamado al gobierno nacional y a las autoridades locales para que avancen en la implementación de las recomendaciones formuladas por la CIDH. 

Así mismo, la Fundación hace un llamado a la CIDH, para que en el marco de las funciones del Mecanismo Especial de Seguimiento, continúe monitoreando la situación en materia de libertad de expresión y de prensa.